Nadie puede negar la nobleza de las causas ambientales, de los propósitos verdes, de las tareas ecologistas. Pero nadie puede afirmar que tales afanes y actividades se encuentren representados en nuestro país por el Partido Verde Ecologista de México.
En rigor, el Verde, más que un partido, es un membrete. Una organización cupular creada y usufructuada por una caterva de aventureros y negociantes de la política. Un grupúsculo sin militantes. Y peor todavía: un organismo comercial dominado y regenteado por una misma familia.
El Partido Verde es el clásico ejemplo del oportunismo político. Y ya se sabe que la mayor desgracia de todos los oportunistas es que nunca son oportunos.
Nacido como organización oportunista, sin fuerza propia, el Verde pronto se convirtió en esa lacra de la política que son los partidos paraestatales. Membretes de alquiler prestos a servir al mejor postor. Y salvo sus dueños y beneficiarios, resulta muy difícil, por no decir imposible, encontrar personas u organismos capaces de emitir una opinión positiva del Partido Verde o un juicio favorable sobre sus dirigentes, los autollamados “niños verdes”.
En su corto devenir histórico, el Partido Verde ha sido aliado o compañero de viaje tanto del Partido Revolucionario Institucional como del Partido Acción Nacional. Pero se ha tratado, en ambos casos, de un aliado incómodo y desacreditado.
Ahora, y de cara a las elecciones federales de este año, el Partido Verde vuelve a mostrar su carácter oportunista e inconsecuente, al proponer la pena de muerte para secuestradores y asesinos.
Se trata de una propuesta oportunista, porque se monta en el legítimo malestar social con el crecimiento del delito de secuestro. Y es inconsecuente, porque es clara la contradicción entre la filosofía ecologista y la privación de la vida a cualquier ser humano.
El nacimiento y desarrollo del Partido Verde es una muestra evidente del atraso del sistema político mexicano. Un sistema que procrea, alienta y protege a organizaciones de la más baja condición ética y política.
En México, como en todo el planeta, se vive una profunda y peligrosa crisis ambiental. Pero suman millones y millones de personas alrededor del mundo que se preocupan por este problema y que actúan, cada quien en el ámbito de sus posibilidades, por atemperar ese grave peligro para la propia existencia de la vida en la Tierra.
Y si bien en México se cuenta con la voluntad y la acción ecologista de muchas personas y organizaciones, la verdad es que en materia ambientalista no existe ninguna organización con peso político significativo.
Es por eso muy lamentable que el único partido político que se ostenta como ecologista viva en una permanente crisis de credibilidad, y en medio de constantes y bien fundados señalamientos públicos de carencia de ética, ausencia de vocación democrática y abundancia de actos de corrupción.
Frente a este panorama, cualquiera podría decir que ni la sociedad mexicana ni la causa ecologista se merecen un partido político que, llamándose Verde y Ecologista, se encuentra tan lejos de la filosofía y de la práctica ambientalistas. En rigor, en las antípodas del ambientalismo.
A lo largo de décadas, la élite política y económica mexicana ha manifestado su simpatía por los candidatos republicanos a la Presidencia de Estados Unidos. Y, por su parte, la élite intelectual ha mostrado sus preferencias por los abanderados demócratas. Y la campaña presidencial estadounidense de 2008 no fue una excepción a este comportamiento histórico de las élites mexicanas.
Pero lo que resulta comprensible en el caso de la cúpula económica y política no resulta tan entendible en el caso de la intelectualidad. Que la extrema derecha mexicana exprese su simpatía con la extrema derecha estadounidense, representada por el Partido Republicano, es apenas lógico. Pero que la intelectualidad, es decir, la gente pensante, tenga simpatías por un candidato demócrata, resulta incomprensible, pues no existen datos históricos que permitan establecer que la relación bilateral México Estados Unidos ha sido mejor o menos mala con un presidente demócrata que con uno republicano.
La experiencia histórica enseña sobradamente que los colores partidarios no significan nada a la hora de establecer y ejecutar el trato de la Casa Blanca hacia México y los mexicanos. Así que esperar una mejor relación México Estados Unidos con el presidente Obama no pasa de ser una entendible pero injustificada ilusión.
Un negro en la Sala Oval representará, ciertamente, un avance mayúsculo en la vida social, cultural y política de la Unión Americana. Y es que de manera lenta pero inexorable, en Estados Unidos ha ido perdiendo fuerza social y política la abominable práctica de la segregación racial.
Pero la evidencia empírica revela que, salvo algunas excepciones, como la política de integración racial con John F. Kennedy, en la política doméstica estadounidense no influye decisivamente el personaje que ocupe la Casa Blanca. Y toda la historia de Estados Unidos demuestra que en política exterior, ni los colores partidistas ni el pensamiento menos cavernícola de algún mandatario son garantía de menor belicosidad y afanes de dominación y explotación del resto del mundo.
¿Por qué, entonces, cabría esperar una mejor relación México Estados Unidos en la era Obama? ¿Por que es demócrata, joven y carismático, como John F. Kennedy? ¿Por que es de piel oscura? ¿Por que es un hombre sobrio e ilustrado y no un alcohólico analfabeto como George W. Bush?
Manuel Gómez Morín, fundador del Partido Acción Nacional y uno de los llamados siete sabios del México moderno, pronunció alguna vez esta frase lapidaria y aleccionadora: “Para que no haya desilusionados, no debe haber ilusos”. Y la frase del sabio reaccionario puede aplicarse hoy día y a la perfección a quienes albergan esperanzas de que en la era Obama mejore el trato estadounidense hacia los vecinos del sur.
Y lo que se dice para México puede aplicarse a Cuba, Venezuela, Nicaragua, Paraguay, Ecuador y Bolivia. Y al resto de América Latina. Y a Iraq e Irán. Y a Corea del Norte y a Palestina. Los buenos tratos de Obama quedan reservados para los aliados, como el gobierno genocida de Israel y el régimen criminal del colombiano Álvaro Uribe.
Hace unos días tuve el privilegio (privilegio de periodista) de conocer personalmente a una mujer extraordinaria: inteligente, culta, informada. Y, sobre todo, serena. Serenísima, a pesar de la terrible tragedia que le ha tocado vivir en los últimos diez años: el injusto encarcelamiento de su hijo, Fernando González Llort, en una prisión estadounidense.
Con voz pausada y firme, relata el calvario que madre e hijo padecen desde hace una década. Él, un abnegado combatiente antiterrorista que, graduado con los más altos honores académicos, decidió dedicar su vida a salvaguardar la vida de sus compatriotas ante los atentados terroristas que desde hace más de cincuenta años sufre su patria.
Ella, la adolorida madre, a quien el infortunio ha colocado en la primera fila de la lucha patriótica de su pueblo, participa, como mujer, como madre, como trabajadora y ahora como diputada a la Asamblea Nacional (el Parlamento cubano) en la tarea de lograr la liberación y el regreso a la patria de su hijo y de los cuatro compañeros de éste, igualmente prisioneros en cárceles estadounidenses.
El mundo sabe –dice Magali Llort– que mi hijo y sus cuatro compañeros son inocentes de los infundados cargos de espionaje y conspiración para cometer asesinato que les imputan. Pero esa verdad universal es absolutamente desconocida por la sociedad estadounidense. Quienes luchamos por la reparación de aquella injustica no hemos conseguido que el pueblo de Estados Unidos conozca la verdad de los hechos.
Esa carencia de información es producto del carácter cerrado de los medios de comunicación. El ciudadano desconoce no sólo los pormenores del caso, sino que ignora la existencia del caso mismo. Una injusticia que conmueve al mundo y que se encuentra presente en los medios de comunicación de casi todo el planeta es inexistente en los medios estadounidenses.
Hace poco –dice Magali– estuve en la ciudad de Tijuana para participar en un encuentro sindical México-EU-Cuba. Ahí volvimos a insistir en la necesidad de que el pueblo estadounidense conozca la verdad del caso de los cinco jóvenes cubanos prisioneros.
Aprovechamos nuestra estancia en Tijuana, en la frontera con Estados Unidos, con el fin de penetrar, aunque sea un poquito, en la conciencia del ciudadano estadounidense. Podría decirse que Tijuana es lo más cerca que podemos estar de Estados Unidos en nuestra lucha por la justicia. Y por la liberación de los cinco luchadores contra el terrorismo que tanto ha padecido y sigue padeciendo el pueblo cubano.
Pero no perdemos la esperanza. Y quizás ahora, con la llegada de Barack Obama a la Casa Blanca, sea posible lograr el final de la tremenda injusticia. El presidente Obama no está comprometido políticamente con los sectores terroristas de la ciudad de Miami. Y cabe, sin que nos hagamos demasiadas ilusiones, un cambio político en la relación con Cuba y, concretamente, en el caso de los cinco cubanos injustamente prisioneros.
Las serenas palabra de Magali Llort se me quedan en la cabeza. Y, al paso de los días, me hacen pensar que acaso a partir del 20 de enero próximo pueda llegar el fin de la tragedia de esta serena y culta señora. Sería, como dice ella misma, una manera de mejorar la imagen internacional de Estados Unidos. Y que, como insiste con su dulce pero firme voz, liberado el presidente Obama de las tenazas de la mafia terrorista de Miami, no tenga el interés que tuvo George Bush, en ensuciar, con éste y con otros casos, la imagen internacional de Estados Unidos y la de su propia administración.
Luz direccional a la izquierda y vuelta a la derecha
MIGUEL ÁNGEL FERRER
En las pasadas semanas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, familiarmente llamado el Trife, determinó que Jesús Ortega es el nuevo presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Lamentablemente, un asunto de la vida interna de un partido político tuvo que ser decidido por un órgano del Estado. Y esta situación, legal pero aberrante, se explica tanto por la personalidad como por el historial de Jesús Ortega.
Ortega es un antiguo colaborador, junto con Graco Ramírez, de aquel modelo de venalidad política y personal, hoy en el ostracismo, llamado Rafael Aguilar Talamantes.
Talamantes fue, con Ortega y Graco, fundador y dirigente de un partido paraestatal llamado sucesivamente Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, conocido popularmente como el Ferrocarril.
Formado en la escuela del más ruin oportunismo político, a Jesús Ortega, quiéralo o no lo quiera, su pasado lo condena.
El hoy presidente del PRD afirma que su línea política se basa en el diálogo con el resto de las fuerzas políticas nacionales. Sostiene que su grupo o facción, de nombre Nueva Izquierda, representa a la izquierda moderna, civilizada y democrática.
Pero millones de militantes y simpatizantes del PRD lo acusan de ser un político palero de los gobiernos priistas y panistas. Un justificador, con bandera de izquierda, de las políticas neoliberales y derechistas.
Recientemente Nueva Izquierda votó en el Congreso de la Unión en favor de la llamada reforma energética, condenada y combatida por millones de perredistas a lo largo y ancho del país.
Pero si millones de perredistas lo repudian pública y sonoramente, Jesús Ortega, en cambio, mantiene el control del aparato burocrático del partido del sol azteca.
Este dominio es el origen de la conducta colaboracionista del PRD con las decisiones políticas y económicas del PRI y del PAN. Y los ejemplos, hechos históricos incuestionables, ahí están: el boicot de Nueva Izquierda a la Ley Indígena y el apoyo que dio a la Ley Televisa.
En un intento por recomponer al partido y evitar una escisión, Jesús Ortega ofreció a su rival derrotado, Alejandro Encinas, la Secretaría General del PRD, es decir, la segunda posición.
Pero Encinas rechazó ese ofrecimiento envenenado. Y ha decidido permanecer en el PRD para, desde dentro, impedir que el dominio de Ortega y su grupo, hoy relativo, se convierta, sin oposición interna, en hegemonía absoluta.
Así las cosas, es claro que no ha terminado la crisis del PRD. Y que esa crisis se prolongará, al menos, hasta la conclusión de las elecciones federales del 2009.
Esto significa, finalmente, que en el partido del sol azteca seguirán coexistiendo por un tiempo las dos corrientes actuantes hoy. La encinista y lopezobradorista, cuya base social y política es un movimiento de masas de carácter popular y nacionalista; y la corriente de Ortega, sin base social pero con el dominio, hoy casi absoluto, del aparato burocrático del PRD.
Entre el viernes 14 y el sábado 15 de noviembre pasado, en el marco de la Cuarta Feria Internacional del Libro de Venezuela, se realizó en la ciudad de Caracas, capital de este país, y organizada por el canal multinacional Telesur, la “Conferencia Internacional Revolución e Intervención en América Latina”, con la presencia y participación de intelectuales y periodistas de la región, Estados Unidos, Canadá y Europa.
La Conferencia se dividió en dos foros de trabajo: "Pueblos en Lucha contra el Terrorismo Mediático" y "Actores e Intervención en Procesos Electorales en América Latina". El primero se refiere, como su nombre lo indica, a la política imperialista y oligárquica de desinformación, tergiversación, desorientación, ocultamiento e invención de información, esto último mejor conocido con los nombres de mentira y calumnia.
Con muy pocas excepciones, el terror mediático se ha practicado y se practica en todo el planeta. Pero en América Latina han sido Cuba y Venezuela (y México en el año 2006 de elecciones presidenciales) las principales víctimas de esta política desinformadora, desorientadora, de ocultamiento y calumniosa.
Evidentemente, el segundo foro (Actores e Intervención en Procesos Electorales en América Latina) es apenas la otra cara de la política del terror mediático. Se calumnia, desacredita y desprestigia a gobiernos elegidos democráticamente y, al mismo tiempo, se echa a andar una campaña para vestir con piel de oveja a los Pinochet, a los Franco, a los Videla. Se viste con ropajes democráticos a individuos a sueldo del gobierno de EU, con la finalidad de que en cualquier proceso electoral pueda resultar triunfador el candidato de Washington. Las llamadas “revoluciones de colores” en Europa del Este son un ejemplo perfecto de esta política de intervención imperialista.
Terror mediático e intervención foránea para fabricar candidatos triunfadores son las dos caras de una misma moneda. El imperialismo, en complicidad con las oligarquías criollas, primero calumnia a un gobierno elegido democráticamente y, acto seguido, exalta los valores supuestamente libertarios de algunos de sus esbirros.
Para realizar tales tareas, EU se vale tanto de agencias gubernamentales gringas, como la NED (National Endowment for Democracy), la tristemente célebre CIA, la no menos tenebrosa DEA, la USAID (Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional) y el FBI, entre otras, todas ellas agencias de espionaje, manipulación, provocación e intervención en todos los países del orbe.
Como nos lo ha hecho saber el periodista canadiense Jean Guy Allard, uno de los asistentes a la Conferencia caraqueña, EU cuenta con una gigantesca maquinaria de injerencia universal, conformada por 16 agencias de espionaje, 300 mil agentes secretos y una nómina o presupuesto de 30 mil millones de dólares, una cantidad de dinero muy superior a los ingresos de varios países del tercer mundo.
Pero Washington también se vale de ciertas oenegés susceptibles de patronazgo, como Reporteros sin Fronteras, algunas agencias fantasma y ciertos partidos políticos. En México, por ejemplo, son bien conocidos los casos de personas, organizaciones y membretes financiados por la NED, la USAID, la DEA o la CIA. ¿Ya no se recuerda, por ejemplo, el caso emblemático de Patricia Mercado?
Estos organismos gubernamentales estadounidenses se encargan de proveer de material descontextualizado, tergiversado o simplemente calumnioso a los medios de comunicación propiedad o al servicio del imperialismo, a fin de que éstos hagan la otra parte de la tarea: el terror mediático.
De este modo se cierra el círculo: del terror mediático se pasa a la fabricación de candidatos que, de ganar con esos métodos criminales unas elecciones, se convierten en siervos de EU. Y ante el eventual fracaso de esta política de intervención de bajo perfil, también llamados “golpes suaves”, siempre quedan los recursos del magnicidio, el golpe de Estado clásico o la intervención militar directa.
El nombramiento de Fernando Gómez Mont como nuevo secretario de Gobernación no ha despertado emociones ni entusiasmos. Ni en tirios ni en troyanos. Y es que sus antecedentes como abogado de la élite dineraria no dan para mucho. Y tampoco le ayudan sus conocidos nexos con un personaje tan desacreditado como Diego Fernández de Cevallos. La llegada de Gómez Mont se ha visto simplemente como un trámite que debería realizarse. Como algo ajeno, distante, sin mayor interés.
La culpa de todo esto, desde luego, no es de Gómez Mont. Se trata más bien de un reflejo de la realidad política del país. Una realidad caracterizada por la crisis de las instituciones. Unas instituciones, salvo honrosos casos particulares, sumidas en el descrédito y de las cuales la inmensa mayoría de la población sólo puede esperar golpes, reveses, adversidades.
Este sentimiento generalizado no siempre, sin embargo, se expresa correctamente. Los ciudadanos suelen cargar el acento en los hombres que las encabezan y no en las instituciones mismas. Suele así culparse de esta crisis institucional a “los políticos” y no a unas instituciones caducas, inoperantes, amorcilladas, exangües. Sobre todo en los ámbitos político y electoral. Y fundamentalmente en este último y sus dos componentes esenciales: el Instituto Federal Electoral, (IFE), y los partidos políticos.
Frente a esta situación, qué cabría esperar del nuevo titular de Bucareli. Si su tarea será armar acuerdos entre los distintos partidos políticos, la gestión de Gómez Mont sólo podrá ser una reedición de las caducas prácticas del pasado reciente. Y no parece el hombre especialmente dotado, en lo personal y en lo profesional, para escuchar las estentóreas voces populares de la inconformidad y el hartazgo.
Nada de extraño tiene, en consecuencia, que la gente busque expresar su hartazgo e inconformidad por vías distintas a los cerrados círculos de las instituciones gubernamentales y partidarias.
Como lo demostró el caso de la fallida apropiación del petróleo mexicano por capitalistas privados, la movilización popular es capaz de imponerse a los acuerdos cupulares y plutocráticos. Por ello, insistir en este tipo de acuerdos, en esta caduca forma de hacer política, en este desoír el sentir popular sólo puede conducir a Gómez Mont al mismo camino de desgaste y deterioro que transitaron sus antecesores Ramírez Acuña y Mouriño Terrazo.
Insistir en reformas legales y hasta constitucionales claramente contrarias al interés popular y nacional es la instrucción recibida por Gómez Mont de su jefe. Puede avizorarse, en consecuencia, un mayor deterioro institucional y una gestión accidentada del nuevo titular de Bucareli. Porque, finalmente, no se trata de personalidades, sino de políticas públicas.
El pasado lunes 20 de octubre, luego de arduas y complejas negociaciones diplomáticas y políticas al más alto nivel, fue firmado un acuerdo migratorio entre los gobiernos de México y Cuba. Por la parte mexicana suscribieron el documento el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, y por La Habana, el canciller Felipe Pérez Roque.
El propósito del acuerdo, en palabras del propio Pérez Roque, es “prevenir y enfrentar la migración ilegal, el tráfico de personas y los delitos asociados a esta práctica”.
Por supuesto, la firma del pacto migratorio es altamente beneficiosa para México y para Cuba. Para los mexicanos, porque impedirá o atenuará los crecientes y muy violentos índices de criminalidad que se producen en la península de Yucatán ligados al abominable delito del tráfico de personas. Y es esperable que en toda la península, pero sobre todo en Quintana Roo y su mayor destino turístico, Cancún, se recupere la tradicional visita de viajantes nacionales y extranjeros que se ha visto seriamente disminuida por la presencia y operación de los grupos criminales ligados al tráfico de indocumentados.
Para México significará, igualmente, que se verán eliminados o reducidos los índices de corrupción de los empleados y funcionarios del Instituto Nacional de Migración, coludidos hasta el tuétano en las actividades criminales ligadas al tráfico de personas.
También para Cuba traerá beneficios el acuerdo firmado. Se evitará que, incentivados por la estadounidense Ley de Ajuste Cubano, muchos isleños acudan a la peligrosa migración ilegal hacia México con el fin de hacerse acreedores a los beneficios que esa nefasta ley gringa concede a los cubanos (y sólo a los cubanos) que se internen ilegalmente en EU.
Plausible en lo general el acuerdo migratorio, no deja de ser lamentable que el gobierno mexicano se haya negado a consignar en el histórico documento lo que todo el mundo sabe y reconoce: que el tráfico de cubanos en territorio mexicano es fruto directo e innegable de la Ley de Ajuste Cubano, instrumento de la guerra de baja intensidad que contra Cuba sostiene Washington ya por casi cinco décadas.
Pero si bien Mouriño y Patricia Espinosa se negaron, obviamente por presiones de EU, a incluir en el acuerdo migratorio cualquier referencia a la Ley de Ajuste Cubano como origen de todos los males que ahora se propone remediar el pacto migratorio, estos funcionarios mexicanos tuvieron que aceptar que, al menos, en el comunicado de prensa conjunto dado a conocer tras la firma del acuerdo en Bucareli se consignara a la política de hostilidad de EU contra Cuba como causa esencial del tráfico de cubanos.
Naturalmente, el gran derrotado en este proceso es EU, cuyos funcionarios presionaron en todo momento al gobierno mexicano para impedir la suscripción del acuerdo migratorio. Pero en la gran derrota, Washington tuvo su pequeño premio de consolación: logró impedir que México aceptara señalar, en un documento diplomático del mayor valor legal, a la Ley de Ajuste Cubano como el tenebroso origen del criminal tráfico de personas.
Falta sólo por ver si el conservador y anticomunista gobierno mexicano honrará su firma en el acuerdo. Y si no recurre, para evadir sus nuevas obligaciones internacionales y para quedar bien ante el amo yanqui, al viejo apotegma del virreinato mexicano de la Nueva España: “Acátese, pero no se cumpla”.
La actual crisis de la economía estadounidense ha sido detonada por el crac de uno de sus sectores: la rama inmobiliaria. Bancos y empresas inmobiliarias incentivaron la adquisición de bienes inmuebles mediante el desmesurado otorgamiento de créditos.
De este modo, personas con escasa capacidad de pago, es decir, con escasos ingresos, obtuvieron préstamos para la compra de vivienda, créditos que, finalmente, resultaron incobrables.
Este hecho puso de manifiesto la contradicción central de la economía capitalista: una amplia capacidad productiva que coexiste con un menor poder de consumo.
Por ello, y más allá de las particularidades concretas de esta crisis de otoño, se puede afirmar que en Estados Unidos y, consecuentemente en todo el planeta, ha estallado una más de las cíclicas y centenarias crisis de sobreproducción.
Una crisis de sobreproducción, idéntica en el fondo, aunque distinta en la forma, al tristemente célebre crac que estalló, también en Wall Street, aquel jueves 24 de octubre de 1929.
Hoy, a diferencia de 1929, la ciencia económica sabe como impedir la profundización y la extensión de las crisis. Hoy existen mecanismos de política económica capaces de paliar y controlar los efectos más nocivos de las crisis de sobreproducción.
A esos mecanismos de política económica se les conoce con el nombre de políticas anticrisis. Y son, entre otros, la ampliación del gasto público, la reducción de las tasas de interés y el fomento del empleo.
Se trata, evidentemente, de mecanismos sólo al alcance del Estado. O dicho en otras palabras, la crisis puede detenerse mediante la intervención amplia y decidida del Estado en la economía.
Esta es la gran lección que, aprendida hace siete décadas, hoy mantienen en el olvido muchos gobiernos y demasiados economistas.
La clave de la solución de este enésimo crac de Wall Street no está, consecuentemente, en recatar a las cúpulas financieras e inmobiliarias, sino en el retorno a una intervención económica del Estado que sea capaz de reestablecer el equilibrio perdido entre producción y consumo.
Del éxito del gobierno estadounidense en el reestablecimiento del equilibrio perdido entre la oferta y la demanda totales dependerá en muy buena medida la suerte de la economía mexicana.
Pero es obvio que, internamente, México también puede poner en práctica medidas anticíclicas. Y es claro que el fomento del empleo, la baja en las tasas de interés y la ampliación del gasto público son piezas centrales de cualquier política anticrisis.
Los rescates tipo Fobaproa, como el que pretende el presidente George W. Bush, han mostrado su enorme eficacia para extender y profundizar la crisis y, con ello, para extender y profundizar la ruina económica de países y de millones y millones de personas.
Insistir, como hacen Bush y muchos funcionarios y economistas de aquí y de allá en el rescate de banqueros codiciosos, ineficientes y corruptos es indudablemente garantía de la prolongación de la crisis y de su cauda de sufrimientos y ruinas personales y sociales. Parece que ha llegado la hora de corregir el rumbo.
Un incidente nimio: el pleito entre estudiantes de una escuela de bachillerato del Instituto Politécnico Nacional y de una preparatoria particular en las inmediaciones de La Ciudadela fue la chispa que incendio la seca pradera de la vida política mexicana en 1968.
Ese incidente, en parte mal manejado por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, y en parte azuzado por la lucha entre los aspirantes a la candidatura presidencial del PRI, llevó a las calles y a las plazas públicas de la ciudad de México el descontento de vastos sectores sociales con un régimen autocrático y corrompido que sólo gobernaba para la élite económica.
La inesperada y para muchos incomprensible fuerza social del movimiento de protesta contra el estado de cosas desquició a un gobierno acostumbrado a los ditirambos y a las simulaciones. Y ese gobierno sorprendido decidió emprender el camino sin retorno de la represión y el terrorismo de Estado, decisión que llevó ineluctablemente a la matanza de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, hace ahora 40 años.
Hay quienes dicen que aquella noche trágica fue el parteaguas entre un México autoritario que moría y un México nuevo, plural, abierto y democrático que nacía. Pero la realidad política, económica y social del México del siglo veintiuno desmiente la rosada tesis del parteaguas histórico.
México no sólo sigue viviendo en un régimen autoritario y pro empresarial, sino que en muchos aspectos los mexicanos viven una política y una economía más regresivas, dependientes del extranjero y autoritarias que antes de 1968.
Y sin negar que también en muchos aspectos México ha logrado enormes e innegables avances sociales, es necesario admitir que la corrupción, el autoritarismo, el gobierno para beneficio de unos cuantos, la pobreza, la criminalidad, la desigualdad social, la emigración laboral, la impunidad y la dependencia económica y política con respecto al extranjero y, concretamente hacia Estados Unidos, son mucho mayores que antes de aquel movimiento histórico y de aquella matanza imperdonable.
La trascendencia histórica del movimiento estudiantil popular de 1968 no puede ser negada por nadie. Se puede decir que cimbró a la sociedad mexicana y que todavía hoy, a 40 años de distancia, la sigue cimbrando y conmoviendo.
Pero más allá de esa innegable trascendencia histórica, es necesario preguntarse –y responderse– si el México posterior a 1968 es mejor que el México anterior a ese año emblemático.
No hay duda de que el México posterior a 1968 es en muchos ámbitos un México superior: más sano, más plural, más tolerante, más educado, más culto, más abierto. Ahí están los datos duros que prueban que este juicio es acertado.
Pero el repaso de la situación de entonces, confrontada con la situación de hoy, revela igualmente que en los puntos centrales de la economía, pero sobre todo de la política, el país vive mucho peor que en la década de los sesentas.
A pesar de los esfuerzos del candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, John McCain, y de su equipo de campaña por distanciarse del fracasado y genocida régimen de George Bush, lo cierto es que nadie puede negar la continuidad que de la actual administración de la Casa Blanca representaría el septuagenario candidato.
Pero ello no significa automáticamente que el senador por Arizona se encuentre en desventaja frente a su competidor demócrata. Vastos sectores sociales estadounidenses miran en MaCain el modelo de presidente que desearían.
Éste representa de modo paradigmático la esencia del modelo social y político estadounidense. Es un clásico WASP: blanco, anglo, sajón y protestante (de la rama episcopalista). McCain es el modelo perfecto de la doctrina del supremacismo blanco tan arraigada en la sociedad estadounidense a lo largo de sus 250 años de existencia.
Frente al inocultable deseo de cambio en la sociedad estadounidense, es claro que también en vastos sectores sociales de ese país McCain representa la continuidad de un sistema ya dos veces centenario.
Pero ahora las cosas son un poco distintas. Las elecciones de noviembre tendrán un componente novedoso: nunca en la historia de Estados Unidos un hombre de color había sido candidato a la Presidencia. Hoy ya no es así: el afroestadounidense Barak Obama es ya el abanderado del Partido Demócrata.
Ese solo hecho es de la mayor importancia histórica, política, social y cultural. Y es que de manera lenta pero inexorable, en Estados Unidos ha ido perdiendo fuerza social y política la abominable práctica de la segregación racial.
Reconocido este hecho decisivo, no conviene, sin embargo, albergar muchas esperanzas en un cambio sustancial en el comportamiento imperialista y guerrerista de la élite del poder en Estados Unidos en el caso de que Barak Obama llegue a la Casa Blanca.
Un negro en la Sala Oval representaría, ciertamente, un avance mayúsculo en la vida social, cultural y política de la Unión Americana. Pero en política exterior, el color de la piel del mandatario no es garantía de menor belicosidad y afanes de dominación y explotación del resto del mundo. Y la evidencia empírica, además, revela que tampoco en la política doméstica estadounidense influye decisivamente el personaje que ocupe la Casa Blanca.
¿Dónde está pues la trascendencia histórica, política, social y cultural del triunfo o la derrota de Barak Obama? En que nos dirá mucho sobre la profundidad de los cambios sociales en Estados Unidos en los últimos años. Aquí está, indudablemente, el verdadero interés de esa contienda inédita entre un blanco y un negro.
Cualquier diccionario de la lengua española define a la menopausia como la etapa de la vida de la mujer en que cesa la función menstrual. Y la propia etimología del vocablo expresa ese significado con absoluta claridad: menopausia: del griego méen, mes y pausis, cesación.
Se trata, como puede verse desde la etimología de la voz, de un proceso biológico que implica el fin de la etapa reproductiva de la mujer, pues la capacidad reproductiva comienza en la adolescencia con el inicio de la menstruación, fenómeno llamado menarquia, y llega a su fin con la suspensión definitiva del ciclo menstrual, la menopausia.
La menopausia, ciertamente, presenta algunas otras características, como determinados malestares físicos y emocionales. Pero se trata de características secundarias, no de un rasgo esencial. Lo esencial de la menopausia es el fin de la etapa reproductiva de la mujer.
Como es más que evidente, este rasgo esencial no se encuentra en el varón, aunque haya quienes, sin bases biológicas, pretendan establecer una inexistente menopausia masculina, a la que, incluso contra las más elementales reglas de la etimología, llaman andropausia: de andrós, hombre y pausis, cesación. ¿Hay acaso cesación de la condición de hombre?
Parece innecesario recordar que la menopausia no implica que la mujer deja de ser mujer; que el contenido del vocablo sólo se refiere al fin de la etapa reproductiva femenina; y que la mujer continúa teniendo deseo sexual y vida sexual activa, constante y satisfactoria. La menopausia sólo implica que la mujer no podrá ya ser madre o que no podrá volver a serlo.
Obviamente, la andropausia es un neologismo ideológico sin bases científicas. Un intento bastante fallido por igualar hasta el absurdo a la mujer con el hombre. Algo así como un resabio feminista extremo y radical, insostenible desde el punto de vista científico.
Porque, hasta hoy, las ciencias médico-biológicas no han podido establecer en el varón un momento en el que cese la capacidad reproductiva, rasgo esencial de la menopausia. Y no han podido establecerlo, porque no existe ese momento. ¿Habrá que recordar, como demostración fehaciente, el caso de Charles Chaplin, que fue padre a los 80 años?
Y si, en última instancia, pudiera establecerse tal momento, habría que llamarlo esperpausia, vocablo que calificaría el cese de la producción de espermatozoides, es decir, el fin de la capacidad reproductiva del hombre, antónimo de espermarquia, que es el nombre del inicio de la etapa reproductiva en el varón (como la menarquia en la mujer), y no ese engendro anticientífico, puramente ideológico y de etimología perversa, denominado andropausia. Cuestión de lógica médica y de cultura etimológica.
Creo que alguna vez ya lo he contado públicamente, pero vale la pena repetirlo ahora, a propósito del secuestro y posterior asesinato del jovencito Fernando Martí, hijo del conocido empresario del mismo apellido, del ramo de los deportes.
Hace años, durante una comida entre políticos y periodistas, estaba a la mesa quien a la sazón era procurador de Justicia del Distrito Federal. En cierto momento, la conversación derivó hacia el tema de la delincuencia y su persecución policiaca y judicial.
Entonces, el titular del Ministerio Público del DF nos hizo a sus contertulios una confidencia: “Yo tengo a mi cargo –dijo– mil 200 policías judiciales. Seiscientos buenos y seiscientos malos. Los buenos se dedican a asaltar y a extorsionar a vendedores ambulantes y a ciudadanos en general. Los seiscientos malos se dedican al narcotráfico y al secuestro”.
Esto era así en el momento de aquella reunión, lo fue en décadas anteriores y lo es ahora. Y la putrefacta situación no es exclusiva del DF. Ocurre lo mismo en todas las entidades de la república, y de modo más grave en algunas de ellas. Y esta situación se agiganta si se pasa del ámbito de los estados a la esfera federal.
Es cosa pública y bien sabida la participación de la Procuraduría General de la República (PGR) en extorsiones, secuestros y narcotráfico. Y no de ahora, sino desde siempre. De modo que el asunto de la activa participación de las policías y de las autoridades de procuración de justicia en toda la gama de delitos parece no tener remedio, aunque la oligarquía, lastimada ahora en uno de sus más conocidos personeros, gima, se queje, maldiga.
Ella, sépalo o no, es parte principalísima del entramado económico, social y, sobre todo político, que se encuentra en la raíz de la podredumbre que significa la participación de las autoridades en el crimen organizado: robo de autos, narcotráfico, contrabando, prostitución, trata de blancas, delitos financieros y secuestros.
Se trata, en síntesis, de una cuestión de sistema. Un sistema que a pesar de las esperanzas de cambio de buena parte de la ciudadanía, no sólo no se ha reformado en los últimos ocho años, sino que da muestras públicas, cada día más, de una mayor pudrición.
Un sistema del que esa oligarquía es parte medular y gran beneficiaria. ¿Ya se olvidó que Alejandro Martí, el oligarca padre del jovencito secuestrado y asesinado, fue uno de los entusiastas e interesados patrocinadores financieros de la campaña presidencial de Felipe Calderón?
En febrero de 1943, ya detenido y finalmente derrotado el ejército nazi en la parte occidental de la ciudad de Stalingrado, de pronto apareció, al este del río Volga, un cuerpo de refresco del Ejército Rojo de un millón de hombres. Stalin lo tenía preparado y listo a entrar en acción, con miles de cañones, tanques y aviones, ante la eventualidad de que las tropas hitlerianas lograran atravesar el Volga e intentaran tomar la parte oriental de la heroica ciudad.
La sola cifra de un millón de hombres jóvenes dispuestos a morir en defensa de su patria a manos del pérfido invasor nazi es impactante. Un millón de voluntades con un noble y claro objetivo patriótico nunca debería ser desdeñado.
Pues mucho más que ese impactante millón de personas acudió, en otra ciudad heroica y 64 años después, a su cita en defensa de la patria. Un millón y medio de ciudadanos mexicanos expresó su voluntad de oponerse a una nueva privatización de los bienes de la nación. A un nuevo saqueo de la riqueza pública.
Pero ocurre que los voceros y altos funcionarios de la derecha desdeñan, por raquítico o insuficiente, a ese millón y medio de claras voluntades antiprivatización del petróleo. Pretenden atribuir a la consulta sobre el porvenir de Pemex el carácter de un censo, y no de lo que realmente fue: un sondeo, un muestreo de la voluntad ciudadana.
Los censos, como lo sabe casi cualquier persona, se realizan obligadamente en la casa del censado. Conocer la opinión del total de la ciudadanía implicaría llevar las preguntas a todos y cada uno de los hogares del país. Ese hubiera sido un esfuerzo fuera del alcance de los organizadores de la consulta sobre el futuro de Pemex.
Por eso se optó por una forma de encuesta. Una encuesta voluntaria y al mismo tiempo aleatoria y anónima. En ella participaron ciudadanos y ciudadanas de todas las edades, de todas las condiciones sociales, de barrios elegantes y de colonias proletarias, de escasos estudios y de preparación profesional. De modo que más abarcante, aleatoria y anónima no era posible.
Ese fue el gran mérito de la consulta sobre el porvenir de Pemex: conocer por medio de un muestreo científico y altamente confiable el parecer de la ciudadanía. Pero ese millón y medio de personas encuestadas dio, finalmente, el mismo resultado que habría dado una muestra mucho menor. Digamos diez veces menor: 150 mil. Y al mismo resultado se habría llegado si la muestra hubiera sido del doble del millón y medio: tres millones. Y lo mismo habría resultado si la muestra hubiera sido diez veces más grande: 15 millones de encuestados. De modo que fue un muestreo como mandan los cánones de la estadística.
Todo esto lo sabe cualquier ciudadano medianamente informado. Y con mayor razón los especialistas en la materia, los periodistas y los políticos profesionales. Pero voceros y altos burócratas fingen en público no entender el carácter de muestro de la consulta del pasado domingo 27 de julio.
Mas ese fingimiento y la abrumadora campaña mediática de propaganda negra que lo acompaña no es capaz de ocultar el tremendo significado de ese muestro: casi ocho de cada diez ciudadanos rechazan la entrega de Pemex a capitalistas privados nacionales y extranjeros.
Ese ochenta por ciento de los ciudadanos mexicanos sabe que no se trata de un asunto técnico de modernización. Y ni siquiera de un asunto de política económica equivocada. Esos ocho de cada diez ciudadanos comprenden que la tal reforma de Pemex es solamente un intento de hacer el negocio del siglo. Un vulgar acto de saqueo, de rapiña.
Frente a estos hechos, ¿sería capaz el gobierno federal de hacer su propio muestreo? ¿Y de hacerlo tan abarcante, aleatorio y anónimo como el realizado el domingo 27 de julio?
Uribe y el uso criminal del emblema de la Cruz Roja
MIGUEL ÁNGEL FERRER
El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, ha confesado públicamente que en el supuesto rescate de Ingrid Betancourt y 14 personas más se usó falsamente un emblema de la Cruz Roja. Y esto, como bien se sabe es considerado por el derecho internacional un delito de guerra. De modo que con base en las propias palabras de Uribe, éste puede ser calificado como un criminal de guerra.
Esta calidad de Uribe no era desconocida. Desde hace años se sabe que el mandatario colombiano es la cabeza visible de las bandas de paramilitares, las que han asesinado a miles de colombianos. Pero lo novedoso es que la calificación de criminal de guerra se basa ahora en la propia confesión del mandatario y hombre de confianza de Washington.
Ya el Comité Internacional de la Cruz Roja ha condenado el uso fraudulento, por cuenta de Uribe, del emblema humanitario. La institución sabe que el criminal acto del jefe de los paramilitares ha puesto en grave riesgo las tareas de la noble institución. ¿Quién podrá estar seguro a partir de ahora de que un automóvil, aeronave o barco amparado en el emblema de la Cruz Roja sea en verdad lo que el emblema sugiere y no un engaño para realizar actos criminales?
Uribe, desde luego, no ha confesado su crimen por imperativos de honradez personal y política. Lo ha hecho porque desde los primeros momentos del supuesto rescate de Betancourt empezaron a aparecer datos que hacían sospechar de un montaje mediático y no de una acción genuina. Y al paso de los días han ido apareciendo más y más indicios y evidencias de que las FARC habían dispuesto la unilateral entrega de sus rehenes a la Cruz Roja, hecho del que se aprovechó Uribe para simular un heróico rescate, en busca del aumento de su popularidad política y personal.
El conocimiento público de la criminal acción de Uribe, y la posterior confesión de éste constituyen dos severos reveses al propósito del mandatario (y de sus amos en Washington) de ganar legitimidad para un gobierno signado por la corrupción, el fraude electoral, el narcotráfico, el paramilitarismo, la sumisión ante EU y la estrategia contrainsurgente, como en Vietnam, de tierra arrasada y matanzas indiscriminadas.
Pero el descubrimiento del engaño no sólo frustra el deseo uribista de obtener legitimidad y prestigio. Tiene además un componente inesperado por Bogotá y la Casa Blanca. Pone en entredicho la supuesta derrota definitiva de las FARC. Una supuesta derrota sólo presente en los medios de comunicación de la oligarquía y del imperialismo, pero ajena por completo a la realidad.
La revelación universal del engaño con el emblema de la Cruz Roja echa un poco más de lodo sobre la figura de Uribe. Y lo coloca en desventaja política frente a las FARC. Y aunque los medios reaccionarios no cesarán sus ataques y calumnias contra la guerrilla colombiana, no les será nada fácil ocultar o minimizar la condición de criminal confeso de Uribe.
Y frente a la imposibilidad objetiva del triunfo militar de cualquiera de las dos fuerzas beligerantes, al final no quedará sino la búsqueda de una salida política. Y en el marco de la política, a Uribe le pesará demasiado el descubrimiento de su engaño con el emblema de la Cruz Roja. Ya veremos si ese develamiento no lo conduce, como a otros de sus congéneres (Somoza, Stroessner, Videla), a la inutilidad y al repudio del amo yanqui y, consecuentemente, a su obligada salida del escenario político colombiano.
Era obvio que el rescate o apoderamiento de un grupo de 33 indocumentados cubanos en territorio mexicano por cuenta de pistoleros al servicio de la mafia terrorista de Miami para llevar a los isleños a EU produciría, como produjo, un escándalo nacional e internacional. El asunto puso al desnudo lo que era público y notorio: el negocio del tráfico de personas en México. Pero del inicial escandalazo se ha pasado a la nada.
Las autoridades responsables del asunto han optado por el silencio encubridor, por la complicidad descarada. Ni el Instituto Nacional de Migración, ni la Subsecretaría de Población de la Secretaría de Gobernación, ni la Procuraduría General de la República han dado los pasos necesarios para atacar el problema. Salvo unos cuantos despidos y alguna consignación penal de funcionarios menores, la red oficial de traficantes de personas sigue intacta y operando libremente.
Contra el abominable crimen sólo se han levantado las voces de tres legisladores mexicanos y de dos congresistas estadounidenses. Se trata de los diputados federales Eduardo Espinosa, Yolanda Garmendia y Edmundo Ramírez, que han solicitado una investigación y la aplicación de medidas que pongan fin al problema o lo atemperen.
Pero fue Edmundo Ramírez, que es secretario de la Comisión de Población y Fronteras de la Cámara de Diputados, quien puso el dedo en la llaga. El legislador responsabilizó a la estadounidense Ley de ajuste Cubano de ser el origen y motor del tráfico de cubanos. Esta norma, como se sabe, fomenta la emigración ilegal de los isleños al otorgar residencia, ciudadanía, empleo y diversos apoyos más a los cubanos (sólo cubanos) que arriben de cualquier modo, incluso por medios violentos y delictivos, a EU.
Y lo denunciado por los citados legisladores mexicanos también ha sido expuesto por los congresistas estadounidenses José Serrano, demócrata por Nueva York, y William Delahunt, demócrata por Massachussets: es la Ley de Ajuste Cubano la responsable del fomento de la emigración ilegal de isleños a EU. Se trata, explican, de una evidente manipulación de la política migratoria estadounidense hacia Cuba.
Fuera de estos legisladores mexicanos y estadounidenses, nadie más hace nada. Que así ocurra en EU es entendible. El establishment imperial y expoliador tiene pocas fisuras. Pero resulta incomprensible que nadie en México haga nada. ¿Será porque la subsecretaria de Migración, Ana Teresa Aranda, yunquista connotada, comparte la ideología y los propósitos anticubanos del establishment yanqui? ¿O se trata, además, de una complicidad de corte monetario que se beneficia de las inmensas ganancias económicas que produce el negocio de traficar con humanos?
Pero no serían éstas las únicas fuentes de dinero. Se sabe que hay otras fuentes de recursos dinerarios, como son los generosos financiamientos que el Instituto Republicano Internacional (organismo del Partido Republicano de EU) otorga a personas y organizaciones que cooperan con la política exterior injerencista y belicosa del gobierno yanqui, como son los casos emblemáticos de la panista Asociación Nacional Cívica Femenina (Ancifem) y del mismísimo Yunque, del peor y más fascista panismo?
Puede ser. Pero la personal ideología y los afanes económicos de Ana Teresa Aranda no pueden estar por encima de sus obligaciones como alta funcionaria a cargo de un asunto delicadísimo que ya presenta tintes criminales. ¿Habrá percibido la funcionaria que el principal destino turístico de México ya resiente caídas en sus visitas como fruto de la ola de actos violentos, delictivos, sangrientos y mortales asociados al negocio del tráfico de personas?
¿Entenderán la Subsecretaria de Migración y el procurador general de la República que sus omisiones, opacidades y permisividades posibilitan que el territorio mexicano sea escenario material de la guerra de baja intensidad que EU desarrolla contra Cuba? ¿Comprenderán que México no necesita más problemas de violencia criminal, máxime si se trata de una criminalidad importada?
Con recurrencia fácilmente comprobable, los centros de poder del imperialismo (Washington, Londres, Berlín, París, Tokio) ponen en práctica un programa de terror informativo o mediático con el fin de mantener permanentemente asustada a la población mundial.
Quién no recuerda la campaña aquella, en el año 2002, para meternos miedo con una improbable epidemia universal y mortífera de una enfermedad llamada SARS, siglas de Síndrome Agudo Respiratorio Severo, patología que sólo alcanzó algo más de tres mil casos en todo el mundo, con menos de 200 fallecidos. Y resulta que hoy, en 2008, sólo las personas memoriosas y los especialistas recuerdan el asunto y el miedo universal que, injustificadamente, provocó.
Un poco antes, en 1997, la política de terror se centró en la posibilidad de una nueva epidemia, esta vez una gripe aviar. En los medios de comunicación acríticos o amarillistas se decía que tal epidemia podía ser tan mortífera como aquella otra gripe aviar, llamada influenza española, que a principios del siglo veinte se llevó a la tumba a más de 50 millones de personas.
Pero hoy se sabe que la supuesta gran epidemia de 1997 de gripe aviar entre humanos nuca tuvo lugar. Y que los casos de infección y muerte de humanos no supusieron cifras significativas.
Más recientemente, la política de asustar a la población planetaria tomó la forma de la amenaza del inminente agotamiento del petróleo. Pero no se vio a ningún gobierno de los países ricos, grandes consumidores de petróleo, poner en marcha programas de ahorro energético, lo que sería la primera medida racional en caso de un verdadero agotamiento petrolífero.
En los meses recientes, esa política de intimidación ha tomado la forma de una inminente hambruna por aguda escasez de alimentos. Pero contra esa malévola información, se sabe que hoy en día y desde hace muchos años, la oferta de alimentos supera con creces a la demanda.
Y ahora, en los últimos días, la política de miedo se nos presenta como la amenaza de imposición en México de una nueva moneda que tendría curso legal en los tres países de América del Norte, el amero, en sustitución del dólar canadiense, el dólar de EU y el peso mexicano.
Se trata de una nueva modalidad, la más reciente, de la política imperialista de terror mediático. Una nueva modalidad, la más reciente, de la práctica imperialista de mantenernos ocupados, distraídos y alejados de los verdaderos problemas que nos aquejan. Como, por ejemplo, los intentos, hasta ahora fallidos, de privatizar y extranjerizar el petróleo mexicano.
El pasado miércoles 11 de junio, un comando armado de nueve individuos interceptó un autobús del Instituto Nacional de Migración (INM) que conducía a 33 cubanos indocumentados a un centro de detención del propio INM. El dicho comando armado se llevó consigo a esos 33 extranjeros. Éstos, inicialmente desaparecidos, ya se encuentran en EU.
Ante la magnitud del escándalo desatado por la participación abierta de un comando armado en el tráfico de cubanos tuvo que intervenir la Procuraduría General de la República. Y las investigaciones evidencian lo que el autor de estas líneas y muchos otros periodistas habíamos denunciado desde hace meses: que el tráfico de cubanos en territorio mexicano tiene un doble origen.
Primeramente, la estadounidense Ley de Ajuste Cubano, que fomenta y premia la emigración ilegal de cubanos hacia EU; y, en segundo lugar, la ausencia de un acuerdo migratorio entre México y Cuba, que impida u obstaculice el abominable delito del tráfico de personas en territorio mexicano.
Hay, sin embargo, un tercer elemento que facilita y acrecienta ese tráfico. Es la corrupción prevaleciente en el INM. Empleados y altos funcionarios de la dependencia se benefician de un negocio que deja ganancias por 400 mil dólares al mes, pues se sabe que el precio que se paga por sacar a un cubano de la isla hacia territorio mexicano, para luego internarlo en EU es de hasta 15 mil dólares.
Y se sabe igualmente que ese dinero es abonado por los familiares en EU del indocumentado, o por redes criminales de explotación de personas, a través de la mafia cubana de Miami, cuya cabeza más visible es la tristemente célebre Fundación Nacional Cubana Americana.
Los hechos del miércoles 11 de junio revelan, una vez más, que México está siendo teatro de actividades criminales producto de un diferendo entre Cuba y EU, en el que el país azteca no tendría por qué verse inmiscuido.
Por lo que toca a México, el problema podría resolverse con la firma de un acuerdo migratorio con la isla. Ese acuerdo tendría que ser idéntico al empleado mundialmente para evitar el tráfico de seres humanos. Y consistiría en el compromiso de ambas partes de devolver a su país de origen a cualquier migrante indocumentado.
Sin embargo, el establecimiento de ese acuerdo no será fácil. En México ha crecido demasiado la hidra de la corrupción. Las ganancias multimillonarias del negocio del tráfico humano que reciben empleados y altos funcionarios del Instituto Nacional de Migración constituyen el más serio obstáculo para la firma de ese racional e imprescindible convenio.
Pero la corrupción en el INM tiene, además, otro efecto adverso para México y para Cuba. Al impedir la firma del citado acuerdo migratorio, se impide la normalización de las relaciones entre ambos países, objetivo deseado y buscado por los gobiernos de las dos naciones.
El gobierno del presidente Raúl Castro ya ha dicho que el único obstáculo que se opone a la plena normalización de los nexos entre México y Cuba es la ausencia de ese acuerdo migratorio. Y es perfectamente entendible. Cuba no puede permanecer impasible ante la participación de México en la guerra de baja intensidad que, también en el ámbito migratorio, mantiene desde hace 50 años el gobierno de EU contra la isla.
Igualmente es entendible la disposición mexicana a ese acuerdo. México no puede tampoco permanecer impasible ante el crecimiento, en su propio territorio, de un delito de lesa humanidad, con su inevitable cauda de sufrimientos, sangre y muerte. Ya veremos si la corrupción en el INM es tan poderosa que impida la normalización de relaciones entre ambos países.
Nunca una desgracia como la del antro News Divine es producto de una sola causa. En ese tipo de desgracias siempre intervienen varios factores. En este caso concreto, un empresario gandalla que en ávida y enfermiza búsqueda de ganancias fáciles pone su negocio en un local absolutamente inadecuado y potencialmente peligroso y mortal; unos inspectores de esos giros que por una buena mordida del dueño del antro no ven el incumplimiento de las normas y el riesgo fatal consecuente; una policía salvaje acostumbrada a moler a palos a y a ultrajar, incluso sexualmente, a muchachas y muchachos pobres de ropa corriente, pinta proletaria, percings y tatuajes; unos mandos policiacos ineptos, ignaros, perversos y beneficiarios de mordidas y entres.
Ahí están ya identificados los responsables de la tragedia. Ya veremos si, como en caso Ahumada, el empresario corrupto queda libre. Ya veremos, si como en el caso Atenco, la salvaje y ultrajadora policía queda sin castigo. Y ya veremos si el embate mediático de la derecha panista logra sacar de la carrera presidencial a Marcelo Ebrard, en lo que podríamos llamar una reedición de aquel desafuero de triste memoria de otro perredista bien posicionado en las preferencias electorales.
A finales de mayo de este año, Ricardo Monreal Ávila publicó en el diario El Sol de México un muy interesante artículo sobre la correlación en Estados Unidos entre la despenalización del aborto y la reducción notoria y sostenida de los índices de criminalidad. Ese artículo del senador perredista llegó a mi conocimiento a través del blog “La Columna” (la columna.wordpress.com), imprescindible fuente de información política y económica
Esa relación puede expresarse así: a principios de la década de los noventa, los índices de criminalidad empezaron a caer significativa y sostenidamente. Y esto comenzó a ocurrir veinte años después de que el aborto fue despenalizado.
Dicho en otras palabras, la baja en las tasas de delincuencia se presentó justamente una generación (25 años) después de la despenalización de la interrupción deliberada del embarazo.
El trabajo periodístico de Monreal se basa en un texto de ciencia económica: Freakonomics (o el lado oculto de los fenómenos que nos afectan cotidianamente), Ediciones B, Barcelona, España, 2006, de Steven D. Levitt, maestro de economía en la Universidad de Chicago, y Stephen J. Dubner, periodista de The New York Times.
La relación, según éstos y Monreal, es sencilla. “Décadas de estudio han demostrado que un niño que nace en un entorno familiar adverso tiene muchas más probabilidades de convertirse en un delincuente”, que aquel niño procreado en un entorno de nacimiento planeado, esperado y querido. ¿Cuál es ese entorno familiar adverso? “Madres pobres, solteras, adolescentes con embarazos no deseados, para quienes el aborto ilegal resulta excesivamente costoso (más de ocho mil pesos en México, por ejemplo) o inaccesible”. Y yo agregaría: madres y padres, de cualquier condición social, que no han querido serlo.
¿No es preferible un embarazo interrumpido que la llegada de un niño indeseado, cuyo destino sólo puede ser el rechazo y el maltrato, factores condicionantes de una previsible conducta delictiva desde edades muy tempranas?
Habrá, desde luego, quien diga que la relación establecida por Levitt y Dubner es de índole espuria o ilegítima. O, dicho de otro modo, que se trata de una relación aparente más que real. O expresado todavía con más claridad: que la caída en los índices de criminalidad observada en Estados Unidos no tiene nexo alguno con la despenalización del aborto establecida en ese país veinte años antes.
Es más: el argumento empleado por Monreal, Levitt y Dubner podría ser aplicado a la universalización, desde mucho antes, de los métodos anticonceptivos científicos. La enorme reducción en la tasa de natalidad fruto de la anticoncepción generalizada debió también tener como consecuencia una caída en los índices de criminalidad. Y no hay, que sepamos, quien haya establecido una correlación de este tipo.
Es claro que la correlación establecida por los autores gringos sería una nueva y poderosa razón para fundamentar, todavía más, la necesidad de la despenalización del aborto en México. Me parece, sin embargo, que no es necesario buscar más razones que aquella que establece la Ley Fundamental mexicana: “Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos”.
Cualquier diccionario de la lengua española define como familia al grupo humano compuesto por el padre, la madre y los hijos. Pero existen familias en las que no hay padre, madre o hijos. Por ejemplo: en México un tercio de las familias carecen de la figura paterna. Y es bien sabido que existen muchas familias, sobre todo entre la juventud, que no tienen hijos y que no piensan tenerlos.
Es cierto que numerosas familias están unidas por lazos legales. Pero hay también un número considerable y creciente de familias –otra vez con preeminencia entre los jóvenes– en las que no existen vínculos legales. Y una cosa semejante puede decirse de los nexos religiosos. Y en ocasiones también de los económicos. Es el caso, por ejemplo, de las parejas sin hijos en las que el hombre y la mujer son mutuamente independientes.
Un asunto público reciente puede servir de ejemplo de la familia actual. Me refiero al caso del licenciado Santiago Creel. Hasta donde se sabe, el hombre estuvo casado legalmente y se divorció. Pero la disolución del vínculo jurídico no extinguió a la familia, puesto que de ese matrimonio hubo tres hijos. Estos son, pues, la familia del ex secretario de Gobernación.
Pero el hoy senador mantuvo relaciones sexuales, cuando aún estaba casado, con una figurilla de la farándula cuyo nombre es Edith González. De esas relaciones nació una hija llamada Constanza. Esta ya fue reconocida legalmente como hija por Creel, lo que significa que al menos don Santiago y Constanza son una familia. O, dicho de otro modo, Creel tiene dos familias.
Habrá, desde luego, quien diga que no. Que el Güerito sólo tiene una familia: la formada por los hijos de su matrimonio y por Constanza, la hija de su vínculo adúltero. Pero quien así dijera sólo pondría en evidencia lo difícil que es en la actualidad caracterizar a la familia. Al menos en los términos tradicionales.
Y el caso de Santiago Creel viene a la medida para caracterizar a un tipo de familia moderno: el del padre y los hijos. Y por lo que toca a Edith Gónzalez y a Constanza, se trata de otro tipo de familia: el formado por la madre y sus descendientes.
Finalmente podría uno preguntarse si los tres hijos de Creel, producto de su matrimonio hoy disuelto, y la hija de Creel procreada con González son entre sí, como medios hermanos, una familia o si son dos familias distintas.
Y habría que hacerse esa pregunta en dos planos. Uno, el jurídico: siendo todos ellos hijos de Creel, pero los tres mayores de una madre y Constanza de otra distinta, ¿son legalmente una sola familia? Y otro, el informal y acaso más importante: ¿los hijos mayores de Santiago verán, tratarán y amarán a Constanza como miembro de su propia familia? ¿Y ella a su vez los considerará su familia?
Así que, en lo general, mejor sería hablar de familias y no de familia. De diversos tipos de familia y no de un tipo familiar único. ¿No lo cree así el amable lector?
Legalmente, en México existen varios partidos políticos. Pero realmente sólo existen dos opciones. Una, formada por el PRI y el PAN, que representa a la derecha y al imperialismo; y la otra, representada por el PRD, que comprende a la izquierda en su más lato sentido.
Del Partido de la Revolución Democrática (PRD) puede hacerse una censura despiadada en razón de los múltiples vicios que caracterizan su actuación política. Pero por ahora quisiera referirme solamente a la peor de sus fallas.
Tratándose de un partido que se asume como de izquierda, el vicio más censurable del PRD es justamente que no siempre se comporta como un partido de izquierda. O, dicho más claramente, que el partido del sol azteca oscila entre posiciones de izquierda y posturas de derecha.
Este comportamiento oscilante del PRD es observable cuando en temas clave para el progreso y la independencia del país el sol azteca defiende, promueve o vota medidas y leyes de corte neoliberal, lo que es propio de organizaciones derechistas, y absolutamente incompatible con una institución de izquierda.
¿No es verdad, por ejemplo, que el PRD votó en contra del la ley indígena, cual lo hicieron los partidos de derecha? ¿Y no es verdad que el voto favorable del sol azteca permitió la aprobación de la ley televisa, norma radicalmente contraria al interés nacional?
La oscilante y vergonzosa actitud del PRD es, sin embargo, perfectamente explicable. El partido alberga en su seno dos corrientes o facciones. Una, de izquierda, aglutinada en torno de Andrés Manuel López Obrador, y otra de derecha, encabezada por Jesús Ortega. Y para desgracia de México, parece que la corriente derechista es mayoritaria en la estructura formal o burocrática del partido, aunque evidentemente minoritaria entre las bases de simpatizantes y sufragantes del perredismo.
Esto explica que, hasta ahora, la corriente orteguista, también llamada de los Chuchos, no haya conseguido convertir al PRD en un partido plenamente derechista, como son el PRI y el PAN, o en un partido paraestatal como son Nueva Alianza, Alternativa Socialdemócrata y Verde Ecologista de México.
Pero Ortega cree que ha llegado su hora. Si el aguascalentense logra consumar el asalto a la dirección del PRD, fatalmente el sol azteca derivará en un partido francamente derechista o, al menos, en un partido sin fuerza propia y al servicio del gobierno, es decir, en un partido paraestatal.
Será entonces el PRD un cascarón vacío, una entidad despreciada por tirios y troyanos, cuya precaria existencia dependerá, como en otros casos históricos, de la voluntad del gobierno. Un PRD paraestatal, palero o comparsa significaría su propia y pronta muerte.
Nada, sin embargo, está ya escrito. Ortega no quiere suicidarse. Sabe que no hay futuro con un PRD paraestatal. Por eso ya busca caminos de conciliación con la corriente lopezobradorista. La disyuntiva de Ortega es clara: ser presidente de un partido paraestatal o conformarse con ser, como hasta ahora, el dirigente de la corriente de derecha de un partido de izquierda.
Socialmente –decía el deslenguado Lorenzo de Valla– es más útil una prostituta que una monja. Pero sin duda es más útil y vale más un médico que un deportista profesional. Un galeno restaura la salud y salva vidas. Un deportista es, en el mejor de los casos, simplemente un partiquino en el gran negocio del entretenimiento.
¿Puede compararse la utilidad social y el valor para la humanidad del más grande deportista, llámese Pelé o Maradona, con el modesto médico rural inglés William Jenner, nada menos que el descubridor de la vacuna contra la tenebrosa y mortífera viruela negra, azote de la humanidad por milenios?
¿Y qué decir en una comparación entre el célebre atleta negro estadounidense Jesse Owens, ganador en los juegos olímpicos de Berlín en 1936, con el Führer como testigo principal, de cuatro medallas de oro, y el bendito galeno, también estadounidense, Jonás Salk, creador de la primera vacuna contra la poliomielitis, patología destructora por millones de personas, familias, esperanzas e ilusiones, y hoy casi erradicada en todo el planeta?
Un deportista profesional gana dinero con su actividad. Un médico también. Pero el médico más ilustre nunca logrará acumular una fortuna semejante a la que consigue una muchacha poco lúcida y semianalfabeta por pegarle bastonazos a una pelotita en un bello jardín exclusivo para pudientes ociosos.
¿Cuántas vidas le debe la humanidad al descubridor de la penicilina, el galeno inglés Alexander Fleming? ¿Cuánta felicidad y tranquilidad le debe el amable lector a esos tres médicos mencionados, de los cuales acaso ignore o no recuerde ahora sus nombres?
Lejos de la merecida presencia en los libros de historia de esos tres grandes humanistas se encuentran los anónimos médicos de una clínica del Seguro Social, del ISSSTE o de la Secretaría de Salud que realizan cotidianamente el milagro de restaurar la salud o salvar la vida de otro anónimo personaje al que damos el nombre de paciente, vocablo apocopado de padeciente, es decir, del que padece o sufre.
Y lo mismo hace el modesto médico de barrio que el alto especialista privado de consulta onerosa propia de pacientes con recursos. Y en los quirófanos públicos, al igual que en los privados, galenos ignotos tejen historias maravillosas, cual taumaturgo que domina los protocolos de la ciencia y la tecnología médicas actuales.
Nada de esto es un secreto. Pero una increíble inversión de los valores sociales hace héroes públicos a personajes del deporte que ni en sueños pueden alcanzar los méritos del más modesto de los galenos.
¿Será esta inversión axiológica producto de unos medios de comunicación igualmente invertidos por el desaforado apetito de ganancias capitalistas? ¿O será acaso, también, que las personas olvidan con excesiva frecuencia que el deporte, como el sexo, debe practicarlo uno mismo y no mirar, en un estadio o por televisión, cómo se hace?
El propósito no tan oculto de la privatización de Pemex
MIGUEL ÁNGEL FERRER
Primero nos dijeron que sólo queda petróleo para nueve años, pero sabemos que hay aceite para trescientos o cuatrocientos años. Luego nos dijeron que es necesario extraerlo de aguas profundas pues está por agotarse el de aguas superficiales. Pero se sabe que en éstas hay aún inmensas reservas probadas, probables y potenciales.
También nos dijeron que Petróleos Mexicanos (Pemex) está quebrada, pero existen múltiples y sólidas evidencias de que la empresa es de las más rentables del mundo. Y asimismo nos dijeron que la solución a los graves problemas de Pemex pasa por la privatización, aunque dicen que no hay privatización, sino solamente propósitos modernizadores.
Y finalmente nos dijeron que la participación de capital privado en Pemex es para beneficio de los mexicanos, aunque bien sabemos que ese cambio de régimen de propiedad sólo producirá una nueva comalada de millonarios sexenales. Como pasó con los teléfonos, las siderúrgicas, los bancos, las carreteras, las líneas aéreas, la industria minera y hasta las pensiones para ancianos.
Ésta es, sencillamente, la médula de la cuestión, el motivo final y verdadero de la ansiada –aunque la disfracen poniéndole otros nombres– privatización de Pemex. La creación de una nueva camada de multimillonarios a cuya cabeza, lógicamente, se encontrarán Calderón y Mouriño, como en otros momentos esas cabezas fueron Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Vicente Fox y su parentela.
Todo esto lo sabe bien la gente, el pueblo. Por eso suman millones las personas que se oponen a este nuevo atraco, a esta nueva entrada a saco en las riquezas nacionales. La sociedad sabe por amargas experiencias que esta nueva privatización, con varios y engañosos alias, sólo producirá, como todas las privatizaciones anteriores, unos cuantos nuevos ricos y mayor y más generalizada pobreza.
Es tan grande el botín, que el gobierno pripanista de Calderón no cede en sus afanes. Y es tan grande la oposición nacional al atraco, que Felipe y su pandilla se han visto forzados ahora a renovar su arsenal de mentiras con un nuevo y perverso engaño.
Este es una convocatoria a un debate nacional sobre el futuro del petróleo. Es una engañifa, porque el resultado de ese debate no modificaría la decisión ya tomada (en Washington, en Madrid y en Los Pinos, en ese orden) de privatizar Pemex. Y es perverso, porque esconde el propósito de distraer a los opositores a la privatización, a fin de retardar o evitar las movilizaciones populares, convocadas por López Obrador, y ya altamente organizadas, para impedir el nuevo fraude contra la nación.
Al mediodía del pasado domingo 24 de febrero, Día de la Bandera, tuvo lugar un multitudinario mitin en defensa de la propiedad nacional del petróleo. Fue convocado por Andrés Manuel López Obrador, y se realizó frente a la torre de Petróleos Mexicanos (Pemex) sobre la avenida Marina Nacional de la capital de la república.
Finalizado el encendido mitin, un pequeño grupo de personas agredió verbalmente al líder de los diputados perredistas, el también diputado Javier Garza González, y al jefe de la bancada del PRD en la Cámara de Senadores, Carlos Navarrete.
Menor en sí mismo el incidente, los medios de comunicación propiedad de la oligarquía lo aprovecharon para descalificar, desacreditar y satanizar al movimiento social de resistencia a la privatización de Pemex. ¿Se aprovecharon esos medios desinformadores y desorientadores de un incidente espontáneo? ¿O le sacaron jugo a una provocación montada que diera pábulo al linchamiento mediático de López Obrador y de sus millones de seguidores?
Nada tendría de extraño que el incidente hubiera sido fruto de una provocación organizada y ejecutada por el gobierno de Calderón. O por Los Pinos en alianza con la fracción derechizada del PRD, el grupúsculo autodenominado “Nueva Izquierda”, dirigido por Jesús Ortega y Jesús Zambrano, y por ello conocido como los Chuchos.
Pero aceptar la posibilidad de que se haya tratado de un montaje provocador no significa desconocer que entre las bases perredistas, formadas por mexicanos honestos, luchadores, patriotas y sencillos, existe un clima de hondo malestar por la conducta colaboracionista de Nueva Izquierda con el gobierno espurio de Felipe Calderón.
Haría falta estar ciego y sordo para no percibir la indignación y el enfurecimiento de esos millones de sencillos perredistas por la conducta antinacional, antipopular y pro imperialista de Ortega, Navarrete, González Garza y Ruth Zavaleta, entre muchos otros dirigentes del PRD.
No es nuevo en la historia mexicana y universal el caso de dirigentes populares y revolucionarios que se desligan de las masas a las que en cierto momento representaron. Ya Lenin había explicado ese comportamiento.
Y es que en el curso de la lucha política, algunos líderes empiezan a adquirir posiciones y privilegios personales y sociales que los llevan, sobre todo a los ideológicamente menos sólidos, a deslindarse de la defensa y representación de los intereses populares, y a trabajar sólo en procura de mantener y acrecentar la posición y las riquezas adquiridas. Una forma clásica de corrupción política y económica de quienes alguna vez fueron líderes revolucionarios.
Aquí está, en resumidas cuentas, la explicación de la conducta descompuesta de los Chuchos. Adquiridos cargos, prebendas, negocios, dinero, grandes bienes materiales y posiciones de poder, los miembros de Nueva Izquierda se han reblandecido moralmente y han decidido pasarse, con todo y pertrechos, al campo del enemigo, al campo del pripanismo, a la siniestra pandilla de Calderón.
Miles y miles de anuncios en radio, televisión y medios impresos nos dicen cada día que son muchos los logros del primer año de gobierno de Felipe Calderón. Pero si uno pasa la vista de esos anuncios pagados a las notas informativas de esos mismos medios de comunicación, la imagen es otra. Y se trata de una imagen deplorable y en algunos casos francamente aterradora.
Es aterrador, por ejemplo, ver que el crimen organizado crece en magnitud y en violencia. Son cotidianos los reportes de levantones que terminan con el hallazgo del cuerpo sin vida del levantado y con señales de haber sufrido crueles torturas antes de ser ultimado.
También es aterrador enterarse de que del total de la tierra cultivable de México, algo así como 32 millones de hectáreas, más de una cuarta parte (nueve millones) se dedica al cultivo de la marihuana. Un millón de hectáreas más, incluso, que el suelo dedicado a la producción de maíz, que es de ocho millones.
Aterrador, igualmente, es saber que la participación del ejército en las tareas del combate al crimen organizado en su faceta de narcotráfico ha sido y sigue siendo un rotundo e inocultable fracaso.
Y no menos aterrador es observar cómo las instancias encargadas de hacer justicia se dedican a hacer exactamente lo contrario. Ahí está el caso emblemático de la resolución de la llamada Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de los delitos cometidos contra la periodista Lydia Cacho por el gobernador de Puebla, Mario Marín, y otros altos funcionarios públicos de esa entidad. Ese supuesto alto tribunal decidió dejar sin castigo los delitos de Marín y sus cómplices, actos delictivos de los que fueron testigos millones de personas.
Pero aterrador puede parecer un adjetivo suave cuando se trata de calificar la desgracia para decenas de miles de familias que significó la inundación de la ciudad de Villahermosa y buena parte del estado de Tabasco, como producto de la corrupción, obviamente sin castigo, de los altos funcionarios de las comisiones Nacional del Agua y Federal de Electricidad
No aterrador, desde luego, pero si deplorable y muy vergonzoso es contar entre los logros de Calderón la impunidad de que disfrutan en el nuevo sexenio Vicente Fox, sus hijastros, los Bribiesca, y Marta Sahagún. Cuatro personajes, entre muchos otros, cuyos patrimonios actuales son infinitamente superiores a sus haberes antes del comienzo del sexenio foxista, y sólo explicables como fruto del más desaforado latrocinio en perjuicio de la nación.
Tampoco es aterrador, pero sí igualmente deplorable y vergonzoso, constatar cómo la política educativa de Felipe Calderón se encuentra en manos de una señora medio analfabeta, cuyo único mérito, del cual se jacta públicamente, es haber sido la artífice del fraude electoral que llevó al michoacano a Los Pinos.
Todos estos son los rasgos más sobresalientes del primer año de gobierno de Calderón. ¿Pueden llamarse logros? Pues sí, porque no hay otros.
En 2008, inestabilidad política por aguda lucha de clases
MIGUEL ÁNGEL FERRER
La política –decía Carlos Marx– es economía concentrada. O, puesto de otro modo, también podría sostenerse que la política es la arena en la que las diversas clases sociales se disputan la renta nacional. Todo problema político tiene un trasfondo económico. En una huelga de trabajadores, por ejemplo, éstos buscan un mayor ingreso, en tanto que el patrón se afana por impedir que un aumento salarial merme sus ganancias.
Visto así el asunto, no hay exageración alguna si se afirma que un gobierno popular es aquel que procura una mejor distribución del ingreso, mientras que un gobierno de derecha tiene como misión concentrar el ingreso nacional en manos de la oligarquía. Por eso no cabe duda de que, hoy por hoy, el mayor problema político de México es la existencia de un gobierno de ultraderecha o, mejor dicho, de derecha fascista.
Pero ese problema se agrava cuando tal gobierno procede de un mayúsculo y evidentísimo fraude electoral, cuando la llegada al poder del grupo gobernante ha violado las normas establecidas para el acceso a ese mismo poder.
Este grave y agravado problema político de falta de legalidad tenía que producir, necesariamente, su contrario: un movimiento de resistencia social y popular al fraude electoral y a las políticas económicas generadoras de mayor concentración del ingreso nacional.
El antagonismo entre un gobierno espurio y un movimiento social que se le opone ha sido el rasgo característico de la situación política de México durante el año 2007, y no cabe duda razonable que tal confrontación marcará el desarrollo de la vida política mexicana durante 2008. Y esta afirmación, más que un pronóstico, es simplemente una inferencia.
Esta lucha política, reedición de otras que a lo largo de la historia ha vivido México, tendrá, como enseña la dialéctica, altas y bajas, avances y retrocesos, triunfos parciales y derrotas, también fragmentarias, para cada uno de los antagonistas, hasta la victoria definitiva, quién sabe cuándo, de uno de ellos.
De modo que, en el muy corto plazo, 2008 será un año de inestabilidad política y de conflicto permanente. Calderón, cabeza formal de la ultraderecha, atizará el fuego del conflicto con su afán, impuesto por la oligarquía, de lograr las contrarreformas fiscal, energética y laboral. Y el movimiento social popular soplará sobre la caldera del conflicto al oponerse a los negros designios de la derecha fascista, el PAN, y de la derecha socialdemócrata, el PRI.
Como indican el mitin lopezobradorista del domingo 18 de noviembre en el Zócalo capitalino y la campaña sucia de los campanazos de la catedral metropolitana, el año próximo será escenario de una cada vez más amplia y encarnizada lucha social y política entre la oligarquía y los medios de comunicación al servicio de ésta y el movimiento social, popular y antineoliberal que encabeza López Obrador.
El 15 de febrero de 2007, la prensa de todo el mundo informó que “la rama saudita de la organización terrorista Al Qaeda convocó a realizar ataques contra las instalaciones petroleras de aquellos países situados fuera de Oriente Medio que proveen del hidrocarburo a EU, y sugirió, entre los posibles blancos, a Canadá, México y Venezuela”.
Nadie puede saber, desde luego, si cabe la posibilidad de que tales amenazas se conviertan en realidad. Pero frente al anuncio de Al Qaeda, los gobiernos afectados han expresado que mantendrán la calma y estarán atentos a la situación, sin alarmas excesivas y sin mayores movilizaciones de policías o soldados.
Pero cualquier persona que ha conocido esa inquietante información se pregunta sobre las posibilidades reales de que la amenaza pueda convertirse en realidad. Y para responder a esa pregunta hay que recordar lo que se sabe sobre el origen y trayectoria de Al Qaeda.
Como es cosa pública y bien sabida, el jefe mundial de esa organización terrorista es el saudí Osama bin Laden. Y es también muy conocido que este tenebroso personaje es un viejo agente de la agencia estadounidense de espionaje, la tristemente célebre CIA. Por eso son muchas y muy fundadas las sospechas de que la autoría de los atentados terroristas contra las Torres Gemelas, en la ciudad de Nueva York, corresponde en realidad a la CIA. Que se trató de un autoatentado, del montaje de una provocación que sirviera de pretexto inigualable para desatar la guerra contra Afganistán e Irak, a fin de que EU pudiera apropiarse de los yacimientos de petróleo de esas dos naciones de Oriente Medio.
Si como todo parece indicar, es correcta la hipótesis de que Al Qaeda es una extensión encubierta de la CIA, puede colegirse que las amenazas contra las instalaciones petroleras de Canadá, México y Venezuela provienen en realidad del gobierno de EU.
Acaso el lector se pregunte por la razón de que EU amenace a sus socios fronterizos. ¿Estará fabricando un pretexto para ofrecer su intervención militar en el territorio de sus dos vecinos en aras declarativa de proteger las instalaciones petroleras mexicana y canadiense, pero con la finalidad inconfesable de estacionar indefinidamente tropas yanquis en México y Canadá, como acontece en todos los países de Europa y en Japón?
Y por lo que toca a Venezuela, ¿nos está avisando EU que muy pronto la patria de Bolívar sufrirá una agresión made in USA en sus instalaciones petroleras, algo así como un primer ataque militar contra el gobierno de Chávez por el cauce nacionalizador de los grandes medios de producción que ha tomado la revolución bolivariana?
Sin descartar la hipótesis del pretexto para estacionar tropas de EU en territorio de sus vecinos fronterizos, pienso que en realidad la amenaza es sólo contra Venezuela, pero que la CIA menciona también a México y a Canadá nada más para despistar, y que así no se note demasiado que el golpe va dirigido exclusivamente contra el régimen insumiso, nacionalista y antiimperialista de Hugo Chávez.
Cuando Alfonso Durazo relevó a Rodolfo Elizondo en la posición de vocero de Vicente Fox, por haber sido el Negro designado secretario de Turismo, comenté el asunto con un epigrama que ha resultado bastante repetido. Decía así:
Relevó Alfonso Durazo
al Negro como vocero.
Prescindió Fox de un pelmazo
y designó a un chaquetero.
Al paso de los años, y al releer aquel epigrama, pienso que los epítetos pelmazo y chaquetero, con los que el epigramista calificó al duranguense y al sonorense estaban –y están– absolutamente justificados. Durazo es un auténtico saltimbanqui, un trapecista, un maromero de la política. Un tiempo priísta, luego panista y hoy perredista de segunda o tercera división.
En el caso de Elizondo, su ineptitud, su falta de talento, su condición de gris burócrata se refleja en su propio historial. No en balde, por ejemplo, lo echaron del estratégico cargo de guardaespaldas verbal de Fox. Por eso sorprende, a primera vista, su ratificación como secretario de Turismo en el gabinete espurio de Felipe Calderón.
Es probable que tanto Fox como Felipe hayan pensado que en una secretaría blanda como Turismo no podría ser mucho el daño provocado por un titular con escasas facultades políticas y administrativas. Y si bien es cierto que, como se dice popularmente, no hay gordo que sea antipático, la sabia sentencia no se cumple en el Negro. De modo que ni siquiera por razones de gracia personal es Elizondo el hombre adecuado para encabezar una dependencia cuyo éxito depende en alta medida de la simpatía personal y cierta liviandad de carácter que no se observan en el panista norteño.
Pero, para variar, parece que Fox y Felipe han vuelto a equivocarse. Porque si bien Turismo no es una secretaría estratégica, también es verdad que de la tarea en mala hora encomendada a Elizondo depende el empleo de decenas o quizá centenas de miles de personas. Y también la permanencia y el crecimiento o la extinción de millares de negocios, directa o indirectamente relacionados con el turismo.
Y si queda claro que Elizondo no es la mejor opción para dirigir esa secretaría, menos parece ser el hombre indicado en momentos en que EU y otros países imperialistas aconsejan a sus connacionales no viajar a México, en virtud del clima de violencia que aquí prevalece.
Clima de violencia generado por las políticas neoliberales con su cauda de pobreza, desempleo y desesperación. Y fruto también del crecimiento exponencial del crimen organizado. Y de la incapacidad del pripanismo para atender los conflictos políticos y sociales que, como hongos en campo húmedo, crecen en las postrimerías del gobierno foxista. Y que habrán de crecer más, sin duda, con la continuación espuria de ese desgraciado régimen contrario al interés nacional y popular.
El 2 de julio del año 2000, con la llegada del PAN a la Presidencia de la República, la iglesia católica volvió al gobierno que había perdido en dos momentos históricos decisivos. En 1857, con las Leyes de Reforma, y diez años después, en 1867, con el fusilamiento de Maximiliano en el Cerro de las Campanas.
Ya antes, en el sexenio del usurpador Salinas, la iglesia romana había logrado que se le volviera a reconocer la personalidad jurídica que le negaron las leyes juaristas. Pero incluso con este reconocimiento, el clero católico estaba lejos de haber reconquistado sus antiguas presencia e influencia en el gobierno.
Hoy, instalada en Los Pinos, la iglesia católica pretende convertir tales presencia e influencia en actos de gobierno. Pero sabe bien que no será fácil. Entiende que la población mexicana del siglo XXI es una sociedad altamente secularizada que no está dispuesta a aceptar tutelajes clericales.
La jerarquía católica ya ha tenido evidencias contundentes de esta repelencia social a volver a los tiempos de la Santa Inquisición. La libertad de cultos es conquista irreversible en el México de hoy. Y lo mismo puede decirse de la libertad de mujeres y hombres para decidir sobre su vida sexual y su descendencia. Y es muy claro que la sociedad mexicana del siglo XXI no está dispuesta a recibir la educación anticientífica que quisieran asestarle las huestes de Norberto Rivera.
Pero consciente de que hay ámbitos en los que no puede gobernar, la jerarquía católica está buscando áreas en las que sea posible convertir en actos de gobierno su recobrada influencia en el alto poder. Y parece que el clero católico ha encontrado un nicho para poner en práctica sus propósitos de volver a gobernar.
El nicho seleccionado para ejercer su influencia política es el de los antiguos templos y conventos que han escapado a su control. Como, por ejemplo, la iglesia y el convento de San Jerónimo, en los que vivió, trabajó y murió sor Juana Inés de la Cruz. Este conjunto de edificios y recintos alberga hoy a una institución de alta cultura laica, la prestigiada Universidad del Claustro de sor Juana.
Norberto Rivera y sus huestes lograron el acuerdo de Vicente Fox para que éste emitiera un decreto expropiatorio de ambos recintos en favor de la iglesia católica. Sólo que una oportuna denuncia pública echó abajo la pretensión norbertiana de despojar a una institución laica de alta cultura de los inmuebles en los que ésta realiza su elevada misión. Pero el intento de despojo ha servido para hacer evidentes los propósitos de Norberto Rivera y sus epígonos por poner al servicio de la iglesia católica, como en siglos pasados, al constitucionalmente laico gobierno mexicano.
El domingo 15 de octubre pasado, en el número 2783 de la revista Siempre, se publicó un elogioso artículo sobre José Vasconcelos bajo la firma de Jorge Carrillo Olea, quien fue, salvo que se trate de un homónimo, gobernador priísta de Morelos en una de las más negras etapas históricas de esa entidad. Una época caracterizada por el auge de la criminalidad, en sus modalidades de secuestro de personas, robo de vehículos, narcotráfico y corrupción gubernamental desbordada.
Pero más allá de la firma, lo importante del caso es el elogioso recuento de la obra del oaxaqueño. Carrillo Olea recuerda a sus lectores que Vasconcelos fue secretario de Educación Pública, posición desde la que impulsó una extensa campaña de alfabetización y la edición, por cientos de miles de ejemplares, de obras clásicas de la literatura, entre otras importantes acciones de carácter educativo. Y recuerda asimismo que en el campo de las artes el oaxaqueño apoyó a los llamados tres grandes del muralismo mexicano: Rivera, Orozco y Siqueiros.
Carrillo Olea no miente ni exagera. Lo dicho es cierto y además bien conocido. Pero llama la atención que en el recuento de la obra vasconcelista, el ex gobernador de Morelos no toque algunas de la facetas que hacen de Vasconcelos un personaje nada elogiable. Porque en el “oaxaqueño ilustre”, como lo llama Carrillo Olea, existen obras y actos que lo hacen ser una figura despreciable.
Acaso el lector recuerde que Vasconcelos, ya en la edad madura, se convirtió en promotor y propagandista del fascismo y del nazismo. Y no debe olvidarse que en la etapa final de su vida, Vasconcelos se dedicó a eliminar de su trabajo autobiográfico aquellos pasajes que no quiso reproducir en sucesivas ediciones de su obra sobre sí mismo. Una conducta honrada hubiera sido reeditar la obra como se dio inicialmente a la estampa, con un prólogo en el que el autor explicara a sus nuevos lectores su cambio de posición personal, ideológica o política.
Ligado en su juventud y primera madurez a movimientos revolucionarios, Vasconcelos defeccionó de esa militancia para convertirse en un personaje ultrarreaccionario y defensor y propulsor de una filosofía idealista de marcado carácter religioso en su vertiente católica. ¿Cómo olvidar el vergonzoso lema vasconcelista de la Universidad Nacional? ¿Quién o qué o cuál es ese espíritu por el que habrá de hablar nuestra raza? ¿La “idea” kantiana, denominación idealista que disfraza el nombre de dios? ¿O, de plano, como mucho se ha dicho, quien hablará por nuestra raza, según Vasconcelos, ha de ser nada menos que el “Espíritu Santo”?
