Es larga, muy larga, la historia de corrupción en Petróleos Mexicanos (Pemex). Personalmente, mis primeras noticias sobre la descomposición ética de la paraestatal datan de la lectura de las memorias del maestro Jesús Silva Herzog, notable, integérrimo y patriota economista, que fue gerente comercial de Pemex poco tiempo después de la expropiación y nacionalización de la industria.
El maestro se dolía en su obra tanto de la corrupción en la empresa como en el sindicato de trabajadores de ella. Latrocinios, tráfico de influencias, holganza, aviadurías y mil abusos y delitos más eran la constante. Y cualquiera podría afirmar que aquellas corruptelas eran juego de niños comparadas con el desaforado entrar a saco en los recursos de la paraestatal que es hoy la corrupción en empresa y sindicato.
Una segunda e impactante noticia sobre la añeja corrupción en Pemex y en el gremio petrolero me llegó siendo yo un niño de diez u once años. Era el final de la década de los cincuenta. En Poza Rica, emporio petrolero del norte de Veracruz, Jaime J. Merino era el superintendente de la paraestatal. El tipo había construido una red de corrupción que una revista de la época sintetizaba de este crudo modo:
"Por ejemplo: si se es superintendente de Pemex, y a la vez vendedor de coches, usted puede dar de baja los vehículos que aún se hallan en buen estado, para adquirir nuevos. Como superintendente vende a la agencia a precios de chatarra, como vendedor de coches vende a Pemex a elevado precio. ¿Y los contratos? Pemex encarga muchas obras a contratistas particulares: carreteras, construcción de puentes, instalación de plantas, etc., etc. Si usted es superintendente puede convertirse en contratista, utilizando para eso un hombre de paja y despacharse con la cuchara grande. O puede dar los contratos a su compadre".
Desde entonces, “el tráfico de plazas de la industria petrolera, la venta descarada de concesiones para las obras de Pemex, la exacción de onerosos e ilegales impuestos para obras públicas que resultaban siempre grandes negocios para la camarilla merinista y el control absoluto de la economía regional a costa de actos ilegales, amenazas y violencias, fueron y son factores que permitieron a Merino amasar una enorme fortuna particular”.
Una matanza de adversarios de Merino, organizada por éste y ejecutada por sus pistoleros –otro rasgo de la época de los cincuentas– propició la caída y huida a Estados Unidos del superintendente bandido y asesino. La justicia fue tardía e insuficiente. Pero entonces como ahora, ni el descarado latrocinio ni la prolongada impunidad de Merino podía haberse dado sin la protección y complicidad de los más altos mandos del país.
Y ayer, como hoy, la gente se pregunta si será posible extirpar de Pemex el tumor de la corrupción. Cómo, si esa malignidad encuentra a sus principales beneficiarios en los altos mandos del mismísimo gobierno federal. ¿Ya nadie recuerda el Pemexgate? ¿Ya ha dejado de ser noticia la privatización silenciosa e ilegal de la empresa? ¿Ya están recluidos en prisión Martha Sahagún y sus dos hijos?
Cómo pedir legalidad, cómo demandar honradez cuando en el priato, cual en el imperio del panismo, la legalidad es un valor desconocido. Cómo, si desde la elección de los gobernantes, que son los que podrían revertir el putrefacto estado de cosas, se tuercen las leyes y se defrauda la voluntad popular. ¿No suena lógico que el primer paso para eliminar corrupción e impunidad es el sufragio efectivo y no la dictadura que impone gobernantes por acuerdo y decisión cupular?
El pasado mes de julio se produjeron dos estallidos en la red de oleoductos de Petróleos Mexicanos. Uno en el estado de Querétaro y otro en el de Guanajuato. Varias semanas después, nadie puede asegurar nada sobre el origen de las explosiones, lo mismo si se trató de un accidente que de un acto deliberado.
De entre las varias hipótesis que corren sobre el asunto, la más difundida es la de un atentado con explosivos por cuenta de una supuesta organización guerrillera, el Ejército Popular Revolucionario, el EPR. La génesis de esta versión se encuentra en un supuesto comunicado en el que esta organización armada se atribuye la autoría intelectual y material de los estallidos.
Una segunda conjetura plantea los hechos como producto de un accidente. Esta especie posee cierta base material de credibilidad, habida cuenta del conocido deterioro de las instalaciones petroleras, como fruto de su pobre o insuficiente mantenimiento, producto, a su vez, según la explicación oficial, de la carencia de recursos de la paraestatal para este propósito de conservación de las instalaciones.
Como tercera presunción está la de un sabotaje por cuenta del sindicato de petroleros. Este planteamiento carece por completo de verosimilitud. Y más bien se trata de una calumnia salida de las plumas y voceros de la derecha, cuyos patrones siempre están interesados en satanizar a las organizaciones de trabajadores, por más charras, como el sindicato de Pemex, que puedan ser.
Hay una cuarta hipótesis, la más verosímil. Los estallidos de Querétaro y Guanajuato habrían sido ideados y ejecutados por agentes del gobierno, preferentemente cuadros militares. Y son varias las razones que llevan a pensar tal cosa.
Primeramente, el tipo de explosivos. Según la versión oficial más difundida, el material empleado para producir los estallidos fue uno denominado C4. De acuerdo con expertos en la materia, en México este tipo de detonantes sólo los posee, conoce y utiliza el ejército, y no están fácilmente al alcance de organizaciones armadas irregulares.
En segundo término se encuentra la evidente necesidad del gobierno calderonista, en el momento de los atentados, de un hecho trascendentalmente mediático capaz de remover la atención pública del escándalo de alta corrupción gubernamental conocido como el chinogate, con ramificaciones delictivas en los ámbitos de la producción y tráfico de drogas, el contrabando y el lavado de dinero, en el que se encuentran involucrados a altos personeros del gobierno federal panista.
Un tercer factor que lleva a pensar en la autoría gubernamental de los atentados es la necesidad del calderonismo de contar con un pretexto o motivo más o menos creíble y lo suficientemente grave que, con el pretexto del combate a la guerrilla o al “terrorismo”, le permita criminalizar la protesta social y popular contra el fraude electoral del 2 de julio y las medidas de política económica, como la nueva Ley del ISSSTE y la propuesta de reforma fiscal, que erosionan gravemente el ya de por sí precario ingreso de los trabajadores, sector social inmensamente mayoritario.
Igualmente en respaldo de la conjetura de actos gubernamentales pueden citarse las generalizadas sospechas sobre la autenticidad o legitimidad del EPR. Desde su aparición pública no han faltado voces que han alertado sobre su probable condición de agencia gubernamental. Un organismo clandestino del Estado para realizar, con carácter de provocaciones, atentados con bandera falsa, el procedimiento estrella de la guerra sucia y la propaganda negra. Una reedición, a la mexicana, de la actuación de Al Qaeda, la agencia provocadora de la CIA estadounidense, en las torres gemelas.
(He aquí otros tres ilustrativos ejemplos de propaganda negra y guerra sucia perfectamente documentados:
En 1846, el presidente James K. Polk envía al general Zachary Taylor y a mil 500 soldados a la frontera mexicana a lo largo del río Nueces, con la orden de cruzar la frontera y penetrar en territorio mexicano, a fin de provocar a México para que responda a la pequeña pero ofensiva invasión. Los mexicanos mordieron el anzuelo y fueron rápida y fácilmente rechazados por las fuerzas de Estados Unidos. Polk aprovechó este hecho bélico insignificante para conseguir que el Congreso declarara la guerra a México y para movilizar el apoyo público para la guerra.
Y en 1898, Estados Unidos hunde su propio acorazado, el USS Maine, en el puerto de La Habana, y culpa a España, la que se encontraba a punto de perder la guerra contra los mambises, el ejército independentista cubano. El atentado contra el Maine resultó ser el pretexto ideal para declarar la guerra a España, derrotarla, y ocupar neocolonialmente a Cuba hasta el uno de enero de 1959.
El 2 de octubre de 1968, en operación encubierta y clandestina, miembros del Batallón Olimpia, un cuerpo de élite del ejército mexicano disparan desde el tercer piso del edificio Chihuahua contra la multitud reunida en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Distrito Federal, para provocar la respuesta de fuego de otro sector del ejército, lo que origina una matanza que permite descabezar y desarticular al movimiento estudiantil de protesta que había puesto en jaque al gobierno).
La índole espuria del EPR como guerrilla marxista-leninista, y su condición de agencia del Estado para montar provocaciones con fines de criminalización y represión de la protesta social llevan al mismo sitio: las sospechas sobre la autoría oficial de los atentados contra Pemex.
Esta comunión de factores explicaría sobradamente la, de otro modo, inexplicable facilidad con que los autores de los dos atentados pudieron llevarlos a cabo. ¿Dónde estaban los servicios de inteligencia militar? ¿Y dónde el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisén)? ¿Pura ineptitud en agencias altamente especializadas en el espionaje político y, concretamente, en el antisubversivo, antiguerrillero y antiterrorista? ¿O estos mismos servicios como autores, colaboradores, patrocinadores o facilitadores de los atentados?
Todo esto antes de los atentados y hasta el momento en que se produjeron. Pero ¿y después? A las varias semanas de los hechos, ¿cuáles son los resultados de la investigación que por denuncia y de oficio debió y debe realizar la Procuraduría General de la República (PGR)? Inactividad y silencio hasta ahora, sólo explicables por la ausencia de necesidad de investigación alguna.
Las consideraciones anteriores también explicarían los supuestos nexos descubiertos por la PGR o reivindicados por el EPR, entre esta guerrilla medio fantasmagórica y el movimiento social de protesta oaxaqueño. ¿Qué mejor, para desactivar y finalmente vencer a la lucha encabezada por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y la sección 22 del sindicato de maestros que el establecimiento de vínculos criminales entre éstos y los supuestos autores de los atentados contra Pemex? Y mejor todavía si logra establecerse en la opinión pública nacional e internacional el carácter guerrillero o terrorista del movimiento popular oaxaqueño.
Al igual que en el caso de los atentados contra las torres gemelas, en que al paso de los días y de los años van apareciendo datos y evidencias de que se trató de un montaje ordenado por la cúpula del poder yanqui para conseguir un pretexto suficientemente grave como para contar con la aprobación social, nacional e internacional, a una agresión militar contra Iraq, así en México, al paso de las semanas se van acumulando los indicios de que los atentados contra los oleoductos de Pemex fueron un montaje, una puesta en escena, un tinglado oficial.
Entre la admiración de unos y las críticas de otros
MIGUEL ÁNGEL FERRER
Desde las primeras décadas del siglo veinte, el destino de Venezuela quedó ineluctablemente ligado al del petróleo. A principios de la centuria comenzó la creciente explotación de ese recurso por cuenta de compañías extranjeras. Y hoy, luego de sucesivos cambios nunca tersos en su régimen de propiedad, el hidrocarburo constituye la principal riqueza de este país y su mayor fuente de ingresos.
Venezuela es socio fundador de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, el poderoso cártel de naciones que nadan en un océano de este aceite todavía imprescindible para la producción y reproducción de la vida material y espiritual en todo el planeta. Con Venezuela están en la OPEP otros once países: Angola, Argelia, Libia, Nigeria, Iraq, Irán, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita, Indonesia y los Emiratos Árabes Unidos. Y, miembros alguna vez, ya no están en la nómina de la OPEP el africano Gabón y el latinoamericano Ecuador, si bien este último, bajo la Presidencia de Rafael Correa, ha anunciado su próximo retorno a la organización.
Pero Venezuela no sólo tiene el mérito de ser miembro fundador de la OPEP. Tiene también el de haber sido el motor de la iniciativa para la creación del cártel. Fundada en Bagdad el 14 de septiembre de 1960, la idea de la creación de un “instrumento de defensa de los precios para evitar el despilfarro económico del petróleo que se agota sin posibilidad de renovarse” provino de un venezolano, el entonces ministro de Energía y Minas del presidente Carlos Andrés Pérez, Juan Pablo Pérez Alfonzo.
Mas no sólo Pérez Alfonzo pensaba que el hidrocarburo venezolano se encontraba en vías de agotamiento. Lo mismo decía 38 años más tarde, en 1998, su paisano, el celebrado escritor de izquierda Arturo Uslar Pietri, quien sostenía que no quedaban más de diez años para el agotamiento de ese aceite esencial, por lo que recomendaba “sembrar el petróleo”, queriendo señalar la necesidad de invertir, en otras áreas de la producción material, la riqueza generada por el hidrocarburo, a fin de lograr el desarrollo económico del país.
Hoy, casi 50 años después de fundada la OPEP para luchar contra el despilfarro que conduciría a un prematuro agotamiento del petróleo, ni el dispendio ha cesado ni el aceite se ha agotado. Cálculos confiables permiten afirmar que en el planeta hay petróleo para varias centurias. Y por lo que toca a Venezuela, en la patria de Bolívar se encuentran inmensas reservas de petróleo y gas, las que son explotadas por la empresa estatal Petróleos de Venezuela, S. A. (PDVSA).
Creada el 1 de enero de 1976, como fruto de la nacionalización decretada en el primer mandato de Carlos Andrés Pérez, Petróleos de Venezuela, S.A. es propiedad de la República Bolivariana de Venezuela, y según documentos oficiales se encarga del desarrollo de las industrias petrolera, petroquímica y carbonífera, así como de planificar, coordinar, supervisar y controlar las actividades operativas de sus organismos subalternos, tanto en Venezuela como en el exterior. PDVSA realiza actividades en materia de exploración y producción para el desarrollo de petróleo y gas, y de crudo pesado de la Faja del Orinoco. Se encarga igualmente de la explotación de yacimientos de carbón. Ocupa una destacada posición entre los refinadores mundiales, y su red de manufactura y mercadeo abarca Venezuela, el Caribe, Estados Unidos y Europa. Además, realiza actividades en las áreas de petroquímica, investigación y desarrollo tecnológico, educación y adiestramiento en sectores vinculados con la industria energética.
Petróleos de Venezuela es la segunda más grande empresa de América Latina, sólo superada por Petróleos Mexicanos. Y según la revista especializada en negocios Fortune, PDVSA ocupa el lugar 35 entre las 500 compañías más grandes del orbe.
Con estos atributos de PDVSA en la mano, el gobierno del presidente Hugo Chávez ha trastocado los criterios usuales, en todo el mundo, en el manejo de la riqueza petrolera. Chávez utiliza los inmensos recursos generados por la exportación del hidrocarburo para alcanzar dos importantísimos objetivos económicos-políticos: un muy alto y sostenido crecimiento del Producto Interno Bruto, y una sustancial mejoría en el nivel y la calidad de vida, sobre todo en los ámbitos de la educación y la salud, de la mayoritariamente pobre población de Venezuela. Hoy, a unos cuantos años de la llegada de Chávez al poder, en Venezuela ha desaparecido el analfabetismo, y suman millones las personas que reciben atención médica de alta calidad y en forma gratuita. No hay duda de que Chávez ha logrado hacer realidad el elusivo binomio económico “crecimiento con desarrollo”. Y no sólo eso. El régimen chavista también posibilita que su patria beneficie a otros países y comunidades pobres, éstas incluso dentro de Estados Unidos, mediante ventas a precio preferencial y con créditos blandos y a largo plazo.
Este manejo heterodoxo de la riqueza petrolera no sólo causa admiración y simpatías en Venezuela y por todo el mundo. También genera críticas, a veces despiadadas. Sobre todo por cuenta de los sectores políticos, económicos e ideológicos de la derecha venezolana y mundial.
A título de ejemplo, ahí están las declaraciones del titular del Banco Venezolano de Crédito, Óscar García. Importante personero del capital privado, García sentenció que Hugo Chávez debería asumir tres desafíos, el primero de los cuales es "acabar con las regaladeras de dinero a otros países", porque de 1999 al 2007 el mandatario ha otorgado unos 26 mil millones de dólares a gobiernos de la región. "Ese dinero –dijo García– debería haberse utilizado para inversión en el país, en hospitales, en escuelas, para infraestructura", entre otras cosas.
La segunda medida sería "poner en cero la corrupción, que si bien es muy difícil de cuantificar en términos de divisas, es uno de los cánceres más grandes que tenemos en este momento en Venezuela”.
En tercer lugar, acotó García, "yo abriría un nuevo plan de apertura petrolera de 10 millones de barriles diarios con inversión extranjera, que es la única manera del país para salir adelante".
La edulcorada envoltura de las palabras de Óscar García no puede ocultar las severas preocupaciones del capital privado, autóctono y mundial, con respecto a las acciones del régimen de Chávez. Primeramente, la censura a los inusuales actos de solidaridad internacional de Venezuela con sus vecinos. Y es que ciertamente, salvo honrosas excepciones, como el Pacto de San José, signado entre México y Venezuela para proveer de petróleo barato a las naciones centroamericanas en tiempos de López Portillo, nunca se había visto que un país pobre (o rico) de libre mercado estuviera preocupado y ocupado en promover el desarrollo de otras naciones pobres por la vía de compartir su propia riqueza natural.
Las palabras del banquero privado no se refieren, sin embargo, sólo a la parte noble de la conducta de Venezuela. Saben, y temen, que con esta conducta (“política de chequera fácil” le dicen) Chávez va tejiendo alianzas internacionales que resultan de la mayor importancia para enfrentar la hostilidad estadounidense, y que tienen al menos un destinatario aborrecible. Porque en sus críticas al ex coronel, siempre y en primer término, aparece el fantasma de Cuba. Y es que nadie puede negar que el régimen de Chávez ha venido a constituirse en oxígeno para la revolución cubana, urgida de apoyo energético en momentos en que se cierra más y más el anillo de hierro del bloqueo económico y financiero estadounidense.
“Regaladeras” y “chequera fácil”, sin embargo, son expresiones equívocas, inexactas y finalmente injustas. Porque en el caso de las relaciones La Habana-Caracas, Cuba, una potencia mundial en salud y en educación, entrega, a cambio del petróleo que recibe, servicios médicos y educativos que por sí misma no podría proveerse Venezuela, al menos en el mediano plazo. Que la UNESCO haya declarado en el año 2005 a Venezuela territorio libre de analfabetismo ha sido posible por el concurso de miles y miles de maestros cubanos expertos en la materia. Y por lo que toca a la salud, puede decirse, a título de ejemplo, que decenas de miles de venezolanos han sido operados y aliviados de cataratas por médicos de la isla, en esta misma y en suelo venezolano. “Salud y educación a cambio de petróleo” podría ser la divisa del nuevo tipo de relaciones económicas puesto en práctica por Hugo Chávez y Fidel Castro.
Cuba, ciertamente, es un caso excepcional de desarrollo humano, lo que le permite intercambiar sus esenciales productos educativos y de salud por petróleo. Pero la solidaridad y el tejido de alianzas en que está embarcada Venezuela no incluyen sólo a Cuba. Desde hace mucho tiempo Centroamérica puja por la construcción en el istmo de una refinería que le permita reducir sus onerosas importaciones de gasolina.
El ex primer mandatario mexicano Vicente Fox había ofrecido al istmo, como parte esencial del Plan Puebla Panamá, construir esa refinería cuya sede se disputaban Guatemala, Costa Rica y Panamá. Y si bien Felipe Calderón había anunciado que fortalecería dicho Plan, fuentes periodísticas señalan que Petróleos Mexicanos ha confirmado que la caída de la producción petrolera en nuestro país es difícil de controlar, y que, por lo tanto, la disponibilidad de crudo se utilizará para mantener la demanda interna y los contratos de exportación a largo plazo, pero difícilmente para otros proyectos. En los hechos, Calderón redujo a una tercera parte la oferta de crudo para la llamada ‘Refinería Centroamericana’, y de paso le propinó un golpe demoledor al ya de por sí alicaído Plan Puebla Panamá, que tenía como uno de sus puntales al sector energético.
.
De modo que el proyecto para construir una refinería en Centroamérica, con el patrocinio de México y en la cual Petróleos Mexicanos participaría con el abasto de crudo, se ha esfumado porque la paraestatal cada vez tiene menos excedentes de crudo y porque los países de la región han decidido, según se informa en la prensa especializada, aceptar la oferta "del que llegue primero". Y parece que la petrolera venezolana PDVSA ya levantó la mano. Sólo que hay señales de un cambio de planes en cuanto a la sede de la refinería centroamericana. Parece que la fundamental instalación será construida en la Nicaragua, de nuevo sandinista, de presidente Daniel Ortega.
Lo de la corrupción actual de Venezuela como motivo de censura por un banquero del ancient régimeparece una mala broma. Porque la corrupción en Venezuela fue la característica esencial de todos los gobiernos anteriores en el siglo veinte. Desde la dictadura militar, sangrienta y pro estadounidense, de Marcos Pérez Jiménez, en la década de los cincuentas, hasta los sucesivos, y alternantes en el poder, gobiernos de los desprestigiados partidos Acción Democrática (los adecos) y Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI).
Por lo que toca a la tercera censura de García: la propiedad estatal del petróleo venezolano y la ambicionada participación del capital privado, nativo y extranjero, en esa misma propiedad, el banquero revela la esencia de la histórica conducta de la derecha en todo tiempo y espacio: nada de propiedad social o colectiva, nada de propiedades estatales. En el pensamiento de la derecha no cabe más que la propiedad privada de los medios de producción. Y para el caso de los países de pasado colonial, esa propiedad privada ha de ser en la mayor parte posible extranjera, es decir, de los países capaces de exportar ingentes capitales: las naciones imperialistas, Estados Unidos en primer término.
Con la “revolución bolivariana” encabezada por Hugo Chávez, esa participación imperialista en los sectores económicos estratégicos venezolanos, como la energía, no sólo parece de improbable retorno, sino que se esfuma lentamente en las áreas en las que todavía se da. Es el caso de las relaciones con las trasnacionales que explotan el petróleo del Orinoco, una de las mayores reservas del mundo, estimadas en más de 1.3 billones de barriles. Si bien hasta ahora PDVSA había sido socia minoritaria en empresas mixtas con las estadounidenses Exxon-Mobil, Chevron-Texaco y Conoco-Phillips, así como con la británica British Petroleum, la francesa Total y la noruega Statoil, desde el primero de mayo de 2007, PDVSA pasó a tener una cuota accionaria de 60 por ciento. Y todo esto ha sido logrado por Hugo Chávez sin acudir al siempre áspero expediente de las expropiaciones. El camino ha sido uno netamente capitalista, esencialmente mercantil: la compra de una parte sustantiva de las propiedades a sus dueños extranjeros, los que obviamente no se quejan del buen negocio hecho con el gobierno de Chávez: venderle, con ganancias, al que quiere comprar, y conservar una parte de la antigua propiedad para seguir ganando.
Con este negocio redondo para ambas partes, y para disgusto de Washington y de otras fuerzas de la derecha, nativa o imperialista, el gobierno de Hugo Chávez amplía la base económica y, sobre todo, el poder político de la revolución bolivariana. Porque, como bien se sabe, en los países emergentes, la base del poder político y del crecimiento económico con desarrollo se encuentra en la propiedad estatal de los grandes medios de producción.
