Luego de ser excarcelado y apenas llegado a Madrid, el cubano Julio César Gálvez declaró ante la prensa: “Habíamos firmado (él y otros de los ex convictos) delante de un funcionario de la embajada española en La Habana unos compromisos, dos minutos antes de subir al avión, en los cuales el gobierno español ofrecía información y orientación social y asesoramiento legal, así como la ayuda económica necesaria para la manutención y el alquiler de vivienda".
Así, con información, orientación social, asesoría legal y la ayuda necesaria para la manutención (de cada ex convicto y de su familia) y el alquiler de la vivienda, cualquiera emigra. De no importa qué país, desarrollado o subdesarrollado, a no importa qué otro, industrializado o del Tercer Mundo.
Porque en la propia tierra o en la ajena, lo central es tener ingresos para pagar alimentos, vestido, vivienda, médico y medicinas y, aunque sea de vez en cuando, algo de esparcimiento. Pero para eso hay que trabajar. Trabajar de veras y no sólo simular que se trabaja.
Y este señor, don Julio César Gálvez, y sus compañeros de andanzas no trabajaban en Cuba. Sólo simulaban que trabajaban. Y este trabajo simulado consistía en decir de sí mismos que eran periodistas independientes. ¿Y de dónde, entonces, recibían los ingresos monetarios para pagar comida, energía eléctrica, teléfono, ropa y calzado, algunos tragos, cigarrillos, golosinas y algo de esparcimiento de vez en cuando?
¡Ah!, pues esos ingresos se los proveía la Oficina de Intereses de EU en La Habana. Ellos fingían ser periodistas opositores al régimen, y aquella Oficina les pagaba un sueldo. En dólares, desde luego. De modo que así, sin trabajar en una oficina, una fábrica, un taller, un mercado, una estación de gasolina o conduciendo una guagua, esos señores tenían ingresos en moneda dura para vivir y disfrutar los privilegios que permite el dinero contante, sonante y abundante.
Por eso este tipo de personas son mal vistas en Cuba. Pero también en España. Y ya hay protestas de españoles que se indignan porque se entrega dinero y vivienda a personas que no trabajan y que no quieren trabajar. Bien que se les haya recibido si de verdad son perseguidos y no impostores. Pero que trabajen como cualquier hijo de vecino para llevarse el pan a la boca.
Claro que obtener empleo en España no es fácil. Suman millones los parados. Y muchos de ellos son personas calificadas, con profesión, con experiencia laboral, con dominio de algún idioma extranjero. En España y en todo el mundo capitalista está muy competida la colocación laboral. Hay que aceptar salarios bajos, horarios extenuantes, largas horas de transporte de casa al trabajo y viceversa. Nada de poseer automóvil propio, piso propio, chalet propio en la playa. Todo eso se consigue, si se consigue, luego de muchos años de estudio y trabajo.
No, no, esto no es vida. Los ex convictos vivían mejor en Cuba. Cobraban dólares sin trabajar, sólo simulando ser parte de una oposición interna inexistente. Y así iban bien las cosas hasta que se les acusó de servir de coartada para las sucesivas e interminables agresiones del gobierno de EU. Y ya en la cárcel no hay paga. Y hasta hay que trabajar.
Pero la prisión fue temporal. Y ahora en España (o en Miami, adonde finalmente quieren dirigirse) podrán de nuevo cobrar sin trabajar. Y hasta tendrán vivienda gratuita. Y sólo tendrán que dar, de vez en cuando, entrevistas donde hablen de la dura pero digna vida diaria de los cubanos. Esa vida que dejaron atrás cuando decidieron ponerse al servicio del enemigo histórico de su patria. Y si para Enrique IV, París bien valía una misa, se ve que, para el señor Gálvez, Madrid bien vale ser traidor, mercenario, farsante, impostor, parásito.
Hay muchas razones para pensar que con la decisión de excarcelar a los 52 agentes de EU, la revolución cubana se anota otra victoria en el peligroso ajedrez de su involuntario enfrentamiento con la potencia imperial. He aquí algunas de esas razones.
Primeramente, la excarcelación fue producto de una respetuosa solicitud de la jerarquía católica cubana, concretamente del cardenal Jaime Ortega. Éste y sus obispos no exigieron lo que legal y políticamente no podían exigir. Y es claro que esa exigencia no hubiera podido conducir al resultado positivo que se obtuvo con la mesurada petición de clemencia para los mercenarios al servicio del enemigo histórico de Cuba.
En segundo término, la excarcelación fue posible por la también muy respetuosa y comedida participación del gobierno español, el que ofreció recibir a los excarcelados en tierras hispanas en calidad de emigrados, no de asilados políticos. Esta distinción es de la mayor importancia política. Porque la calidad de emigrado la da el país receptor al que decide salir de su país, en tanto que el estatus de asilado político sólo se otorga a quienes son perseguidos o prisioneros políticos. Con su puntual distinción, España dejó en claro que a esos 52 excarcelados no los considera presos o perseguidos políticos. De modo que prevaleció el criterio cubano: presos comunes a quienes se les concede clemencia y se les permite salir al extranjero si hay algún país que se encuentre dispuesto a recibirlos.
Como un tercer punto que abona el criterio de la victoria de Cuba se encuentra la misma salida de esos 52 traidores a su patria. Ya no podrán hacer más daño a los cubanos. Viviendo en el extranjero han dejado de ser útiles a los designios de la Casa Blanca. En España no podrán cobrar dinero como agentes contrarrevolucionarios. Tendrán que trabajar de veras. Y no es fácil, en la edad madura, pasar de parásito a trabajador.
Un cuarto elemento que alimenta el criterio del triunfo revolucionario es el expreso y público deseo de los mercenarios que ya están en España de radicar en EU y concretamente en Miami. Piensan que en la Florida podrán vivir sin trabajar, socorridos por la mafia terrorista anticubana. Pero eso tampoco será sencillo. Los mafiosos de Miami pagan por servicios cumplidos. Y con su salida de Cuba, los 52 excarcelados se han quedado sin materia de trabajo: desestabilizar a Cuba desde Cuba, no desde Madrid, Miami, Praga o Londres.
Existe un quinto elemento sustentador de la idea de la victoria cubana. Y es que hubo un evidente acuerdo político entre el gobierno del presidente Raúl Castro, la jerarquía católica isleña y el Palacio de la Moncloa. Cuba ha cumplido y cumplirá con su parte. Y si bien no sabemos aún a qué se han comprometido Rodríguez Zapatero y Ortega, no hay duda de que el gesto de Raúl habrá de ser respondido con gestos semejantes que serán en beneficio del pueblo cubano y de su revolución.
Con la decisión del gobierno del presidente Raúl Castro, Miami, Washington y la ultraderecha europea y española se han quedado sin materia para sus campañas de calumnias, presiones y chantajes. ¿Por quiénes van ahora a abogar las doce damas de blanco? ¿Por qué servicios va ahora a cobrar doña Laura Pollán, jefa del minúsculo grupo blanco por fuera y negro por dentro? El pago erogado por la Oficina de Intereses de EU en La Habana es, como el de Miami, por servicios prestados. Habrá que inventar otra causa para seguir cobrando algo de los 20 millones de dólares asignados en el presupuesto de EU a la subversión en Cuba.
Frente a ésta, la más reciente muestra de hostilidad subversiva de EU, la experimentada dirección cubana ha maximizado los beneficios y llevado a cero los costos. Como lo ha hecho en los últimos 50 años.
La nación mexicana puede dormir tranquila, pues según el inefable presidente consejero del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés Zurita, tras la revisión de los gastos de campaña del proceso electoral de 2009 no se ha encontrado elemento alguno (sic) que pudiera suponer la existencia de financiamiento ilícito.
De este modo y “con toda contundencia” Valdés Zurita ha borrado de un solo plumazo las sospechas ciudadanas, las certezas sociales, las evidencias públicas, los indicios que brotan por doquier del financiamiento ilegal de las campañas electorales, gran parte del cual proviene del negocio del narcotráfico.
Gracias al reconocido sibarita que en mala hora se apoderó de la Presidencia del IFE, sabemos que las campañas electorales no son financiadas de manera ilícita. Y sabemos que es mentira, una gran mentira, que grandes empresarios, funcionarios públicos federales, estatales y municipales y narcotraficantes, entre otros personajes de la delincuencia organizada, metan dinero para apoyar el triunfo de candidatos y partidos.
¿De veras Valdés Zurita no encontró “indicio alguno” de financiamiento ilegal de las campañas electorales de 2009? ¿Ni un indicio pequeñín, por chiquitito que haya sido? ¿Será entonces que eso del financiamiento ilegal y por cuenta de los cárteles de la droga es, como diría aquel perverso salinista, Pedro Aspe Armella, un “mito genial”?
No habiendo financiamiento ilegal de las campañas electorales, no hay, desde luego delito ni delincuentes que perseguir. Es claro en consecuencia que el sistema electoral es absolutamente sano, que es altamente confiable y que no cabe ni la mínima sospecha de suciedad, contubernio, complicidad, protección o connivencia entre ese sistema, con fama pública de podrido, y la institución oficial, el IFE, encargada de velar por la limpieza, legalidad y transparencia de los procesos electorales.
Nada, sin embargo, hay de que extrañarse. Porque el IFE es una institución igualmente podrida. Nació para garantizar la permanencia de la dictadura, para cambiar un poco a fin de que nada cambiara. Y, como se ve, nada ha cambiado. No fue el IFE de Woldenberg quien anunció el supuesto triunfo de Vicente Fox, sino el verdadero jefe del Instituto: el presidente de la república.
Y fue el IFE, bajo el supuesto mando de Luis Carlos Ugalde, el artífice de la legitimación del fraude electoral en la elección presidencial de 2006. Y ahora, bajo la supuesta conducción de Leonardo Valdés Zurita, el IFE se afana en hacerle creer a la sociedad que las elecciones son limpias, que no hay financiamiento ilegal de las campañas electorales y que nada tienen que ver el narcotráfico y la delincuencia organizada en los procesos electorales.
Por fortuna poco valen las palabras de un individuo ya tan desacreditado como Leonardo Valdés Zurita, el hombre de la eterna fiesta. Y valen poco no sólo por el desprestigio y mala fama pública del individuo que las pronuncia. El fondo de la cuestión es el reconocimiento público del IFE como una institución prostituida que, poco a poco pero a pulso, se fue ganando la desconfianza y más tarde el repudio de la sociedad.
Pero cabe preguntarse sobre la razón del empeño de Valdés Zurita y de sus cómplices del IFE en afirmar contundentemente y contra el sentir social que en las campañas electorales no hay participación de dinero sucio, provenga éste de las arcas públicas, de los empresarios o de la delincuencia organizada.
¿Por qué negar la evidencia? ¿Por qué querer convencer de una limpieza que bien se sabe no existe? ¿Qué hay detrás de la insostenible posición del jefe del IFE? ¿Huele, al menos, a complicidad con partidos y candidatos tocados por el dinero ilegal?
Fiel a su condición de incondicional vasalla de Los Pinos, la llamada Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó poner en inmediata libertad a los presos de Atenco, prisioneros políticos por antonomasia. La Corte procedió, como siempre, bajo consigna. Pero esta vez el trabajo no fue difícil. Era clarísimo, en México y en todo el mundo, que los presos de Atenco no habían cometido ninguno de los delitos por los que fueron condenados a penas desorbitadas, desmesuradas, absurdas, ilegales, inmorales e inhumanas.
Pero así como la Corte determinó la libertad de los prisioneros, igualmente pudo mantenerlos en la cárcel. Porque aunque órdenes son órdenes, siempre conviene taparle el ojo al macho. Y así, uno de los ministros, de cuyo nombre vale más no acordarse, votó por la permanencia en prisión de los doce inocentes. Para que se vea que si algunos jurisperitos veían una injusticia monumental, hay otros que piensan que Ignacio del Valle y sus compañeros merecían tan aberrante castigo.
La Corte, como siempre, hizo política, no justicia. Había en Los Pinos la necesidad de golpear políticamente a un peligroso adversario que anda muy encarrerado en pos de la silla presidencial y que fue factor determinante en el injusto encarcelamiento de los atenquenses: Enrique Peña Nieto. La parábola es clara: “¿Cómo va a ser presidente quien ha cometido tan bárbara injusticia?”.
Actuando por consigna, pero simulando actuar conforme a la ley, la Corte nada hizo para hacer justicia en el caso de los niños asesinados en la guardería ABC. Y no cabe esperar que haga justicia en el caso de la ilegal extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, metodología oblicua y perversa para destruir a otro adversario político: el insumiso Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). ¡Qué mejor entonces que simular impartición de justicia en un caso, habiéndola denegado y denegarla en otros en los que así conviene al poder!
Resultaba, además, conveniente liberar a los doce prisioneros por otras razones ajenas a la lucha por Los Pinos. El asunto de Atenco se había convertido en una papa caliente para el gobierno. Era muy dura la presión nacional e internacional para conseguir la excarcelación de los héroes de Atenco. Y a ello había que sumar el golpe que para Los Pinos significaría que Venezuela aceptara dar asilo, en calidad de perseguida política, a América del Valle, hija del líder de Atenco. Había que evitar esto. Y qué mejor manera de desactivar esa bomba que liberar a los presos y, consecuentemente, dejar de perseguir a la hija. Cuestión de trámites: es cosa de que Los Pinos ordenen cesar la persecución, provenga ésta de la Procuraduría federal o del Palacio de Gobierno en Toluca.
Como justa compensación por los cuatro años de injusta y cruel persecución, Ignacio, América y sus once compañeros habrán de recibir el mayor honor que pudiera concederse a persona alguna. Esos doce hombres y esa joven mujer ya han pasado a la historia como héroes civiles de la misma alta calidad moral y política de los presos políticos del sesenta y ocho. Y como los héroes ferrocarrileros Demetrio Vallejo y Valentín Campa. Y como el ilustre maestro Othón Salazar, líder de los profesores mexicanos en su lucha por mejoras salariales y contra el autoritarismo de los gobiernos de aquellas negras épocas.
Todos ellos y ellas y otros muchos que se escapan en este apresurado recuento hecho de memoria, están ya en los libros de historia como héroes nacionales. Y que, guardando las proporciones que haya que guardar, son la versión mexicana del héroe sudafricano Nelson Mandela. Honor y gratitud eternas para esos doce Mandelas mexicanos. Y también para América, hija de uno de los héroes y heroína ella misma.
La inmensa mayoría de las enfermedades del ser humano son de carácter infeccioso. Digamos que, por lo menos, el ochenta por ciento. Algunos de esos padecimientos se contraen o se pasan directamente de persona a persona. En otras patologías se necesita un vector, es decir, un intermediario. Por ejemplo: el mosquito anopheles, en el caso del paludismo, igualmente llamado malaria. O los cánidos o los murciélagos en el caso de la rabia o hidrofobia. O la pulga de las ratas en la peste bubónica, todavía, por desgracia, existente en México.
Para el combate de esas patologías infecciosas o infectocontagiosas existe tratamiento, cura o medios de prevención: antibióticos, antivirales y vacunas, y pesticidas para la erradicación de los vectores como ratas, pulgas, piojos, moscas, mosquitos y otros insectos. Y también, desde luego, medidas higiénicas antimicrobianas: la asepsia y la antisepsia: agua y jabón y desinfectantes, como el yodo y el alcohol. Hervir el agua y los alimentos preparados es la más elemental entre este tipo de medidas preventivas antimicrobianas.
Todo esto es bien sabido. Pero no siempre se reflexiona en la relación directa que existe entre las medidas curativas o preventivas de las enfermedades infecto-contagiosas y la química.
Antibióticos, antivirales, vacunas y pesticidas son productos del desarrollo de la ciencia química. Y también lo son los germicidas o microbicidas. De modo que el inmenso avance de la ciencia médica habría sido imposible sin un desarrollo equivalente de la química. Y vale la pena recordar que el padre de la medicina moderna, creador de la teoría germinal de las enfermedades, el francés Luis Pasteur, era químico de profesión y no médico.
Pero hay más de este nexo entre química y medicina. La diabetes, por ejemplo, que no es un padecimiento contagioso, se trata y controla mediante productos químicos como la insulina. Y el diagnóstico certero de este padecimiento es posible por medio de análisis químicos de sangre y orina. Y las parasitosis y muchas otras dolencias infecciosas requieren para su diagnóstico y cura de análisis químicos.
Por todo ello puede afirmarse que la base de la medicina moderna es la quimioterapia. Y si bien el sustantivo quimioterapia sólo suele aplicarse al tratamiento de diversos cánceres, lo cierto es que hasta dos aspirinas para el alivio del dolor es una terapia química o quimioterapia.
“Matad a los gérmenes –decía Pasteur– y acabaréis con las enfermedades”. Y lo decía hacia finales del siglo XIX. Y más precisamente en la década de los setenta de esa centuria.
Por esa época la esperanza de vida del europeo era de sólo treinta años. Y es a partir de ese momento histórico cuando la unión de química y medicina comienzan un camino que conduciría siglo y medio después al inmenso logro de una esperanza de vida de ochenta años en el Viejo Continente. Y a cifras cercanas a ella en casi todo el planeta: México, 75, y Cuba, 78, por ejemplo.
La moderna anestesia, con apenas un poco más de un siglo de vida, y sin la cual serían imposibles las cirugías que hoy son pan comido, es producto del desarrollo de la química. Y los fármacos que disuelven coágulos en las arterias son igualmente productos químicos. Y los antiinflamatorios y los antipiréticos y los antiácidos, ¿no son, asimismo, productos químicos? Y la hoy casi inexistencia del milenario dolor ¿no es fruto de esos productos químicos, al alcance de cualquier persona, llamados analgésicos?
Nadie puede disputarle a Luis Pasteur (1822-1895) el título de padre de la medicina moderna. Pero tampoco es fácil que alguien se atreva a disputarle la gloria de ser, entre muchos y muy grandes, el más grande, el mayor benefactor de la humanidad en cien mil años de historia.
De acuerdo con la información periodística disponible, a partir del próximo lunes 21 de junio, los bancos limitarán las operaciones de compra de dólares en efectivo hasta 4 mil unidades mensuales si se trata de personas físicas que además sean cuentahabientes de la institución. Pero para las personas físicas que no sean cuentahabientes el límite será de mil 500 dólares. Y por lo que toca a las personas morales que operan en zonas turísticas y en la franja fronteriza norte, el límite será de hasta 7 mil dólares mensuales.
Mírese como se mire, e independientemente de las razones que se arguyan para poner en práctica estas medidas, lo evidente es que nos encontramos frente a una situación de control de cambios. Y como entiende cualquier persona medianamente ilustrada o con experiencia suficiente, el control de cambios se establece para evitar o limitar la fuga de capitales y la consecuente devaluación de la moneda nacional (en este caso el peso). Y en concordancia con esta obviedad económica, vale la pena citar unas recientes declaraciones oficiales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: “la compra-venta de dólares constituye una fuga silenciosa de capitales”.
Vamos a suponer por un momento que la razón oficial para el establecimiento del control de cambios sea, de verdad, la intención de combatir el lavado de dinero procedente del narcotráfico. Pero entonces el asunto no tiene lógica. ¿Qué son 4 mil dólares mensuales frente a los millones de dólares que cada día mueve el crimen organizado en México?
Es más: se puede afirmar casi con total certeza que el monto de dólares que mueve cada año la delincuencia organizada es mucho mayor que el total de las reservas internacionales del Banco de México, que entre el 7 y el 11 de junio alcanzaron, según una nota de Dolores Acosta de El Sol de México, casi 100 mil millones de dólares (98 mil 131).
Y la experiencia enseña que frente a una compra masiva y descontrolada de dólares por la población, esas reservas internacionales (o un monto mucho mayor) no alcanzan para evitar una abrupta devaluación de la moneda nacional.
Hay que recordar, además, que hasta ayer el anuncio del tipo de cambio del dólar en cualquier sucursal bancaria (para operaciones en moneda nacional) era de 12 pesos con 70 centavos, una paridad que se antoja sumamente irreal, es decir, un tipo de cambio mantenido artificialmente por el Banco de México con fines de imagen y de aparentes estabilidad y buena marcha de la economía.
¿Ya habrán olido el Banco de México y la Secretaría de Hacienda los aires de devaluación del peso, y por ello, como se dice popularmente, se están curando en salud estableciendo el aborrecido (por ellos, los tecnócratas neoliberales) control de cambios?
Quizás el gobierno intuye que una devaluación del peso en estos momentos políticos y sexenales sería una verdadera catástrofe para el gobierno calderonista, y que, en consecuencia, hay que hacer todo lo posible, hasta lo más odiado, como el control de cambios, para evitarla o retrasarla hasta después de las elecciones presidenciales de julio de 2012.
La clave, sin embargo, no es lo que intuya o sepa el gobierno. El factor desencadenante de una devaluación es la sospecha popular, pero sobre todo empresarial, de que se aproxima una devaluación, por lo que es urgente adquirir dólares, a fin de protegerse contra ella o de sacarle una buena raja económica.
Lamentablemente, y como también enseña la experiencia, el anuncio y puesta en práctica del control de cambios le dan un empujón hacia adelante a la atmósfera predevaluatoria que se quiere conjurar. Digamos que es el típico tiro que sale por la culata. O, dicho más cultamente, que se trata de la clásica profecía autocumplida.
Poco a poco el debate sobre la píldora del día siguiente va perdiendo fuerza. Los adversarios de este método anticonceptivo, también llamado de emergencia, no han podido resistir la fuerza del avance científico. Y todavía no se reponían de la nueva derrota, cuando ha hecho su entrada en escena la píldora de los cinco días después.
Este método, también llamado anticoncepción postcoital o contracepción preimplantacional, amplía hasta 120 horas el tiempo en que es posible evitar un embarazo no deseado luego de una relación sexual sin protección o con protección fallida.
Tanto en la píldora del día siguiente como en la de los cinco días después se justifican plenamente los nombres de ambos métodos. Son de emergencia, porque se utilizan para resolver un posible problema inesperado o no previsto. Son postcoitales porque se emplean después de la relación sexual. Y son preimplantacionales, porque evitan que el óvulo fecundado se implante en el útero.
Todo esto es bastante conocido. Pero es menos conocido que existe un tercer método anticonceptivo de emergencia. Se trata de la colocación, por personal médico o paramédico calificado, después del coito y ante la posibilidad de un embarazo no deseado, del dispositivo intrauterino, igualmente llamado DIU. El DIU impide, como ambas píldoras, la implantación en la matriz del óvulo fecundado.
Lógicamente, el empleo de las píldoras es más sencillo, barato y cómodo para la mujer (o para ella y su pareja) que la implantación del DIU. De ahí el éxito innegable de los dos tipos de pastillitas.
La historia de éstas comenzó hace ya cincuenta años, en 1960, con la creación de la píldora anticonceptiva, gracias al talento de tres notables químicos: Russel E. Marker, estadounidense, Luis Ernesto Miramontes, mexicano, y Gregory Pincus, también estadounidense.
La obra de estos tres notables científicos puede ser considerada como una de las mayores creaciones de la cultura humana a lo largo de la historia. Una obra que liberó a las mujeres de la milenaria esclavitud de la maternidad involuntaria.
Russel E. Marker descubrió las propiedades inhibidoras de la ovulación de una planta mexicana llamada barbasco, que es un tubérculo, una especie de camote, llamado ñame. Luis Ernesto Miramontes Cárdenas logró sintetizar, es decir, producir artificialmente, una sustancia llamada noretisterona, que es la base de la píldora anticonceptiva. Y Gregory Pincus consiguió producir el primer anticonceptivo oral.
Por ello puede decirse que los padres de la anticoncepción oral son Marker, Miramontes y Pincus. Y si son los padres de la primera píldora anticonceptiva, no hay duda de que pueden ser considerados los abuelos de la anticoncepción de emergencia.
La obra de Russel, Miramontes y Pincus constituyó una revolución social semejante al invento-descubrimiento de la vacunación, la anestesia, los germicidas y los antibióticos. La píldora, como se le conoció mundialmente hace cinco décadas, permitió a hombres y mujeres escapar de modo eficaz del hasta entonces destino ineluctable de la concepción involuntaria.
Pero, como es obvio, esa revolución iniciada por estos tres grandes sabios hace 50 años, no se ha detenido. Y la anticoncepción de emergencia es el último jalón hacia adelante, hasta ahora, de esa revolución social, química, política, médica, demográfica, económica, cultural, feminista y humana iniciada por aquellos tres grandes hombres de ciencia.
Hoy, cincuenta años después, la primera píldora anticonceptiva es patrimonio de la humanidad. Y lo mismo puede decirse de las píldoras de emergencia. Llegaron, como su antecesora, para quedarse. Hasta que un nuevo avance científico las haga prescindibles o innecesarias.
La revolución cubana, desde luego, tiene muchos y muy poderosos enemigos. El principal de estos es el gobierno de Estados Unidos. Pero no muy a la zaga van los gobiernos europeos más derechistas. Todos ellos trabajan activamente en pos del derrocamiento del régimen socialista y el retorno a la isla de la propiedad privada de los grandes medios de producción: tierra, fábricas, minas, bancos, medios de comunicación.
Parte de ese trabajo en pos del derrocamiento de la revolución es la hipócrita campaña mediática estadounidense y europea en pro de la liberación de varias decenas de agentes de Estados Unidos que se encuentran presos en la isla.
Dicho de otro modo, hemos sido y somos testigos de una batalla entre el gobierno cubano y varios gobiernos extranjeros. Entre éstos, los mismos que han producido más de un millón de muertos en las guerras coloniales en Irak y Afganistán: España, Canadá, Inglaterra, Alemania, Francia, entre muchos otros.
Frente a este panorama, la muy experimentada dirección revolucionaria cubana decidió, en jugada maestra, cambiar el centro de gravedad de la disputa: ya no más una batalla mediática de la isla contra gobiernos extranjeros y los medios de comunicación al servicio de éstos, sino, como asunto interno de Cuba, pasar a tratar el tema entre cubanos (de Cuba).
De este modo, Raúl Castro aceptó escuchar las demandas de la jerarquía católica cubana sobre los agentes de EU presos, y decidió poner en marcha una serie de medidas para aligerar el régimen carcelario de los reclusos.
Asistimos, en consecuencia, a un cambio de escenario. Estados Unidos y Europa se han quedado sin materia prima para sus calumniosas y desinformadoras campañas contra Cuba. El asunto de los presos se discute ahora con un interlocutor cubano (de Cuba) al que, por más señas, no se puede acusar de ser partidario de la revolución.
Esos gobiernos conservadores de Europa y Estados Unidos no pueden, desde luego, descalificar a la jerarquía católica cubana. Sería como escupir al cielo. Malquistarse con una entidad con la que guardan muchas afinidades, entre ellas, y muy principalmente, la oposición activa al proceso revolucionario.
En ello precisamente consiste la genialidad de la medida del gobierno del presidente Raúl Castro: acepta dialogar con un adversario, pero interno, autóctono, y deja fuera de la jugada al componente y a los intereses extranjeros.
Ese interlocutor, contrarrevolucionario pero interno, ha conseguido, precisamente por su condición interna, lo que ninguna presión extranjera podría haber logrado. De modo que para esos gobiernos e intereses extranjeros la derrota ha sido por partida doble.
Primeramente, su marginación del asunto y, en seguida, la inclusión de un personaje al que no se puede atacar o descalificar sin atacarse o descalificarse a sí mismos, puesto que se trata de un aliado estratégico, histórico y de largo plazo.
¿Se atreverán José María Aznar y Mariano Rajoy, cabezas de la ultraderecha española, a llamar traidor al cardenal Jaime Ortega, arzobispo de La Habana, en vista de que les ha arrebatado su actual bandera en la permanente campaña contra Cuba socialista? Sí, claro. Lo calificarán de traidor, pero en voz baja, a la sorda, sin declaraciones a los medios de comunicación.
Porque el cardenal Ortega no sólo les ha arrebatado la bandera de la liberación de los presos. También les ha arrancado la posibilidad de acusar al gobierno cubano de intransigente en el tema de los derechos humanos. Aznar, Rajoy y la morralla periodística y farandulera que los ha acompañado en su cruzada anticubana tendrán que buscarse otro pretexto para satanizar a Cuba. Se han quedado, como se dice, en muy castizo lenguaje, con un palmo de narices.
“Las puertas de Los Pinos –dice la sentencia clásica– se abren desde adentro”. Y hasta el más somero de los repasos de la historia moderna de México nos confirma la exactitud de la fórmula.
Durante la muy prolongada época del priato, la llegada al paraíso tenía como preámbulo el paso por el purgatorio del tapadismo. Al designar al candidato, el presidente en turno le abría al destapado, desde adentro, las puertas de Los Pinos.
Con las diferencias de circunstancias, lo mismo aconteció en la sucesión de Ernesto Zedillo. Fue éste quien le abrió, desde adentro, las puertas del paraíso al oligofrénico panista Vicente Fox.
¿Y no fue Vicente Fox quien le abrió las puertas de Los Pinos a Felipe Calderón? Y quien tiene la facultad de abrir esas puertas también la tiene para cerrarlas. ¿No fue Vicente Fox quien le cerró esas puertas a Andrés Manuel López Obrador, el indudable ganador de las elecciones presidenciales de 2006?
¿Habría sido posible que Carlos Salinas se instalara en Los Pinos sin el ineludible apoyo de Miguel de la Madrid? Derrotado Salinas en las urnas por la candidatura patriótica y popular del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, sólo el inmenso poder del presidente en turno pudo cerrarle a Cárdenas las puertas de Los Pinos y abrírselas a Salinas, convertido así en usurpador.
¿Mas historia? Al general Miguel Henríquez Guzmán, candidato en las elecciones presidenciales de 1952 por la Federación de Partidos del Pueblo de México, y quien según las crónicas de la época resultó ganador, las puertas de Los Pinos le fueron cerradas por el presidente Miguel Alemán para serle abiertas al candidato de la continuidad, Adolfo Ruiz Cortines.
Y unos años antes, en 1940, tras unas elecciones de gran violencia y sin duda fraudulentas, las puertas del paraíso le fueron abiertas al general Manuel Ávila Camacho, un derechista moderado, y le fueron cerradas al general guerrerense Juan Andreu Almazán, candidato de la extrema derecha mexicana, el panismo incluido, y simpatizante del nazifascismo.
Más recientemente, en 1994, parece que a Luis Donaldo Colosio se le olvidó la pertinencia y exactitud de la fórmula. Y las ya para él casi abiertas puertas de Los Pinos fueron abruptamente cerradas con una Taurus en un lugar llamado Lomas Taurinas, en el norte de México.
Esa misma voluntad que le cerró las puertas de Los Pinos a Luis Donaldo Colosio, también se las cerró a Manuel Camacho y a Pedro Aspe. Y las abrió a un personaje oscuro que pagó el inmenso favor recibido encarcelando por toda una década al hermano de su benefactor.
Por todo esto, quienes están convencidos de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) retornará a la Presidencia en 2012 han de estar igualmente seguros de que contarán con la voluntad favorable y el visto bueno expreso de Felipe Calderón. Porque una cosa no va sin la otra.
Claro: esos convencidos del retorno tricolor podrán decir que lo decisivo para ese regreso serán los sufragios ciudadanos, es decir, la victoria priista en las urnas. Pero tal aserto no tiene ningún sustento, porque en México, dicho con otra sentencia clásica, “los votos no se cuentan, se pesan”. Y para ingresar a Los Pinos pesa más el voto de quien ya los ocupa que todos los sufragios ciudadanos.
Dueño de un poder decisivo en la materia, ¿tendrá Felipe Calderón la voluntad de abrirle las puertas de Los Pinos a un tricolor? No parece probable. Quiérase o no se quiera, la historia dice que las puertas del paraíso le serán abiertas a un azul. O a una de las dos azules en cartelera. En consecuencia, harían bien los priistas en recordar las palabras del sabio reaccionario fundador del Partido Acción Nacional (PAN), Manuel Gómez Morín: “Para que no haya desilusionados, no debe haber ilusos”.
Es larga, muy larga, la historia de corrupción en Petróleos Mexicanos (Pemex). Personalmente, mis primeras noticias sobre la descomposición ética de la paraestatal datan de la lectura de las memorias del maestro Jesús Silva Herzog, notable, integérrimo y patriota economista, que fue gerente comercial de Pemex poco tiempo después de la expropiación y nacionalización de la industria.
El maestro potosino se dolía en su obra tanto de la corrupción en la empresa como en el sindicato de trabajadores de ella. Latrocinios, tráfico de influencias, holganza, aviadurías y mil abusos y delitos más eran la constante. Y cualquiera podría afirmar que aquellas corruptelas eran juego de niños comparadas con el desaforado entrar a saco en los recursos de la paraestatal que es hoy la corrupción en empresa y sindicato.
Una segunda e impactante noticia sobre la añeja corrupción en Pemex y en el gremio petrolero me llegó siendo yo un niño de diez u once años. Era el final de la década de los cincuenta. En Poza Rica, emporio petrolero del norte de Veracruz, Jaime J. Merino era el superintendente de la paraestatal. El tipo había construido una red de corrupción que una revista de la época sintetizaba de este crudo modo:
"Por ejemplo: si se es superintendente de Pemex, y a la vez vendedor de coches, usted puede dar de baja los vehículos que aún se hallan en buen estado, para adquirir nuevos. Como superintendente vende a la agencia a precios de chatarra, como vendedor de coches vende a Pemex a elevado precio. ¿Y los contratos? Pemex encarga muchas obras a contratistas particulares: carreteras, construcción de puentes, instalación de plantas, etc., etc. Si usted es superintendente puede convertirse en contratista, utilizando para eso un hombre de paja y despacharse con la cuchara grande. O puede dar los contratos a su compadre".
De modo que “el tráfico de plazas de la industria petrolera, la venta descarada de concesiones para las obras de Pemex, la exacción de onerosos e ilegales impuestos para obras públicas que resultaban siempre grandes negocios para la camarilla merinista y el control absoluto de la economía regional a costa de actos ilegales, amenazas y violencias, fueron y son factores que permitieron a Merino amasar una enorme fortuna particular”.
Ah, pero la fortuna es veleidosa. Una matanza de adversarios de Merino, organizada por éste y ejecutada por sus pistoleros –otro rasgo de la época de los cincuentas– propició la caída y huida a Estados Unidos del superintendente bandido y asesino. La justicia fue tardía e insuficiente. Pero entonces, como ahora, ni el descarado latrocinio ni la prolongada impunidad de Merino podía haberse dado sin la protección y complicidad de los más altos mandos del país.
Y ayer, como hoy, la gente se pregunta si será posible extirpar de Pemex el tumor de la corrupción. Cómo, si esa malignidad encuentra a sus principales beneficiarios en los altos mandos del mismísimo gobierno federal. ¿Ya nadie recuerda el Pemexgate? ¿Ya ha dejado de ser noticia la privatización silenciosa e ilegal de la empresa? ¿Ya están recluidos en prisión Martha Sahagún y sus dos hijos?
Cómo pedir legalidad, cómo demandar honradez cuando en el priato, cual en el imperio del panismo, la legalidad es un valor desconocido. Cómo, si desde la elección de los gobernantes, que son quienes podrían revertir el putrefacto estado de cosas, se tuercen las leyes y se defrauda la voluntad popular. ¿No suena lógico que el primer paso para eliminar la corrupción, la impunidad, el saqueo del país y las privatizaciones ilegales y dañinas para la nación es el sufragio efectivo, el simple y honrado recuento de los votos, y no la dictadura que impone gobernantes por acuerdo e imposición cupular?
Según cifras oficiales estadounidenses, dese 1995, es decir, desde hace quince años, en la Unión Americana han sido arrestadas 20 millones de personas por poseer, consumir o llevar consigo mariguana. Dicho de otra manera, durante esa década y media fueron arrestados por la policía un millón 333 mil individuos, en lo general honrados ciudadanos o jóvenes estudiantes o trabajadores.
Los arrestos, desde luego, no culminaron en penas carcelarias. Y no terminaron de ese modo, porque la sociedad, el Estado y la ley comprenden –aunque no lo reconozcan en público– dos cosas elementales. Una, que sería una bárbara injusticia meter en prisión a personas que no cometen ningún crimen y que sólo gustan de fumar una hierba, así como otros individuos gustan de fumar tabaco o consumir alcohol.
Y la segunda es ésta: que ese millón y tercio de mariguanos que cada año son arrestados por la policía representan sólo una fracción, seguramente muy pequeña, del total de usuarios de ese estupefaciente, y que, en consecuencia, no habría cárceles suficientes para contener a todos aquellos que tienen ese particular gusto.
Sobre el consumo de este producto en México no hay cifras que pudieran considerarse más o menos confiables. Ni de usuarios de la droga ni de arrestos policiacos por este motivo. Pero sí se sabe o se supone o se intuye que son muchos millones los mexicanos usuarios de la mariguana.
En Estados Unidos ya existen propuestas en el Congreso para despenalizar el uso de la cannabis. Y como en muchos otros asuntos espinosos y cargados de prejuicios ideológicos –como, por ejemplo, el aborto y el suicidio asistido, ya legalizados–, sólo es cosa de tiempo para que la mariguana pase a ser un producto legal, como otros cientos de productos psicotrópicos presentes en el mercado de la ensoñación asistida.
Y por lo que toca a México, ahora, por primera vez, habrá de presentarse una iniciativa de ley en el Congreso de la Unión para despenalizar el consumo de la calumniada o incomprendida yerba. La propuesta la hará el senador perredista René Arce Islas. Y si bien realistamente no cabe esperar que la iniciativa sea aprobada en fecha próxima, indudablemente es un avance legal y democrático que el demonizado tema sea debatido en el segundo centro del poder político mexicano.
Pero el ámbito parlamentario no es el único en el que se plantea la despenalización de la cannabis. Tanto en México como en EU y Europa el debate en la materia es antiguo, amplio y creciente en universidades y centros de estudios superiores y especializados. Una gran parte del mundo académico hace mucho se ha pronunciado por dejar en el pasado una prohibición absurda que limita y hasta cancela las libertades ciudadanas.
Y una cosa semejante acontece en el ámbito de los medios de comunicación, en los que cada día es mayor el aireamiento del tema. Y nadie puede negar que los más importantes avances democráticos que ha vivido el planeta desde mediados del siglo XIX y, sobre todo, en el curso del XX han tenido como actor central y principalísimo a diarios, revistas y medios electrónicos.
Los amigos del enfoque criminal en un asunto de libertades ciudadanas no son, desde luego, adversarios de poca monta. Hay algunos, como Jesús Kumate, el mismo que fue secretario de Salud de Carlos Salinas de Gortari, que contra la despenalización de la cannabis ponen en juego un cierto prestigio científico que no oculta su irracional conservadurismo.
Pero aunque Kumate y otros como él no lo entiendan, la ciencia, que a lo largo de los últimos 500 años ha sido factor decisivo en los avances democráticos de la sociedad, no está del lado del conservadurismo, sino del lado de la ampliación de las libertades democráticas ciudadanas.
Nueva revolución técnico-científica: los transgénicos
Al comenzar el siglo veinte, la esperanza de vida al nacer era en México de 27 años. Al mediar la centuria pasada, ya era de 50 años. Y hoy, a comienzos del siglo XXI, la esperanza de vida ya es de 75. Esto quiere decir que en el transcurso de cien años el mexicano ha logrado triplicar la duración de su vida.
Este fenómeno del aumento de la esperanza de vida no es sólo mexicano, sino universal. Y en México y en todo el mundo obedece a varias razones. La principal fue sin duda la pronunciada baja en la mortalidad, descenso que se debió a los avances de la medicina, la preventiva principalmente: vacunas e higiene.
Desde luego, también debe considerarse el descubrimiento de los antibióticos, de la anestesia, de la moderna cirugía y del carácter antienfermedad de la asepsia (el uso del agua y del jabón) y la antisepsia (la utilización del yodo y otras sustancias como desinfectantes).
Todo esto es ampliamente conocido y reconocido. Lo que es menos conocido y reconocido es el trascendente papel que en el aumento de la esperanza de vida ha tenido el incremento de la producción agrícola, es decir, de la disponibilidad de alimentos.
Ciertamente, los mayores descubrimientos de la medicina preventiva y curativa han sido logrados en los últimos doscientos años, pero es innegable que los más trascendentes avances se han dado en el último medio siglo. De esta etapa es el descubrimiento de los antibióticos. Y de esta misma época histórica data la creación de más y mejores vacunas: poliomielitis, difteria, tétanos, hepatitis, parotiditis (paperas), sarampión, varicela, etcétera. Hoy en México se aplican en total y de modo universal doce vacunas contra otras tantas patologías.
Una cosa semejante ha ocurrido con el incremento de la producción agropecuaria, la que ha sido siempre creciente desde el invento de la ganadería hace 15 mil años y de la agricultura hace 10 mil, pero que encuentra en las cuatro últimas décadas sus más grandes avances mediante especies mejoradas y de mayores rendimientos. De 1950 para acá, la producción ha crecido 4 veces más que la población humana.
Tanto en el caso de la medicina como en el de la producción agropecuaria, el factor decisivo ha sido el conocimiento científico. Y como este es imparable y acumulativo, no cabe sino esperar todavía mayores avances en la esperanza y en la calidad de vida de las poblaciones humanas. Por ejemplo: durante su informe sobre el estado de la Unión ante el Congreso de EU en 1998, el presidente Clinton afirmó: “Existen grandes posibilidades de que un niño nacido hoy en este país (pero pudo decir en todo el mundo desarrollado) alcance a ver el siglo XXII”. Y si bien con algunos años de retraso, la expresión clintoniana podrá aplicarse a todas las naciones del planeta.
Ahora mismo la sociedad humana se encuentra en el umbral de un nuevo crecimiento de la producción agropecuaria, gracias a la aplicación de otro descubrimiento científico decisivo: los organismos genéticamente modificados (OGM), los famosos alimentos transgénicos.
No puede negarse que este novedoso método productivo encuentra muchas resistencias. Pero así ha acontecido a lo largo de la historia con casi todos los avances científicos. La vacuna contra la viruela, por ejemplo, tardó casi un siglo en ser aceptada y consecuentemente, en universalizarse. Y también los descubrimientos de Louis Pasteur fueron objeto de rechazos y descalificaciones. Pero no hay duda: a pesar de las resistencias y de la propaganda antitransgénicos, esta nueva revolución técnico-científica acabará por imponerse, dando a la humanidad la posiblilidad de un crecimiento casi infinito, por no decir infinito, de la producción de alimentos.
Mientras el juez Baltasar Garzón se ensañaba contra la izquierda patriótica vasca, era mirado por la derecha española (y también por la mexicana) como un héroe. En tanto Garzón clausuraba ilegalmente periódicos de la causa independentista vascuence, los franquistas lo veían como a uno de los suyos. Si ordenaba el cierre de un diario escrito íntegramente en lengua vasca, Garzón se mostraba consecuente con el afán franquista de prohibir el habla de ese idioma, perseguir a sus hablantes y borrar del mapamundi esa lengua.
Si Garzón se hacía de la vista gorda ante las muchas denuncias de tortura practicadas por las policías de Su Majestad, don Juan Carlos, en agravio de luchadores sociales, sindicalistas, defensores de derechos humanos y líderes vascos, entre otras víctimas de esa nefanda práctica, pues la derecha española (y también la mexicana) se hacían, a su vez, de la vista gorda ante las conductas ilegales, abominables y aberrantes de uno de los suyos.
Ahora bien: si Garzón se extralimitaba un poco en sus desmesurados afanes protagónicos y osaba meterse con el franquista chileno Augusto Pinochet, se le podía perdonar tal exceso, porque a fin de cuentas se trataba de un fascista de una antigua colonia, muy desprestigiado y, finalmente, ya caído en desgracia. Simplemente un sudaca apestado.
Ah, pero eso de meterse a investigar y a enjuiciar los crímenes del franquismo es intolerable. Y esto por dos razones principalísimas. Primera, porque Francisco Franco Bahamonde sigue siendo el líder de la España fascista. Y segunda, porque “el franquismo somos nosotros, los legítimos herederos del Movimiento”.
Y para los legítimos herederos del franquismo alzado en armas contra la República, Garzón ha pasado de ser un juez a modo y un letrado reaccionario y servicial, a un enemigo de la patria (“es decir, de nosotros los franquistas”). Garzón: “un comunista”, “un vasco”, “un rojo”, “un comecuras”, “un estalinista”. “Hay que matarle (matarle, con e final, como decimos los castizos)”.
“Maldito: te estás metiendo con media España. ¿No recuerdas, descastado, que el Caudillo dejó todo atado y bien atado? ¿Qué esperabas, gilipollas? ¿Que te aplaudiéramos? Bellaco malnacido: nos las vas a pagar”.
“Te has vendido a los rojos, prevaricador. Te destruiremos. Haremos polvo tu brillante carrera judicial. Ve con Zapatero a pedir clemencia. No te la dará. Él es uno de los nuestros. Él es el Presidente del Gobierno. De nuestro Gobierno. Del Gobierno franquista del nuevo siglo. Del nuevo Siglo de Oro español. Aznar y Rajoy te quiere despellejar vivo. ¡Macho: la cagaste!”.
“¡Macho: tan bien que ibas contra los vascos. Debiste seguir por ahí. Y empezar a dar palos a catalanes, canarios, valencianos, gallegos y otros nacionalistas trasnochados que no entienden que, como decía el Caudillo, España es una, libre y grande”.
“Ya sabemos que acudirás al Supremo. Y que tus retruécanos legaloides te pueden ayudar a salvar el pellejo. Y el cargo y la pasta que ello lleva. Pero estás apestado. Te vendiste a los rojos, prevaricador. Se te acaba de escapar el Premio Príncipe de Asturias (de lo que sea)”.
“Te habíamos pagado bien. Pero teníamos mejores planes para ti, gamberro. Todo lo has echado a perder. Nos engañaste, rojo. Te vendiste a los enemigos de España. A esos que querían entregarnos a los comunistas, a los soviéticos. A los que hubo que liquidar o echar para salvar a España. Sí, sí. A los García Lorca, a los Miguel Hernández, a los Antonio Machado. Maricones todos”.
“Fíjate bien lo que te digo: de rojos como tú están repletas miles de fosas comunes en toda España. Y no vas a ser tú, malagradecido, quien nos castigue por defender a España. ¡Viva el Caudillo!”.
La extensa e intensa campaña mediática occidental contra Cuba, desatada por el fallecimiento, tras una huelga de hambre, del ciudadano Orlando Zapata no busca, desde luego, influir en la sociedad cubana. Ésta conoce de primera mano, como cualquiera otra, su propia realidad, y dispone, también, como cualquiera otra, de amplísimos medios de comunicación para presentar la verdad de los hechos.
De este modo, el pueblo cubano sabe bien que los llamados “presos de conciencia” por la gran prensa de Occidente son opositores de paga, disidentes de alquiler. Y no sólo eso: sabe que se trata de personas que no ocultan la recepción de dinero y financiamiento por cuenta de diversas instituciones del gobierno estadounidense y de distintas oenegés financiadas con dinero de EU, de España y de otros países occidentales.
Pero más todavía: sabe que esos opositores de alquiler no encuentran censurable la recepción de dinero de diversos países extranjeros para financiar sus actividades antigubernamentales, y creen y dicen, por lo contrario, que su conducta mercantil es sana, positiva, edificante y digna de encomio y aplauso.
Descartado el objetivo de influir con mentiras, medias verdades y puestas en escena (como en el caso de la bloguera Yoani Sánchez) en la sociedad cubana, qué pretende entonces esa profusa campaña mediática. Busca influir en las sociedades expuestas, sin contrapartida argumental, a las visiones de gobiernos y poderosos medios de comunicación para los cuales una Cuba socialista no tiene derecho a existir.
¿Y qué se busca con esas visiones tan falsas como condenatorias de la vida en Cuba? La respuesta es obvia y con amplísimos antecedentes históricos. Se trata de crear en esas sociedades un ambiente hostil, condenatorio, satanizado del sistema isleño. Un ambiente tal que pueda convertirse en un momento determinado en justificación y aval de nuevas agresiones contra la isla, incluida, desde luego, una intervención armada en gran escala en suelo cubano. Guerra directa y caliente para el derrocamiento del gobierno socialista y su reemplazo por un gobierno al servicio del libre mercado y dócil a los mandatos de Washington.
Esta última fase de la cincuentenaria campaña de descrédito contra Cuba parece, sin embargo, ir tocando a su fin. Luego de varias semanas de agudos y calumniosos ataques, no se observan signos de éxito. Los infundios no han logrado crear un ambiente hostil internacional en gran escala.
Y esto no sólo por el obvio origen imperialista de los infundados ataques. Igualmente ha fracasado por la decidida y esclarecedora respuesta internacional del gobierno cubano y de medios de comunicación y periodistas que investigan los hechos y no se tragan las artificiosas versiones sobre Cuba ideadas y producidas en Washington, Miami y Madrid.
Bien documentado, tanto en la prensa cubana como en la internacional, el carácter mercenario de los supuestos disidentes presos (o en libertad, como el huelguista de hambre Guillermo Fariñas) es muy difícil que la opinión pública internacional se trague la versión imperialista de unos luchadores nobles y patriotas. Y menos que se la trague hasta el punto de prestarse a la justificación de una invasión militar.
“El dinero –decía el emperador Vespasiano– no tiene olor”. Y es cierto, pero siempre deja huellas. Y basta seguir esas huellas para saber sin lugar a dudas para quién trabajan y qué pretenden realmente esos supuestos disidentes presos o en libertad.
Y si bien las huellas del dinero de Madrid, Washington y Praga, entre otros, están bien documentadas y son irrebatibles, ya se ve que esta vez, y contra Cuba, don Dinero no ha sido, como dicen que es, tan poderoso caballero.
El oro negro, desde luego, no es eterno. Y como cualquier otro recurso natural no renovable, algún día habrá de extinguirse. Pero esta extinción es sólo una posibilidad abstracta. Hoy por hoy, la duración del petróleo está calculada en algo así como cien años. Y esta duración depende de muchos y diversos factores, como el nivel de consumo, el precio, los avances tecnológicos, la invención de sucedáneos (parciales o totales), la aparición de nuevos mantos, la mayor capacidad de exploración y explotación, etcétera.
Todo ello apunta a una ampliación prolongada de esa centuria. Pero no hay duda de que el factor fundamental en la ampliación del horizonte de disponibilidad del hidrocarburo es el imparable avance científico-técnico característico de nuestra época. De modo que lo más probable es que haya petróleo para los próximos 300 o 400 años.
Y más aún: como efecto de la cada día más amplia conciencia universal sobre la relación entre el uso de combustibles fósiles y la generación de gases de efecto invernadero asociados al fenómeno del cambio climático, es también muy probable que la sociedad humana deje de consumir petróleo mucho antes de que éste se extinga materialmente.
Pero para aquellos que gustan de las evidencias prácticas por encima de las teóricas, pues ahí está como prueba fehaciente del horizonte de largo plazo de la disponibilidad de petróleo, la feroz lucha de las compañías petroleras de los países imperialistas por apropiarse, incluso mediante el recurso de la guerra colonial y los golpes de Estado, de los yacimientos petroleros de Medio Oriente y otras regiones subdesarrolladas del planeta.
¿Alguien cree que el gobierno de Estados Unidos estaría gastando los miles y miles de millones de dólares que le cuestan las guerras de Irak y Afganistán y los preparativos de agresiones militares contra Irán y Venezuela si no estuviera absolutamente convencido de que sus grandes trusts habrán de ultracompensar durante muchas décadas esos gastos realizados para apropiarse del petróleo de otras naciones?
Por otra parte, hay información suficiente sobre la histórica capacidad de la ciencia para suplir al petróleo como energético. Hace más de cincuenta años que el gran economista Paul Baran nos informaba en su célebre Economía Política del Crecimiento que empresas como la General Electric gastaban más en inversiones para detener el avance científico-técnico en alternativas al petróleo que en fomentar ese avance. Es claro, en consecuencia, que si hoy todavía el petróleo es el energético de más amplio e intenso uso, esto se debe al esfuerzo científico perverso por prolongar en el tiempo la utilización de este hidrocarburo, en vez de la utilización de sucedáneos más eficientes, menos contaminantes y, desde luego, más baratos.
Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos científicos perversos para impedir o al menos obstaculizar la producción en gran escala de combustibles de origen vegetal y no mineral, desde hace más de treinta años es bien conocido y usado el etanol, compuesto químico derivado del maíz o de la caña de azúcar, como combustible para motores de explosión.
En Brasil, por ejemplo, se añade etanol a la gasolina. Esta combinación, llamada alconafta o gashol, ha permitido reducir significativamente la importación del hidrocarburo. Este país, una superpotencia petrolera, produce 14 mil millones de litros anuales de etanol, lo que le ha posibilitado disminuir hasta en un 40 por ciento sus importaciones de crudo.
Con base en estos datos, ¿alguien tiene dudas sobre, al menos, la posibilidad de reducir drásticamente el consumo de petróleo y consecuentemente prolongar su duración como energético por innumerables generaciones?
Retórica y demagogia aparte, es claro que el gobierno de Felipe Calderón no desea ni busca un mejoramiento de las relaciones entre México y Cuba. Más bien acontece lo contrario: se buscan y ponen en marcha acciones que no sólo no conduzcan a esa mejoría, sino que propicien la permanencia de la actual situación de deterioro y, si ello es posible, la ruptura franca y abierta con el régimen de la isla.
El pretexto ahora es la propuesta de un senador panista para que la llamada Cámara Alta lamente el fallecimiento, tras una huelga de hambre, del ciudadano cubano Orlando Zapata, y se exhorte al gobierno del presidente Raúl Castro “al diálogo con los llamados disidentes y a liberar a los presos políticos”.
Utilizando el viejo recurso de tirar la piedra y esconder la mano, Calderón ha enviado a uno de sus testaferros a proponer una flagrante intromisión en los asuntos internos de Cuba, ilegal injerencia que sólo puede producir, como ya ha ocurrido, el indignado rechazo y una airada respuesta de la isla y un mayor deterioro en los nexos entre ambos países, lo que servirá de base para que Calderón incumpla, con fabricada justificación, su prometida visita a la mayor de las Antillas.
Lo absurdo y retorcido del pretexto para cancelar esa visita es también un claro indicador de que las oficinas de Calderón y de su canciller, Patricia Espinosa, no encontraban la fórmula que les permitiera, sin repetir las vulgaridades foxistas, enfriar hasta la congelación y, mejor aún, hasta la ruptura, las relaciones con Cuba.
Vista en perspectiva la conducta de Calderón y Espinosa, no hay en realidad nada de qué sorprenderse. Ambos se comportan como militantes y representantes de la extrema derecha, hoy y en mala hora, gobernante en México. Y como fieles expresiones del fascismo criollo, no cabía y no cabe esperar de ambos buena disposición para tratar a un gobierno socialista que para la extrema derecha es una entidad maldita.
Pero con todo y su derechismo, ni Calderón ni Espinosa pueden actuar franca y abiertamente contra Cuba. Porque en México existen fuerzas sociales, culturales, políticas y económicas que simpatizan con la isla (o que al menos la ven con admiración y respeto). Y esas fuerzas, que suman decenas de millones de personas y cientos de organizaciones, son un poderoso obstáculo para el accionar libre de Calderón y Espinosa contra Cuba.
De ahí la necesidad del proceder untuoso, sibilino, meándrico de Felipe y Patricia. No quieren enfrentarse con universidades, sindicatos, organizaciones agrarias, intelectuales, empresarios nacionalistas, cámaras de comerciantes e industriales que desean hacer negocios en Cuba y con Cuba, profesores de todos los niveles educativos, gobiernos estatales y municipales, periodistas críticos y partidos políticos y otros organismos progresistas, democráticos o de izquierda. Queriendo romper con Cuba, ni Felipe ni Patricia quieren pleito y mayor distanciamiento con esos ciudadanos y organizaciones.
De cualquier modo, siempre será positivo para Cuba y para las fuerzas nacionalistas y antiimperialistas mexicanas conocer la verdadera vocación anticubana de Calderón y Espinosa. Este conocimiento permite no albergar esperanzas (como ocurrió en el desastroso gobierno foxista) de buena disposición azul hacia el gobierno socialista de Cuba.
Porque a pesar de lo torcido del procedimiento en la Cámara de Senadores, las señales de la animadversión calderónica contra Cuba son muy claras. Y ya reconfirmada esa animadversión, las fuerzas mexicanas de toda índole que simpatizan, admiran y respetan a Cuba sabrán y podrán acrecentar y fortalecer sus nexos con la isla, al margen y en contra de la voluntad del gobierno de Calderón.
Por fin la iglesia católica ha reconocido que uno de sus prohombres, el cura Marcial Maciel, era un criminal, un malvado, un hombre prostituido, un degenerado. Practicante de diversas conductas contrarias a su propia fe, el clérigo, sin embargo, ha pasado a la historia por un solo crimen: el abuso sexual cometido en perjuicio de niños y jóvenes varones sobre quienes tenía poder e influencia espiritual e institucional.
Que Maciel se haya enriquecido al amparo de su oficio de sacerdote no constituye un delito. Que haya mantenido durante décadas relaciones sexuales con diversas mujeres tampoco lo hace reo de delito alguno. Que haya sido un mentiroso contumaz y un hipócrita no lo hace sujeto de persecución penal. Digamos que se trata de faltas a la ética, a la moral.
Ah, pero el abuso sexual contra menores, la llamada pederastia, paidofilia o pedofilia sí que constituye un delito. Y no sólo eso: se trata de un delito horrendo, nefando, abominable. Y, finalmente, la iglesia católica ha reconocido que ese prócer, ese modelo de cristiano, ese arquetipo de católico, ese noble siervo de Cristo era un practicante del abominable crimen de la pederastia, que Marcial Maciel era un pederasta encumbrado.
A Marcial Maciel, por supuesto, ya no se le podrá castigar con pena corporal. No pisará ya jamás la cárcel. Pero sí podría castigarse a quienes lo protegieron, lo encubrieron, lo solaparon. Pero eso tampoco es fácil. Fueron muchos sus protectores. Y de muchos ámbitos: eclesiásticos, sociales, políticos, empresariales, judiciales, informativos. Ni modo. La impunidad de que gozó Maciel hasta el día de su muerte se extendió (y así extendida sigue) a, seguramente, miles de personas.
Todo esto ya es público y bien sabido. Pero cabe la pregunta: ¿ese conocimiento público y extenso servirá para que algunos católicos decidan abstenerse de poner a sus hijos en manos de instituciones, señaladamente las educativas, en las que, como bien se sabe, abundan los pederastas?
¿O habrá quien crea honradamente que el caso de Marcial Maciel es una excepción, una rara avis, una golondrina que no hace verano? ¿O habrá que pensar más bien, que la pederastia en las escuelas religiosas para infantes y jovencitos es una práctica extendida, a la que acaso podríamos llamar normal y generalizada?
Hay, sin duda, amplios indicios de que la pederastia en escuelas religiosas para niños y jovencitos es una práctica nada anormal. Navegando por ahí en internet, me encontré esta frase que resume muy bien la generalidad de la paidofilia en esas instituciones: “El periódico es hoy prácticamente un monográfico sobre la pederastia”.
Y lo que se dice para los periódicos se puede decir para los medios de comunicación electrónicos. Y como los medios de comunicación son un reflejo de la realidad, no cabe sino concluir que la realidad es generosa, muy generosa, en materia de pederastia.
¿Cómo es posible entonces que miles de personas religiosas y particularmente católicas no tengan reparos en continuar mandando a sus hijos a escuelas confesionales? ¿Pensarán que estos niños y jóvenes, sometidos a la autoridad espiritual de clérigos pervertidos serán indemnes?
¿Qué atractivos ofrecen esas instituciones, a las que cuesta trabajo llamar educativas, para que personas ilustradas, informadas, solventes en lo económico hagan oídos sordos y dirijan la mirada a otros asuntos frente a las universales evidencias de los abusos cometidos contra infantes y púberes en los colegios confesionales?
La conjunción de curas pederastas, protectores de curas pederastas y padres de familia que ponen a sus hijos en manos de curas pederastas me recuerda un fragmento de las célebres Redondillas de sor Juana, la monja sabia:
Desde los ya muy lejanos tiempos del presidente Dwight D. Eisenhower, el factor central en la estrategia estadounidense para derrocar al gobierno socialista de Cuba y destruir a la revolución cubana ha sido la creación de una oposición interna. Y para el logro de este objetivo se han puesto en marcha diversos programas de acción.
El más viejo de ellos, ya casi cincuentenario, es el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a la isla. Se trataba (y se trata) de provocar penurias y escaseces para generar una irritación popular que fuera dando cuerpo a un movimiento opositor capaz de convertirse, con apoyos mediáticos y financieros adecuados, en un nuevo gobierno, obviamente no socialista. Así que, en resumidas cuentas, la meta era (y es) un cambio de régimen.
Un cambio de régimen, igualmente, era el objetivo de la guerra bacteriológica que contra la isla emprendió EU en las décadas de los setenta y los ochenta. La roya del café, la fiebre porcina y el dengue humano son los ejemplos emblemáticos de esa cruel y sanguinaria agresión que buscaba provocar el descontento de una sociedad que (pensaba EU) terminaría harta de privaciones, enfermedades y difuntos, y que ansiaría o estaría dispuesta a aceptar un cambio de régimen en sintonía con Washington.
Lo mismo se pretendió con los recursos de los secuestros de aviones y los atentados terroristas contra escuelas, fábricas, oficinas, hospitales y otras instalaciones en la isla. Generar inestabilidad, descontento, enojo, desesperanza y quiebra moral en el pueblo cubano, todo para que se resignara al cambio de régimen.
Hoy, muy desprestigiados, han pasado a segundo plano los secuestros aéreos, los actos terroristas y la guerra bacteriológica. Ahora se encuentran en el primer plano de la agresión los blogueros y los llamados por EU disidentes. Son modalidades distintas de un mismo propósito: crear una pequeña oposición interna que con el apoyo exterior necesario pueda convertirse en un gran frente popular opositor al régimen socialista. De nuevo las cuatro palabras mágicas: un cambio de régimen.
Crear esa oposición interna sería el primer paso para buscar o fabricar un incidente desestabilizador que sirviera de pretexto para una intervención armada de EU en la isla. Esa oposición sería el germen de un nuevo gobierno en cuyo auxilio llegarían las tropas yanquis.
Tantos esfuerzos, tantos procedimientos, tanto dinero invertido, todo hasta ahora ha sido inútil. EU y sus aliados y cómplices de la Unión Europea no han conseguido su propósito de avanzar en la creación de una oposición interna más o menos fuerte que derive, con ayuda militar extranjera, en un posterior cambio de régimen.
De esto se trata la campaña mediática estadounidense y europea a propósito de la defensa de los derechos humanos en Cuba. De esto se trata la mayúscula cobertura mediática del caso del fallecido recluso Orlando Zapata. Y de lo mismo se trata en el caso del otro huelguista de hambre, Guillermo Fariñas Hernández. Todo en busca de un cambio de régimen.
La supuesta defensa de los derechos humanos y de las libertades de expresión y asociación en Cuba son la cobertura estratégica de los propósitos estadounidenses de un cambio de régimen. Pero siendo tan abrumadora y omnipresente, la campaña mediática contra la isla no hace mella, precisamente, en la isla.
Es un enorme esfuerzo para dar base interna y externa a una intervención militar directa. Y si bien esa campaña logra confundir fuera de la isla a las personas menos politizadas e ingenuas, no logra lo mismo internamente. El caso de los supuestos disidentes no ha cuajado. Un fracaso más en el esfuerzo de cinco décadas en pos de un cambio de régimen en Cuba.
Según cualquier diccionario de la lengua española, laicismo o laicidad es la doctrina que defiende o propugna la independencia del individuo, de la sociedad y del Estado respecto de las religiones (cualquier religión) y, consecuentemente, de las organizaciones o colectivos, llamados iglesias que actúan en nombre de esas religiones o que las representan o dicen representarlas.
Entendido de este modo, el laicismo o laicidad no es sólo, como comúnmente se piensa, la separación entre Estado e iglesias, sino, exactamente, la “independencia del individuo, de la sociedad y del Estado de toda influencia religiosa o eclesiástica”.
Por estas razones, una sociedad y un Estado laicos no pueden ni deben permitir que las iglesias dispongan de los medios para mantener o acrecentar su influencia sobre el conglomerado social. Y es por ello inexplicable que el Estado permita la existencia de escuelas o medios de comunicación regenteados o producidos por entidades religiosas, o la publicación de textos bajo la firma de cualquier persona que se ostente públicamente como representante o personero eclesiástico.
No faltará un ideólogo trasnochado que diga que la democracia está reñida con estas exclusiones. Pero la verdad es más bien lo contrario. La democracia, régimen político y jurídico nacido al calor de la Ilustración y la Revolución Francesa, encarna en el Estado laico. Dicho de otro modo, la democracia occidental es el otro nombre del Estado laico.
Así, en un Estado laico consecuente y no hipócrita o simulador, los ministros religiosos no deben votar ni ser votados, pues el sufragio es un medio para mantener la influencia de las religiones sobre los individuos, la sociedad y el mismísimo Estado.
Así, en un Estado laico consecuente y no hipócrita o simulador, los curas, pastores o ministros de cualquier confesión no deben ocupar cargos públicos, pues si los ocuparen podrían mantener o acrecentar su influencia sobre el conglomerado social.
Así, la lucha por el laicismo o laicidad o secularización es la lucha por la democracia, es decir, por la libertad, por la justicia y por la igualdad. Y todo intento, como el del senador perredista Pablo Gómez (antiguo incendiario hoy devenido en bombero), por vulnerar el laicismo duramente conquistado por la sociedad mexicana es, en realidad, un acto antidemocrático.
Curiosamente, las sociedades y los Estados más antidemocráticos son los confesionales, algunos, como Estados Unidos e Irán, por ejemplo, verdaderas teocracias, regímenes teocráticos sólo posibles por la desmedida influencia de religiones e iglesias en esas sociedades y Estados.
En Estados Unidos se protesta (se jura) sobre la biblia, un texto religioso; el lema nacional es “Nosotros en Dios confiamos”; se va a la guerra de rapiña rogando (y dando por descontado) el favor de Dios; y se justifica el latrocinio bélico, y su cauda de millones de muertos, mutilados y heridos, en templos y medios de comunicación, en voz y plumas de predicadores y pastores que parecen salidos de las oscuridades de la Edad Media.
La poderosa influencia de religiones e iglesias, sobre todo de la dominante, se expresa en la descalificación y el combate de la educación científica y la promoción de la tesis ideológica del creacionismo. Y todos estos rasgos de la sociedad estadounidense, por absurdos y anacrónicos que nos parezcan, son objetivos, claros y concretos, de los jerarcas religiosos mexicanos.
El laicismo es, claramente, la defensa contra esos excesos y aberraciones. No se trata sólo de la separación de Estado e iglesias. Se trata de mantener y acrecentar la independencia de individuos, sociedad y Estado respecto de la influencia de iglesias y confesiones.
Primero, como dicen los abogados, los hechos. Uno. Un cubano de nombre Orlando Zapata, inicia una huelga de hambre para demandar teléfono y televisión en su celda en un centro penitenciario. Dos. Denegada la exigencia, el recluso continúa la huelga de alimentos. Tres. Los médicos y el personal hospitalario que lo atienden están impedidos éticamente para obligarlo a recibir alimentos por vía oral. Cuatro. El preso lleva adelante su decisión hasta su propio fallecimiento. Cinco. Comienza una extensa e intensa campaña mediática internacional contra el gobierno socialista de Cuba.
Curiosamente, en esa campaña mediática encontramos a personajes tan conocidos como el ex presidente español José María Aznar y muchos otros relevantes miembros del Partido Popular, heredero directo del franquismo. Punta de lanza en España de esa cruzada contra Cuba es, naturalmente, el diario El País, órgano del fascismo hispano, con amplia influencia entre los sectores más reaccionarios, racistas y pro imperialistas de México y el resto de América Latina.
La médula de la campaña mediática consiste en afirmar que Orlando Zapata era un disidente. Pero ocurre que ni los autores y promotores de la cruzada han podido presentar pruebas (o siquiera datos) de una trayectoria disidente, opositora, rebelde o insurreccional de Zapata. Y salvo esas inexistentes o ignotas probanzas, no queda más conclusión que catalogar a Zapata como un delincuente común. De esos para los cuales, como en México y en España ocurre, la derecha pide diariamente la pena de muerte o, cuando menos, la cadena perpetua.
Pero no sólo los fascistas españoles son parte de la dichosa campaña. También es partícipe la mafia terrorista de Miami. Esa que dice públicamente que realiza actos terroristas para propiciar el retorno de Cuba al capitalismo. Y entre los voceros y repetidores de las consignas de la dicha campaña no podían faltar, desde luego, los miembros más prominentes de la derecha mexicana. Como, por ejemplo, los beneficiarios de las privatizaciones salinistas. Y como los también beneficiarios de los fraudulentos rescates bancarios y empresariales del zedillato. ¡Qué curioso! Verdaderos bandidos, sin moral y sin principios, atacando, una vez más a Cuba.
No diré, desde luego, que esos ataques no puedan hacer mella en la conciencia de la sociedad mexicana. Pero un poco de reflexión sobre los antecedentes y el actuar presente de esos agrios censores de Cuba permite descubrir sin mucho esfuerzo que se trata de personajes desprestigiados y condenados por esa misma sociedad. Y lo que vale para México vale para España y para cualquier otro país.
Pepe Aznar, el del Pacto de las Azores que abrió el camino para la invasión militar de Irak, la que ya ha producido cerca de dos millones de muertos, ¿se conduele del fallecimiento de un hombre en la Cuba de sus más feroces odios? ¡Qué nobleza de espíritu!
Josemari (como le dice, melosamente, su mujer), el que mintió a su pueblo sobre la autoría de los atentados terroristas del 11 de marzo, ¿se suma ahora a otra campaña contra Cuba, dejando atrás su gusto por las falsedades, las calumnias, las descalificaciones y los ex abruptos (“hijos de puta”, por ejemplo) contra todos aquellos que no piensan que el capitalismo es el mejor de los mundos posibles?
¿Y qué decir de esos intelectuales y periodistas mexicanos que llamaban gozosos a liquidar militarmente la insurrección zapatista? Y que aplaudieron y aplauden a rabiar el trato criminal contra atenquenses, mineros y electricistas. ¿Por qué el ciudadano común va a creer que los mentirosos de siempre hoy podrían estar diciendo la verdad sobre Cuba? Los mentirosos siempre mienten. Aunque sean plumas afamadas.
Desde fechas tan tempranas como los primeros años noventa del siglo pasado se sabía o se sospechaba que el Partido del Trabajo (PT) era una creación de la perversa inteligencia de Carlos Salinas de Gortari. Las certezas o las sospechas provenían de la marcada influencia en esa organización de Raúl, hermano del usurpador.
Frente a las críticas públicas al carácter de partido paraestatal (en su expresión salinista), militantes y dirigentes decían que, en efecto, en el Partido del Trabajo existía una corriente paraestatalista, pero que igualmente existía una facción democrática, nacionalista y hasta revolucionaria.
Puede que así haya sido al comienzo. Un partido de origen y carácter paraestatal en el que participaban cuadros políticos de izquierda más o menos independiente y antisistémica. Mas con el tiempo y con los Salinas caídos en desgracia y apestados, el Partido del Trabajo fue abandonando su índole paraestatal para pasar a convertirse en una organización oportunista.
Con este carácter oportunista, el PT ha participado y participa en movimientos sociales y en procesos electorales con un discurso popular, antiimperialista y antineoliberal, pero siempre bajo sospecha de virajes, abandonos y afiliaciones extrañas e inexplicables.
Es cierto que los petistas acompañaron la candidatura presidencial de López Obrador. Y es igualmente cierto que esa alianza parece seguir vigente. Pero cada día que pasa aumentan las inquietudes, los temores, las sospechas de que el PT abandone la causa del lopezobradorismo y, en un nuevo acto oportunista, retorne a su pasado originario de partido paraestatal.
Salvando las diferencias que haya que salvar, lo dicho para el Partido del Trabajo cabe para Convergencia, pero sin las banderas de izquierda que ornaban al PT. Una vida de oscilación permanente entre el franco paraestatalismo y el oportunismo descarado. Y casi lo mismo puede decirse del Partido Verde Ecologista de México (PVEM): paraestatalismo y oportunismo con estandarte ambientalista, pero signado por el más vulgar mercantilismo. En resumidas cuentas, más que un partido, un membrete de alquiler al mejor postor.
Al Partido Nueva Alianza (Panal) no se le puede calificar, como a los anteriores, de oportunista o mercader. Es simplemente y en estricto sentido, un partido paraestatal: una agencia del gobierno para servir en los procesos electorales a los fines gubernamentales, sean éstos los que sean.
A esa cuarteta de partidos, entre paraestatales, oportunistas o mercaderes, se ha sumado ahora un quinto elemento: el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Abandonados los principios y propósitos democráticos, nacionalistas, populares, antiimperialistas y revolucionarios que le dieron origen, el PRD se ha convertido, por oportunismo y mercantilismo, en un partido paraestatal de un régimen de extrema derecha.
Trago amargo para las fuerzas políticas progresistas mexicanas. La amplia, abigarrada y combativa fuerza social de izquierda se ha quedado sin partido que la represente. El temido divorcio entre el movimiento social lopezobradorista y su partido histórico, el PRD, es ya una triste realidad.
Con la conversión del PRD en una organización derechista, las elecciones han dejado de tener sentido para millones, para decenas de millones de ciudadanos. Votar por el PRD es, a partir de ahora, igual que sufragar por el PRI o por el PAN. Un mismo perro negro con tres collares distintos. Ya no hay opción electoral de izquierda. Habrá que ver cómo se comporta de aquí en adelante la izquierda social hoy sin opción electoral. ¿Se cruzará de brazos? ¿Dejará hacer, dejará pasar? El futuro, siempre incierto, hoy se mira más incierto todavía.
Como fruto de la pésima gestión panista, sobre todo en los tres últimos años, es ya un lugar común afirmar que es inminente el retorno del PRI a Los Pinos. Incluso se da como seguro que será Enrique Peña Nieto quien se cruce la banda tricolor sobre el pecho en diciembre de 2012.
Pero la historia, como decía el genial Lenin, suele dar sorpresas. Y ya la extrema derecha les está preparando una sorpresita a los engolosinados priistas. La estrategia ya se encuentra en marcha en Oaxaca y Puebla, y sólo los ciegos no pueden verla.
La idea consiste en oponer al PRI en 2012 una alianza de todos (o casi todos) los partidos políticos: PAN, PRD, Panal, Convergencia, Verde Ecologista y, si se puede, el del Trabajo (PT).
El punto clave de esta santa alianza antipriista es el concurso del PRD. Y como ya se está viendo en Oaxaca y Puebla, el asunto es bastante sencillo con la dirección del PRD dominada por la facción oportunista y corrompida que encabeza Jesús Ortega, antiguo y aventajado discípulo de aquel modelo de venalidad política, hoy en el ostracismo, llamado Rafael Aguilar Talamantes.
No faltará el ingenuo que afirme que la alianza entre PAN, PRD, Verde, Convergencia y Panal (y acaso el PT) deberá pasar la prueba de las urnas, es decir, vencer al PRI en las elecciones de julio de 2012. Pero pensar eso es, justamente, una ingenuidad. En México, desde siempre, los votos no se cuentan, sino se pesan. Y los votos de Los Pinos, del IFE, del Tribunal Electoral y el de la oligarquía, también llamada poderes fácticos, serán, indudablemente, para la alianza antipriista. El PRI, por supuesto, alegará fraude. Pero los otros cinco (o seis) partidos sostendrán que la elección fue limpia.
Oaxaca y Puebla serán, en los próximos días, escenarios del ensayo general hacia 2012. Y si todo sale como lo tiene planeado el panismo y se imponen las alianzas antipriistas, se irá creando la idea colectiva de la bondad y eficacia de ese tipo de alianzas para impedir el retorno de los tricolores al poder máximo.
¿Hará falta recordar la sentencia clásica que dice que las puertas de Los Pinos se abren desde adentro? En eso está Calderón, con la inestimable ayuda de los paleros de siempre y la nueva adquisición: un PRD desnaturalizado, mercantilizado y finalmente paraestatalizado.
Esa alianza PAN-PRD, adicionada con el séquito y la morralla de los partiditos, presenta además una ventaja extraordinaria. Serviría para dejar a López Obrador sin partido que lo postule. Y de este modo, la extrema derecha podrá seguir en Los Pinos durante mucho tiempo.
En palabras de Reyes Heroles (el padre, no los pequeños vástagos), primero el programa y luego el hombre. Y, como se ve, ya está listo el programa aliancista. El hombre puede ser cualquiera, pero no de cualquier color. Tendrá que ser un azul. Una cabeza azulada sería la garantía del predominio panista en la alianza. Y, visto a la inversa, del vasallaje perredista, lo que disiparía los miedos de quienes durante más de dos décadas han visto en el PRD al mismísimo diablo.
Jugada maestra, estrategia genial. Pero cuesta trabajo creer que provenga de una cabeza del panismo, tan carente de mentes lúcidas. Mas no importa la autoría de la idea. Lo central es que la alianza del amo PAN y del vasallo Ortega garantiza liquidar tanto a López Obrador y a su vasto movimiento popular y social, como al PRI que ya se creía de nuevo instalado en Los Pinos.
Tan claro era y es el plan calderonista, que las cabezas del priato (Beltrones, Peña Nieto y Beatriz Paredes) estuvieron dispuestas a aprobar el aumento del IVA para impedir la alianza PAN-PRD en Oaxaca. Ya veían venir el desastre, pero no pudieron evitarlo. Negros augurios para los priistas en 2012. Y tan seguros y contentos que se veían.
El 16 de octubre de 2009 se realizó la elección del Consejo Consultivo de la Cámara Nacional de la Industria de la Radiodifusión. Al proceso electoral se presentaron dos planillas. Una encabezada por Rafael Borbón Ramos y otra por Gustavo Rentería. En la contienda resultó ganadora la planilla de Rafael Borbón, por lo que éste se convirtió en el nuevo presidente del dicho Consejo Consultivo.
Pero el resultado no dejó satisfechos a muchos radiodifusores del país, pues en la elección hubo, por decirlo finamente, muchas irregularidades. Un enunciado más claridoso hablaría de un fraude electoral cínico y descarado, pero, por fortuna, no impune.
Porque frente a las enormes y documentadas evidencias de fraude electoral, los radiodifusores agraviados decidieron denunciar los hechos ante la autoridad competente, que es la Secretaría de Economía. Y ésta ha ordenado la reposición del proceso, cosa que jamás había ocurrido desde la fundación de esa Cámara, en 1941, hace casi setenta años.
De acuerdo con lo dispuesto por la Secretaría de Economía, la reposición del proceso electoral implica que el mencionado Consejo Consultivo se encuentra acéfalo y que una nueva elección deberá realizarse en breve plazo.
Jurídicamente nada impide a Rafael Borbón Ramos presentarse de nuevo como candidato a la presidencia del Consejo Consultivo. Pero políticamente no puede decirse lo mismo. ¿Cómo presentarse a una nueva elección llevando en la frente, bien grabado, el estigma de defraudador de sus propios colegas?
Más allá, sin embargo, de las personas, lo trascendente del asunto es que las víctimas del fraude decidieron no quedarse callados ante el bárbaro atropello. No quisieron acogerse al clásico “golpe dado, ni dios lo quita”. Y han sentado así un valioso precedente democrático en una organización empresarial acostumbrada a “lavar en casa la ropa sucia”, conducta aberrante en personas y empresas cuya materia de trabajo es justamente la comunicación pública y la transmisión de las ideas.
No diré nada novedoso si afirmo que el fraude electoral es entre los mexicanos el pan nuestro de cada día. Y tampoco sería novedad afirmar que la cultura del fraude encuentra sustento en el conformismo, la comodidad y la falta de ganas de meterse en líos de las víctimas del engaño y la manipulación. Pero en el caso concreto de las organizaciones de radiodifusores, todo ahora ha sido distinto, tanto del lado de los defraudados como por cuenta de las autoridades que no se han prestado a convalidar un atraco evidente y bien documentado.
Y si bien en el plano jurídico la nueva elección no presenta mayor problema, la cosa es muy distinta en el plano político. Los resultados de la elección anulada y el dictamen de la autoridad para reponer el proceso han dejado muchos heridos en el campo de batalla. Una nueva contienda realizada sin acuerdos básicos puede enconar más los resabios y los rencores.
Por eso cabe esperar que al nuevo proceso comicial se lleve todo bien planchadito. Que la asamblea de radiodifusores tenga como propósito convalidar y legitimar esos acuerdos básicos tomados previamente por las fuerzas en pugna. Eso es lo democrático, lo aconsejable, lo civilizado, lo sensato y lo sano.
Habrá sin duda fuerzas políticas y económicas en la propia Cámara que prefieran el enfrentamiento, la imposición y hasta el intento de un nuevo fraude electoral. Pero la tarea se antoja imposible. La nueva elección tendrá encima la lupa de la opinión pública y la de las autoridades en la materia. Empeñarse en la vía de la fuerza y el avasallamiento de los opositores aparentemente más débiles puede ser suicida. Sobre todo si éstos, como ya lo demostraron, no están dispuestos a dejarse avasallar.
La etimología de cataclismo (vocablo que significa catástrofe, hecatombe, desastre, ruina) es kataclismós, que quiere decir inundación. Y es que durante milenios, la catástrofe por antonomasia era una inundación. Las inundaciones provocaban muchas más muertes y daños que cualquier otro desastre natural: sismos, deslaves o incendios, por ejemplo.
Es por ello que a cualquier tipo de desastre, aunque no sea una inundación, se le puede llamar cataclismo: un trastorno mayúsculo de la vida de una persona, de un grupo o de una comunidad.
Y, literalmente, un cataclismo fue lo que ocurrió en el valle de Chalco, estado de México, y en la colonia El Arenal, en la delegación Venustiano Carranza del Distrito Federal. Verdaderas catástrofes que han dejado sin patrimonio (y en algunos casos sin un ser querido) a miles de familias.
Pero el cataclismo en ambos casos posee una particularidad horrenda: se trató de inundaciones de aguas negras, lo que significa que a la fuerza de la naturaleza, presente en las intensas y atípicas lluvias, se ha sumado la negligencia humana. Eso que pasó en Chalco, en El Arenal y en otras localidades de la zona metropolitana del valle de México no debió haber sucedido. Era perfectamente evitable.
Una cosa semejante aconteció hace muy pocos meses en el fraccionamiento Valle Dorado, del estado de México. Y si bien este tipo de desastres tienen múltiples antecedentes en la entidad mexiquense en años y decenios pasados, es innegable que en este sexenio se han convertido en el pan nuestro de cada día en el estado de México.
Los malquerientes de Felipe Calderón adictos a las cábalas dirán que ello obedece a que Felipe está salado, que tiene mala suerte, que lo persigue el mal fario. Pero las cosas siempre tienen una razón material, real, objetiva. Y el supuesto mal fario de Calderón y las desgracias asociadas a esa mala fortuna no escapan a la explicación objetiva.
En la Comisión Nacional del Agua (Conagua), organismo responsable del manejo, administración y control de los acuíferos nacionales, Calderón colocó como cabeza a un hombre sin cabeza: José Luis Luege Tamargo. Un individuo que ha dado abundantes pruebas públicas de su incompetencia, frivolidad, ignorancia y falta de talento. No sólo en su función actual, sino en su historial como funcionario público.
Se trata de un “amigo”, de un correligionario, de un panista cercano a Calderón. Pero esos rasgos, sin ser malos o negativos en sí mismos, no son garantía de un desempeño profesional y honesto en un cargo que exige determinadas cualidades profesionales y técnicas que Luege Tamargo está muy lejos de poseer.
La magnitud del desastre y el bárbaro daño hecho al patrimonio de miles de familias ameritaría, en otro tipo de gobierno, una investigación exhaustiva del desempeño de todos los involucrados en el cataclismo de aguas pútridas, y un castigo ejemplar para los responsables. Mas no hay duda de que en tal investigación debería tener un lugar privilegiado el director (o como se llame) de Conagua.
Y si José Luis Luege Tamargo fuera un hombre de honor, un individuo con respeto a sí mismo, ya habría renunciado a su inmerecido cargo. No sólo, como suele decirse en el lenguaje oficial, para no entorpecer las investigaciones, sino solamente por pura vergüenza profesional y personal.
También Calderón, desde luego, tendría que pensar en la evidente impericia de su correligionario, amigo y colaborador. Y al relevarlo (no digo sancionarlo, porque no creo que se atreva) nombrar en Conagua a una persona calificada profesionalmente para el cargo. Aunque no sea un amigo o correligionario. Porque como lo sabe hasta el ingeniero civil más novato, con el agua y con los excrementos no se debe jugar.
Ya hasta Felipe Calderón y Fernando Gómez Mont han reconocido públicamente que la estrategia de combate policiaco, judicial y militar al narcotráfico no funciona. No han dicho, ciertamente, que es un completo y absoluto fracaso. Se trata de una cuestión de formas. Frente a reconocimientos peliagudos siempre es mejor valerse de eufemismos, de circunloquios, de imágenes.
Y se entiende que no quieran ser claros y sinceros. No es fácil reconocer públicamente que el programa central del gobierno calderonista resultó un fracaso que ha hecho del país, sobre todo en el norte y en el occidente, un verdadero desgarriate.
Ambos funcionarios, sin embargo, no sólo pecan de falta de sinceridad. También pecan de obcecación: ya entendieron que su estrategia antinarco no funciona, pero insisten en ella y se niegan a corregir el rumbo. Y así, a su entendimiento tardío agregan su obcecación.
La obcecación de ambos políticos es igualmente comprensible. Ya entendieron que su estrategia conduce a la nada. Pero no saben qué hacer. Se encuentran en un callejón sin salida. Su tendencia al lento aprendizaje no les permite ver alguna solución.
No comprenden que la médula del problema no es la producción y el comercio de estupefacientes, sino el consumo. Y que mientras haya demanda de drogas, la producción y el comercio de éstas vienen solitos. Producción y tráfico son, como dirían los economistas, variables dependientes de la demanda.
La estrategia tendría que ser, entonces, perseguir judicialmente a los consumidores o demandantes. Y eso es imposible por dos tipos de razones. Una, que la Constitución General de la República no prohíbe el consumo de drogas y, por lo tanto, garantiza a todo ciudadano el consumo de esos productos si ese es su deseo. Y dos, que el gobierno, una vez reformada la Constitución para penalizar el consumo de estupefacientes, tendría que meter a la cárcel a millones de personas, incluidos otros millones de menores de edad.
Si combatir la producción y comercio de drogas no conduce a nada. Y si combatir judicialmente el consumo es imposible, el asunto se convierte en un intrincado laberinto. Mas ese laberinto no existe en la realidad. Sólo está presente en el cerebro de la conducción del Estado.
Son muchos los países occidentales que ya han encontrado la salida del laberinto: España, Francia, Italia, Alemania, Holanda y muchísimos más. Han reconocido que el consumo de drogas no sólo no se detiene o reduce con la persecución, sino que, incluso a pesar de ésta, el consumo crece cada día.
Despenalizar producción y comercio de drogas sería el camino directo a la salida del laberinto. Pero esos países han encontrado una salida indirecta, un tanto hipócrita, pero sin duda efectiva. El camino ha sido hacerse de la vista gorda. Dejar hacer y dejar pasar. Combatir al narco sólo en el papel y únicamente con saliva.
Habrá, sin duda, a quien le disguste esta solución. Pero combatir el narco con ríos de sangre y montañas de muertos, como se hace en México desde hace tres años, no parece mejor salida. Sobre todo sabiendo que tal estrategia no ha servido de nada, en ninguna parte, al menos en los últimos cinco mil años.
En España, por ejemplo, la marihuana y otras drogas se ofrecen a los transeúntes a la luz del día y con gran desparpajo. Y no hay reunión social y cotidiana en que no hagan acto de presencia diversos estupefacientes. Podría decirse que hasta en esto México es un país subdesarrollado: oferta medrosa y en lo oscurito, como para que nadie sepa lo que todo el mundo sabe.
Podría decirse que la alternativa para Calderón y Gómez Mont es persistir en el error o valerse del bien probado y exitoso método europeo. Cuestión de entendimiento y de renuncia a la obcecación. ¿Sangre o saliva?
En una decisión altamente comprensible proviniendo de un gobierno de extrema derecha, la Procuraduría General de la República (PGR) promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas que aprobó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que permiten los matrimonios entre personas del mismo sexo y la adopción de menores por éstas.
No es fácil, desde luego, determinar cuál de las dos instituciones federales es más corrupta y está más desprestigiada. Y tampoco es sencillo saber cuál de ellas es más reaccionaria y más sumisa ante las órdenes y designios del Poder Ejecutivo Federal.
Esa semejanza en condiciones de corrupción, obsecuencia a Los Pinos y conservadurismo permite pensar que la Corte podría dar la razón a la PGR y así echar abajo las leyes capitalinas que permiten los matrimonios entre personas del mismo sexo y la adopción de infantes por éstas.
Pero también es posible pensar que, a pesar de su pútrido carácter, la Corte se niegue a convalidar la postura de la PGR y de los grupos más retardatarios de la sociedad, los religiosos en primer término.
Podría darse esta determinación de la Corte, porque sus desacreditados miembros entienden perfectamente que ilegalizar las reformas de la Asamblea Legislativa del DF significaría comenzar un conflicto entre poderes: la Federación contra el Distrito Federal. Y la SCJN, organismo central del statu quo mexicano, lo pensará dos veces antes de conspirar contra ese mismo statu quo con un pleito que no tendría fin y que a nada bueno llevaría al sistema político vigente desde 1917.
Más allá, sin embargo, de la determinación de la Corte, hay un hecho claro. Una cosa sería declarar legalmente inexistentes los matrimonios entre personas del mismo sexo y otra muy distinta impedir esas uniones. Con un dictamen contrario a las reformas del DF, la Corte estaría propiciando el divorcio entre el derecho y la realidad. Y la realidad, como diría Winston Churchill, es muy testaruda.
Dicho en otras palabras, las uniones entre personas del mismo sexo (y la adopción de infantes por esas mismas parejas) seguirán existiendo. Serán (como son) matrimonios y adopciones de hecho, aunque no de derecho, de facto, aunque no de jure. Digamos que el maliciosamente llamado más alto tribunal estaría fomentando y propiciando la informalidad, la oscuridad, el silencio y la falta de control sobre fenómenos sociales, demográficos, culturales y sanitarios de la mayor importancia.
Por lo que toca a los grupos de fanáticos religiosos y de otras expresiones del conservadurismo que se encuentran detrás de la acción de la PGR, una determinación de la Corte favorable al Ministerio Público Federal significaría una victoria pírrica, un triunfo sin contenido. Porque sería una victoria formal y no real. En realidad, una nueva derrota histórica para la derecha y el conservadurismo.
Porque a esos grupos religiosos y conservadores lo que les preocupa realmente es la expresión y la aceptación públicas de la homosexualidad. Quisieran homosexuales de clóset. Y homosexuales condenados social y públicamente. Y eso hoy es imposible.
La secularizada sociedad mexicana del siglo XXI no comparte los criterios medievales de esos grupos religiosos y conservadores. El aborto, la divorcialidad de hecho o de derecho, el rechazo al matrimonio religioso y civil, las parejas sexuales de ocasión, la promiscuidad sexual, las varias parejas carnales sucesivas o simultáneas, las relaciones homosexuales y bisexuales son rasgos generales y hasta universales de la moderna sociedad mexicana. Y lo son con leyes a favor o con leyes en contra. Así que para qué comportarse como el tío Lolo.
Poco a poco y al paso de los días se va sabiendo que el supuesto caos que reina en Haití, luego del sismo del martes 12 de enero, es una estratagema de Estados Unidos para justificar ante los ojos de la opinión pública internacional, pero sobre todo de la estadounidense, la ocupación militar directa del país antillano.
Según informan los periodistas Andrés Sal.lari y Rafael Rico Ríos del diario digital Rebelión, en esta operación supuestamente humanitaria han sido desplegados un total de 10 mil soldados estadounidenses, dos mil de la Unidad Anfibia de la Marina y de la 82 División Aerotransportada, un buque de asalto anfibio USS Bataan (LHD 5), los barcos de desembarco USS Fort McHenry (LSD 43) y USS Carter Hall (LSD 50), el portaaviones USS Carl Vinson con buques de apoyo, el buque hospital USNS Comfort, helicópteros de los Guardacostas y otros navíos militares.
Las tropas estadounidenses han tomado ya el control absoluto del aeropuerto de Puerto Príncipe, y son esas mismas tropas yanquis las que obstaculizan e impiden la llegada de la ayuda internacional. Es el ejército de EU la entidad que otorga o niega el permiso para el aterrizaje de los aviones con auxilio alimentario y médico.
Es cierto que desde hace más de diez años Haití ya estaba ocupado por fuerzas militares extranjeras. Bajo la bandera de la ONU y con el comando formal de Brasil, la ocupación militar que comenzó EU fue cedida al país sudamericano para disimular la intervención estadounidense. No debe olvidarse que en la larga historia de intervenciones y prolongadas ocupaciones yanquis en Haití, la última se produjo cuando Washington orquestó y ejecutó el derrocamiento y posterior exilio en Sudáfrica del presidente Bertrand Aristide.
Ahora, sin embargo, y con la excusa de la “ayuda humanitaria”, las tropas del imperio se han hecho presentes directamente y han advertido, en voces de jerarcas del Pentágono, de la CIA y del Departamento de Estado, que esa presencia será por muy largo tiempo.
La invasión y ocupación militar de Haití con la supuesta finalidad de proporcionar ayuda humanitaria tiene dos propósitos esenciales. Uno, el más obvio, garantizar la continuidad, ahora manu miltari, de la explotación de las riquezas naturales de la centenariamente colonizada nación caribeña.
El segundo propósito es de índole estratégica y geopolítica. La ocupación castrense prolongada de Haití convierte al país en una base militar en el mar Caribe, en disposición de cerrar el anillo bélico contra Cuba y Venezuela.
Un Haití ocupado militarmente es el complemento perfecto de la reciente nueva puesta en operación de la IV Flota de la Marina de EU. Y es también el acompañamiento ideal de las nuevas siete bases militares estadounidenses en Colombia, aprobadas por el gobierno genocida del mandatario de este país, Álvaro Uribe.
Mientras EU envía a Haití soldados y armas en lugar de médicos, alimentos y medicinas, desde hace más de una década Cuba ofrece cooperación médica al pueblo haitiano. En el momento del terremoto se encontraban trabajando de forma gratuita y desinteresada alrededor de 400 médicos cubanos. Fue la más importante asistencia médica que recibió el pueblo haitiano en las primeras 72 horas.
Al día siguiente se incorporaron más de 60 colaboradores de la salud, entre ellos especialistas del Contingente “Henry Reeve” para situaciones de emergencia, con experiencia en catástrofes similares. Hasta este momento se han incorporado más de 150 galenos. Cuba es el país que más médicos y personal paramédico tiene en estos momentos en Haití.
Médicos, medicinas y alimentos, y no soldados y armas, es lo que Haití necesita. Y, como siempre, Cuba es el ejemplo para bien, y EU el ejemplo para mal.
Los mexicanos tenemos mucha experiencia en eso de los sismos. Y sabemos, por experiencia, que un sismo de siete grados y pico en la escala de Richter no tumba edificios bien construidos. Ahí está, como ejemplo paradigmático, la Torre Latinoamericana de la ciudad de México que ha resistido sin el menor daño los dos tremendos movimientos telúricos de 1957 y de 1985.
Sabemos que la moderna ingeniería civil posee los conocimientos técnicos y científicos necesarios para construir edificios e instalaciones invulnerables a sismos de la magnitud del que asoló a Puerto Príncipe, la capital de Haití. Y sabemos igualmente que tales construcciones están calculadas para resistir terremotos de magnitudes incluso superiores a esos siete y pico grados del sismo haitiano.
Estos conocimientos obligan entonces a buscar una explicación para el tamaño de la tragedia de Puerto Príncipe. Y en eso de buscar explicaciones para derrumbes y colapsos inexplicables de edificios, también tenemos los mexicanos mucha experiencia. Parte importante de esa experiencia nos la proporcionó el sismo de 1985. Luego de la tragedia supimos que se derrumbaron edificios públicos y privados en los que, por ejemplo, se había usado alambrón en lugar de varilla. Supimos entonces que las edificaciones derrumbadas habían sido construidas sin apego a las normas constructivas (que son, además, de carácter legal).
Y es bueno recordar que la inmensa mayoría de los grandes edificios caídos y dañados eran públicos: el conjunto habitacional de Tlatelolco, un plantel céntrico del Conalep, el hospital Juárez de la Secretaría de Salud. Y si bien es cierto que la zona mayormente dañada fue el centro de la ciudad, debe notarse que en ese mismo centro citadino había (y hay) edificios muy altos que resultaron indemnes.
La edificación sin apego a las normas técnicas de entonces (menos estrictas que las adoptadas por la ingeniería y por el gobierno del Distrito Federal después de ese sismo y vigentes hasta ahora) fue la razón de la magnitud de la tragedia. Y el desapego a esas normas no tiene otra explicación que la corrupción de constructores y funcionarios del ramo en clara complicidad.
Construir con alambrón en lugar de varilla o con menos concreto del necesario o hacerlo en terrenos que requieren mayor solidez constructiva son actitudes semejantes a la venta de kilos de 900 gramos. O a pagar con un billete falso. O a girar un cheque sin fondos. Formas clásicas del fraude y del engaño. Y si en este tipo de actos siempre hay un ganador, igualmente siempre hay un perdedor. Y como en el caso del sismo de 1985, a veces el perdedor pierde no sólo el patrimonio, sino la vida. La propia o la de los miembros de la familia.
El inmenso daño ocasionado por el sismo de Puerto Príncipe no puede ser explicado sin acudir al viejo expediente de la corrupción. Corrupción agravada y consustancial al régimen neocolonial que vive Haití. Porque no debe perderse de vista que Haití es una neocolonia de EU. Una neocolonia yanqui ocupada incluso militarmente, aunque esas fuerzas castrenses oculten su origen imperial concreto bajo la máscara que significa la bandera de la ONU.
Bien se sabe que colonias y neocolonias son terreno fértil para los negocios más jugosos. Comprarles barato y venderles caro. Venderles lo innecesario y, a precio de oro, lo imprescindible, como alimentos y medicinas.
¿Quién se puede oponer a estas prácticas? ¿Un gobierno puesto por el amo colonial? ¿Un procónsul que representa a la metrópoli y no al país subyugado? Y ya aprovechado el negocio de la construcción fraudulenta (incluso el edificio de la ONU), ahora viene, indudablemente, el negocio, acaso más rentable, de la reconstrucción de la ciudad.
Nunca en la historia mexicana posrevolucionaria ha habido un presidente de la república que lo haya sido sin el aval y respaldo de su antecesor. Plutarco Elías Calles lo fue por la decisión de Álvaro Obregón Salido. Y éste, que ya había sido presidente, no pudo serlo de nuevo porque Calles se lo impidió en el restaurante La Bombilla.
La llegada del general Lázaro Cárdenas del Río a la primera magistratura sólo fue posible por la voluntad, en ese sentido, del propio general Calles. Y lo mismo puede decirse de la asunción al máximo poder del general Manuel Ávila Camacho: por fuerza o de grado, la voluntad del michoacano la posibilitó.
Es cierto que algunos que fueron presidentes no eran precisamente “santos de la devoción” del mandatario en turno. Eran decisiones de compromiso. O, dicho en palabras de José López Portillo, el presidente actuaba como el fiel de la balanza a la hora de la designación del nuevo candidato presidencial. Pero reconocido esto, puede afirmarse categóricamente que nunca nadie se saltó las trancas.
Luis Donaldo Colosio Murrieta fue candidato presidencial por voluntad de Carlos Salinas. Y tras las sospechas de ingratitud o de traición del sonorense, éste no llegó a Los Pinos por la misma voluntad que lo había hecho candidato.
¿Pudo ser Ernesto Zedillo candidato presidencial y luego presidente sin la decisión de Carlos Salinas? ¿O pudo ser ambas cosas contra la voluntad de éste? Mucho se ha dicho que Salinas habría preferido a Pedro Aspe Armella. Pero Aspe no podía ser candidato porque no se había separado del cargo de Secretario de Hacienda con la antelación necesaria. Habría sido necesario reformar la Carta Magna. Y en las sangrientas condiciones políticas del momento, Salinas ya no se atrevió a dar semejante paso. Otra vez el fiel de la balanza imponiéndose sobre las preferencias personales. Pero este hecho no invalida, sino más bien confirma, la idea de que nadie nunca se saltó las trancas de la voluntad definitiva del presidente en turno.
¿Alguien puede sostener honradamente que el panista Vicente Fox fue presidente sin que mediara la voluntad y el concurso decisivo de Ernesto Zedillo? ¿No estaba en la conveniencia personal y política de Zedillo la llegada de un panista a Los Pinos?
Sabemos bien que Santiago Creel era el delfín de Fox. Pero sabemos igualmente que sin la voluntad y el poder de éste, Felipe Calderón no hubiera podido llegar a Los Pinos. ¿O alguien piensa que sí?
Este breve recuento histórico puede servir para entender el proceso en curso hacia la sucesión presidencial del 2012. Se dice que el precandidato más aventajado es Enrique Peña Nieto. ¿Pero podrá ser presidente sin el acuerdo final de Felipe Calderón? ¿O por primera vez en casi un siglo habrá un primer mandatario que lo sea contra la voluntad del presidente en turno?
¿Habrá ya un pacto, todavía secreto, entre Calderón y la cúpula priista para que un tricolor sea el nuevo ocupante de Los Pinos? ¿Y ese acuerdo con la cúspide tricolor habla ya específicamente de Enrique Peña Nieto? ¿Habrán dado ya su beneplácito Beatriz Paredes y Manlio Fabio Beltrones para que el mexiquense sea el candidato tricolor? ¿Puede Calderón, en sus precarias condiciones políticas, influir en quién ha de ser el abanderado priista?
Lo cierto es que de esos pactos y decisiones cupulares depende quién ha de gobernar a los mexicanos entre 2012 y 2018. Y, como se ve, en tales determinaciones nada tienen qué ver los ciudadanos. Salvo aceptar resignadamente que la tan traída y llevada democracia electoral mexicana es pura fantasía. Y que, dicho con Aristóteles, mejores nombres para el sistema político mexicano son oligarquía, plutocracia, demagogia, autocracia o, simplemente, dictadura.
Durante los siglos que van de la Antigüedad clásica –Grecia y Roma– a la fundación por Luis Pasteur de la medicina científica en las postrimerías del siglo XIX, la humanidad intentó con nulo éxito interrumpir la preñez sin segar la vida de la gestante. Veinticuatro siglos, 2 mil 400 años, de búsqueda infructuosa.
Ya en tiempos de Hipócrates y Arquímedes se daban consejos y recetas para el aborto. Pero la medicina precientífica era incapaz de lograr ese propósito. Y es que el aborto sin la consecuente muerte de la gestante es fruto del avance científico de los últimos cien años.
Lograr esa interrupción exitosa demanda recursos científicos y técnicos inexistentes hace un siglo, como la anestesia y los antibióticos. Pero también exige un grado de higiene y profilaxis que no eran cosa común en tiempos anteriores a Pasteur.
La asepsia y la antisepsia científicas son hechos recientes en la historia humana. “Matad a los gérmenes y acabaréis con las enfermedades” decía Pasteur a fines del siglo XIX, creando, así, la teoría germinal de las patologías y, con ello, la medicina moderna.
También la anestesia es hija del siglo XIX. Su fundador, el dentista estadounidense Horacio Wells, la creo en 1844. Y la utilización universal de los antibióticos comenzó apenas en 1943.
Por todo ello, el aborto sin la muerte o invalidez de la gestante es hijo del siglo XX. Y también por ello, no sólo es absurdo sino inútil oponerse moral o legalmente a su práctica. Es como oponerse a los vuelos en avión. O al desarrollo de las telecomunicaciones. La interrupción científica del embarazo implica un avance científico y tecnológico a disposición de quien quiera utilizarlo. Y de quien pueda pagarlo si no es, como en la ciudad de México y en la mayoría de los países desarrollados, libre y gratuito.
Así que la jerarquía católica podrá decir misa. Pero los avances científicos no se detienen ni conjuran con rezos e imploraciones. Ni con grillas en las altas esferas del poder pripanista.
El aborto, las uniones legales de personas del mismo sexo y el divorcio sin causales son las modernas expresiones de la secularización que caracteriza al planeta a lo largo de los dos últimos siglos. Y oponerse a esas manifestaciones de la modernidad arreligiosa es tan inútil como lo fue oponerse a la teoría heliocéntrica del polaco Nicolás Copérnico, en el siglo XVI, y a la teoría de la evolución de las especies del inglés Charles Darwin, en el XIX.
Y salvo en el caso de algún fanático delirante y exacerbado, el ser humano lucha por su salud, por la prolongación de su vida y por su bienestar en el aula y el hospital, y no en el templo y la adoración.
Esta es la esencia de la derrota histórica de la derecha, del conservadurismo y de las confesiones. La moderna, universal y creciente secularización no fue fruto de la ocurrencia de alguien. Ha sido producto del incontenible avance de la ciencia.
Con la luz eléctrica –dice Gabriel García Márquez– se acabaron los fantasmas. Y con la moderna medicina, fundada por el ilustre francés, se acabaron las enfermedades y la muerte temprana como castigo divino o maldición bíblica.
Y así como la ciencia ha vencido a la enfermedad, la ciencia misma provee a la sociedad humana de medios para evitar el aborto. Esos medios son la educación sexual científica y los anticonceptivos químicos, incluido el del día siguiente.
La secularización social y su expresión moderna, el Estado laico, son producto del imparable desarrollo de la ciencia. Oponerse y combatir al Estado laico –como hace la jerarquía católica– es oponerse y combatir a la ciencia. Y esa batalla está perdida desde hace siglos. Aunque los jerarcas católicos –y otros, curas o no– todavía no se hayan enterado. O simulen no haberse enterado.
Supongamos, sin conceder, que el uso de combustibles fósiles sea el responsable del presunto calentamiento global. En ese caso, la solución del problema implicaría una reducción de la cantidad de combustibles fósiles (petróleo, básicamente) utilizados actualmente en la producción material planetaria.
Pero ¿es esto posible? Si, por supuesto. Visto en abstracto, una manera de hacerlo sería reducir la producción material de muchos bienes y servicios: alimentos, electricidad, viviendas, ropa y calzado, automóviles, etcétera. Sólo que esto es sencillamente imposible. La humanidad ha luchado durante milenios por aumentar la producción material, y no cabe esperar que menos satisfactores disponibles pudiera ser una situación aceptada por millones de seres humanos en todo el orbe.
Sí es posible, en cambio, producir lo mismo (o más) utilizando una cantidad menor de energía, es decir, una cantidad menor de petróleo. Una experiencia ya ampliamente generalizada y de probada eficacia en esta materia es el uso de lámparas de bajo consumo eléctrico, lo que implica una menor utilización de petróleo. Y lo mismo puede decirse de los aparatos electrodomésticos de bajo consumo energético.
Pensar en una solución al calentamiento global mediante una reducción del producto mundial o a través de una reconversión del consumo puede ser una buena teoría pero es una mala práctica. Una práctica imposible en las actuales condiciones de la economía capitalista mundial.
¿Va la humanidad a prescindir del alumbrado en sus calles y avenidas? ¿Aceptaría voluntariamente la sociedad renunciar al aire acondicionado en los climas cálidos o a la calefacción en los climas gélidos? ¿Alguien cree posible que la gente quiera volver a los televisores en blanco y negro o, de plano, prescindir de la televisión? ¿Cabe siquiera pensar en una vida social sin internet?
Suponiendo, sin conceder, que el uso de combustibles fósiles sea el responsable del presunto calentamiento global, la solución a este problema no se encuentra en la vuelta a las épocas de penurias materiales de hace cien o sesenta años.
La solución está en el futuro, no en el pasado. Se encuentra en el avance científico y tecnológico. Producir lo mismo, o más, con menos consumo de energéticos fósiles. E incluso sin la utilización de este tipo universal pero particular de combustibles. Como ya lo hemos visto, es perfectamente posible la producción de combustibles distintos al carbón y al petróleo.
Mas tampoco sería sencillo prescindir de esos dos combustibles cuando aún son relativamente abundantes y baratos. Es más razonable seguir utilizándolos aunque de manera más eficiente. Producir lo mismo con una fracción del combustible consumido hoy. Digamos la mitad. O la cuarta parte. O el diez por ciento. Es simplemente un problema científico y técnico.
¿Quién podía haber pensado hace 500 años, durante el Renacimiento, que podría haber barcos que cruzaran el océano sin necesidad de la fuerza motriz del viento en las velas de la nave? Y 300 años más tarde ¿quién podía imaginar el telar mecánico? ¿Y quién hace 150 años podría haber prefigurado el automóvil movido por un motor de combustión interna? Hace apenas sesenta años el automóvil eléctrico de hoy parecía una ensoñación.
Más allá, sin embargo, del problema del calentamiento global, nada más razonable que el ahorro y la buena disposición del petróleo y de otros recursos energéticos. Y de cualquier otro recurso, renovable o no renovable. Pero no a costa de una menor producción material.
Las penurias de los siglos y milenios pretéritos fueron fruto del insuficiente desarrollo de la ciencia. Volver voluntariamente al pasado es indeseable, pero es, además, imposible.
Quizá todos los presidentes mexicanos han acariciado la idea de reelegirse. Y aunque varios de ellos coquetearon con la idea de reformar la Carta Magna a fin de eliminar el escollo (finalmente insalvable) que significaba (y significa) la prohibición constitucional de la reelección presidencial, ninguno tuvo la fuerza suficiente para modificar la Carta de Querétaro.
La última intentona reeleccionista la encarnó Carlos Salinas. Pero fue sólo eso: una intentona que no prosperó. Las fuerzas políticas antirreeleccionistas le resultaron insuperables. Ahora, luego de dos sexenios (Zedillo y Fox) sin afanes reeleccionistas, estos aires vuelven a soplar. Esta es la esencia de la propuesta de reforma política de Felipe Calderón. No propone, ciertamente, la reelección presidencial, pero ese es su inocultable propósito último.
Sólo que la experiencia histórica, mexicana y universal, enseña que la reelección no sólo implica la permanencia indefinida, a veces hasta la muerte física, del presidente. Implica, además, la perpetuación del grupo político y económico que acompaña al jefe. Una fórmula maestra para obstaculizar e impedir la necesaria capilaridad social. Un tapón a la renovación generacional. Una vía libre para la gerontocracia.
Hipotéticamente, si la propuesta de Felipe Calderón se convirtiera en ley, la nueva norma constitucional podría facilitar una posterior pero próxima reforma que le permitiera al mismo Calderón reelegirse. El regusto por el poder fácilmente ciega a quienes lo han detentado, aunque sus periodos presidenciales hayan provocado y provoquen más repulsión que simpatías.
Habrá quien diga, por supuesto, que esa hipotética segunda reforma constitucional podría señalar, a título de candado para el propio Calderón, que la reelección presidencial operaría a partir de una fecha muy posterior al término del sexenio calderoniano, digamos, para el presidente electo en 2012.
Cierto. Y así llegamos a la médula de la cuestión. La reelección no es en sí misma buena o mala. Pero en los países donde está vigente, no es indefinida. Siempre tiene límites. Es el caso emblemático de EU. Periodos presidenciales de cuatro años y sólo una reelección. Éste, ciertamente, también podría ser el caso de México. Pero en este país, donde los votos no se cuentan, sino se inventan, la reelección no sería reelección, sino reimposición. El país no requiere este tipo de reformas que tenderían a reforzar la autocracia que ya, y casi desde siempre, padece México.
La sociedad reclama una reforma electoral que posibilite el recuento honrado de los sufragios. Que el sufragio sea efectivo. Nada más, pero nada menos. Que los gobernantes, empezando por el presidente de la república, lo sean en razón del voto, y no, como siempre, por virtud de la manipulación o el torcimiento flagrante de la voluntad popular.
Lograr esto no ha sido posible. De nada han servido las sucesivas reformas políticas. El experimento del Instituto Federal Electoral (IFE) resultó un fracaso rotundo. El organismo fue pieza clave en la legitimación de los cuestionados y, para millones de ciudadanos, fraudulentos comicios de 2006.
Principios fundadores del México moderno nacido de la revolución de 1910-1917, del sufragio efectivo y la no reelección sólo el segundo se ha cumplido a lo largo de los últimos noventa años. Una reforma democrática abogaría por dar cumplimiento verdadero al sufragio efectivo.
Cúmplase la primera parte del apotegma revolucionario, y quizá después pueda pensarse en invalidar la prohibición reeleccionista. Porque reelección sin sufragio efectivo, sería el peor de los mundos posibles. Ahora sí, la dictadura perfecta.
El pasado lunes 7 de diciembre, a media mañana, un muchacho de nombre Ángel Alemán, ex alumno de la Preparatoria 2 de la Universidad Nacional se encontraba jugando frontón en las instalaciones del plantel.
Un prefecto de la escuela, Ángel Laguna Suárez, y un vigilante, Fernando Osoro, reconocieron al ex alumno y, entre injurias, empujones, codazos y manotazos, lo conminaron a abandonar el plantel. Frente a los malos tratos contra Ángel, un alumno de la escuela, de nombre Aíry Ferrer, reclamó a prefecto y vigilante sus abusivos comportamientos.
Molestos por el reclamo, prefecto y vigilante repitieron en Aíry los maltratos e injurias de que fue víctima Ángel. Y con más agresiones condujeron a los dos jóvenes hacia fuera del plantel.
En ese momento, y casualmente, pasaba la patrulla A 7075 de la Policía del DF. Prefecto y vigilante pararon a la patrulla y pidieron a los policías que detuvieran a los dos muchachos porque habían robado un teléfono celular. Los patrulleros subieron a los jóvenes al vehículo y, con golpes e insultos, los condujeron a la Agencia del Ministerio Público (MP) especializada en menores de edad que se encuentra en las calles de Petén, esquina con Obrero Mundial. Allí también llegaron el prefecto y el vigilante, además de una secretaria de la Prepa 2, cuyo nombre ignoro.
Pero ocurrió que nadie denunció ningún robo. Ni de un teléfono celular ni de ningún otro objeto. La supuesta víctima del robo era, a decir de prefecto y vigilante, una muchacha que no apareció por ninguna parte y cuyo nombre o filiación no pudieron ofrecer el prefecto y el vigilante. La secretaria, por su parte, dijo al fiscal que no le constaba nada.
Ante esta situación, el titular de la fiscalía determinó liberar de inmediato a Ángel y a Aíry. No hubo, por supuesto, cargo alguno. Y ni siquiera una reprensión, un regaño o alguna reconvención por cuenta del agente del Ministerio Público o de cualquiera de sus colaboradores.
Nada de lo que estoy contando es un invento. La propia autoridad policiaca y el titular de la citada fiscalía de menores pueden dar fe de lo que estoy diciendo, pues tienen los registros de esos hechos. Y si me he permitido relatar estos vergonzosos actos es para que el rector de la UNAM, el doctor José Narro Robles, y el director de la Preparatoria Núm. 2, licenciado Antonio Meza, conozcan el infame y canallesco comportamiento del prefecto Laguna Suárez y del vigilante Fernando Osoro.
Acusar falsamente de robo a una persona es ya un delito muy serio, un verdadero crimen. Y que lo hayan hecho dos funcionarios universitarios con dos menores de edad puestos bajo su cuidado es una atrocidad. Prefecto y vigilante, verdaderos delincuentes, no deberían laborar en una escuela. Y menos todavía en la Universidad Nacional.
También será positivo que Marcelo Ebrard, Jefe de Gobierno del DF tome conocimiento de que los policías a su cargo, entre ellos una mujer, golpearon, injuriaron y amenazaron a los dos jóvenes durante el trayecto, de al menos tres horas, desde la Prepa 2, en Churubusco y Tezontle, hasta la agencia del MP en las calles de Petén.
Bajo determinadas circunstancias que por fortuna no se dieron, la falsa acusación y las golpizas de que fueron víctimas Ángel y Aíry pudieron terminar en una tragedia: lesiones de por vida, pérdida de órganos o hasta la muerte de los dos jóvenes. Cosas como éstas ya han ocurrido en la ciudad de México.
Afortunadamente, gracias a la honrada conducta del titular de la fiscalía para menores citada, los dos jóvenes fueron puestos en libertad inmediatamente. Frente a esa loable conducta del fiscal, las injurias y la golpiza parecen asuntos menores que las víctimas quisieran olvidar y que, sin embargo, no deberían quedar sin castigo.
Golpe que no mata –dice la sentencia clásica–, fortalece. Y el golpe que significó la ilegal liquidación de la empresa paraestatal Compañía de Luz y Fuerza del Centro no mató a la representación gremial de la misma, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Hoy, a dos meses del golpe pretendidamente mortal, el SME es más fuerte, tiene más aliados, posee más influencia nacional e internacional. Y, por contrapartida, el golpeador se encuentra más débil, más desprestigiado, más solitario.
Una a una han fracasado las acciones del secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón para destruir al SME. No logró convencer a la sociedad de que la corrupción en la empresa haya sido responsabilidad de los trabajadores. No consiguió tampoco convencer a nadie de los buenos propósitos gubernamentales de la liquidación de la compañía de luz. Al paso de las semanas la gente sabe que la liquidación de la empresa es ajena a propósitos nobles. Que sólo se trata de hacer un negociazo privatizador con los mil 200 kilómetros de la red de fibra óptica de Luz y Fuerza del Centro.
Jurídicamente el caso está en el limbo. Ni la liquidación de la empresa ni la extinción de la materia de trabajo entre patrón y sindicato son cosa juzgada. Para todo efecto legal y práctico, la empresa y su sindicato siguen existiendo.
Pero si esa existencia jurídica es innegable, cada día que pasa son mayores la existencia, la presencia y la influencia política del sindicato. Muestra de ello es la disposición pública del rector de la Universidad Nacional para mediar en el conflicto entre sindicato y gobierno. ¿Le quedará claro a Lozano Alarcón que la sola disposición del rector Narro para mediar es prueba irrefutable de que el sindicato vive, de que es tomado en cuenta, de que es respetado, de que tiene simpatías en la inteligencia nacional?
A Lozano Alarcón, sin embargo, no lo caracterizan sus dones comprensivos. Él va al negocio y ya. Los billetes son su único interés. Por eso se aferra en su deseo de destruir al SME. Y apenas anteayer le dio otra vuelta a la tuerca. Consiguió que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declarara anulada la elección en que Martín Esparza fue reelecto como líder del SME.
Sólo que esa anulación no saca de la jugada a Esparza, pues los estatutos del sindicato establecen que en casos como éste, en que temporalmente no hay nueva dirigencia, ésta recae en la anterior. Y ocurre que la dirigencia anterior la encabezaba precisamente Martín Esparza. Y si el tribunal laboral ordena la reposición de unas elecciones, es claro que el sindicato vive y que tiene personalidad jurídica. ¿Entenderá Lozano que el tiro del desconocimiento de Esparza le salió por la culata?
Empantanado como está el asunto, Lozano, en su desesperación, puede emprender acciones desesperadas. Como el montaje de un atentado con bandera falsa (un sabotaje, por ejemplo) y atribuirlo, mediante plumas y micrófonos afines, a los líderes del SME. Lozano puede pensar que con Esparza y compañeros en la cárcel empezaría a recorrer el camino de la victoria final.
Esa tarea, por supuesto, no sería sencilla. ¿Quién podría creerse una patraña semejante? Y conscientes como están los esmeístas de ese peligro, pondrán todo lo que esté a su alcance para evitarlo. De cualquier modo, el riesgo existe.
Por eso es tan importante la disposición del rector Narro para actuar como mediador en el conflicto. Es un enorme obstáculo para nuevas locuras de Lozano. Y si aun así éste quiere satanizar al rector, otros funcionarios menos insensatos, digamos los secretarios de Energía, Georgina Kessel, y de Gobernación, Fernando Gómez Mont, pueden hacer contrapeso y evitar nuevos actos delirantes de Lozano Alarcón.
En el lenguaje cotidiano y popular, una persona es rica cuando tiene dinero. Y una persona es muy rica cuando posee mucho dinero. Por contrapartida, una persona es pobre cuando tiene poco dinero. Y una persona es muy pobre cuando tiene muy poco dinero.
Esto es así, porque el dinero es el instrumento para comprar o adquirir bienes y servicios que sirven para satisfacer las necesidades humanas. Y esta satisfacción depende de la cantidad de dinero de que disponga una persona o una familia. Y, en general, la obtención de dinero es fruto del trabajo. De modo que la primera condición para la satisfacción de las necesidades de la persona o de la familia es el desempeño de un trabajo, la obtención de un ingreso monetario que, en lo general, asume la forma de un salario.
Podría decirse así que hay pobreza o que la pobreza es mayor cuando se carece de empleo. En consecuencia, para combatir la pobreza el primer paso es combatir el desempleo.
El salario monetario, sin embargo, es sólo una parte del ingreso de personas y familias. También existe lo que se llama salario social, es decir, un conjunto de satisfactores cuyo disfrute no depende del ingreso personal o familiar.
Este es el caso de la educación y de la salud como servicios públicos. Una sociedad es menos pobre cuanto más educada y sana es.
Por eso la reducción de la pobreza pasa por la ampliación de la oferta educativa pública, desde el jardín de niños hasta el posgrado universitario. Y pasa también por la dotación de servicios de salud, desde los básicos hasta los de alta especialidad, a toda la población demandante. Y entre esos servicios de salud se encuentran, por supuesto, el agua entubada domiciliaria y el modesto excusado. Una familia (o una persona) que posee estos servicios sanitarios deja de ser pobre o es menos pobre.
Es así que educación, salud y empleo son los tres factores esenciales de la disminución o del aumento de la pobreza. Pero ocurre con demasiada frecuencia que el salario resulta insuficiente para la adquisición de los satisfactores básicos, como alimentos, vestido, calzado, transporte y vivienda.
Es entonces imprescindible la aplicación de políticas públicas de incrementos salariales. O la aplicación de subsidios estatales en alimentos, vestido, calzado, transporte y vivienda. O, mejor aún, la justa combinación de ambas medidas. Sin descontar, desde luego, las asignaciones monetarias directas, como son los casos, por ejemplo, de las becas a estudiantes, las pensiones a ancianos y madres solteras y el seguro de desempleo.
En países como México en que la desigualdad social es inmensa y aberrante, sólo la acción del Estado puede, como quería el patricio José María Morelos y Pavón, atemperar pobreza y opulencia.
Por eso son tan censurables la ideología y las políticas que aconsejan o exigen menos intervención del Estado en la economía. Esas ideologías y políticas que hoy llamamos neoliberales, pero que siempre fueron llamadas conservadoras o reaccionarias, han sido, durante los últimos 27 años, las responsables del incremento de la pobreza en México.
Atemperar la pobreza, en consecuencia, pasa por el cambio de esas políticas conservadoras por otras de carácter menos injusto. Pero pareciera que las altas esferas del poder pripanista estuvieran empeñadas en mantener o acrecentar la pobreza antes que en atemperarla. Sólo así se explica la ya añosa y catastrófica retirada del Estado en materia económica.
En una época de inmensa abundancia de alimentos; en una época de avances médicos extraordinarios, y en una época justamente llamada del conocimiento, es aberrante e injustificable que haya en México personas desnutridas, ineducadas o carentes de salud. Verdaderamente absurdo.
Se encuentra en México el ex presidente del gobierno español y conocido promotor de negocios, Felipe González. Con sus típicos acento y poses doctorales, el desprestigiado andaluz vino, como nuevo conquistador frente a sus vasallos tercermundistas, a dictar, esta vez, cátedra de economía.
Diestro en el manejo de lugares comunes y frases hechas, González, a quien sería injusto no reconocerle sus enormes facilidades para la demagogia, viene a develar, ante nuestros azorados ojos indígenas, a los causantes de la presente crisis económica planetaria.
Con su acostumbrado desparpajo andaluz, y como si supiera de lo que habla, don Felipe nos dice que el culpable de la crisis es el sector financiero. Pero cual marxista que fue (o simuló ser), González debería saber que las crisis periódicas que caracterizan al capitalismo, perfectamente documentadas desde principios del siglo diecinueve, no son atribuibles a un sector determinado de la economía.
Que esas crisis periódicas, consustanciales al régimen de producción capitalista en cualquiera de sus fases históricas, son simplemente un desequilibrio entre la inmensa capacidad productiva de la economía capitalista y la siempre menor capacidad de consumo de la sociedad. Por eso precisamente se llaman crisis de sobreproducción.
Todo esto, desde luego, lo sabe González. Sólo que, luego de su apostasía y en su nuevo papel de promotor de negocios, le conviene olvidarlo. Comprende que no sería bien visto y aceptado por la oligarquía mexicana un agente de ventas con lenguaje marxista.
Aunque, en realidad y haga lo que haga, nunca será visto con buenos ojos por los hombres de negocios. Estos siempre tendrán presente su pasado “obrero-socialista”. Y si bien les será útil a los empresarios españoles que ansían apropiarse de las ya escasas empresas estatales mexicanas y de los mercados que éstas atienden, nunca olvidarán el pasado comunista de su actual empleado. ¡Ah, la eterna tragedia de aquellos que de jóvenes fueron incendiarios y que de viejos se volvieron bomberos!
Como el pobre Gorbachov, que para mantener presencia pública hoy tiene que prestarse (alquilarse, mejor dicho) para anunciar una marca gringa de pollo frito, González debe hoy aparecer en los medios de comunicación, aunque sea como consejero oficioso de quién sabe quién, a fin de dar cobertura a su verdadera profesión de intermediario y comisionista entre gobiernos que venden lo que no es de ellos y voraces compradores, a precio de remate, de los bienes nacionales de una de las antiguas colonias de la vieja metrópoli hispana.
Ciertamente, es más vergonzoso el papel de Gorby que el de González. El ruso se exhibe impúdicamente como empleado de sus poderosos adversarios y vencedores. González, en cambio, sigue sirviendo a la oligarquía franquista a la que desde sus años mozos ha servido con vehemencia, lucidez e indudable éxito económico.
Pero, a fin de cuentas, qué diferencia puede haber entre esos dos relevantes ex presidentes que hoy son noticia por sus actividades mercantiles y no por sus virtudes políticas pretéritas o presentes. Porque no debe olvidarse que el ruso entregó la plaza sin que se haya disparado un solo tiro, en tanto que el español devolvió a su patria al franquismo duro y puro y a una monarquía por la que, como a todos nos consta, nadie, nadie, nadie voto nunca.
Quizá la única diferencia verdadera entre Mijaíl Gorbachov y Felipe González sea que al ruso nadie lo ha acusado de haberse enriquecido con el cargo de presidente de la Unión Soviética, en tanto que don Felipe encabezó un gobierno corrompido hasta la médula, como lo evidenció su amigo, socio, carnal, vicepresidente y chivo expiatorio, Juan (Juanito) Guerra.
A propósito de una puesta en escena, hace unos días se desató una pequeña polémica periodística entre Olga Harmony y un grupito de intelectuales de derecha sobre la personalidad y méritos históricos de Francisco Bulnes. La maestra Harmony, desde luego, censurando la pretendida revaloración histórica de un personaje tan siniestro como Bulnes. Y el grupito de derechistas, por su parte, queriendo reivindicar unos méritos históricos e intelectuales sólo existentes en sus propias y reaccionarias cabezas.
Francisco Bulnes –dice Humberto Musacchio en su monumental Diccionario Enciclopédico de México– “Nació y murió en la ciudad de México (1847-1924). Ingeniero. Impartió cátedra en la Escuela Nacional Preparatoria y en la Escuela Nacional de Ingenieros. Asesoró a Porfirio Díaz en diversas materias y éste lo hizo diputado federal y senador. Fue un periodista muy leído por la gente acomodada y se convirtió en el principal vocero de la contrarrevolución. Político reaccionario y racista, escribió libros en los que manejaba poco escrupulosamente los hechos históricos: El verdadero Juárez (1904), Juárez y las revoluciones de Ayutla y de Reforma (1905), El verdadero Díaz (1920) y otros”.
En el sitio de Internet Biografías y Vidas se puede leer lo siguiente sobre Bulnes: “Numerosas obras suyas provocaron polémica y refutaciones, como El verdadero Juárez (1904) y Juárez y las revoluciones de Ayutla y de Reforma. En El porvenir de las naciones hispanoamericanas, por ejemplo, fundó los conceptos de superioridad e inferioridad raciales en los distintos procesos de alimentación. Distinguía tres tipos de razas: la del trigo, la del maíz y la del arroz; la única raza verdaderamente progresista es la del trigo, que corresponde a Europa y a Estados Unidos. El arroz, en cambio, fundó dos tenebrosos imperios, animalizados por su espíritu conservador: la India y China. El maíz, a su vez, fundó dos imperios aparentemente fuertes, el azteca y el inca, pero realmente débiles ya que fueron vencidos por insignificantes gavillas de bandoleros españoles. En sus últimos años escribió en el diario El Universal, desde cuyas columnas atacaba al régimen surgido de la revolución de 1910”.
La Enciclopedia de México, dirigida por Rogelio Álvarez, nos ofrece un detalle poco conocido pero muy significativo sobre la juventud y el carácter de clase de Bulnes: “Perteneció al grupo de los Güinduris, jóvenes de la alta sociedad capitalina”. Y con lenguaje claridoso, Álvarez agrega: “Atacó con rudeza a la revolución de 1910”. Genio y figura, podría decirse de Bulnes, hasta la sepultura.
En su portentosa obra El pensamiento económico, social y político de México 1810-1964, el maestro Jesús Silva Herzog apunta: “Bulnes fue enemigo de la reforma agraria, consistente en dotar y restituir de tierras a los campesinos carentes de ellas. Para Bulnes, el sistema agrícola ejidal es propio de gente primitiva y debe durar mientras la gran mayoría del pueblo mexicano se mantenga en el nivel infeliz (sic) que tuvo en tiempos de los toltecas, sistema inaceptable para una nación que pretende entrar en la familia de los países civilizados”.
Como revela la polémica periodística referida, Bulnes tiene admiradores. Son los mismos que admiran a Hernán Cortés, a Agustín de Iturbide, a Miguel Miramón, a Tomás Mejía. Y tienen, desde luego, derecho a ello. Pero sepamos que su admirado Bulnes era un falsificador de la historia, un racista desbordado, un polemista delirante de lucubraciones descabelladas y un sociólogo y economista peleado con la ciencia. Pero, por todo ello, Francisco Bulnes cumple muy bien su papel de vocero de la contrarrevolución. Y por ello mismo, la admiración de la derecha.
Conociendo mi interés en el tema, mi querido amigo Gustavo Rentería me reenvió un correo electrónico dirigido a él mismo y a otros conocidos periodistas de radio y televisión, como Denise Maerker, Ciro Gómez Leyva, Joaquín López Dóriga, Ernesto Lammoglia y José Cárdenas, entre otros. He aquí la parte medular de ese correo, enviado anónimamente:
“¿La poliomielitis está erradicada? Es una creencia que flota en el ambiente. Si personalmente no investigo en internet, nunca me hubiera enterado (como de muchas otras cosas más) que, en realidad, la poliomielitis está muy lejos de ser erradicada”. Hasta aquí, el autor o la autora del mensaje tiene algo de razón. Porque, en efecto, la polio no ha sido erradicada del planeta, pero sí ha sido casi erradicada en todo el orbe.
En México, por ejemplo, el último caso se presentó en Tomatlán, Jalisco, en 1990. Y de acuerdo con los protocolos internacionales de salud, luego del paso de cinco años desde el último caso reportado en un país o región, la enfermedad es declarada erradicada. Por ello, en 1995 la Organización Panamericana de la Salud declaró a México libre de la poliomielitis. En realidad, la polio persiste sólo en algunos países del África subsahariana, es decir, en el África negra. Y no sobra decir que se trata de la región más explotada, empobrecida y atrasada del orbe.
Pero si en el párrafo citado hay algo de razón, el segundo parágrafo es absurdo, desinformador y categóricamente calumnioso: “Lejos de erradicar la poliomielitis en el mundo, se ha reconocido que la vacunación misma conlleva el riesgo de extenderla, lo cual ha sido confirmado muchas veces. Además, el número de casos de parálisis flácida aguda en infantes se ha disparado en todos los países donde se ha vacunado a toda la población”.
El anónimo calumniador debería saber que salvo la viruela, ninguna enfermedad infectocontagiosa ha sido erradicada del planeta. Y debería saber igualmente que la vacunación masiva ha reducido hasta proporciones infinitesimales, en México y en el mundo, más de una docena de patologías, entre ellas tuberculosis, tos ferina, difteria, parotiditis o paperas, tétanos, hepatitis B, poliomielitis, rubeola, sarampión, varicela y meningitis por neumococo. En el caso de la polio, en el año 2008 sólo se dieron 1651 casos en todo el mundo, lo que significa tres diezmillonésimas (0.0000003) de la población total del planeta, que es, como se sabe de más de 6 mil millones de seres humanos.
Además, de dónde saca el anónimo calumniador que “el número de casos de parálisis flácida aguda en infantes se ha disparado en todos los países donde se ha vacunado a toda la población”. ¿Quién dice o quién dijo y con cuáles evidencias? ¿Y qué autoridad sanitaria de los 192 países que forman la comunidad internacional ha “reconocido que la vacunación misma conlleva el riesgo de extenderla”?
Internet es, ciertamente, una maravilla, una fuente de información, de educación y de cultura. Pero como todos los medios de comunicación existentes, la red sirve para informar y también para desinformar; sirve para orientar y sirve para desorientar, sirve para alumbrar y sirve para ocultar u oscurecer. Y resulta claro que el anónimo desinformador y calumniador se vale de Internet para desinformar, desorientar y oscurecer un asunto tan delicado como las enfermedades contagiosas.
Desde el ya lejano fin del siglo XVIII, en que el eminente médico inglés William Jenner creó la vacuna contra la viruela, la vacunación ha demostrado rotundamente su utilidad para prevenir y evitar muchas y graves patologías. Esta es una verdad científica absoluta. Y la ciencia está absolutamente reñida con la charlatanería, aunque ésta se haga presente en Internet.
En días pasados, el embajador de Cuba en México, Manuel Aguilera de la Paz, convocó a una conferencia de medios de comunicación. La cita fue el martes 27 a las 17 horas en la propia residencia del diplomático, y a ella acudieron los más importantes periódicos, radiodifusoras y empresas de televisión mexicanos, entre ellos, naturalmente, la Organización Editorial Mexicana. Esa tarde del martes era justamente la víspera de la presentación por Cuba ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el miércoles 28, del proyecto de resolución que demanda el fin del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra la pequeña isla.
Y nuevamente y por decimoctava ocasión consecutiva, la comunidad internacional votó a favor de la demanda cubana. Hace un año, en 2008, fueron 185 de los 192 países miembros de la ONU los que sufragaron por la exigencia isleña del fin del bloqueo. En aquella ocasión hubo tres votos en contra: EU, Israel y las islas Palau. Y no es un dato menor saber que tanto Israel como el pequeño archipiélago del Pacífico sur, países oficialmente soberanos, son en realidad colonias o protectorados estadounidenses. En la reunión de 2008 dos países se abstuvieron (Islas Marshall y Micronesia) y dos más se ausentaron en el momento de la votación: Irak y El Salvador.
Ahora, en 2009, fueron 187 (dos más que en 2008) los estados miembros de la ONU que demandaron el fin del bloqueo. Y nuevamente Estados Unidos, Israel y las islas Palau sufragaron, casi totalmente aislados, contra la justa demanda cubana. Y lo mismo que en 2008, Islas Marshall y Micronesia optaron por el recurso de la abstención.
Para los aficionados a las estadísticas, puede decirse que los 187 votos en favor de Cuba constituyen el 97.39 de la membresía total de la ONU. Y puede afirmarse algo más: que los tres sufragios en contra de la mayor de las Antillas sólo representan el 1.56 por ciento del total de los estados miembros de la ONU.
Estas demoledoras cifras, sin embargo, tienen sin el menor cuidado a Barack Obama. Para la cauda de ingenuos que esperaban del nuevo presidente de EU una conducta diferente a la de Reagan, Bush padre, Clinton y Bush hijo, el mulato hawaiano constituye ya una tremenda decepción.
Obama podría, porque tiene facultades constitucionales para ello, dejar sin efecto algunas de las más perversas medidas del bloqueo. Podría no haber prorrogado, pero acaba de hacerlo, la Ley de Comercio con el Enemigo, que data de 1962, y que aplicable sólo en caso de guerra o de emergencia nacional, ha servido desde entonces de base jurídica histórica del hoy complejo entramado de disposiciones que constituyen el bloqueo contra Cuba.
Habrá quien diga que Obama si quiere, pero que la ultraderecha y el pentagonismo no lo dejan. Pero esta forma de mirar las cosas se revela muy complaciente. Mas suponiendo sin conceder que tal fuera la realidad, eso querría decir que de cualquier modo eran infundadas las esperanzas de un cambio de política internacional en la era Obama. Quienes confiaban en ese posible cambio ¿ignoraban acaso la existencia y poder de la ultraderecha y del pentagonismo?
Con los pardos pelos de la burra en la mano puede afirmarse categóricamente que luego de las abrumadoras votaciones en la ONU contra el bloqueo de 2008 y 2009, Obama es tan insensible, arrogante y despreciativo de la opinión casi unánime de la humanidad como lo fue George Bush hijo en sus peores momentos de locura y alcoholismo.
Recuerdo ahora un epigrama que publiqué cuando empezaba la era Obama y que expresaba mi nula esperanza en un cambio en la política guerrerista de Estados Unidos:
El próximo miércoles, 28 de octubre, Cuba presentará a la consideración de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el proyecto de resolución titulado “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos de América contra Cuba”.
Esta será la decimoctava ocasión consecutiva en que La Habana presente ante el pleno de la ONU el proyecto de resolución que demanda a Washington el fin del ilegal, inhumano y cruel bloqueo contra la isla.
“Y es necesario saber –me dice Dulce Buergo, consejera de la embajada de Cuba en México– que en las 17 ocasiones anteriores el proyecto de resolución cubano ha obtenido la aprobación de la mayoría de los Estados miembros del máximo organismo internacional”.
El año pasado (2008) el proyecto cubano de resolución que pide el fin del bloqueo contra la isla obtuvo los votos favorables de 185 de los 192 Estados miembros de la ONU, lo que constituye una muestra casi unánime del rechazo de la comunidad internacional a la política de guerra y genocidio de la gran potencia contra un pequeño país. Y también del repudio de la inmensa mayoría de la las naciones del orbe a la aplicación extraterritorial y unilateral de las leyes de EU a países soberanos.
Pueblo y gobierno cubanos esperan que el próximo miércoles crezca, como ha acontecido cada año desde 1992, la lista de países que condenan el bloqueo. Pero EU, con la esperanza de arrancarle a esa lista uno que otro voto, ha emprendido una campaña mediática y diplomática que busca inducir la errónea creencia de que el presidente Obama ha comenzado a desmontar el bloqueo.
Es posible por ello que de aquí al próximo miércoles Washington anuncie algunas medidas que aparenten alguna flexibilización del bloqueo, a fin de confundir a la opinión pública internacional y restarle a la casi unánime condena contra Estados Unidos algún votito que pueda presentarse ante el mundo como una pérdida, como un quebranto para la justa causa cubana.
La realidad –me dice la joven y culta funcionaria– es otra. “Un ejemplo claro de ello es la decisión adoptada por el Presidente Obama, el 14 de septiembre pasado, de prorrogar la aplicación contra Cuba de la Ley de Comercio con el Enemigo, aplicable sólo en casos de guerra o emergencia nacional, y sobre la cual se basan las primeras regulaciones del bloqueo contra Cuba de 1962”.
Y Dulce Buergo dice más. “El Informe presentado este año por Cuba al secretario general sobre el cumplimiento de la resolución de la Asamblea General de la ONU que condena el bloqueo revela numerosas acciones realizadas en el último año por autoridades de EU para entorpecer, mediante multas y hasta confiscaciones, transacciones cubanas y de terceros países hacia Cuba. El Informe aporta abundantes ejemplos que demuestran cómo el bloqueo continúa aplicándose con todo rigor, y cómo sigue siendo el principal obstáculo al desarrollo de nuestro país, lo mismo que para su recuperación tras el paso de los devastadores huracanes que lo azotaron en 2008”.
Y agrega la graduada en Relaciones Internacionales: “La permanencia de esta política continúa siendo una violación flagrante, masiva y sistemática de los derechos humanos del pueblo cubano. En su esencia y sus propósitos continúa siendo un acto de agresión unilateral y una amenaza permanente contra la estabilidad de un Estado soberano”.
“El hecho cierto e indiscutible –sentencia la joven funcionaria madre de dos hijos pequeños– es que la administración Obama permanece sin atender el abrumador reclamo de la comunidad internacional para poner fin al bloqueo contra Cuba. Pese a ello, la revolución cubana celebra victoriosa y segura su cincuenta aniversario”.
El favorito para la sucesión presidencial de Lázaro Cárdenas era el general Francisco J. Múgica. Pero el sucesor de Cárdenas del Río fue Manuel Ávila Camacho. El puntero para suceder a éste era Javier Rojo Gómez. Pero fue Miguel Alemán quien resultó presidente. El favorito para reemplazar a éste era su primo Fernando Casas Alemán. Sólo que el sucesor resultó ser Adolfo Ruiz Cortines. El mero mero para sustituir a Ruiz Cortines era Gilberto Flores Muñoz. Nada más que el candidato resultó ser Adolfo López Mateos.
Para reemplazar a éste el bueno era el secretario de la Presidencia, Donato Miranda Fonseca, pero el candidato presidencial del PRI fue el titular de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, viejo cuadro anticomunista del cacique poblano Maximino Ávila Camacho. Para la siguiente sucesión, el puntero era Emilio Martínez Manatou, pero la designación recayó en Luis Echeverría Álvarez.
En el proceso sucesorio de Echeverría, el puntero fue Mario Moya Palencia, pero el designado fue José López Portillo. Para suceder a Jolopo, el favorito era Jorge de la Vega Domínguez. Sólo que el candidato tricolor resultó ser Miguel de la Madrid. En la sucesión de éste, el puntero era Alfredo del Mazo, pero el candidato fue Carlos Salinas. Para reemplazar a éste el favorito fue Manuel Camacho, pero resultó candidato Luis Colosio, aunque quien llegó a Los Pinos fue Ernesto Zedillo. Para suceder a Zedillo, el favorito era Francisco Labastida, pero fue Vicente Fox quien se instaló en la Presidencia. Y para suceder a Fox, el puntero fue Santiago Creel, pero el candidato panista fue Felipe Calderón.
De esta quizá cansada relación de hechos históricos se puede desprender una clara conclusión: nunca el favorito o puntero resultó ser presidente de la república. La constante histórica se mantuvo en el caso de Andrés Manuel López Obrador: fue puntero casi todo el sexenio de la sucesión de Fox, y aunque suman millones de mexicanos quienes piensan que le robaron la Presidencia mediante un bárbaro fraude electoral, el resultado neto fue la permanencia de la constante.
De cara al proceso electoral de 2012, el puntero absoluto es el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto. Pero si la constante histórica se mantiene, el candidato priista podría ser Manlio Fabio Beltrones Rivera o hasta Beatriz Paredes Rangel.
En el caso del PRD, el puntero es, obviamente, Andrés Manuel López Obrador. Pero al igual que en 2006, la oligarquía recurrirá a cualquier recurso para impedirle nuevamente llegar a Los Pinos.
El caso del PAN, desde luego, se cuece aparte. En el blanquiazul no hay puntero. Es más: ni siquiera hay figuras, menos precandidatos. Y luego de su catastrófica derrota en las elecciones intermedias de 2009, el panismo sabe que no tiene ninguna posibilidad electoral de retener Los Pinos en 2012.
Esta situación, sin embargo, puede cambiar radicalmente de aquí a julio de 2012. Es cosa de ir creando las condiciones políticas y económicas para la permanencia del panismo. ¿Qué tal una severa crisis de gobernabilidad? ¿Qué tal un Estado de Emergencia? ¿Qué tal una crisis constitucional que obligue a cambiar sobre la marcha las reglas del juego jugado hasta ahora? ¿Qué tal la abolición del principio constitucional de la no reelección?
El Ejército (disfrazado ya de policía) en las calles y plazas de todo el país puede ayudar en ese posible y avieso plan. Una sucesión de huelgas generales de protesta por la situación económica y el quebranto jurídico del país también ayudaría. Una provocación o un sabotaje con bandera falsa podrían completar el cuadro. ¿Pensarán en todo esto los priistas, sabiendo, como saben, que nunca el puntero en una sucesión presidencial resultó ser el presidente?
Un profesor jubilado del sistema educativo federal, incluida la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), recibe una pensión mensual máxima de un poco más de 16 mil pesos. Un ingeniero jubilado del sistema eléctrico nacional (Comisión Federal de Electricidad, CFE, y Compañía de Luz y Fuerza del Centro, CLFC) recibe una pensión de algo más de 35 mil pesos mensuales. Un ministro jubilado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibe una pensión mensual de 180 mil pesos, más coche, chofer, teléfono celular y dinero extra para algunos otros gastos.
La pensión máxima (porque hay otras de menor cuantía) de un profesor universitario es tan pobre, que el jubilado debe volver a emplearse para no caer en la miseria en sus últimos años de vida. El ingeniero jubilado del sistema eléctrico nacional recibe una pensión más o menos suficiente para sobrellevar con decoro la etapa final de la vida. El ministro jubilado de la SCJN recibe una pensión equivalente a 5 veces la del ingeniero del sistema eléctrico, y de 11 veces la del profesor universitario.
Esta es una muestra palmaria de la injusticia que rige el sistema de pensiones. Pero la inequidad es más evidente si se sabe que hay trabajadores jubilados, sin duda la mayoría, con pensiones de 2 mil pesos mensuales. De modo que un ministro jubilado de la SCJN recibe una pensión 90 veces superior a la de la inmensa mayoría de los trabajadores mexicanos.
¿No es todo esto materia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en mala hora en manos de un gestor de negocios privados millonarios? ¿No debería hacer algo al respecto el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, para remediar tamaña injusticia?
Quizás el señor secretario esté consciente de estos hechos y de su falta de acción al respecto. Pero también es posible que se encuentre muy ocupado preparando la privatización del sistema eléctrico nacional para entregarlo a sus dos amigos del alma, los ex secretarios de Energía Ernesto Martens y Fernando Canales Clariond, amigos a su vez del presidente del Partido Acción Nacional (PAN), César Nava.
Don Javier ha de estar verdaderamente ocupado en el asunto de la entrega, a precio de regalo, del sistema eléctrico nacional a Canales y Martens, puesto que el negocio no es fácil. Para concretar éste debe, primeramente, colocar una dirigencia dócil y charrificada en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), organización gremial que se opone decisivamente a la entrega a manos privadas de la estratégica industria.
Pero con todo y sus delicadas ocupaciones de gestor de negocios multimillonarios, Lozano debería darse un tiempito para explicarle a la empobrecida sociedad mexicana cómo está eso de que un juez jubilado gane al mes los dichos 180 mil pesos. Uno entiende que no es tan fácil olvidarse, aunque sea sólo un tiempito, de la jugosa comisión que don Javier habrá de recibir si concreta la venta del sistema eléctrico a Canales y Martens. Comisión, por cierto, que ha de ser en dólares, pues cabe imaginar que los mencionados Canales y Martens sólo estén actuando como agentes de grandes empresas transnacionales del ramo eléctrico.
Aún así, Lozano debería hacer un paréntesis en sus negocios privados para explicar cómo podrían los trabajadores mexicanos jubilados conseguir pensiones de 180 mil pesos mensuales. Y si no tiene mucha idea, puede preguntarles a algunos ministros de la Corte, en activo o jubilados, sobre el procedimiento seguido para la asignación de tan apreciables pensiones. Que olvide por un momento sus labores extraoficiales de promotor de negocios y ayude a los trabajadores (tema de su oficina) a asegurarse un futuro jubilatorio como el de los ministros de la Corte.
No de ahora, sino desde siempre, la ciudad de México, igualmente llamada Distrito Federal, ha sido la entidad federativa más politizada, más culta y más y mejor informada del país. En el Distrito Federal se encuentran las instituciones educativas más grandes y más importantes de la nación. Y es también, por añadidura, la sede de los poderes federales y de los más influyentes y abarcantes medios de comunicación social.
Consecuentemente con esa elevada calidad educativa, cultural, informativa y política, desde 1997, en que los habitantes del DF pudieron elegir a sus gobernantes, la gran ciudad ha optado por gobiernos que podríamos llamar progresistas, bajo la bandera del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Primero fue Cuauhtémoc Cárdenas, luego Andrés Manuel López Obrador y, desde hace tres años, Marcelo Ebrard. Y se puede afirmar que en esos 15 años, los gobiernos perredistas han estado en sintonía con su exigente electorado.
La ciudad de México ha sido beneficiaria ya durante 15 años de políticas públicas de marcado carácter popular. En el DF se han puesto en marcha medidas sociales de avanzada sólo conocidas en países desarrollados, como son, por ejemplo, el seguro de desempleo, las asignaciones monetarias directas a ancianos y a personas y familias de escasos recursos, los programas de vivienda popular, el mínimo aumento a impuestos y tarifas de los servicios públicos, la despenalización del aborto y su carácter gratuito en los hospitales del sistema de salud capitalino, el fomento mayúsculo del empleo a través de extraordinarios programas de obra pública y de servicios a todos los sectores sociales. Muestras emblemáticas de ello son los distribuidores viales, el segundo piso del Periférico, la modernización y mejoramiento del Circuito Interior y las dos líneas del sistema Metrobús.
En el DF, igualmente, la disolución legal del matrimonio ha dejado de ser la tortura física y psicológica que implicaba el divorcio por causales. Ahora en la ciudad de México el divorcio puede realizarse a petición de uno de los cónyuges.
Medidas como el divorcio sin necesidad de causales y el aborto libre y gratuito son rasgos emblemáticos del avance social de la ciudad de México. Y si bien se trata de acciones políticas exigidas por los ciudadanos, debe reconocerse que tales exigencias han encontrado buen cauce y mejor impulso en los sucesivos gobiernos de la ciudad a lo largo de la última década y media.
Manuel Gómez Morín, fundador del Partido Acción Nacional, rector de la Universidad Nacional y uno de los siete sabios mexicanos del siglo 20, decía que la democracia podía definirse como “la identificación del poder y el pueblo”.
Y si se está de acuerdo con este concepto de democracia, no hay duda de que en el DF se vive una auténtica democracia, en la que el poder y las aspiraciones del pueblo se identifican.
El caso del DF adquiere más relevancia cuando se sabe que los gobiernos de otras entidades federativas se esfuerzan por cerrar a sus habitantes las vías de acceso a mejores condiciones sociales de vida, cual es el caso de diversas maniobras legales para impedir a las mujeres (la mitad de la población) decidir sobre su propio cuerpo y su propia maternidad. Son ya 16 las entidades federativas que han modificado sus constituciones para criminalizar el aborto. Oaxaca, con el impresentable Ulises Ruiz, y Puebla, con el repudiable Mario Marín, ocupan este vergonzoso y antidemocrático liderazgo.
A tres años del inicio de su mandato, se puede decir que, como sus antecesores perredistas, Marcelo Ebrard ha cumplido con sus electores en el campo de las obras materiales y sociales y, sobre todo, en el ámbito de las aspiraciones democráticas de la gran ciudad.
Como le consta a cualquier observador atento del caso de los cinco antiterroristas cubanos prisioneros en Estados Unidos, es inmensa, constante y creciente la presión internacional contra Washington para que cese esa monstruosa injusticia. Gobiernos europeos, el Movimiento de Países no Alineados (NOAL), la inmensa mayoría de las naciones latinoamericanas, asiáticas y africanas y hasta el mismísimo Estado Vaticano han reclamado y siguen reclamando a la Casa Blanca ponga fin a este flagrante torcimiento de la legalidad estadounidense.
Pero hasta ahora, la Casa Blanca ha pretendido deslindarse del caso, argumentando que por tratarse de un asunto judicial, el Poder Ejecutivo se ve impedido de intervenir. Sin embargo, es claro a los ojos de la comunidad internacional que no se trata de un asunto judicial, sino de uno estrictamente político.
Ese convencimiento internacional del carácter político del caso de los cinco se ha trastocado ya en una presión insoportable para el gobierno demócrata de Barack Obama. En consecuencia, el hawaiano está empeñado en deshacerse de esa piedrita en el zapato que lo enfrenta a casi todo el planeta.
Mas no sólo eso. El demócrata Obama, como en otro tiempo el demócrata Jimmy Carter, ha dicho y reiterado que anda en pos de la normalización de relaciones con la República de Cuba. Y sabe bien que esa normalización no puede darse mientras no sean liberados los cinco antiterroristas cubanos. Esta es la irreductible posición de Fidel, de Raúl y del pueblo cubano.
A Cuba, por supuesto, también le interesa la normalización de las relaciones con EU. Y en pos de ese propósito, Raúl ha ofrecido la liberación y expatriación de la cincuentena de agentes cubanos de EU, entre terroristas y espías, presos en la isla.
“Gesto por gesto” fue la expresión que usó Raúl para ofrecer la liberación de los agentes cubanos al servicio de Estados Unidos a cambio de la liberación de los cinco antiterroristas cubanos presos en cárceles estadounidenses. “Si quieren llevárselos –dijo Raúl- se los enviamos con todo y sus familias”.
¿Es esto posible? Sí, me dijo categórico el jurista José Pertierra, un conocedor de los sistemas judicial y político estadounidenses, quien conoce con profundidad el caso de los cinco.
Para pensar así –empezó a explicarme Pertierra– existe un antecedente histórico. Se trata del celebérrimo caso de los independentistas puertorriqueños Lolita Lebrón, Rafael Cancel Miranda, Andrés Figueroa Cordero, e Irvin Flores Rodríguez, quienes el 1 de marzo de 1954, con el carácter de comando suicida, atacaron a balazos la Cámara de Representantes del Congreso de EU en el Capitolio, con saldo de cinco legisladores heridos.
Lolita fue sentenciada a 50 años de cárcel; sus compañeros a 75. Permanecieron en prisión 25 años, hasta que en 1979, el presidente Carter, con base en el Artículo 3 de la Constitución de EU que establece como prerrogativa presidencial la llamada “clemencia ejecutiva”, los puso en libertad.
Hay que decir que fue Fidel Castro quien solicitó a Carter esas liberaciones por razones humanitarias. Y que poco después Fidel correspondió al gesto del mandatario estadounidense liberando a un grupo de agentes de EU que se encontraban presos en la isla.
Ese intercambio de gestos puede repetirse ahora en el caso de los cinco. La libertad de éstos a cambio de la liberación de la cincuentena de agentes al servicio de EU que interesa a Washington poner en libertad.
Si se concreta el gesto por gesto, los cinco volverán a su patria, EU recuperará a sus agentes, Barack Obama se quitará de encima la presión internacional que por los cinco lo abruma y La Habana y Washington podrán en breve plazo normalizar sus muy deterioradas relaciones.
Todos los días, desde hace varios años, los medios de comunicación dan cuenta, a veces pormenorizada, del decomiso de cuantiosos volúmenes de diversas drogas, principalmente mariguana, cocaína y pastillas psicotrópicas. Y todos los días, igualmente, aparecen noticias de los arrestos, enjuiciamientos y encarcelamientos de personas dedicadas a la producción y comercio de estupefacientes. Hay quien afirma que el número de presos por narcotráfico supera los cien mil casos. Y en esta breve numeralia del narco no pueden dejar de consignarse los frecuentes decomisos de dinero, armas, joyas automóviles y casas, todo ello con valores estimados en millones de dólares.
Pero es claro que estos guarismos representan, como se dice en una clásica frase hecha, la punta del iceberg. Esas cifras son sólo una pequeña muestra, la muestra visible, del fenómeno de la producción, comercio y consumo de estupefacientes. Estas tres actividades forman lo que los economistas llaman un mercado. Porque un mercado es el ámbito económico en el que se encuentran vendedores y compradores, oferentes y demandantes, productores y consumidores.
En el caso de los estupefacientes, como en el de cualquier otra mercancía, el factor que determina el mercado es la demanda, es decir, la apetencia por un determinado bien o servicio. Puede colegirse en consecuencia que el tamaño o magnitud del mercado depende del tamaño o magnitud de la demanda. Y esto, precisamente, es lo que no le queda muy claro, tanto a la sociedad como al gobierno: la inmensa magnitud del consumo de drogas en México.
Un dato que permite imaginar el tamaño de ese consumo es el número de personas procesadas y sentenciadas por actos relacionados con el narco. Si en efecto esa cifra supera los cien mil casos, y si se entiende que cada productor o distribuidor da servicio a un número varias veces mayor de consumidores, se puede concluir que la cifra de consumidores es superior en varios tantos a la de aquellos presos.
Supongamos que cada productor y distribuidor de drogas da servicio a diez consumidores. En ese caso, el factor de multiplicación es diez, lo que multiplicado por cien mil da un millón de consumidores o demandantes.
Es claro, sin embargo, que no están en la cárcel todos los narcoservidores. Y es claro, igualmente que ni siquiera se encuentran en prisión la mayoría de ellos. Suponiendo que estuviera en prisión la mitad de esos productores y comerciantes, el número de consumidores sería de dos millones. Pero, de acuerdo con la figura del iceberg, es mejor suponer que la cifra de procesados por narco sólo es del diez por ciento de quienes se dedican a esas actividades. En este caso, cabría suponer que la cifra de consumidores es de diez millones de personas.
Este es, a reserva de precisarlo, más al alza que a la baja, el tamaño del mercado final de drogas. Un mercado, además, creciente, tal como lo prueba su comportamiento en los últimos años y decenios.
Frente a este panorama, la conclusión final no es muy difícil. Combatir, de modo creíble, el narcotráfico implicaría satanizar, perseguir y encarcelar al menos a diez millones de personas. Y esa es una tarea judicialmente imposible. Y supondría para el gobierno (para cualquier gobierno) malquistarse con esos diez millones de personas y con sus familiares, vecinos y amigos. Algo así como cien millones de personas, más o menos el total de la población del país.
¿No sería mejor dejar que el mercado de las dogas prohibidas se expresara libremente, como lo hacen el del alcohol y el del tabaco, drogas permitidas que implican varios millones de adictos, a los que nadie sataniza, persigue o encarcela debido a su gusto por la embriaguez y el humo? Esto sería lo único sensato y democrático.
En 1918, una epidemia mundial de origen desconocido que fue bautizada como “influenza española” se llevó a la tumba a 50 millones de personas, si bien hay estudios que hablan de cien millones. Y luego, así como apareció sin saberse de dónde vino, la plaga desapareció. Esta fue la última peste de la historia de la humanidad. Hoy se sabe que se trataba de una gripe aviar, de una influenza de las aves (aunque hay autores que hablan de una gripe porcina). Pero nada más. Tiempo después hubo otras dos epidemias parecidas. Una en 1957 y otra en 1968. También se sabe que fueron epidemias de gripe aviar, pero hoy sólo los especialistas las recuerdan.
Y es que para la segunda mitad del siglo veinte el conocimiento científico era infinitamente superior al de la segunda década de esa centuria. De modo que sin desconocer las particularidades de la influenza española, se puede afirmar que fue el precario estado de la ciencia al comenzar el siglo veinte el factor decisivo para la propagación de la plaga y para su elevada letalidad.
Por eso, sin desconocer los peligros que entraña la aparición de un nuevo tipo de gripe o influenza de origen porcino en distintas regiones del orbe, es posible sostener que una gran y mortífera epidemia de esta patología de origen viral es sencillamente imposible. Debe tomarse en cuenta que el primer brote de esta nueva gripe apareció en la primavera de este año, y que desde esa fecha hasta el momento el número de víctimas fatales no ha sobrepasado la centena en todo el orbe. En casi todos los casos, muy pocos por cierto, las víctimas han sido atendidas y han recobrado la salud
En las actuales condiciones de la ciencia médica y de la tecnología sanitaria es absolutamente imposible una epidemia mortífera. Ni de gripe aviar ni de gripe porcina ni de ninguna otra enfermedad infectocontagiosa. Hoy las ciencias médica y biológica poseen gigantescos conocimientos acerca del origen y la forma de propagación de las enfermedades infecciosas. Y entre estos conocimientos destacan los del cerco sanitario. Este procedimiento eficacísimo ha sido capaz de parar en seco los brotes de patologías como el ébola, el cólera, el dengue y muchos otros. No hace mucho, en el sur de México se vivió un brote de cólera que, a pesar de la alarma generada, fue rápida y eficazmente neutralizado en unos cuantos días.
Hay que decir, además, que en el caso de la nueva gripe ya existe una vacuna. Y que en breve tiempo serán inmunizadas millones de personas alrededor del mundo. Y decir, adicionalmente, que en los últimos años, la ciencia médica ha conseguido producir eficaces fármacos antivirales, como son los que se utilizan, con gran eficacia, en los casos del herpes y del sida.
Para que en las actuales condiciones de la ciencia médica y de la tecnología sanitaria se repitiera una epidemia como la de la influenza española de 1918, sería necesario que la humanidad no hiciera nada, que se quedara cruzada de brazos, que renunciara a poner en práctica sus inmensos conocimientos sobre el origen, periodo de incubación, forma de propagación, vector y métodos de eliminación de los agentes patógenos. Sería necesario que la humanidad se comportara como si viviera en la Edad Media. Que dejara hacer y dejara pasar. Que se quedara cruzada de brazos a esperar el contagio y la muerte.
El portentoso estado actual de la ciencia y la tecnología médico-biológicas garantiza sin lugar a dudas y contra pánicos irracionales el control de la pandemia. Edward Jenner, descubridor de la vacuna antivariolosa, Antonio Van Leeuwenhoek, inventor del microscopio, Luis Pasteur, autor de la teoría germinal de las enfermedades, y Alexander Fleming, creador de la penicilina, no vivieron ni trabajaron en vano.
El viernes 28, el sábado 29 y el domingo 30 de agosto pasados se realizó el VIII Congreso de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (Fapermex) en la ciudad de Tula de Allende, en el estado de Hidalgo. En la ceremonia de clausura del importante acto gremial, participó como invitado de honor el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza Flores.
Líder muy experimentado y hombre de sólidas convicciones democráticas y patrióticas, Martín Esparza recordó, en vehemente y conceptuoso discurso, que a lo largo de los últimos 25 años la tecnocracia neoliberal, que en mala hora gobierna México, dijo que privatizar las empresas del Estado serviría para mejorar la situación económica del país, que habría mejores salarios para los trabajadores, que cada día habría más y mejores empleos, que México avanzaría en educación, en salud, en seguridad, en armonía social.
Y dijo otras verdades más grandes que una catedral. Señaló que de las más de mil empresas del estado que había, se vendieron o desaparecieron casi todas: de teléfonos, de aviación, de servicios bancarios y financieros, de fomento a la producción, de comercialización de productos básicos (como la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, la Canasupo).
Tampoco se salvaron los ferrocarriles, las carreteras, las siderúrgicas, los sistemas de pensiones. Y hoy, un cuarto de siglo después, se ve con toda claridad que los resultados de aquellas privatizaciones fueron exactamente los contrarios a los ofrecidos por la tecnocracia neoliberal.
Pero la derecha y sus partidos, PRI y PAN, no han cejado en sus propósitos privatizadores. Quieren entregar al capital privado nacional o extranjero las tres grandes y últimas empresas en manos del Estado: Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
Sólo que luego del fiasco de las privatizaciones, y a la vista la tragedia nacional y demográfica que han producido, la tarea se ha tornado un tanto más difícil. En primer término, porque la ciudadanía tiene clara conciencia de los nefastos resultados de aquella política de entrega de los bienes de la nación al capital privado; y en segundo lugar, porque existen movimientos sociales y fuerzas sindicales que no se han rendido, y cuyos líderes no se han dejado cooptar por dinero o por posiciones políticas dentro del aparato pripanista.
Una de esas fuerzas sindicales es el Sindicato Mexicano de Electricistas, el SME. Caso ejemplarísimo de honradez de sus líderes y de combatividad, disciplina, unidad y conciencia de clase de sus trabajadores, el SME se ha opuesto y se opone a las privatizaciones en general y a la privatización de su empresa en particular: la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
Por ello el SME y su actual líder, Martín Esparza Flores, se han convertido en el enemigo público número uno del secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, quien a través del esquirolaje de un puñado de miembros del propio SME pretendía, y todavía pretende, dividir al sindicato, obstáculo hasta ahora insalvable en los afanes privatizadores del pripanismo neoliberal.
La actual correlación de fuerzas políticas parece favorable a la lucha del SME. Las elecciones de julio pasado constituyeron un rotundo rechazo a las políticas panistas en general y a la conducta antiesmeísta en particular del secretario del Trabajo.
Con un panismo severamente derrotado en las urnas, el SME refuerza su unidad y llama en su apoyo y contra más privatizaciones a otras fuerzas patrióticas. En esta lucha, los periodistas democráticos y la Fapermex y su presidente nacional, Roberto Piñón Olivas, están y estarán en primera fila.
Quinientos años de educación colonial no han conseguido que los modernos mexicanos se asuman como herederos de los conquistadores españoles. Muy por el contrario, los pobladores del Anáhuac de hoy sienten y piensan como lo que son: hijos de los vencidos, de los esclavizados, de los sometidos a inicua explotación.
Para los mexicanos de hoy, el héroe de la Conquista no es Hernán Cortés, sino Cuauhtémoc, el joven guerrero defensor de su patria agredida. El genocida extremeño es sujeto de oprobio y de aborrecimiento. Para ese auténtico criminal de guerra –un George Bush del mil quinientos–, cero homenajes, nada de monumentos glorificadores, ningún poema épico.
A pesar de la machacona campaña cinco veces centenaria que pretende presentar aquella espantosa guerra de rapiña como una cruzada civilizadora y evangelizadora, el moderno pueblo mexicano no se ha dejado engañar, no ha podido ser engatusado. Sabe, entiende y siente que aquel genocidio fue producto de las más ruines ambiciones de riqueza material: tierras, oro y mano de obra gratuita, sometida a sangre y fuego.
¡Ah!, pero la derecha no cede en sus pretensiones de dominio ideológico. Y si no ha podido engañar a veinte generaciones de mexicanos con una enseñanza falsaria, hipócrita, manipulada y parcial de la Conquista y de la Colonia, ha decidido ahora cambiar de método. Nada ahora de enseñanzas, aunque sean edulcoradas, de aquellos abominables crímenes de lesa humanidad. Es mejor –piensa esa derecha criolla– no recordar, no enseñar, no mirar esa hecatombe que redujo la población de Indoamérica de 25 millones a menos de un millón de habitantes.
Es cierto que la viruela, el sarampión y otras enfermedades infectocontagiosas contribuyeron decisivamente a esa catástrofe demográfica, la mayor que la humanidad ha conocido en cien mil años de historia. Pero no es menos cierto que esas patologías entonces aquí desconocidas vinieron a lomo de la guerra. Con ésta se cebaron sobre los indoamericanos los otros tres jinetes del Apocalipsis: hambre, enfermedad y muerte.
Pero el pensamiento criollo no reconoce tales verdades. Prefiere, como su maestro y vocero José Vasconcelos, ver en la Conquista una fortuna para México y los mexicanos. Sólo que se trata de un pensamiento de reducidas minorías. Un pensamiento y una letra que no ha entrado, ni con sangre, en la conciencia del pueblo mexicano.
Por eso es preferible cambiar planes y programas de estudio. Y cambiar también libros de texto. Porque enseñar esos temas conduce inevitablemente, como ha ocurrido a lo largo de quinientos años, a la formación de una conciencia antiimperialista, anticolonial, antiguerrerista.
Si la historia es, como se dice, la gran maestra, el pensamiento criollo ha decidido prescindir de la maestra. Visto el fracaso de una enseñanza edulcorada que sostiene que el moderno pueblo mexicano es el fruto feliz de la Conquista y de la Colonia, es preferible eliminar la mismísima enseñanza.
Y si educación y escuela son, como bien se sabe y reconoce, las forjadoras de la conciencia de las nuevas generaciones, hay que limitarlas, sabotearlas, eliminarlas. Ni dinero ni contenidos históricos subversivos del régimen neocolonial vigente.
Para educar a sus hijos, la derecha cuenta con sus propias escuelas, sus propios programas de estudio, sus propios libros de texto. En ellas y con ellos se garantiza la continuidad del pensamiento criollo. Ese que ve en Cortés al padre fundador de la patria. Y al realista Iturbide en el consumador de la Independencia. Ésta es la filosofía educativa, hoy desembozada, del panismo. Una enseñanza histórica para colonizadores criollos y, a partir de ahora, ninguna, ni manipulada, para el pueblo llano.
El próximo día uno de diciembre se cumplirán tres años del sexenio de Felipe Calderón. Pero muchos meses antes eran (y son) muy claras las señales de que el país vive una severa crisis económica, la que se refleja, según las mismas cifras oficiales, en caída de la producción, devaluación monetaria, retraimiento en las remesas de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos, baja en los ingresos por exportaciones petroleras, disminución de ingresos turísticos, merma en la recaudación fiscal y caída en las exportaciones generales, entre muchos otros signos desalentadores y preocupantes.
Lamentablemente, y como no había ocurrido en el pasado reciente, digamos en los últimos 30 años, hoy la crisis económica se ve acompañada de una crisis política de dimensiones también muy preocupantes. Las señales de ésta son la carencia de legitimidad y de consenso social de casi todas las instituciones del Estado.
Y el círculo crítico se cierra con una igualmente grave crisis de inseguridad y violencia, asociada claramente a la absurda, fallida, sangrienta y mortal guerra contra el narcotráfico.
Este es el panorama en el que a partir del próximo uno de diciembre comenzará la segunda mitad del sexenio calderonista. Y tomando en cuenta que ninguna crisis económica (y menos una de esta magnitud) se resuelve o se revierte de un día para otro, es fácil augurar que el trienio próximo será marco de problemas económicos muy graves.
Y más todavía: salvo que el gobierno de Calderón decidiera un cambio de política económica, lo más probable es que en lugar de resolverse o revertirse, la crisis económica se agrave día con día, semana con semana y mes con mes. Y con al agravamiento de la crisis económica vendrá, sin duda, el empeoramiento de las crisis política y de inseguridad.
De modo que un primer paso para enfrentar la situación sería un cambio de rumbo en la política económica neoliberal vigente hasta ahora. Por desgracia, la Secretaría de Hacienda y el gabinete económico, responsables de la política en la materia, están empeñados en continuar por el mismo camino que ha conducido al país a esta delicadísima situación.
La necesidad de un cambio de rumbo suele expresarse, con cierto dramatismo, acudiendo a la celebérrima frase “golpe de timón”. Esto es lo que la sociedad esperaría frente a las amenazas que se ciernen sobre México, y que en miles de casos de empresas, familias y personas ya no es sólo un amago, sino una dolorosa realidad cotidiana.
Esta demanda de un golpe de timón es, además, la señal inequívoca que emanó de los comicios del pasado mes de julio, cuando la ciudadanía expresó su rotundo rechazo a las ideas, políticas e instituciones panistas, para poner, acaso con mucha ingenuidad y escasa memoria histórica, sus esperanzas en el PRI, como en los viejos tiempos de cierta prosperidad, desarrollo económico, oportunidades de progreso personal y capilaridad social.
La disyuntiva para el gobierno de Felipe Calderón en los tres años y meses que restan de su mandato es bastante clara. O da un “golpe de timón” y comienza a detener y más tarde a revertir esas crisis, o continúa por el mismo camino recorrido y mira cómo se agravan las crisis económica, política, institucional y de inseguridad que signan y envuelven a su gobierno.
Para ese “golpe de timón” el calderonismo contaría con amplio consenso social. Incluso con el de los grandes empresarios, que frente al deterioro generalizado ya muestran ánimos levantiscos y que hasta amenazan con vientos de fronda en el caso de más o mayores impuestos al ingreso capitalista. Por lo contrario, para continuar por la ruta seguida hasta ahora, acaso no cuente con ningún apoyo significativo en los tres duros años que se avecinan.
El 13 de agosto de 1926, en el oriente de Cuba, vino al mundo quien al paso del tiempo se convertiría en uno de los mayores revolucionarios de la historia. Esa entrada a la historia empezó a gestarse el 26 de julio de 1953, cuando Fidel Castro encabezó el fallido ataque al cuartel Moncada, también en el oriente de la isla, para dar inicio a un proceso de cambio social en Cuba, en América Latina y en el mundo, que hoy, con el nombre de Revolución Cubana, es conocido y reverenciado por millones y millones de seres humanos en todo el orbe.
De modo que Fidel Castro cumplió ayer, jueves 13 de agosto de 2009, ochenta y tres años de edad. Pero desde hace cinco decenios, el revolucionario cubano ocupa un lugar en la historia junto a Espartaco, Simón Bolívar, los hermanos Graco, José de San Martín, Miguel Hidalgo y Costilla, Ho Chi-Minh, Mao Tse Tung, Lázaro Cárdenas, Antonio José de Sucre, Ernesto Che Guevara, José Martí, Gervasio Artigas.
En Fidel concurren los atributos del luchador contra el yugo colonial que atenaza a su patria, como en Miguel Hidalgo, y las cualidades del guerrillero genial, en semejanza evidente, con el tío Ho. Eso habría bastado para concederle el lugar de honor que tiene en la historia. Pero en Fidel, además, se encuentran los rasgos del jefe revolucionario que ha sorteado con éxito el sitio más prolongado de la historia de la humanidad y las permanentes amenazas de agresión militar por cuenta del cruel imperio vecino que duran ya cinco décadas.
Pero así como concurren en el héroe del Moncada la admiración y el aprecio de millones y millones de hombres y mujeres de los más diversos puntos del orbe, también céntranse en él la calumnia, el odio, la diatriba de sus adversarios de clase: el capital y el imperialismo. Como Marx en su momento, Fidel Castro es hoy el hombre más calumniado por la reacción, el guerrerismo y la rapiña imperial.
Sólo que esos innobles sentimientos no hacen sino confirmar la grandeza histórica del revolucionario cubano. Porque el elogio en labios del enemigo es signo inequívoco del error, de la desviación, de la apostasía o de la claudicación. ¿Hará falta recordar que los primeros anuncios de la catástrofe gorbachoviana aparecieron cuando, al unísono, Ronald Reagan y Margaret Thatcher cantaban loas tan inmoderadas como interesadas al proceder de Gorbachov y su perestroika suicida?
Hijas de su tiempo, esas diatribas contra el héroe de la sierra Maestra irán perdiendo vigor al paso del tiempo. Porque, como enseñaba Unamuno, no hay que vivir al día, sino a los siglos. Y así como hoy nadie regatea méritos a José Martí, a Simón Bolívar o a Miguel Hidalgo, la historia disolverá esos ataques, tan injustos cuanto interesados, en contra del barbudo insobornable.
Este cumpleaños 83 nos recuerda que es largo ya el camino recorrido por Fidel y corto, en consecuencia, el tramo por recorrer. No es hora, sin embargo, de pensar en el futuro sin Fidel. Es más bien tiempo de ser testigos de nuevas hazañas, de recibir más enseñanzas, de conseguir nuevos triunfos en la lucha por la independencia verdadera de los pueblos de América Latina, de Asia, de la eternamente esclavizada África.
Los signos parecen propicios para ello. América Latina, con algunas vergonzosas excepciones, comienza a levantar cabeza luego de muchos años de cruentas dictaduras. Y la unipolaridad de las dos últimas décadas empieza a ceder su lugar a una multipolaridad que permite albergar esperanzas de una política de los países ricos menos guerrerista y avasalladora.
Al autor –dice la sentencia clásica–, se le juzga por sus obras. Y la obra de Fidel Castro, colosal e imperecedera, permite juzgar al hombre como una de las figuras mas nobles y grandiosas de la historia de la humanidad.
Aparentemente la condena al golpe de Estado en Honduras es unánime. Pero en medio mundo esa condena sólo es de dientes para afuera. Lo mismo en el caso de gobiernos, empezando por los de Estados Unidos y México, que en el de instituciones, celebridades, personas comunes y medios de comunicación.
Ese medio mundo que en público condena el gorilazo hondureño pero que en privado lo celebra es, además, la mitad del mundo más poderosa y con mayores recursos. Ese poderío les permite a los celebrantes del golpe ir tejiendo argumentos que explicarían, “con gran pena”, la necesidad de esa medida profiláctica.
El primer argumento son los nexos económicos entre los gobiernos de Hugo Chávez y Manuel Zelaya, materializados en el suministro petrolero venezolano a precios preferenciales y mediante créditos blandos y a largo plazo. De modo que el primer y gran crimen de Zelaya es pretender el beneficio de su país.
Pero no va uno a pedirle peras al olmo. Lo importante de los argumentos, falaces e insidiosos, sobre el carácter profiláctico del golpe resultan apenas esperables. Tan esperables como los que habrán de darse en los nada hipotéticos casos de golpes de Estado contra Rafael Correa, en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, y Daniel Ortega en Nicaragua.
Esa experiencia de celebración ya la vivimos en el caso del golpe contra Hugo Chávez en 2002. El imperialismo, la derecha y los voceros de ambos en los grandes medios de comunicación no ocultaron, en las horas iniciales en que el golpe parecía exitoso, su enorme alegría. Felicidad trocada en frustración cuando el pueblo venezolano volcado en las calles logró el regreso al Palacio de Miraflores de su presidente depuesto y secuestrado.
Por ello no puede uno dejarse engañar por las muestras públicas de apoyo a Manuel Zelaya y a la vigencia constitucional en Honduras. Porque, como decía el clásico, “hay vivas que son mueras”. Es el caso concreto de la recepción de Estado que el gobierno panista de México brindó a Zelaya en horas recientes.
Es una muestra de apoyo, sólo aparente, semejante a la que Barack Obama y Hillary Clinton han dado y están dando a Zelaya. A taparle el ojo al macho para que Zelaya regrese al poder –si regresa– atado de pies y manos, tal cual pretende el Plan Arias, concebido en Washington y operado en San José.
Zelaya vino a México sabiendo y aceptando que su restitución pasa por la firma del Plan Arias. Digamos que para tal efecto era mejor escenografía Los Pinos que la Casa Blanca. Y el gobierno panista de México aceptó jugar el papel, pautado en el Plan Arias, de generoso y democrático respaldo a la democracia hondureña.
Plan envenenado que en los hechos significa el éxito del golpe militar: que Zelaya regrese, perno nada de reformas sociales ni nexos con el gobierno venezolano. Washington y Los Pinos salvan así la cara y pueden celebrar pública y abiertamente el éxito de un golpe de Estado en versión moderna, democrática y dialogante.
¿La presencia de Zelaya en Los Pinos significa que de buenas a primeras el gigantón sombrerudo dejó de ser “un peligro para Honduras y para la estabilidad democrática de América Latina”? ¿Esa recepción con guardia militar de honor quiere decir que en Los Pinos han sido olvidadas las “veleidades chavistas” de Zelaya?
Frente a las imágenes de Zelaya recibido en Los Pinos como jefe de Estado, la derecha más recalcitrante ha tenido, sin embargo, que tragar camote. Hubieran preferido ver depuesto y en el olvido al odiado “chavista”. Y, mejor todavía, preso o muerto.
La visita de Zelaya a Los Pinos es una nueva afrenta de Calderón a la oligarquía mexicana. Al revés que con el golpe, la aplaude en público, pero la condena en privado. ¿Oxígeno y honores al “chavista” ya derrocado? “¡Bah!
Como es del dominio público, el Partido Social Demócrata (PSD) ha perdido su registro ante el Instituto Federal Electoral. La razón es que esa organización partidaria no obtuvo el mínimo de dos por ciento de los sufragios que exige la ley electoral para el mantenimiento del registro y la consecuente participación en comicios subsecuentes.
La incapacidad del PSD para alcanzar siquiera ese mínimo de dos por ciento llama la atención, puesto que el PSD enarbolaba tesis filosóficas, jurídicas y políticas compartibles por los segmentos más lúcidos, politizados y cultos de la sociedad mexicana, los jóvenes universitarios en primer término. Pero también maestros, sindicalistas, feministas, ambientalistas, intelectuales, luchadores sociales y muchos otros ciudadanos de ideas progresistas.
Entre esas tesis compartibles del PSD se contaban su oposición a la guerra y a la violencia, su postura a favor del aborto libre y gratuito, su rechazo a la pena de muerte y sus alegatos a favor de la despenalización de las drogas.
Pero, curiosamente, tan nobles tesis no concitaron el apoyo electoral de los sectores sociales que comparten y aplauden tales posiciones filosóficas, políticas y jurídicas. Es decir: no contaron con el respaldo electoral de aquellos sectores sociales que pueden catalogarse como de izquierda en el más lato sentido del término.
Esta aparente contradicción amerita explicaciones. Y una de ellas acaso se encuentre en la mala fama pública de los dirigentes del PSD. La gente supone con fundadas razones que esos políticos aparentemente de izquierda y progresistas en realidad son agentes de la derecha para arrancarle votos a la parte no colaboracionista del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la única opción de izquierda verdadera en México en las dos últimas décadas.
La sociedad sospecha con fundados motivos que el PSD, como sus antecesores desde las épocas de Sergio Aguayo Quesada y Patricia Mercado, fue creado con la finalidad de sumarse a la vergonzosa tradición del paraestatalismo partidario.
¿Para qué –se habrá dicho el ciudadano– sufragar por un partido paraestatal, por un partido palero del gobierno, por un partido que simula ser de izquierda y es en realidad una organización reaccionaria y neoliberal? Tan reaccionaria y neoliberal, sin duda, como el gobierno al que apoya y del que recibe aliento vital.
Por todo lo anterior, no es de lamentarse en absoluto la pérdida del registro del PSD. Incluso podría decirse que es de celebrarse. Pero dicho esto, también hay que decir que sí es muy penoso el revés electoral que sufrieron las compartibles y civilizadas tesis del PSD.
Es cierto que esas posiciones enarboladas por el pesedismo hoy desaparecido legalmente son de avanzada, progresistas, democráticas y hasta revolucionarias, y que, consecuentemente, no cabía esperar para ellas una copiosa votación. Y menos con enemigos tan poderosos para esas posiciones como la iglesia católica y las cúpulas del conservadurismo empresarial, mediático y hasta educativo.
Pero al menos cabía esperar un porcentaje mayor a ese dos por ciento que la ley exige para el mantenimiento del registro. Pudo más, como se ve, el desprestigio de unos dirigentes con antiguo cartel de paraestatalistas, derechistas, desvergonzados, abusivos y centaveros. En resumen: de unos perfectos simuladores.
Parece válido, en consecuencia, distinguir entre unas posiciones filosóficas, políticas y jurídicas apreciables, y la despreciable organización que las sustentaba. Habrá que celebrar la derrota de un partido fariseo, y seguir dando la lucha social, legal, ideológica y política en pro de esas y otras concepciones civilizatorias.
En un vuelco en las preferencias electorales (no por esperado menos impactante), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ganó la mayoría de de los cargos electorales en disputa el 5 de julio. La apabullante victoria priista se dio lo mismo en el Congreso federal, que en cinco de las seis gubernaturas en liza. Y también en los municipios más importantes por su número de habitantes y su riqueza industrial y comercial.
Las explicaciones para este contundente triunfo tricolor son variadas y, en lo general, sensatas. Pero no hay duda de que se trató de un voto de castigo contra el panismo por el displicente e ineficaz manejo de la crisis económica, la inaudita ola de violencia, sangre y muerte asociada a la mal llamada guerra contra el narcotráfico, la desembozada corrupción de casi todos los gobiernos estatales panistas y la frivolidad aberrante de algunos mandatarios azules estatales, cual es el caso vergonzoso del gobernador de Jalisco.
Pero el contundente triunfo priista brilló por su ausencia en el Distrito Federal. En la capital del país el tricolor es inexistente. Y casi lo mismo puede decirse del panismo. El partido de la extrema derecha sólo es gobierno en tres de las dieciséis delegaciones políticas del DF. Y, curiosamente, dos de ellas (Benito Juárez y Miguel Hidalgo) son comunidades de larga y sólida tradición conservadora, quietistas, elitistas, satisfechas, pequeñoburguesas. Son, digamos, esencialmente panistas. Y por lo que toca a Cuajimalpa, es clarísimo el cambio en la composición de clases sociales. Región básicamente popular no hace mucho, es ahora un próspero enclave de ciudadanos y familias de pensamiento conservador y de condición social burguesa y pequeño burguesa.
La ciudad de México refrendó en más del 80 por ciento sus preferencias perredistas. Y eso que el PRD ha sido desde su fundación víctima de las injurias, calumnias, descalificaciones, intrigas, labores de zapa en general y dos gigantescos fraudes electorales (1988 y 2006) por cuenta de la derecha pripanista y de los poderosos medios de comunicación al descarado servicio de esas dos organizaciones del fascismo criollo.
¿No amerita, entonces, una explicación la preeminencia perredista en la ciudad más poblada, más importante, más politizada, más culta, más y mejor informada y socialmente más avanzada del país? En el puro enunciado de estas características del DF se encuentra ya la explicación de las preferencias por el perredismo. Una sociedad como la capitalina es desde luego menos susceptible a la manipulación, a la propaganda negra, a la desinformación y al engaño y a la ilusión que promueven los gobiernos de derecha y una parte significativa de los grandes medios de comunicación, sobre todo la radio y la televisión.
Pero hay otras explicaciones. La ciudad de México ha sido beneficiaria ya durante doce años de políticas públicas de marcado carácter popular. En el DF se ha puesto en marcha medidas sociales de avanzada sólo conocidas en países desarrollados, como son, por ejemplo, el seguro de desempleo, las asignaciones monetarias directas a ciudadanos y familias de escasos recursos, los programas de vivienda popular, la despenalización del aborto, el fomento mayúsculo del empleo a través de extraordinarios programas de obra pública y de servicios a todos los sectores sociales. Muestras emblemáticas de ello son los distribuidores viales, el segundo piso del Periférico, la modernización y mejoramiento del Circuito Interior y las dos líneas del sistema Metrobús.
Y es que si socialmente el DF es la entidad más avanzada del país, su mayoritaria preferencia electoral la revela, igualmente, como la entidad política más avanzada.
A pesar de su aparente complejidad, no es tan difícil entender la teoría y la política fiscales. Porque no obstante la multiplicidad de impuestos, finalmente éstos se reducen a dos tipos. Uno, es el impuesto a la ganancia capitalista; el otro, el impuesto al salario.
Cualquier impuesto merma a la utilidad del empresario o merma el monto del salario de obreros o empleados. Es por esto último que tanto empresarios como trabajadores se oponen siempre al incremento o extensión de las cargas fiscales.
Los trabajadores, ciertamente, no pueden hacer mucho para no ser víctimas de la codicia fiscal. Las centrales obreras, salvo raras excepciones, se encuentran sometidas al poder del Estado y hace mucho que dejaron de velar por los intereses de sus supuestos representados.
Es muy distinto el caso de los empresarios. Éstos, bien organizados y representados, suelen oponerse y normalmente con buen éxito a los afanes impositivos gubernamentales. Sin embargo, no ocurrió así en el caso del tristemente célebre IETU (Impuesto Empresarial a Tasa Única), gravamen que afecta directa y negativamente la ganancia capitalista.
Sin duda se trata de un impuesto que brinda al gobierno recursos abundantes, pero que igualmente y en contrapartida, generó una enorme y desembozada animadversión empresarial contra el gobierno de Felipe Calderón.
Está claro que durante el proceso de sucesión presidencial del año 2000 la oligarquía decidió abandonar al PRI y a su candidato Roberto Madrazo. La gran burguesía puso sus esperanzas y confianza en el abanderado panista, a pesar de las evidentes escasas calificaciones políticas de éste. A pesar de su raquítico historial.
Y es por ello que la oligarquía, esa cúpula económica que también recibe el nombre de poderes fácticos, se sintió traicionada por Felipe Calderón y el dichoso IETU. Esta muestra concreta de traición a quienes lo impusieron en Los Pinos fue, sin duda, factor decisivo en el retorno oligárquico a sus antiguas querencias tricolores y al abandono de la alianza pactada tres años antes con Felipe Calderón.
La molestia capitalista con el IETU no se circunscribe solamente a éste. Los empresarios también estaban y están furiosos por la incapacidad de Calderón de gravar con el IVA (impuesto al valor agregado) a medicinas y alimentos. Los empresarios saben bien que el IVA es un gravamen que afecta esencialmente a los salarios y mucho menos, por no decir nada, a las ganancias. Por eso militan a favor del IVA y rechazan categóricos el IETU. Digamos que para los capitalistas la traición calderoniana ha sido doble.
Pero no es todo. Los negocios, fuente de la ganancia capitalista, requieren de un clima de tranquilidad, de libre flujo de mercancías, de ausencia de obstáculos que dificulten los miles de millones de transacciones comerciales que finalmente se concretan en la ganancia de los empresarios.
Y aquí también les falló Calderón. La zozobra es el clima general en que se desenvuelven negocios y capitalistas. Y éstos dijeron basta. La tolerancia a la incapacidad gubernamental llegó a su límite. Y el 5 de julio pasado sonó la hora del divorcio entre el panismo y el empresariado. La hora de la ruptura y de la venganza.
Todos los recursos económicos, de relaciones, de empresas encuestadoras, de medios de comunicación fueron puestos al servicio de la bandera priista. Había que pavimentar desde ahora el camino al retorno tricolor a Los Pinos en 2012. Lástima, se dice la oligarquía. Falló la apuesta por el panismo. La desaforada corrupción blanquiazul podía pasar, pero no así la incapacidad para gobernar. Y sobre todo para gobernar en favor de los intereses de quienes pintaron de azul Los Pinos. “¡Mira que aplicarnos el IETU!”.
Durante décadas, la derecha mexicana tuvo su corazón en el PAN y su chequera en el PRI. Había que ser, como el Tigre Emilio Azcárraga, soldado del PRI, pero, a la vez, amigo de la iglesia católica, del “modo americano de vida”, de la agresión estadounidense contra Vietnam. Y, en contrapartida, enemigo de la Unión Soviética, de la Cuba socialista, de la reforma agraria, de la propiedad ejidal, de la nacionalización bancaria, de la educación laica, de la intervención del Estado en la economía.
Pero a partir del año 2000 todo empezó a ser diferente. La oligarquía puso en un mismo sitio su corazón y su bolsillo. Y ese nuevo nicho se llamó Acción Nacional. Ya no había necesidad de simular. Ya se podía actuar libremente. Y así, libremente, procedió la oligarquía: abandonó al viejo y corrupto PRI para poner esperanzas y destino en las manos, sucesivamente, de Vicente Fox y de Felipe Calderón.
Con el oligofrénico Fox, la experiencia de la derecha no fue tan mala. Auxiliado por ciertas condiciones económicas internacionales favorables, el sexenio no acabó en desastre para la oligarquía. La evidentísima oligofrenia del guanajuatense se expresó en frivolidades y no en actos de gobierno. En consecuencia, la oligarquía no sintió la necesidad de un recambio en los altos mandos del poder. ¿Para qué apoyar al PRI y a Roberto Madrazo si con el PAN y Felipe Calderón los negocios prometían marchar muy bien?
Para esa buena marcha de los negocios existía, ciertamente, un enorme obstáculo llamado López Obrador. Había que sepultarlo, con todos los recursos del poder político y económico, bajo una montaña de votos y allanarle así el camino a Los Pinos a Felipe Calderón.
Pero algo falló. Y a diferencia de Fox, cuyo triunfo nadie cuestionó, Calderón ni siquiera fue capaz de garantizar una victoria inobjetable. O, al menos, creíble. Y ahí empezaron las tribulaciones para la oligarquía. “Cosa de tiempo”, se decían, consolándose, los oligarcas. “Fue mal candidato, pero quizá sea (para nosotros, claro está) buen presidente. Hay que apoyarlo”.
Dos años y medio después, la oligarquía abandonó, como Dante a las puertas del infierno, toda esperanza: “Es inútil. No hay nada que hacer. Rectifiquemos el error”. Y de nuevo, como en los viejos tiempos, la oligarquía dejó su corazoncito en el PAN pero, otra vez, puso sus aspiraciones de buenos negocios en el tricolor.
Seamos comprensivos. A los capitalistas sólo les interesa la buena marcha de los negocios. Y una conducción económica y política que obtura la fuente de las ganancias no resulta tolerable. Y no debe olvidarse que los buenos negocios requieren de tranquilidad y seguridad, ambas ausentes por completo en el gobierno de Calderón.
El segundo gobierno federal panista resultó una catástrofe para los capitanes de la industria y el comercio. No pudo entregarles en propiedad los grandes negocios, como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Y los castigó con gravámenes fiscales, como el impuesto empresarial a tasa única (IETU), recortadores de las ganancias capitalistas y por ello del todo inaceptables. Y es que, como bien se sabe, duele más una patada en el bolsillo que una patada en los bajos.
Rectificar es de sabios. Y no hay duda de que la burguesía mexicana ha sido históricamente las más sabia de Latinoamérica. “Volvamos de nuevo al PRI. Nos salió caro el experimento panista. Sobre todo en los tres últimos años. Confiemos de vuelta en los viejos operadores del tricolor: los Beltrones, los Gamboa, los Paredes. Ellos sí saben cómo hacerlo”.
“Y aprendamos la lección. Poner corazón y billetera en un mismo sitio no fue bueno. Nuestro corazoncito seguirá en el PAN, pero al menos por un buen tiempo, nuestra cartera estará en el PRI”.
Anteayer miércoles 1 de julio fue encontrado el cuerpo sin vida del famoso ex pugilista y hasta el momento de su muerte alcalde de Managua, Alexis Argüello. Una vocera de la policía de Nicaragua afirmó, a las pocas horas, que se trató de un suicidio: "Argüello falleció a consecuencia de heridas por proyectil de arma de fuego que perforó el tórax con laceración del corazón y pulmón izquierdo". Y agregó: "Se encontró (sic) evidencias de impacto único, y, por las características del orificio de entrada, se puede determinar que el disparo se produjo por contacto firme del cañón sobre la piel, (por lo) que desde el punto de vista médico legal se trata de una muerte violenta de etiología suicida".
Así, de un plumazo, la Policía nica concluye en brevísimo lapso que la muerte del ex pugilista fue suicidio. ¿Fue esa toda la investigación? ¿Tan rápida? Las preguntas son pertinentes porque uno está acostumbrado a que tales diligencias duran muchos días y a veces semanas y meses.
Es bien sabido que en todo el mundo muchas personas se suicidan con arma de fuego. Pero es igualmente conocido que en todo el orbe muchas más personas son asesinadas con arma de fuego. ¿No cabe la posibilidad de que Alexis Argüello haya sido asesinado?
La verdad, resultan muy sorprendentes la diligencia y la celeridad con las que la Policía nica determinó que fue un suicidio y no un asesinato. ¿Tenía seguro de vida el ex tricampeón? ¿Poseía valiosos bienes materiales que alguien, sin duda, habrá de heredar, lo que podría constituir el motivo para cometer un asesinato? Nada, nada. La Poli nica ya dijo que fue suicidio y sanseacabó.
Con idéntica diligencia, la Poli mexicana dijo que el incendio de la guardería del Seguro Social en Hermosillo fue un accidente. Pero cómo supo la Poli que se trató de un accidente. Eso sólo podría saberse luego de una exhaustiva investigación.
No digo que no haya sido un accidente. Lo que digo es cómo supo. Con semejante perentoriedad, nos dijeron que a Colosio lo mató un asesino solitario. Y poco después nos dijeron que fueron dos asesinos solitarios. Uno le dio un balazo en la nuca y el otro tirador solitario le pegó en el vientre. Pero ocurre que sólo uno de los dos asesinos solitarios está en la cárcel. ¿Y el otro?
No hace mucho también nos dijeron que una organización fantasmal llamada Al Qaeda estrelló dos aviones comerciales contra las Torres Gemelas de Nueva York y una tercera aeronave contra el edificio del Pentágono en Washington. ¿Pero de veras fue la tal Al Qaeda? ¿Saddam Husein y el hoy masacrado pueblo iraquí pertenecían a esa organización que dice la CIA que existe, pero quién sabe dónde?
A John Kennedy también lo mató un asesino solitario. Pero el pobre presidente recibió varios balazos, todos ellos con distinta trayectoria. Unos de adelante hacia atrás y otros en sentido inverso. Y el Servicio Secreto yanqui, la CIA y el FBI, como si fueran policías mexicanos o nicaragüenses, se mostraron ultraeficientes y rapidísimos para determinar que a Kennedy lo asesinó, él solito, Lee Harvey Oswald.
Habrá quien diga, desde luego, que los casos de Colosio, Al Qaeda y Kennedy fueron asuntos políticos, carácter que no se da en la muerte de Argüello y en el incendio de Hermosillo que mató a 48 niños.
Pero decir tal cosa es un error de principio. Porque cómo sabe ese alguien que en estos dos últimos hechos no hubo motivación política. Argüello era alcalde de Managua, un cargo político muy importante. De esos que dejan muchos enemigos. Y habrá que reconocer que el incendio de Hermosillo se dio en el contexto de una guerra electoral de frescos y gruesos antecedentes de enorme suciedad, incluidos, desde luego, muchos atentados y asesinatos políticos en todo el país. ¿O no es así?
Al paso de los días crece la sospecha de que algo muy gordo se está ocultando en el caso del incendio de la guardería en Hermosillo que mató a 47 niños, todos menores de cuatro años. ¿Se trata sólo de proteger a parientes del poder? ¿O de otorgar impunidad a los amigos que forman el círculo íntimo y cerrado de ese mismo poder? ¿O se trata de algo mucho más grave?
Proteger a parientes y cuates no tendría nada de particular. Digamos que esa es la norma. Para eso están exactamente las procuradurías de justicia: la federal y las estatales. Y esa misma es la tarea del sistema de tribunales.
A veces, ciertamente, dar impunidad total a esos cuates y parientes, sobre todo cuando el crimen cometido es verdaderamente monstruoso, exige poner en práctica las bondades de otra institución maravillosa llamada “chivos expiatorios”. Se castiga con cárcel a algunos para, como se dice popularmente, taparle el ojo al macho y a otra cosa mariposa. Hasta que se olvide el asunto.
Pero no será fácil el olvido. El crimen de Hermosillo es algo así como el 2 de octubre en Tlatelolco. O cual el Jueves de Corpus de aquel nefando 10 de junio de 1971. Y no sólo en la monstruosidad del crimen se parecen Hermosillo, Tlatelolco y el 10 de junio de los Halcones. También se asemejan en la diligencia oficial para ocultar lo verdaderamente ocurrido, para borrar las huellas, pare echarle tierra al asunto.
La matanza de Tlatelolco no fue producto de “un zafarrancho”, sino un crimen político. Y lo mismo pude decirse del Halconazo del 10 de junio. De esto no hay ni hubo nunca duda razonable. Por eso cabe preguntarse si en la matanza de Hermosillo no hubo solamente, como nos quieren hacer creer, una cadena de errores, negligencias, ambiciones desmedidas, negocios al amparo del poder, incurias, ganancias fáciles, nepotismos y complicidades de altos niveles.
Porque, evidentemente, la matanza de Hermosillo se da en el contexto político de la guerra sucia, de moda desde hace pocos años. Parece que ya no son suficientes las calumnias, los infundios, las injurias, la propaganda negra. Y en este contexto creciente de guerra sucia no es descabellado pensar que a alguien se le haya ocurrido crearle una bronquita al hoy muy girito, aunque desolado, gobernador Bours.
Una bronquita, no una broncota. Pero a veces las cosas se salen de control y se hacen presentes consecuencias inesperadas y a veces trágicas. Tlatelolco se planeó como una redada de líderes estudiantiles, pero el diablo metió la cola. Y el jueves de Corpus debió quedar en una simple paliza a estudiantes altaneros.
El crimen de Hermosillo sería susceptible de perdón si sólo se tratara de un accidente desgraciado. Pero resultaría imperdonable si fue un acto de guerra sucia salido de control.
Y por lo que toca a la impunidad, no es lo mismo proteger a parientes y funcionarios ambiciosos, irresponsables y corruptos que a los autores de un acto de guerra sucia mediáticamente llamativo que derivó en una tragedia inenarrable.
Y como era de esperarse, la investigación del asunto quedó en las mejores manos para ocultar la verdad, para fabricar culpables, para exonerar a quien convenga, pero fundamentalmente para que no se sepa nunca, aunque se sabrá, si se trató de un accidente o si a los estrategos de la guerra sucia esta vez se les pasó la mano.
En un viejo texto, el integérrimo maestro Jesús Silva Herzog decía que el sistema político mexicano se sustentaba en un trípode formado por el PRI, la corrupción y el asesinato. Éste último era una forma extrema de la guerra sucia, a la que el país estaba acostumbrado, aunque se sobresaltara cuando ocurría un nuevo asesinato político. Hoy, para nuestra desgracia, la guerra sucia es importada, cotidiana y, se sospecha, sin medida.
Antes de que se cumplan seis meses de la ascensión de Barack Obama al poder, es ya posible sostener que a pesar de sus finas maneras y de un portentoso aparato mediático que las exalta y magnifica, el presidente de Estados Unidos se comporta más o menos como el troglodita que lo antecedió en la Sala Oval. Y aquí van algunos ejemplos de esa conducta cavernaria.
Para empezar, Obama mantiene hacia Cuba la misma política de hostilidad de los diez mandatarios anteriores, desde Eisenhower hasta Bush hijo, pasando por Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush padre y William Clinton. Nada de levantar el bloqueo económico contra la isla. Y nada siquiera de atemperarlo.
Nada, tampoco, de reparar la tremenda injusticia cometida en perjuicio de los cinco jóvenes cubanos acusados falsamente de espionaje y conspiración para cometer asesinato que se encuentran prisioneros desde hace once años en sendas cárceles estadounidenses de alta seguridad.
Y es que como parte de sus facultades constitucionales, Obama podría disponer la libertad de los cinco prisioneros mediante diversos recursos, todos ellos legales entre los que destacan: el retiro de los cargos por cuenta de la parte acusadora, la que depende del Poder Ejecutivo, la amnistía y el indulto, entre otros.
Obama también podría atender la oferta cubana de un intercambio de prisioneros: los cinco cubanos al servicio de Cuba presos en Estados Unidos, a cambio de varias decenas de cubanos al servicio de la Casa Blanca presos en la isla. Pero no. Nada que signifique dejar de considerar a la isla socialista como enemigo mortal sólo digno de la más completa destrucción y su posterior trocamiento en la colonia yanqui que ya alguna vez fue.
Barack Obama también podría suspender o cancelar la llamada Iniciativa Mérida, eufemismo para designar el Plan Colombia mexicano, estrategia militar intervencionista en los asuntos internos del vecino al sur del río Bravo. Y podría igualmente desmontar la estrategia antiinmigrantes que encuentran su oprobioso remate en la construcción de muros de acero y concreto en la línea fronteriza y en la criminalización de los trabajadores que buscan en Estados Unidos el empleo que no encuentran en su propia tierra.
También podría el hawaiano suspender los aprestos estadounidenses de derrocamiento del presidente iranio Mahmud Ahmadinejad, cual Estados Unidos hizo antes con tantos otros gobiernos insumisos mediante cuartelazos, como en Chile; invasiones militares, como en Panamá y Yugoslavia; financiamiento de ejércitos mercenarios, como en Nicaragua; golpes de Estado de fachada civil, como en la Venezuela de Chávez; y financiamiento y organización de “revoluciones de colores” y “golpes suaves”, como en Ucrania y otras ex repúblicas soviéticas.
¿No podría acaso Obama, si fuera en verdad diferente a sus antecesores, dejar de apoyar al gobierno de Israel en su política de colonización de territorios palestinos ocupados militarmente y de nuevas conquistas bélicas de suelo palestino?
A estas alturas de su mandato, Barack Obama se revela como un gran fraude. Un gran fraude, desde luego, para quienes ingenuamente pensaron que con este hombre de color en la Casa Blanca podría darse un cambio positivo en la política exterior de la gran potencia. Ah, una legión de desilusionados.
Pero no podemos llamar desilusionados a quienes como Felipe Calderón, el colombiano Álvaro Uribe o el peruano Alan García creyeron, al igual que tantos otros, que Obama representaría un giro hacia la paz, el diálogo, el respeto y la no intervención. Fue un error de cálculo mayúsculo, pero es seguro que no están desilusionados. Digamos que han de estar sorprendidos. Gratamente sorprendidos.
Los impulsores de votar en blanco o de anular el sufragio dicen que actuar así sería una forma de protestar contra los políticos profesionales, contra las autoridades electorales y contra los partidos. Puede que tengan razón. Pero acaso no hayan pensado que se trataría de una protesta ignota. Una protesta de catacumbas. Una protesta que nadie conocería, salvo el anónimo ciudadano que finalmente opte por votar en blanco o anular el sufragio con una majadería o un voto por la Chimoltrufia.
Y es que a esos propulsores de la protesta de marras se les olvida un dato interesantísimo: que el encargado de contar los votos es el Instituto Federal Electoral (IFE), institución con bien ganada fama de falsear la voluntad popular expresada en las urnas. Y es que el IFE no cuenta. Simplemente inventa.
Vamos a suponer, generosamente, que los votantes en blanco o los anuladores del sufragio logren un millón de boletas electorales anuladas. ¿Quién va a saberlo? El IFE se encargará de ocultarlo.
O puede ocurrir, incluso, que el IFE manipule ese hipotético millón de boletas anuladas y las consigne como votos a favor del PAN. O que muchos miles de votos emitidos a favor del PRI o del PRD o de los partidos chicos los declare como en blanco a anulados. ¿Y cómo le van a hacer los ciudadanos para saber la verdad? ¿Demandando volver a contar voto por voto y casilla por casilla?
Pero parece que a los propagandistas del voto en blanco o anulado también se les olvida que su propuesta ha de servir, en última instancia, para fortalecer a PRI, PRD y PAN. Y así ocurrirá, porque esas tres agrupaciones cuentan con lo que se llama el voto duro. Y los votantes duros no hacen caso de campañitas o campañotas: sufragan por su partido sin importar siquiera quién sea el candidato. O si es hombre o mujer. O si es culto o iletrado.
Los panistas, priistas y perredistas de verdad van a salir a votar, mientras que aquellos ciudadanos que podrían emitir su voto en favor de otros partidos (o sufragar en contra de PRD, PRI o PAN, dándole su voto a uno de los partidos chicos) anularán ellos mismos esa posibilidad.
¿O alguien cree, por ejemplo, que los millones de seguidores de López Obrador van a votar en blanco o a anular su boleta porque así lo ordenan los lorocutores de la televisión? Para que sufragaran en blanco tendría que pedírselos su mismísimo líder. Y López Obrador está a años luz de cometer semejante estupidez.
¿Y alguien se imagina a Germancito Verdulero llamando a los panistas a anular su voto? ¿O a Beatriz Paredes convocando a sus huestes duras a hacerse el hara kiri?
Quienes propugnan el voto en blanco o la anulación de la papeleta electoral podría recordar aquel grito medio desesperado de los argentinos cuando, hartos de la crisis que desembocó en la huida del presidente Fernando de la Rúa y en el “corralito” que congeló las cuentas bancarias de millones de ahorradores, exigían a voz en cuello: “Que se vayan todos”. ¿Y qué pasó? Pues que no se fueron. Pedir que se vayan todos (políticos y mandamases) o anular el voto o sufragar en blanco son tres formas diferentes de dar risa o de dar lástima. Muestras palmarias de ingenuidad política y rusticidad intelectual.
En las circunstancias mexicanas, votar no significa elegir. Quien elige o, mejor dicho, designa triunfadores es el IFE. Pero si se vota en blanco o se anula la boleta no queda ni siquiera el recurso de denunciar el fraude electoral. Así que el IFE, pilar de un sistema electoral corrupto hasta la médula, ha de estar de plácemes, aunque hipócritamente diga lo contrario, con la promoción del voto en blanco o anulado.
Si el enemigo nos vence –decía Juárez–, sea, si tal es nuestro destino. Pero dejemos al menos constancia de que nuestro derecho ha sido violado.
Ni las más contundentes demostraciones de los daños a la salud que provoca el tabaco hacen que el fumador deje el hábito. Y lo mismo ocurre con el consumo de alcohol. Cada año, de ambos productos, crece incontenible el consumo en todo el planeta. Y este consumo (o demanda efectiva) genera lógicamente una mayor producción de las mercancías demandadas. Y es que el tabaco y el alcohol son parte de la cultura de las más disímbolas sociedades.
Pues lo mismo acontece con las drogas ilegales: crece su demanda y, consecuentemente, se incrementa su producción y comercio. ¿Es esto tan oscuro, tan ininteligible, tan difícil de captar? Los estupefacientes ilegales, lo mismo que el tabaco y el alcohol, son parte de la cultura de nuestro tiempo. Y de todos los tiempos, porque el gusto por la estupefacción (nombre elegante de la vulgar embriaguez) es un rasgo de la cultura humana a lo largo de la historia.
Al llegar a tierras de Anáhuac, Cristóbal Colón encontró que los naturales fumaban tabaco. De eso hace 500 años. Pero el hombre americano, con una antigüedad (como bien documenta Enrique Semo) de 22 milenios, fumó desde que conoció las propiedades estimulantes del tabaco y pudo producirlo como un fruto más de la actividad agrícola. Y por lo que toca al hachís, hay indicios de su consumo desde hace al menos cinco mil años. ¿Y alguien ignora que en el antiguo Egipto se fabricaban cerveza y vino? ¿Y que la cultura griega es incomprensible sin su culto a Dionisio?
Pero si la demanda de estupefacientes es antigua, también lo es la historia de su prohibición. Penas severas, a veces crudelísimas, no han impedido a lo largo de milenios impedir su consumo. ¿Por qué alguien puede pensar hoy en México que la persecución policiaca y militar ha de ser capaz de reducir el consumo de las drogas ilegales?
Ciertamente, la ignorancia, los prejuicios, la manipulación y la falta de estudio del problema pueden conducir a mentes ingenuas a creer en el camino de la represión. Pero el cálculo político también puede ser una fuerte motivación para incurrir en la represión, a sabiendas de que tal conducta se encuentra destinada al fracaso.
Este es el caso mexicano hoy en día. La pura evidencia estadística revela fehacientemente que ni la más dura represión conduce a la caída del consumo de estupefacientes. Ah, pero si se fracasa en este objetivo, a cambio se logran éxitos políticos.
Éxitos, desde luego, sólo aparentes. Porque no puede ser calificado como éxito gubernamental llenar el país de violencia, sangre y millares de muertos. No puede ser considerado exitoso militarizar el territorio. No puede llamarse éxito al reconocimiento de que los narcotraficantes dominan amplias zonas del quehacer gubernamental. Y no puede ser apreciado como éxito que, como en los viejos tiempos del priato, se eche la culpa de los fracasos represivos propios a los gobiernos anteriores.
La sociedad, quizás, estaría dispuesta a soportar la sangre y el terror si pudiera observar algún avance, alguna pequeña victoria. Pero avances y victorias sólo se ven en los discursos gubernamentales. En la retórica y no en la realidad.
¿Pensará la cúpula gobernante que tiene buena imagen entre la población? ¿O acaso está consciente de que el gobierno federal panista es mirado por la sociedad como corrupto y, lo que es peor, como ineficaz y fracasado? Y no sólo ineficaz y fracasado, sino también cómplice. Porque se sabe bien que los golpes policiacos y militares no se propinan a todos los cárteles, sino sólo a algunos de ellos. Golpes selectivos, golpes con línea.
De modo que bien mirado –como decía Sor Juana en célebre soneto– no hay éxitos que mostrar. Ni reales ni aparentes. Y bien mirado, el combate al narco “es cadáver, es polvo, es sombra, es nada”.
Ya se ha dicho millones de veces: son tan inmensas las ganancias del negocio de producción y comercio de drogas ilegales, que quienes se dedican a esas actividades pueden cooptar a policías, agentes del Ministerio Público, jueces, gobernadores, militares, funcionarios y empleados gubernamentales de todos los niveles. Esta cooptación permite el funcionamiento fluido y creciente del negocio.
Y esto ocurre en todo el mundo, no nada más en México. Y acontece en toda la república mexicana, no solamente en Michoacán. ¿Por qué, entonces, en vísperas de las elecciones de diputados federales y de otros cargos se da el operativo michoacano?
¿No hubiera sido igual de fácil, o más, hacerlo y con mayor razón, por ejemplo en Tamaulipas o en Morelos? ¿Por qué Michoacán? Porque, como siempre, debajo de la apariencia de una acción legal, se esconde una motivación política.
¿No detuvo el ejército a principios de 1989 a Joaquín Hernández Galicia, alias la Quina, en una burda operación política en Tamaulipas que buscaba castigar a un enemigo político, incluso con un cadáver traído ex profeso desde Nuevo León, para dar sustento aparentemente sólido a las acusaciones contra el líder caído en desgracia?
¿Y ya se olvidó el caso de Jorge Díaz Serrano, también acusado por la Procuraduría General de la República (PGR) de diversos delitos, para que así pagara su osadía de haberse opuesto a la candidatura presidencial de Miguel de la Madrid?
Sobran experiencias y evidencias de que la PGR es el brazo político del gobierno federal en turno. Y es público e histórico el conocimiento de que esa dependencia se encuentra dominada por la más extendida y profunda corrupción.
Con estos antecedentes, que tienen carácter de axioma, ¿por qué entonces creer que esta vez, esta única vez en Michoacán, la PGR actúa honradamente? Es mejor para el ciudadano no engañarse. Y entender rápidamente que los hechos michoacanos son acciones políticas que nada tienen qué ver con el combate a la droga o la recta aplicación de la ley.
Habiendo entendido esto, ahora hay que preguntarse por las motivaciones políticas del escandaloso operativo michoacano precisamente en vísperas de las elecciones. Y la primera respuesta llega enseguida: golpear y exhibir a un gobierno perredista, acto que, esperan sus planeadores, tendrá efectos en los inminentes comicios. Porque no debe olvidarse que las bases perredistas suelen dar serios dolores de cabeza a la cúpula del poder. Y siempre será bueno un tratamiento preventivo contra posibles insurrecciones electorales.
Pero hay más. Con el aparatoso operativo se manda un mensaje a la cúpula priista: “Nada de albergar ilusiones sobre un eventual regreso a Los Pinos. Las cabezas tienen cola. Podemos negociar todo, excepto la banda presidencial”.
Nada hay de qué sorprenderse. Siempre que un gobierno de extrema derecha llega al poder, ya no lo suelta nunca. A menos, claro está, que como en los casos de Pinochet o Stroessner, por poner los ejemplos paradigmáticos, lo disponga así Washington, harto de las malas cuentas, los horrores, el desbarajuste y el desprestigio de los subalternos.
La sucesión presidencial ya está decidida. Se ignora todavía el nombre del hombre. Pero ya se sabe bien el del partido. Igualito que en el viejo régimen que muchos creyeron muerto y enterrado con la alternancia del año 2000. Eliminado prematuramente el favorito, cualquiera puede llegar al máximo peldaño. Pero como en el viejo priato, lo central no es el hombre, sino conservar el poder. Así que, como Dante a las puertas del infierno, puede decirse a las dos o tres cabezas visibles del priismo: “Abandonad toda esperanza”. Y si no lo hacéis, la PGR y el ejército os obligarán a renunciar a ella.
Las señales son deliberadamente sibilinas, indirectas, vagas. Pero al buen entendedor, pocas palabras. Ya se gesta en la cúpula del panismo la decisión de aplicar el impuesto al valor agregado (IVA) a medicinas y alimentos, hasta hoy exentos de ese gravamen.
Por un lado, Agustín Carstens, secretario de Hacienda de Felipe Calderón dice, para empezar, que los ingresos del gobierno han sufrido o sufrirán una merma de 300 mil millones de pesos. Y agrega que para compensar esa disminución están siendo consideradas tres opciones. Una, reducir el gasto gubernamental; dos, pedir prestado; y tres, aumentar los impuestos.
¿Y cuál es el impuesto más fácil de establecer en la ley y también más fácil de cobrar? Pues el IVA, naturalmente. De ese gravamen no es fácil escaparse. Y sólo consiguen zafarse de él las grandes empresas. De modo que el IVA en alimentos y medicinas se vislumbra como una lámpara de Aladino capaz de sacar de sus apuros económicos al gobierno panista.
Gravar alimentos y medicinas con el impuesto al valor agregado no impediría, desde luego, que Carstens y su equipo se sirvan de las otras dos opciones, y que reduzcan el gasto, digamos en educación, salud e infraestructura, y que, adicionalmente, contraten más deuda, al fin y al cabo que ellos no tendrán que pagarla.
Pero no hay comparación entre gravar con el IVA alimentos y medicinas y las otras dos opciones. La primera es una fuente generosa, generosísima, de dinero. Carstens y sus cuates se han de estar relamiendo los bigotes. Dinero, mucho dinero. Y fácilmente conseguible. Sólo hace falta un acuerdo en el Congreso de la Unión entre panistas, priistas y la parte podrida del PRD, es decir, los Chuchos y los Amalios.
Nomás es cosa de imaginarse el botín: 15 por ciento sobre las compras totales de comida y medicamentos. ¡Una fortuna! ¡Un Potosí! Cien millones de mexicanos pagando 15 centavos por cada peso que gasten en alimentos y medicinas. Que un kilo de frijol, que un kilo de arroz, que un kilo de lentejas, que dos aspirinas, que un antiácido, que un jarabe para la tos. Y todo esto multiplicado por cien millones de consumidores todos los días.
Así que a dejar de preocuparse. Ese “hoyo” de 300 mil millones de pesos en los ingresos del gobierno panista de los que habla Carstens se cubrirá sobradamente con el IVA en alimentos y medicinas. De modo que a trabajar. A convencer a los mexicanos de que ese gravamen es lo que le conviene a la patria. Además, quién se puede oponer. ¿La iglesia romana?, ¿el ejército?, ¿las cúpulas empresariales?, ¿los sindicatos charros?, ¿Elba Esther Gordillo?
Quizás el único que se oponga sea López Obrador. Y acaso lo haga sacando a la gente a las calles a protestar. Y puede que sean muchos los protestantes. Porque serán millones y millones los afectados con el nuevo gravamen. Y ya se sabe que duele más una patada en el bolsillo que una patada en los bajos.
¿Habrán calculado Carstens y su equipo la posibilidad y la magnitud de las inconformidades y protestas? Sí, claro. Por eso el mismísimo don Agustín dice que hay que esperar hasta después de las elecciones del inminente 5 de julio. Porque cabe esperar que con la inestimable ayuda del IFE sean mayoría en el Congreso de la Unión priistas, panistas y Chuchos. Y así todo quedaría bien planchadito para dar el zarpazo del nuevo IVA.
Mas posponer el golpazo no garantiza que no haya protestas. Sólo garantiza que éstas no se den de aquí a los comicios. ¿Y luego? Pues ya veremos. Y parece que la ineptitud gubernamental, la corrupción panista, la crisis económica preexistente, el ya bien maquinado fraude electoral y el IVA en alimentos y medicinas pueden formar un coctel muy explosivo. Aunque quizá Carstens diga: “No va a pasar nada”.
Frente a la amenaza de un virus desconocido que podía provocar una epidemia de decenas de miles de infectados y algunos millares de muertos, las autoridades sanitarias y educativas decidieron correctamente, sensatamente, inteligentemente suspender las actividades educativas, gastronómicas y recreativas. Y, así, mandaron a su casa a decenas de millones de estudiantes, maestros, funcionarios, empleados y trabajadores en general. Y se hizo conscientemente: sabiendo que tales medidas provocarían daños multimillonarios, sobre todo entre los sectores laborales más desprotegidos y sin ahorros para enfrentar la suspensión de actividades y la consecuente carencia de ingresos.
Ciertamente hubo críticas. Se habló de sobrerreacción, exageraciones y tremendismos. Pero es claro que en este caso el gobierno mexicano actuó con sensatez y evitó males que en su momento aparecían como cataclísmicos.
Pues con la misma inteligencia y sensatez, en aras de impedir la entrada del virus de la nueva influenza a Cuba, el gobierno de la isla determinó la suspensión temporal de los vuelos entre Anáhuac y la isla. Y entonces a Cuba le llovieron censuras desde México. Críticas tanto más injustificadas cuanto es clarísimo que los daños económicos de la decisión cubana fueron y son infinitamente inferiores a los provocados por las decisiones en la materia del gobierno mexicano.
¿Cómo comparar siquiera las consecuencias de toda índole de la suspensión de unos vuelos (diez, cien, doscientos) que habrán afectado tanto en la isla como en México a algunos miles de personas, con la determinación mexicana que afectó a decenas de millones?
Y por lo que toca a la cuantía de las pérdidas, tampoco hay punto de comparación: poco significativas en el caso de la suspensión de vuelos frente a varios puntos porcentuales del PIB mexicano por la suspensión de actividades educativas y económicas.
Cualquier persona con dos dedos de frente entiende que resultan absurdas y del todo injustificadas las censuras mexicanas. Algo así como ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. De modo que no hay más camino que preguntarse sobre el porqué de esas críticas a todas luces fuera de lugar. ¿Pura tontería del gobierno mexicano? ¿Pura incapacidad para el manejo de las relaciones internacionales? ¿O se pretendía crear una crisis artificial que sirviera de pretexto para cancelar la acordada visita de Calderón a Cuba y, consecuentemente, la recepción del mandatario cubano en tierra azteca, es decir, la fabricación de una excusa para desempeñar la palabra empeñada?
Las de otro modo incomprensibles críticas de la cancillería mexicana a una decisión no sólo soberana, sino además sensata de Cuba fueron remachadas por el propio Calderón al decir que en virtud de la cancelación de vuelos entre la isla y México “a lo mejor ya no podría viajar” a la isla.
Cuba, como siempre, decidió no quedarse callada. Y en voz de Fidel respondió a las absurdas censuras acusando a Calderón de no haber informado a tiempo del brote de influenza hoy convertido en pandemia. El círculo se cerró. Calderón no irá a la isla y Raúl Castro no vendrá a México. Estos son los hechos, pero ¿cuáles habrán sido las motivaciones para haber creado esta crisis deliberada?
¿Una sugerencia del presidente yanqui para que la acordada visita no se realizara, a fin de amarrar aún más a México a la inamovible política de hostilidad de Washington hacia La Habana? ¿Una condición de Obama para venir a México en abril pasado? Así que una de dos. O una tontería diplomática mexicana o una orden del imperio. Pero en cualquier caso, el deterioro innegable y permanente de las relaciones entre el gobierno panista y la revolución cubana.
Como todo el mundo lo sabe, pero a veces algunos lo olvidan, para combatir eficazmente una enfermedad infectocontagiosa, existen varios instrumentos científicos. Pero debe distinguirse entre curar a un infectocontagiado y prevenir nuevos contagios.
Para el primer caso la ciencia médica cuenta con los antibióticos y los modernísimos antivirales. Se trata de terapéuticas que le devuelven la salud al enfermo. Y para el segundo caso –evitar nuevos contagios– se cuenta con las vacunas, las medidas higiénicas, la asepsia, la antisepsia, las técnicas del cerco sanitario y la cuarentena.
El cerco o cordón sanitario es el aislamiento de individuos (o comunidades) enfermos o sospechosos de estarlo, en tanto que la cuarentena es el periodo de aislamiento al que se somete a las personas procedentes de zonas o países sospechosos de infección. Es claro que en lenguaje popular pueden usarse las expresiones cerco sanitario y cuarentena como sinónimos casi perfectos.
Nada tiene de extraño, en consecuencia, que a raíz del reciente brote epidémico de un nuevo tipo de influenza en México o Estados Unidos y su conversión en pandemia, los gobiernos de muchos países hayan puesto en práctica la técnica del cordón sanitario. Y sólo una absoluta incomprensión de la necesidad de esta medida puede llevar a la censura de esos gobiernos.
Las grandes mortandades de epidemias y pandemias del pasado remoto y reciente sólo pueden explicarse por el precario estado de la ciencia en esas épocas. Ignorancia que abarcaba, desde luego y en primer término, el desconocimiento del modo en que se propagaban las enfermedades contagiosas.
Ejemplo clásico de esa ignorancia es la mortífera peste negra (o peste bubónica) que se llevó a la tumba a un tercio de la población de la Europa del siglo XIV. Y también la influenza española de principios del siglo XX que produjo 50 millones de muertos alrededor del mundo. Desde siempre, la propagación de esas patologías fue fruto de la ignorancia, las que sólo se combatían con rezos e imploraciones. Y huyendo de los sitios en que se había presentado la enfermedad, lo que contribuía a su mayor difusión. Otra habría sido la historia si entonces se hubiera sabido al menos que el aislamiento de los enfermos o de las poblaciones afectadas podía contribuir al control y contención de las epidemias.
Quizá los críticos de las medidas del cordón sanitario tomadas por el gobierno de México y los de otros países desconocen o han olvidado esas trágicas lecciones de la historia. Pero esa ignorancia o ese olvido tienen remedio. Son abundantísimas y muy accesibles las fuentes científicas que documentan la imperiosa necesidad del cordón sanitario en casos de epidemia o de sospechas de ella.
Consecuentes con el conocimiento científico actual, los gobiernos de China, Cuba y Argentina, entre otros, actuaron certeramente en defensa da la salud de sus respectivas poblaciones. Y esto en cuanto a las relaciones internacionales. Pero en lo interno, igualmente procedieron con acierto el gobierno federal, el del Distrito Federal y los de algunos estados.
Hoy, a toro pasado, y sabiendo que la nueva cepa de influenza no es tan mortífera como lo han sido otras a lo largo de la historia, algunos pueden censurar los supuestos excesos, las presuntas sobrerreacciones, la pretendida paranoia. Pero lo cierto es que en lo futuro, frente a algún nuevo brote epidémico de cualquier patología, será inevitable acudir a la cuarentena.
Y esto a pesar de las pérdidas económicas, casi siempre cuantiosas, fruto del cerco sanitario por la suspensión de las actividades económicas, incluso las fundamentales. Porque desde siempre y por siempre, entre la bolsa y la vida no hay disyuntiva razonable.
Si, como dice cualquier diccionario, pandemia es una epidemia que se ha extendido a muchos países, entonces no hay duda de que la presente epidemia de influenza se ha convertido en una pandemia. Algunas de esas naciones en que ya se han dado casos confirmados de gripe (o influenza) son Estados Unidos, México, España e Inglaterra. Pero son muchos otros los países en que se sospecha fundadamente que ha llegado el virus productor del flagelo: Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur e Israel.
Ocurre, sin embargo, que en México ha habido 159 fallecimientos, en tanto que en las otras naciones la mortalidad ha sido nula o casi nula. Esta disparidad en el número de fallecimientos obliga a inquirir sobre las razones de este comportamiento verdaderamente atípico en una pandemia.
Hace unas cuantas horas, Manuel Camacho Solís, personaje público bastante conocido, contó a los lectores del diario en el que semanalmente escribe un artículo, su propia experiencia como víctima de una infección de influenza. Y pienso que de la lectura de ese texto se puede extraer la razón del dispar comportamiento de la mortalidad por esta patología, a la que se ha dado en llamar influenza o gripe porcina.
Camacho cuenta que comenzó a sentirse enfermo y a sufrir fiebre de más de 38 grados, escalofríos y total inapetencia; que ese malestar se prolongó por 24 horas; que esa persistencia lo decidió a inyectarse un antibiótico potente con el cual no mejoró; que la continuación más o menos agravada de los síntomas lo condujo al consultorio de un médico muy calificado en el hospital Inglés; que este facultativo le diagnosticó de inmediato influenza; que en seguida se llamó a un neumólogo; que éste ordenó una serie de estudios: pruebas de sangre, radiografías, tomografía, suero, medición de la capacidad respiratoria (la que había descendido a sólo el 50 por ciento); que inmediatamente le prescribieron un antiviral; y que, finalmente fue internado en una sala de terapia intensiva en la que recibió más tratamiento antiviral en combinación con medicamentos antibacterianos.
Cuenta el ex regente de la ciudad que el especialista a cargo del tratamiento le dijo ante una evidente mejoría del cuadro infeccioso: “Empiezo a estar más tranquilo. El antiviral es una maravilla, pues en sólo 12 horas ya está haciendo efecto”.
La breve historia terminó felizmente: Manuel Camacho salvó la vida. Contó con todos los recursos de la ciencia necesarios en este tipo de casos: médicos, medicinas, atención hospitalaria eficiente y a tiempo y estudios de laboratorio. Me parece que los 159 fallecidos de influenza en los hospitales públicos mexicanos no contaron con los mismos recursos que, afortunadamente, a Camacho le salvaron la vida y le devolvieron la salud.
Así que, como enseñaba el viejo Karl Marx, la base de toda situación social es la economía. Mientras que en países ricos la mortalidad por influenza es nula, en una nación pobre como México la gente muere por falta de atención médica, y no propiamente por causa de la patología de que se trate.
Y si a la pobreza innegable de nuestro país le agregamos el abandono en que las políticas económicas neoliberales han sumido a las instituciones de salud públicas, la explicación de los distintos comportamientos de la mortalidad por influenza que vemos entre México y las naciones ricas se hace más clara y contundente.
“Infancia es destino” –decía el sabio mexicano Santiago Ramírez–. Y posición económica y social también –podríamos agregar nosotros–. Pero la diferencia de fortunas puede salvarse mediante un buen sistema de salud pública y de seguridad social. A todos nos convendría no olvidarlo en las presentes circunstancias. Y tampoco en lo futuro.
En una entrevista que le hizo un diario capitalino el lunes 20 de los corrientes, Jacqueline Peschard, flamante presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), dijo que esa institución debe alcanzar la plena autonomía. Y que tal cosa podría darse si en vez de que el jefe del Ejecutivo Federal nombre a los comisionados (palabra ésta para designar a los mandamases), lo haga el Senado de la República, como acontece ya en el Instituto Federal Electoral (IFE).
Pero autonomía, como en el IFE, para qué, podría preguntarse cualquier ciudadano. Y podría contestársele: pues para que los comisionados del IFAI, como los consejeros del IFE, puedan aumentarse de modo escandaloso sus salarios sin que nadie pueda objetar o impedir tal abuso.
La plena autonomía del IFAI también serviría, como en el caso del IFE, para que la institución a cargo de Peschard pueda mejorar lo hecho hasta ahora en materia de ocultamiento deliberado de información que debería ser pública.
¿O es acaso un secreto que el IFAI ha sido y es la tapadera de los grandes actos de corrupción de la cúpula gobernante? ¿Ya sabe la sociedad quiénes fueron los compradores-beneficiarios de las millonadas de dólares que hace apenas unas semanas puso a la venta el Banco de México?
Sin autonomía o con ella, la naturaleza del IFAI no habría de variar mucho. Como no varió mucho en el caso del IFE sin autonomía y el IFE autónomo. En ambas situaciones, el órgano electoral actuó como agente del gobierno para dar cobertura legal a unos comicios plagados de irregularidades, compra y venta de votos mediante dinero público, torcimiento de la voluntad popular y faltas flagrantes a la ley electoral, a otras muchas leyes y a la propia Constitución General de la República.
Y Peschard sabe de lo que habla. Ella fue miembro destacado de la pandilla de funcionarios del IFE que hundió a esta institución en el descrédito y la mala fama. Gracias a doña Jacqueline, entre otros y otras, hoy el IFE es una institución con tan mala fama pública como, por ejemplo, la Procuraduría General de la República, el sistema de aduanas y las diversas policías.
Ahora, el gobierno al que sirvió tan dócilmente le paga sus servicios y le entrega otra mina de oro. Pero deberá probar que es digna de la nueva muestra de confianza gubernamental. Deberá proseguir y mejorar (si se puede) las sucias prácticas de que se vale el IFAI para ocultar la información que debería ser de conocimiento público.
Ya lo he dicho antes: el IFAI es una institución experta en hacer dar vueltas al ciudadano, en cansarlo, en aburrirlo, en torearlo, en mandarlo de aquí para allá, en el típico “mejor regrese mañana”, en el manido “le hace falta una copia”, en el sabido y manido “su documento no viene sellado”, en el perverso y prepotente “y hágale como quiera”.
Mas no sólo en la práctica el IFAI escamotea, niega y oculta información al ciudadano. Desde su propia doctrina se han creado instrumentos pretendidamente jurídicos para que nadie conozca lo que todos deberíamos conocer, como son los casos emblemáticos, por negativos, de la llamada “información reservada”, la “información clasificada” y de otros mecanismos institucionales, pervertidamente legales, destinados al ocultamiento deliberado e institucionalizado.
De modo que la autonomía del IFAI con la que amenaza Peschard sólo serviría, como en el caso del IFE, para ahondar en la simulación democrática, en la conversión de ese desacreditado órgano gubernamental en una más grande y autónoma fuente de sueldazos, bonificaciones, comilonas y viajes de ensueño. Con autonomía o sin ella, el IFAI puede cumplir, como ya lo hace, con sus tareas de simulación democrática y de tapadera de la gran corrupción gubernamental.
Convocada por la Organización de Estados Americanos (OEA), mañana sábado y pasado mañana domingo, habrá de celebrarse la llamada Cumbre de las Américas en Puerto España, capital de la isla caribeña Trinidad y Tobago. Será una reunión de los presidentes o primeros ministros de todos los países del continente, con la única excepción de Cuba.
La patria de Martí estará ausente, pues no es miembro de la OEA, organismo que en 1962, bajo el vergonzoso dominio de EU y con la sumisión y complicidad de todos los países de la región, excepto México, desde luego, expulsó a la mayor de las Antillas.
Pero si Cuba no estará presente de manera física, sí que lo estará moralmente. Y tanto, que sin lugar a dudas el cónclave cimero de Puerto España se verá absolutamente cubanizado.
Cuba se hará presente, porque en el subcontinente latinoamericano y caribeño existe un cuasi consenso en pro del fin del bloqueo económico, comercial y financiero que sobre la isla mantiene EU desde hace más de cuatro décadas. Y con base en esta posición común, ampliamente mayoritaria, se sabe que los jefes de Estado latinoamericanos y caribeños le demandarán conjuntamente al presidente estadounidense Barack Obama el fin del cruel, inmoral e ilegal bloqueo contra la isla.
También se sabe que en esa posición común latinoamericana y caribeña no participan los cinco países que fungen como peones de EU en su esfuerzo por asfixiar a Cuba. Se trata de los cinco gobiernos de derecha que todavía persisten en América Latina, y que son Perú, Costa Rica, Colombia, El Salvador y México.
En el caso de El Salvador, pronto asumirá el poder Mauricio Funes, político progresista quien ya ha declarado que en cuanto asuma el gobierno reanudará relaciones diplomáticas con Cuba. De modo que se reducirá a cuatro el número de países que no piden el fin del bloqueo o que, incluso, están de acuerdo, y hasta felices, de que prosiga.
México podría en Puerto España sumarse al conjunto de naciones que le demandarán a Obama el fin del bloqueo. Y esto, por las siguientes razones. Primeramente, porque sería una actitud congruente con el honroso historial mexicano de no injerencia de un país en los asuntos de otro y de libre autodeterminación de los pueblos. En segundo lugar, porque México ocupa ahora la Presidencia del Grupo de Río, organización multilateral que se ha pronunciado por el fin del bloqueo. Y en tercer lugar, porque de ese modo Felipe Calderón podría demostrar con hechos que en verdad pretende la plena normalización de las relaciones de todo tipo con Cuba.
Brasil y México son, indudablemente, las naciones líderes en América Latina y el Caribe. Y ya el presidente Lula ha demandado públicamente a EU el fin del bloqueo. ¿Por qué Calderón no podría hacer lo que gallardamente ya ha hecho Lula?
América Latina, el Caribe y México tienen derecho a esperar del gobierno de Calderón una postura solidaria con sus hermanos del subcontinente. Una postura clara, firme y decisiva en pro del fin del bloqueo, y no una posición tibia, pasiva, de simple compromiso, como muchos observadores y analistas han anticipado que podría ocurrir.
Proceder de esta última manera, sólo para salvar la cara, no libraría a Calderón del juicio adverso de la mayoría de sus pares latinoamericanos y caribeños. Ni del juicio condenatorio de los propios mexicanos. La tibieza y la pasividad no ayudan a construir prestigios. Al contrario, pues siempre salen raspados aquellos que quieren quedar bien con dios y con el diablo.
A la mitad de su gobierno, Felipe Calderón tiene la oportunidad de devolverle a México el prestigio, la gallardía y el liderazgo que alguna vez, no hace mucho, tuvo y mostró. ¿La aprovechará o, lastimosamente y en su propio descrédito, la dejará ir?
No digo ninguna novedad si afirmo que en el estiaje, o temporada de calor, la ciudad de México sufre tradicionalmente escaseces más o menos severas de agua. Y tampoco seré muy original si reitero lo que han dicho, a lo largo de años y décadas, los expertos en materia hidráulica: que cada día es más difícil y costoso hacer llegar el agua potable, desde sitios cada vez más lejanos, a la gran consumidora del vital líquido que es la inmensa urbe capital de la república.
Pero estos dos hechos ciertos y confirmados no alcanzan para explicar el repentino corte en el suministro de agua al Distrito Federal (DF) dispuesto por la autoridad federal en la materia, es decir, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a cargo del panista troglodita y truculento José Luis Luege Tamargo.
Es un evidente acto de guerra sucia electoral, Luege ordena cortar el suministro de agua al DF a escasos tres meses de los comicios federales para renovar la Cámara de Diputados y a los delegados políticos de la capital. Sabedor de que su partido, Acción Nacional, va a la baja política, ética y electoralmente, y sabedor de que las posibilidades de victoria de éste en el DF son nulas frente a la enorme fuerza ética, política y electoral de la izquierda aglutinada alrededor de la parte sana del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del movimiento de masas encabezado por López Obrador. Luege ha decidido poner su granito de arena para minar la fuerza electoral de la izquierda y, de paso, ver si le consigue algunos millares de votos a los candidatos de Acción Nacional a la Cámara y a jefes delegacionales.
Nada por supuesto hay de qué sorprenderse. Basta recordar que el jefe de la campaña panista hoy, como en 2006, es el experto en guerra sucia y propaganda negra, el español Antonio Solá. Y es bueno recordar, igualmente, que este nazi hispano fue en 2006 el causante de la grave fractura social que desde aquellas elecciones, severamente cuestionadas (por no decir fraudulentas), caracteriza a la nación mexicana.
Qué mejor, le habrá dicho Solá a Luege, que sabotear al gobierno de Marcelo Ebrard provocando la irritación ciudadana por la falta de agua. Total, le habrá insistido, tú, como titular de Conagua tienes la llave del abasto o del desabasto. ¡Utilízala!
Y, claro: Luege, que no tiene dos dedos de frente, individuo dogmático, cerrado y trepador, ha decidido usar esa llave maestra que tiene en las manos para generar una irritación social que no buscará quién se la hizo sino quién se la pague. Y en los cálculos de Solá y Luege, el pagano ha de ser el partido que gobierna en el DF.
Antes de las elecciones de 2006 la sociedad mexicana nunca había sido testigo y víctima de las campañas de guerra sucia y propaganda negra que puso en práctica el panismo. Los ciudadanos, sobre todo los más desinformados, no las podían reconocer. Ahora es distinto. Por eso ha sido fácil para la gente identificar el corte de agua potable al DF como un acto de guerra sucia y propaganda negra por cuenta de Luege y su asesor estrella, el español, de la peor España, Antonio Solá.
Y ya se sabe que para combatir este tipo de recursos ilegítimos, inmorales e ilegales, lo principal es ser capaces de reconocerlos cuando se presentan ante nuestros ojos. Y esto es precisamente lo que ha ocurrido con la decisión de Luege y su consejero negro, Solá, de privar a millones de mexicanos, sobre todo de los sectores sociales más pobres, del vital líquido. ¡Golpeemos, le habrá dicho Solá a Luege, a esos sectores sociales de escasos recursos que es donde se encuentra la mayor base electoral de la izquierda lopezobradorista!
Perverso y sin escrúpulos, Solá ha encontrado nuevo y generoso cliente panista. Sí, ya se sabe que el hispano cobra caro. Pero Conagua tiene mucho dinero.
El pasado martes 31 de marzo, la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que reforma la Ley de Delincuencia Organizada, para que ésta no se aplique a los movimientos sociales. O dicho en otras palabras, para que no se criminalicen las manifestaciones y protestas populares.
“Las disposiciones de la presente Ley –se dice con toda claridad y de modo inequívoco– no podrán aplicarse cuando los hechos que se investiguen tengan su origen en el ejercicio de las garantías de libre manifestación de las ideas, libertad de imprenta, derecho a la información, de asociación, de petición o de otra naturaleza similar”.
Con la nueva Ley, la Cámara de Diputados reconoce expresamente que la anterior disposición había sido usada para criminalizar las manifestaciones y protestas populares. Y al corregir semejante monstruosidad, se abre la puerta para que las personas que protagonizaron y participaron en protestas sociales y fueron detenidas, juzgadas y condenadas con la Ley ahora modificada puedan obtener de inmediato su libertad, con base en el principio jurídico que establece que las leyes siempre tendrán efecto retroactivo si es en beneficio de inculpados o reos.
Este es, concretamente el caso de los presos de Atenco y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), quienes fueron detenidos, juzgados y sancionados con base en la Ley de Delincuencia Organizada, cuando era y es palmario que se trataba de personas ajenas absolutamente al tipo penal que les fue aplicado.
Los hechos que dieron base a las monstruosas e ilegales condenas de Ignacio del Valle y sus compañeros de lucha social eran claramente movimientos sociales y populares de protesta, que no hacían sino ejercer los derechos y libertades consagradas en la Carta Magna, como son la libre manifestación de las ideas, el derecho de asociación, el derecho de petición y otras prerrogativas constitucionales vigentes.
Pero más allá de la reparación de la injusticia cometida contra Ignacio del Valle y sus compañeros atenquenses y contra líderes y militantes de la APPO, la Cámara de Diputados ha puesto un alto a los actos y afanes panistas por convertir a México en un Estado fascista en el que no cabe, so pena de sufrir bárbaras represiones judiciales, el libre ejercicio de unos derechos constitucionales fruto de largas y sangrientas luchas sociales del pueblo mexicano en los últimos doscientos años.
El justiciero acto de la Cámara de Diputados es una muestra, además, de que, ante la falta de probidad y apego al derecho por cuenta de la mal llamada Suprema Corte de Justicia de la Nación, la soberanía popular encarnada y representada en los diputados es la vía adecuada para evitar y corregir los excesos de un poder desorbitado e inescrupuloso que ve como enemigos mortales al pueblo llano y su derecho a inconformarse con ese mismo poder faccioso y elitista.
A los evidentes citados méritos justicieros, democráticos y constitucionales de las reformas a la Ley de Delincuencia Organizada, debe sumarse el mérito de la oportunidad. Porque en medio de una crisis económica que tiende a lastimar gravemente a la clase trabajadora, es apenas lógico que se multipliquen y ensanchen los movimientos populares y sociales en demanda de acciones gubernamentales, hasta hoy casi inexistentes, que palien los sufrimientos y desgracias de quienes se ven privados de empleo y, consecuentemente, de medios de vida.
Las modificaciones, verdaderas correcciones, a la Ley de Delincuencia Organizada impedirán que sean perseguidos y encarcelados quienes decidan exigir al gobierno panista, en calles y plazas, medidas económicas para impedir un mayor empobrecimiento de los eternos condenados de la tierra.
Hace dos mil años, la ciudad de Roma, capital del Imperio, se poblaba de campesinos víctimas de la ruina de la agricultura, migrantes sin más ocupaciones que la vagancia, la mendicidad y, de cuando en cuando, la conspiración contra el gobierno.
A esos cientos de miles de individuos se les dotaba, por cuenta del Estado, de pan y algunos otros alimentos, para que pudieran sobrevivir, carentes como estaban de medios de subsistencia.
Corrían los comienzos de nuestra era. Gobernaba el emperador Vespasiano, notable fiscalista y economista. Vespasiano pensó que para todos sería mejor dar empleo, y así dotar de ingresos, a los migrantes desocupados, cantera inagotable de fuerza de trabajo ociosa a la que de todos modos el Estado asignaba recursos sin contraprestación alguna.
Para ello, el emperador ordenó la edificación del Coliseo Romano. Y también de otras varias obras que hoy llamaríamos de infraestructura. El Coliseo o Circo romano se edificó entre los años 70 y 72.
De modo que dos mil años antes de la aparición en la escena histórica del brillante economista inglés John Maynard Keynes, Vespasiano había encontrado dos eficaces remedios para combatir la desocupación y los males sociales asociados a ella.
Primeramente, dotar de recursos monetarios o en especie a quienes carecían de medios de subsistencia, a fin de evitar la vagancia, la mendicidad, la delincuencia, la violencia social y, en última instancia y acaso lo más importante, los vientos de rebelión popular contra el orden establecido.
El segundo remedio consiste, como bien se sabe, en realizar obras de infraestructura capaces de generar cientos de miles de puestos de trabajo. Carreteras, refinerías, presas, equipamiento urbano, tendidos eléctricos y telefónicos, escuelas, redes de agua potable y alcantarillado son algunas de esas obras justamente célebres por su capacidad generadora de empleos, ingresos, satisfacción de necesidades y progreso social. Y sólo la ignorancia más supina o los prejuicios más acendrados impiden que la eficaz medicina sea administrada. O que lo sea de un modo más sistemático, generalizado e, incluso, permanente, es decir, tanto en la fase depresiva del ciclo industrial, cual acontece ahora mismo, como en su fase de auge o de reactivación del crecimiento de producción y consumo, lo que esperamos ocurra prontamente.
La magnitud de la actual crisis, sin embargo, ha vencido muchas y enormes resistencias a la aplicación de las medicinas ideadas por el emperador. Un ejemplo emblemático de la aplicación de la primera medida vespasiana lo tenemos en las asignaciones monetarias que el gobierno del Distrito Federal entrega, sin contraprestación alguna, a las personas mayores de 70 años, a las madres solteras, a los estudiantes de bachillerato y a personas que sufren alguna discapacidad.
Y un ejemplo, también emblemático, de la segunda medida vespasiana se encuentra en el ambicioso programa del gobierno de la ciudad de México en materia de obras públicas. Incluso podría decirse que toda la urbe se encuentra en obra.
Pero no sólo el gobierno del DF está empeñado en la realización de obras de infraestructura como medida para conservar y crear puestos de trabajo. La Secretaría de Educación Pública ha iniciado ya un programa de remozamiento de miles de escuelas públicas. Y por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional ha comenzado ya también un magno programa de construcción de obras para uso del Ejército.
Dos milenios después de Vespasiano, y acaso sin conocer su pensamiento económico, el general Guillermo Galván, Josefina Vázquez Mota y Marcelo Ebrard rinden homenaje, combatiendo el desempleo, a la sabiduría del célebre emperador romano de principios de nuestra era.
El pasado domingo, con la victoria electoral del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador, se ensanchó la lista de gobiernos progresistas en América Latina. El llamado Pulgarcito de América acompaña ahora a Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Dominicana, Ecuador, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Son once gobiernos empeñados en encontrar nuevos caminos de desarrollo, soberanía y progreso popular.
Por ello, esas elecciones revestían la mayor importancia. Estaban en juego la permanencia del partido de la derecha, el heredero ideológico, político y económico de la sangrienta dictadura que dominó El Salvador, con ayuda de EU, durante las últimas tres décadas y, consecuentemente, la posibilidad de que en el pequeño país emergiera un gobierno a tono con los nuevos tiempos de América Latina.
Pero esos hechos trascendentales no fueron, en semejante proporción, materia prima para las agencias noticiosas internacionales. Y menos aún para las grandes cadenas de televisión, como la CNN y la BBC.
¿Para qué fundar corresponsalías y desplazar equipos en busca del conocimiento y el entendimiento de los hechos, si desde un pequeño gabinete en EU o Inglaterra se puede descalificar la proeza del FMLN? ¿Para qué invertir dinero y recursos en la búsqueda de los datos duros, si se puede, desde Atlanta o Londres, desacreditar, calumniar y desestabilizar al nuevo gobierno?
Esta vez, sin embargo, hubo alguna diferencia con la cobertura televisiva. Una gran cadena hizo acto de presencia en aquellos comicios. Telesur estuvo presente con dos equipos periodísticos y una antena de transmisión en vivo. Y su cobertura fue mucho más amplia y más comprometida con el conocimiento y comprensión del significado de esas importantísimas elecciones.
Y esto apenas es lógico. Telesur es un nuevo fenómeno de la comunicación no sólo en Latinoamérica, sino en todo el planeta. Para empezar, se trata de una empresa multiestatal, con sede en Caracas, promovida y de la que forman parte siete de los once países de la región con gobiernos progresistas: Venezuela, Argentina, Cuba, Uruguay, Nicaragua, Bolivia y, recientemente, la República Dominicana.
Estos hechos, bastante conocidos en México me fueron recordados, durante su visita a México, por Andrés Izarra, un joven filósofo, economista y político venezolano que tiene sobre las espaldas la ingente tarea de dirigir los destinos de Telesur. Pero Izarra sacó de su bagaje informativo muchos datos más.
Dijo, por ejemplo, que Telesur está concebido como un canal de integración latinoamericana y que su señal es gratuita. “Nosotros, sostuvo, transmitimos las 24 horas. Y llegamos a Europa y el norte de África a través de dos satélites: el Astra y el Hispasat. En México tenemos tres años con una corresponsalía con tres reporteros: uno de deportes y dos para cubrir los eventos noticiosos. Y se podrá comprender, señaló, que no es lo mismo ver a América Latina desde Atlanta o Londres que ver a América Latina desde la propia América Latina. Y esta es la intención de Telesur: ver a los latinoamericanos con sus propios ojos y desde su propio proceso”.
Andrés Izarra, que fue agregado de prensa en la embajada de Venezuela en Washington y ministro de Comunicación e Información de su patria, dijo también que “en México estamos haciendo un esfuerzo extraordinario por ampliar nuestra distribución. No ha sido tan fácil entrar en el mercado mexicano por la situación monopólica que, como ustedes conocen, impera. No nos ha sido fácil ni por cable ni por los satélites. Y sólo estamos en el canal público del estado de Coahuila”.
¿Podremos pronto ver Telesur en todo México? Eso, dijo Izarra, sólo el tiempo lo dirá.
Poco a poco y al paso de los días se van conociendo detalles que pueden ayudarnos a saber cuáles fueron las razones de la destitución de Carlos Lage y de Felipe Pérez Roque, hasta hace unas cuantas horas altos dirigentes de la revolución cubana e incluso considerados, dentro y fuera de la isla, como los sucesores naturales de la dirigencia histórica del proceso iniciado con el asalto al Moncada el 26 de julio de 1953.
Aquí van algunos de esos detalles esclarecedores. En un artículo publicado bajo la firma de Néstor Martínez Cristo en el diario La Jornada, el lunes 9 de marzo pasado, el autor contó a sus lectores una anécdota de la que, se entiende, fue testigo presencial:
“En uno de los salones del recién inaugurado hotel Meliá Cohiba, orgullo de la apertura comercial cubana de entonces, Lage se regodeaba ante los senadores mexicanos. Con sorprendente vehemencia, decía que esa apertura representaba algo así como la salvación económica para Cuba. Instantes después y fuera de agenda, apareció Fidel Castro. Luego de saludar, pidió a Lage que continuara su disertación. Pero ahora Lage era otro. Cambió radicalmente su discurso. La apertura comercial ya no representaba la única salvación para los cubanos. La apertura, decía, era un proceso que se llevaba a cabo con enorme cuidado”.
Por su parte, Juan Balboa, corresponsal de Proceso en La Habana, nos ha contado lo siguiente: “Diplomáticos y empresarios consultados coincidieron en que Lage tomó decisiones importantes sobre programas económicos que beneficiaban a empresarios o gobiernos extranjeros, y que lo hizo sin consultar con sus superiores”.
En cuanto a Pérez Roque, los indicios son menos claros. Pero, de cualquier forma, Balboa ha referido que el hoy ex canciller había iniciado por iniciativa propia contactos con personeros del nuevo gobierno de EU.
Conociendo estos hechos, y en vista de la drástica medida tomada por la dirigencia de la revolución, no hace falta mucha perspicacia para entender que Carlos Lage pensó que en la vuelta a la economía de mercado estaba el futuro de Cuba. Que Lage había iniciado, primero tímidamente y luego con mayor empuje, el camino de la restauración capitalista. Que había decidido iniciar una particular perestroika caribeña. Y que en este propósito suicida para la revolución, Lage iba acompañado por Pérez Roque y un equipo de perestroikos.
Dicho en otras palabras, el pensamiento y la política económica de Lage y sus correligionarios se habían tornado contrarias al socialismo. Y por ello sus actos no pueden ser calificados como errores. Y si bien esa fue la inicial calificación que la dirigencia de la revolución dio a ambos casos, el altisonante rechazo que la derecha y el imperialismo expresaron sobre las dos destituciones obligó al mismísimo Fidel a calificar a los destituidos con palabras mucho más claras, categóricas e inclementes: “La miel del poder por el cual no conocieron sacrificio alguno, despertó en ellos ambiciones que los condujeron a un papel indigno. El enemigo externo se llenó de ilusiones con ellos”.
Ya desde su célebre discurso en la Universidad de La Habana Fidel había dicho que la revolución podía ser destruida desde dentro. Y, verdaderamente, la única manera de que la revolución cubana podría ser destruida desde dentro, como pasó hace dos décadas en la hoy extinta Unión Soviética, es el tránsito de la propiedad colectiva a la privada: la vuelta a la economía de mercado.
No tengo duda de que en esas andaban los dos defenestrados. Como tampoco la tengo de que con esas dos deshonrosas destituciones fue descabezada en Cuba una poderosa corriente contrarrevolucionaria, pro capitalista y restauradora de la propiedad privada y del mercado.
Cuba es una pequeña isla del Caribe con un territorio de casi 111 mil kilómetros cuadrados. De modo que, en números redondos, el territorio de México es casi 20 veces mayor que el de la patria de Carpentier. Y por lo que toca a la población, los once millones de habitantes de la isla representan sólo la décima parte de la población mexicana.
Tampoco el peso económico y político de Cuba es significativo en el plano mundial. Y si bien la pequeña ínsula posee un poderío militar capaz de disuadir a la gran potencia imperialista de una agresión bélica directa, militarmente la isla no constituye una potencia que justificara una particular atención mediática mundial.
¿Por qué, entonces, siempre está Cuba en el ojo del huracán de los grandes medios, casi todos de derecha, y muy principalmente de los monopolios que son las agencias de noticias del imperialismo?
Un cambio de ministros es una cosa común en todas las naciones. Merece, normalmente, una pequeña nota en la sección internacional de cualquier medio de comunicación. Pero si se trata de Cuba, la noticia le da la vuelta al mundo y genera todo tipo de interpretaciones o previsiones, aun las más descabelladas.
Una caída de Fidel Castro que tiene como consecuencias una fractura de la rodilla es noticia de alcance mundial. Aunque se trate, como es obvio, de un asunto de cuantía menor. Hace muy poco, la información sobre la fractura del hombro que sufrió Felipe Calderón en un accidente de bicicleta no pasó de ser sólo una nota anecdótica de muy relativa importancia nacional.
Y la destitución, hace tres días, del ministro de Comunicaciones y Transportes de México ha sido, igualmente, una cuestión bastante menor si es juzgada en términos internacionales.
Normalmente, una destitución como la de Luis Téllez o las de Felipe Pérez Roque y Carlos Lage sólo puede obedecer a una de tres razones: ineptitud, deslealtad o falta de honradez. Una de éstas fue, sin duda, el motivo de la destitución de Téllez, Lage y Pérez Roque. El caso de Téllez se explica por su evidente ineptitud para arbitrar equilibradamente los poderosos y feroces intereses que, antagónicos, concurren en la industria de las telecomunicaciones.
De Pérez Roque y de Lage no se ha insinuado la menor deshonestidad. Y es claro que se trataba de personas muy eficientes en el desempeño de sus funciones. De modo que sólo queda una causa de su salida del primer círculo del poder: la deslealtad. Y la peor modalidad de ese vicio: la deslealtad a una causa en la que todos suponíamos creían firmemente.
El caso de Pérez Roque y Lage había dado pie para toda clase de especulaciones sobre el significado de las destituciones. La mayoría de ellas hablaba de una ruptura entre Fidel y Raúl. De una divergencia sobre el rumbo del proceso revolucionario. De cierta ortodoxia fidelista frente a un deseado incremento en el uso de los mecanismos del mercado por cuenta de Raúl.
Frente a esas interesadas interpretaciones, el propio Fidel puso los puntos sobre las íes: “No se ha cometido injusticia alguna con determinados cuadros. Ninguno de los dos mencionados por los cables como más afectados pronunció una palabra para expresar inconformidad alguna. No era en absoluto ausencia de valor personal. La razón era otra. La miel del poder por el cual no conocieron sacrificio alguno, despertó en ellos ambiciones que los condujeron a un papel indigno. El enemigo externo se llenó de ilusiones con ellos”.
Así que nada de ruptura entre Fidel y Raúl. Nada de divergencias en la dirección de la revolución. El injustificado revuelo mediático sobre la pequeña isla tendrá que circunscribirse a un doble caso de deslealtad, y no al incumplido anhelo de la derecha y del imperialismo de ver fracturada a la dirigencia de la revolución.
Según cifras de la Organización Mundial de la Salud y de las autoridades sanitarias de la patria de Cervantes, España es el país líder en la Unión Europea en el consumo de cocaína, y el cuarto lugar en el uso de marihuana, anfetaminas y éxtasis. De modo que no es un secreto que suman muchos millones los españoles adictos a las drogas.
Pero el elevado y creciente consumo de drogas ilegales no es un problema privativo de la antigua Hispania romana. Casi lo mismo o una cosa muy parecida acontece en el resto de Europa. Y si España es la “puerta de entrada” de estupefacientes extracontinentales a Europa, el Viejo Mundo es también un calificado y eficiente productor de drogas. Se sabe bien, por ejemplo, que el Reino de Bélgica y los Países Bajos son los principales productores europeos de anfetaminas y éxtasis.
Quien ha visitado España en los últimos treinta años sabe perfectamente que en la patria de don Quijote corren como ríos la heroína, la cocaína y la cannabis. Y que el consumo de estas sustancias se realiza del modo más desenfadado: en calles, plazas y reuniones sociales. Y que entre los consumidores habituales se encuentran lo mismo jovencitos y jovencitas de trece años que otros jóvenes, personas maduras y hombres y mujeres de edades mayores.
Llama la atención, sin embargo, que en España y en el resto de Europa no se produzcan los bárbaros actos de violencia criminal que se dan en México. En el Viejo Continente no participan las fuerzas militares en el combate al narcotráfico. Ni se sabe de una escalada, semejante a la mexicana, de levantones y ejecuciones de los rivales en el negocio. Ni existe la macabra costumbre de las decapitaciones de los competidores. Ni tampoco se realizan ataques armados a cuarteles castrenses o estaciones policiales. Ni se dan tampoco las balaceras, estilo el Chicago de “los fabulosos veintes”, en las calles, plazas y centros comerciales que ocurren a diario en las ciudades mexicanas. Ni se sabe tampoco de la detención de grandes capos del narcotráfico a los que un poco más adelante se les permite escapar por la puerta principal de alguna cárcel de alta seguridad.
Nada de esto ocurre en España y en el resto de la Unión Europea. Y ello a pesar de que en el Viejo Mundo, como en México, son ilegales la producción y el tráfico de sustancias psicotrópicas. Y frente a esta situación, se hace imprescindible preguntarse por qué en Europa el combate al narcotráfico no produce los maremágnum de violencia, sangre y muerte que se presentan en México.
¿Qué hacen en España y en Europa que no se hace México a la hora de enfrentar el problema de la producción, tráfico y consumo de sustancias psicotrópicas? ¿Qué hacen los españoles y los otros europeos en el combate al narco que no produce los ríos de sangre y las montañas de muertos que se producen en México?
Algo, sin duda, han de estar haciendo. O algo, indudablemente, están dejando de hacer. ¿No sería bueno que los encargados en México del combate al narcotráfico les preguntaran a los europeos cuáles son sus metodologías para combatir el narcotráfico sin producir balaceras, levantados, decapitados y ejecutados al por mayor?
¿No sería bueno que los titulares de Gobernación, Seguridad Pública, Marina, Defensa Nacional y Procuraduría General de la República se asesoraran en España o en cualquier otro país europeo sobre los métodos, evidentemente exitosos, como se ve, de combatir el narcotráfico sin los mortales, sangrientos y catastróficos efectos secundarios que día con día padecemos los mexicanos?
Pero con esa asesoría española o sin esa asesoría, es urgente aplicar en México el modelo español de combate al narcotráfico. Un modelo que permite combatir a los capos de la droga sin producir carretadas de muertos.
El 28 de octubre de 1982, Felipe González Márquez fue elegido presidente del gobierno español. Su mandato terminó el 22 de junio de 1986. De modo que jefaturó la administración hispana tres años y ocho meses. Pero como la Constitución española no prohíbe la reelección, González se presentó como candidato para un segundo periodo presidencial. Habiendo resultado victorioso en esta segunda oportunidad eleccionaria, fue de nuevo presidente desde el 22 de junio de 1986 hasta el 29 de octubre de 1989. Así que su segundo periodo presidencial duró tres años con cuatro meses.
Sumados ambos periodos, la estancia de González en el Palacio de la Moncloa se prolongó por siete años. Pero como la Carta Magna hispana no establece ningún límite al número de posibilidades para que el presidente del gobierno se postule a la reelección, Felipe González se presentó por tercera ocasión a unos comicios presidenciales. Y como volvió a ganar el proceso electoral, ocupó nuevamente el Palacio de la Moncloa del 29 de octubre de 1989 al 6 de junio de 1993. Este nuevo mandato fue de tres años con ocho meses. Y sumados los tres periodos, el andaluz ocupó la presidencia de su país por diez años y ocho meses.
Pero la cosa no paró ahí. González calculó que podía ganar otra vez unas elecciones presidenciales, y se postuló para un cuarto mandato. Éste se prolongó del 6 de junio de 1993 al 3 de marzo de 1996. Este cuarto mandato y tercera reelección sumó dos años y siete meses. Y sumados los cuatro periodos, la cuenta del carismático sevillano acumuló 13 años con casi cinco meses.
El término de su cuarto mandato llegó acompañado de un enorme desprestigio de González y su gobierno. Persona e institución fueron acusados pública y sólidamente de graves actos de corrupción. De corrupción en pos de dinero negro, de dinero ilegal.
Juan Guerra (Guerrita) era el vicepresidente, hombre de confianza y testaferro de González para los negocios sucios. La corrupción de éste y su gobierno no paró, sin embargo, en los negocios sucios al amparo del poder público. Durante sus mandatos, González realizó diversos actos de guerra sucia. Empleó a las fuerzas policiacas y militares del Estado para reprimir ilegalmente al movimiento independentista Patria Vasca y Libertad (ETA), mediante secuestros, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Un simpático andaluz emulando a los escuadrones de la muerte de los criminales Augusto Pinochet y Jorge Rafael Videla.
De modo que no fueron las leyes españolas, que no limitan la reelección, las que le impidieron a González presentarse como candidato a un quinto periodo. Fue su monumental desprestigio y el destape público de su guerra sucia contra ETA lo que obstruyó el paso del sevillano a una cuarta reelección.
Consideré oportuno recordar todo esto a propósito del triunfo de Hugo Chávez en el referendo para modificar la Constitución venezolana a fin de permitir la reelección ilimitada de todos y cada uno de los cargos de elección popular. Con el triunfo del “si”, Venezuela se colocó en el grupo de países (como España y 16 naciones más de la Unión Europea) en que la reelección presidencial no tiene límites temporales.
¿Por qué, entonces –me pregunto–, se ha satanizado internacionalmente la decisión soberana del pueblo venezolano para permitir a su presidente y a cualquier ciudadano hacer lo que 17 naciones de la culta y civilizada Europa hacen sin que nadie las censure?
¿No es un acto de la más vulgar hipocresía condenar en un país pobre de América Latina lo que se hace en muchas naciones ricas? ¿Será, simplemente, que lo que en los ricos es virtud en los pobres es vicio? ¿Por qué lo que está bien en unos está mal en otros? Que alguien, si puede, nos diga por qué.
En un artículo reciente publicado en las páginas de The New York Times, Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, dijo (palabras más, palabras menos) que a pesar de su aparente complejidad, es bastante simple la explicación de la actual crisis económica mundial.
Ésta, como todas las crisis que la antecedieron a lo largo del último siglo y medio, se caracteriza por un largamente larvado desequilibrio entre la producción total y el consumo total de un país (una región o un continente). Y esto es así, porque la moderna producción capitalista supera siempre con creces la capacidad de consumo de la sociedad. Dicho esto mismo en palabras de economista, podría expresarse como un desequilibrio entre la oferta y la demanda totales de bienes y servicios.
Y esto es exactamente lo que está ocurriendo en México en estos momentos. Por ello la salida a la crisis consiste en restablecer el equilibrio perdido entre oferta y demanda, es decir, entre producción y consumo.
¿Y cómo puede lograrse tal cosa? Pues incentivando el consumo, haciendo crecer el consumo. Pero la magnitud del consumo depende de la magnitud del ingreso de las personas. Y éste, en lo general, depende a su vez de que la gente tenga o mantenga un empleo. De modo que, lógicamente, la salida a la crisis o, al menos su contención, depende de la conservación y el crecimiento del número de empleos o puestos de trabajo.
Parafraseando la famosa frase de campaña de William Clinton, podría decirse: “Es el empleo, estúpido”. Crear y conservar los empleos es, como enseña la historia económica del último siglo y medio, la manera de atemperar las crisis económicas.
Y esto es lo que se consigue con los programas de obras públicas, como construcción y mantenimiento de carreteras, escuelas, vialidades urbanas, refinerías, redes de agua potable y alcantarillado, etc. El gasto público es un detonante del empleo y, consecuentemente, del ingreso y del consumo. Esto es lo que están haciendo ahora mismo, por ejemplo, el gobierno del DF y la Secretaría de Educación Pública. Y también la Secretaría de la Defensa Nacional, la que ha iniciado un ambicioso programa de obras para uso del Ejército.
No siempre, sin embargo, puede incrementarse el ingreso por la vía del empleo. Frente a esta situación, se cuenta con el expediente de la asignación directa de ingresos a personas y familias. Es el caso, paradigmático, de la pensión a los adultos de más de 70 años en el DF. Y es el caso, asimismo, de las becas a estudiantes de los diversos niveles educativos, incluida la preparatoria. Y es el caso igualmente de las asignaciones a madres solteras y personas discapacitadas, medidas en vigor también en la capital de la república.
De este catálogo de probadas medidas anticrisis falta mencionar la más importante: el seguro del desempleo. Es cierto que ya existe de un modo incipiente en el DF. Pero la crisis económica no es exclusiva de la ciudad de México. Se trata de una crisis nacional que exige soluciones nacionales.
Habrá quien diga que éstas son medidas keynesianas. Y así es, ciertamente. Pero más allá de las etiquetas, habría que reconocer que cuando Calderón y Carstens anuncian reformas legales para que los trabajadores desempleados puedan disponer de sus fondos de ahorro y de retiro de modo inmediato, lo que están haciendo es reconocer la pertinencia del aumento de los ingresos de la gente como medio para evitar el colapso del consumo.
Empleo, obra pública, gasto público, reducción de tasas impositivas y asignaciones monetarias directas a desempleados, ancianos, estudiantes, discapacitados, tales son las medicinas capaces de restablecer el equilibrio perdido entre producción y consumo, es decir, las medicinas para la superación de la crisis que nos golpea y amenaza a todos.
