Son muchas las voces en la prensa nacional que afirman que ya fracasó el intento de Felipe Calderón por privatizar la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex). Entre los motivos argumentados por esas voces está la negativa pública del PRI para respaldar el intento privatizador y extranjerizador de Calderón.
La experiencia, sin embargo, enseña que una declaración priísta, por más solemne que sea, no es nunca digna de crédito. El PRI y sus más altos dirigentes, del pasado y del presente, son como aquel conductor de automóvil que prende su luz direccional izquierda pero da vuelta a la derecha. ¿Ya se olvidó aquella categórica declaración del usurpador Salinas en el sentido de que su gobierno no pretendía firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos? Luz direccional izquierda y, finalmente, vuelta a la derecha.
Pero si de verdad estamos ante un frenón de la iniciativa privatizadora, habría que inquirir sobre el porqué. Y frente a la baraja de posibilidades que explicarían ese frenazo, no parece haber otra más poderosa que la movilización popular organizada por López Obrador contra la privatización de Pemex.
Panistas, priístas y otras fuerzas de la derecha han calibrado certeramente que una marea social en movimiento contra la venta de Pemex sería una fuerza sólo vencible mediante el uso de la represión violenta: policía, cárcel, tribunales y, en última pero necesaria instancia, el Ejército, con sus fusiles, bayonetas, tanques y carros de combate en las calles y plazas de todo el país. Quizás la sola posibilidad de un nuevo, sangriento y mortal 1968 esté llevando a la cúpula pripanista, en un acto de sensatez política, a frenar el proyecto privatizador.
Nunca será aconsejable, sin embargo, confiar en la sensatez de la derecha pripanista. Es tan grande y promete ser tan rentable el negocio de la venta de Pemex, que no puede descartarse que, ahora mismo o en fecha próxima, Calderón y sus mandantes estadounidenses y españoles se decidan a arrostrar los riesgos de una insurrección popular que, civil y pacífica, tendría que ser sofocada necesariamente con la fuerza de las armas.
De modo que la moneda está en el aire. No se sabe cómo habrán de proceder Calderón y sus patrones extranjeros. Pero las fuerzas patrióticas no pueden bajar la guardia. Saben bien que la vía parlamentaria y judicial está cerrada, lo que obliga a la movilización social si se quiere evitar la nueva entrada a saco en los recursos de la nación que significaría privatizar el petróleo.
Suman millones los mexicanos que se oponen a la privatización de la industria petrolera. Y son centenas las organizaciones sociales y populares que acompañan esa causa patriótica. Se trata de personas y colectivos que pueden ser calificados como de izquierda, en el más amplio significado del término. No hay ninguna novedad si se afirma que el país se encuentra dividido entre quienes se oponen a esa privatización y quienes, en el otro extremo ideológico, están de acuerdo con ella.
Una cosa semejante acontece en el PRD. Una facción está en contra y otra a favor. La primera es la encabezada por la dupla López Obrador-Encinas; la otra, la que se expresa a favor de la entrega del petróleo al capital extranjero, conocida como los Chuchos, está jefaturada por Jesús Ortega y Graco Ramírez, ambos viejos esbirros de aquel prototipo de líder de la izquierda venal que fue Rafael Aguilar Talamentes.
Por ese motivo es tan importante, realmente de vida o muerte, qué facción termine siendo hegemónica en el PRD. Importante para todas las fuerzas políticas. Importante para el país. Si se imponen los epígonos de Aguilar Talamantes, es claro que el PRD dejará de acompañar a López Obrador en la lucha contra la privatización del petróleo. La causa patriótica se vería severamente disminuida.
Si, por lo contrario, vence la facción encinista, el PRD seguirá siendo una fuerza decisiva en el combate por mantener la propiedad de los hidrocarburos en poder de la nación.
Esto último explica los apoyos y aplausos que por cuenta del gobierno, del capital, de los medios de comunicación de la oligarquía y de Cuauhtémoc Cárdenas está recibiendo Ortega. Y eso mismo explica los ataques de idéntico origen de que es víctima la corriente encinista.
No será, por ello, fácil que se impongan los Chuchos. Pero en la hipótesis negra de que así aconteciera, el PRD quedaría convertido, sin la fuerza de las masas que representa López Obrador, es un cascarón vacío.
En esta hipótesis, la lucha contra la privatización petrolera dejaría de darse en la arena partidista y parlamentaria, y pasaría solamente a calles y plazas de todo el país.
La izquierda volvería, como en los viejos tiempos del priato, a vivir y a luchar sin los lastres de su incorporación al presupuesto. Retornaría, quizá para bien, a las épocas que sepultó Jesús Reyes Heroles (el viejo zorro, no el hijo cretino) cuando dijo que, con dinero del Estado, había que convertir a los luchadores sociales en simples burócratas. Como Ortega, por ejemplo.
Es tan inmaduro y tan inculto Juan Camilo Mouriño, que quizás ignore que no puede hacerse política exitosa con fama pública de ladrón o de corrupto. ¿No decía Reyes Heroles que en política la forma es fondo? ¿Habrá leído alguna vez el madrileño al veracruzano? ¿Será capaz Mouriño de leer, comprendiéndolo, un texto de cierta complejidad?
Aunque sus notorias inmadurez e ignorancia (más lo segundo que lo primero) no se lo permitan, el galleguito debería saber que en política es decisiva la imagen. Por eso los políticos profesionales la cuidan tanto y con tanto esmero. El político suele fotografiarse rodeado de la esposa y los hijos, aunque el hogar sea un infierno. O llevando en brazos a un niñito de la comunidad que visita en campaña o en actividades de autopromoción. O abrazando a una frágil ancianita.
Francachelas, borracheras, drogas, amantes y prostitutas no dan una buena imagen. Por ello hay que mantenerlas en el círculo más íntimo y reservado. Ahí está el caso emblemático del ya ex gobernador del estado de Nueva York, Eliot Spitzer.
Que un señor cualquiera contrate a una meretriz no es cosa excepcional. Es más bien un hecho que se repite por millones cotidianamente en todo el planeta. Pero que el caso de un político relevante se airee en la plaza pública es sencillamente desastroso.
Y en materia de mala imagen, no parece haber comparación entre una relación carnal a cambio de dinero, y actos de corrupción, constituyentes, además, de delitos perfectamente tipificados.
Pero si en materia de imagen y de violación de las leyes no hay comparación entre la conducta del ex gobernador neoyorkino y el engreído mozalbete madrileño, sí la hay en la torpeza que llevó a los dos personajes a dejar abundantísimos rastros documentales de sus respectivas correrías.
Se sabe que en México la cúpula política hace negocios al amparo de los cargos públicos. Pero se sabe igualmente que para no dejar huellas se vale de prestanombres, de testaferros. Y, con toda seguridad, lo mismo acontece en todo el mundo. Es más: hasta las meretrices, como la hoy célebre Kristen, usan un nombre falso para ejercer su oficio. Y eso que la prostitución no es un delito.
Así que Mouriño se ha convertido en un cadáver político no tanto por corrupto cuanto por estúpido. Un cadáver político como Spitzer, que gustaba de pagar por el disfrute de carne joven y hermosa. O como aquel individuo, Fausto Alzati creo era su nombre, que alardeaba de un doctorado que no poseía. Ah, descuidos costosos.
Quizás esté haciendo bien Felipe Calderón en proteger a su pupilo, el bandidazo Juan Camilo Mouriño. Correr al gachupín trepador sería reconocer que, como siempre, la razón, la justicia, la ley y la ética están con López Obrador.
Echar a Mouriño sería también reconocer públicamente un segundo y grave error en el nombramiento del secretario de Gobernación, pues primero colocó en Bucareli a un simio inepto, y luego designó a un jovenzuelo inepto y corrupto.
Despedir a Mouriño podría ser también un error si el galleguito, inexperto e inestable emocionalmente como es, se enoja y se va de la lengua. Para que esto último no sucediera, Felipe tendría que, además, meterlo a la cárcel y, ya en prisión el mozalbete, negociar silencio a cambio de libertad.
Pero sostener a don Juan Camilo tiene, además, otro serio costo. Significa, necesariamente, compartir, la responsabilidad de los diversos delitos cometidos por el pupilo supuestamente predilecto. Y no es lo mismo pasar por ingenuo al haber errado en un nombramiento, que pasar también por ladrón, cómplice o beneficiario del robo.
Así que sin negar la altísima posibilidad de que Calderón mantenga en el cargo a Mouriño, cual ha sostenido a dos peligrosos delincuentes como son Mario Marín y Ulises Ruiz, también cabe la posibilidad de que el agobiado michoacano decida darle la razón ética y política a su archienemigo López Obrador. De modo que Calderón se encuentra entre la espada y la pared. Haga lo que haga saldrá severamente dañado. En lo personal y en lo político.
El país, en cambio, obtendrá beneficios de cualquier decisión que tome Felipe. Sostener a Mouriño significará saber documentalmente que el gobierno se encuentra en manos de una cleptocracia desaforada y cínica. Y hasta los calderonistas recalcitrantes y los voceros a sueldo de Felipe deberán tragarse completitas las irrefutables evidencias de la corrupción del Ejecutivo.
Mas si lo echa (no tanto por corrupto cuanto por torpe al haber dejado tantas y tantas huellas documentales del atraco), quedaría socialmente muy claro que Calderón no estuvo nunca, no lo está ahora y ya jamás lo estará, preparado intelectual, política y emocionalmente para gobernar.
Frente a esta situación, Felipe muestra, además, su carácter indeciso, dubitante, pusilánime. No sabe qué hacer. Y no tiene a nadie capaz de aconsejarlo sabiamente. Su orfandad es patética. Y para colmo de sus males, tiene ante sí a un titán de la política limpia y del patriotismo que se llama López Obrador.
Educación privada y educación religiosa siempre ha habido en México. Incluso después del triunfo de los revolucionarios de 1917 siguió existiendo, aunque un tanto menguada, ese tipo de enseñanza. La supremacía en calidad y en cantidad de la educación científica y pública sobre la privada y confesional se debió no sólo al auge de las ideas revolucionarias, sino, quizá y sobre todo, al carácter gratuito y universal de la enseñanza otorgada por el Estado.
Pero todo proceso revolucionario engendra su propio proceso contrarrevolucionario. Y la contrarrevolución regresó con ímpetus renovados al campo de la lucha de clases en el ámbito educativo. Fruto de esta vuelta fue la creación de varios centros universitarios de corte decimonónico, cuando no medieval o francamente fascista, como la Universidad Autónoma de Guadalajara, y los no menos retardatarios Tec de Monterrey e ITAM de la ciudad de México.
Tener en su poder esas universidades de relumbrón, pero al final de cuentas medio patito, no le basta a la oligarquía mexicana. Ésta pretende ahora, como siempre, poner su pica en Flandes en las instituciones públicas de educación superior. Y, centralmente, en la más importante y prestigiada de ellas: la UNAM.
Este nuevo intento de asalto de la oligarquía a la educación pública superior tiene como escenario a la Facultad de Derecho de la UNAM, Próximo el cambio de director, la extrema derecha pretende colocar en esa importantísima posición a uno de sus personeros, por no decir esbirros. Se trata del licenciado Jorge Islas López.
Este señor, con escasa experiencia académica, ha mantenido durante años nexos con una institución y un personaje modelos de irrespeto e incumplimiento de la legalidad y la ética. Islas López fue director jurídico de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión la tenebrosa CIRT, la que fue y es protagonista central en los propósitos de imponer, a perpetuidad, la monopólica Ley Televisa. Islas López fue, además, director jurídico de Televisión Azteca, en la que actuaba como operador directo de Ricardo Salinas Pliego.
No me cabe en la cabeza que el rector Narro sea capaz de imponer en la más importante escuela de derecho del país a un representante de la oligarquía más reaccionaria, depredadora, irrespetuosa de la ética y de las leyes y, por si algo faltara, hasta golpista. ¿O ya se olvidó Narro del chiquihuitazo y de los llamados de TV Azteca al derrocamiento del gobierno legítimamente elegido de Cuauhtémoc Cárdenas en el DF?
Yo no sé si las personas que agredieron verbalmente y con amagos de violencia física al senador perredista Carlos Navarrete y al diputado del mismo partido Javier González Garza cumplieron acciones de provocación por cuenta del pripanismo y de Los Pinos, o si, realmente, se trató de ciudadanos inconformes y encolerizados con esos dos legisladores representantes de la derecha del PRD y del colaboracionismo abyecto con Felipe Calderón.
Pero de lo que no hay duda es de la existencia en las filas de los simpatizantes del perredismo de un enfurecimiento inocultable y creciente contra la conducta colaboracionista del sector derechizado del PRD (facción vendida, dirán algunos) con la oligarquía y el imperialismo estadounidense.
Como en política la mala fe es de oficio, podemos suponer que el incidente en el mitin frente a la torre de Pemex fue una provocación gubernamental para desacreditar al movimiento de resistencia al fraude electoral del 2006 y a la privatización del petróleo. Pero haría falta estar ciego para no ver la enorme inconformidad de millones de perredistas sencillos y honestos con la conducta antinacional y antipopular de la corriente dominante en el PRD, la autonombrada Nueva Izquierda o, más simplemente, los Chuchos.
En consecuencia, no han sido López Obrador y sus millones de seguidores quienes han envenenado el ambiente político en el perredismo, cual denunció el propio senador Navarrete. Ese envenenamiento es fruto legítimo y directo de la conducta pública de los Ortega, los Navarrete, las Zavaleta, los Acosta Naranjo y los González Garza, entre muchos otros calderonistas disfrazados de tolerantes y amigos del diálogo.
Esta conducta de Nueva Izquierda permite pensar que en la provocación del domingo 24 de febrero no estuvo solo el gobierno de Calderón. Que ese montaje de desprestigio contra López Obrador y su movimiento patriótico fue realizado en perfecta coordinación entre Los Pinos y los Chuchos.
Y la explicación es muy sencilla: a Calderón y a la chuchiza les urge vender Pemex, lo que obliga a esa mancuerna siniestra a enderezar sus baterías contra el mayor líder de la oposición, legal y pacífica, no sobra decirlo, a esa enajenación severamente repudiada por la inmensa mayoría de la población.
La provocación del domingo 24 es, en realidad, un eslabón más de la extensa cadena de actos semejantes y con el mismo avieso propósito: descalificar al líder de masas que no se pliega, que no se vende, que no transa, que no se cansa, que no se dobla.
Ya se va haciendo costumbre: cada vez que Felipe Calderón tiene una bronca o pretende poner en práctica una nueva medida política o económica lesiva para la población, de pronto y aparentemente de la nada, surge un nuevo acto distractor.
Este puede asumir la forma de una acción militar generalizada contra el narcotráfico, un acto supuestamente terrorista, un cambio en el gabinete, un viaje sin sentido al extranjero o lo que sea. El chiste es desviar la atención de la opinión pública, mediante un espectáculo de fuegos fatuos, de los temas centrales para el futuro, mejor o peor, de la sociedad.
Ahora el manido esquema se está repitiendo con el asunto del bombazo, supuestamente terrorista en el centro de la capital de la república, el pasado viernes 15 de febrero.
Informaciones van e informaciones vienen, pero en todas reinan las contradicciones, los desmentidos, las nuevas versiones, los hallazgos providenciales. Y al final, nada realmente se sabe, ni se sabrá, del asunto.
¿Terroristas?, ¿el narco?, ¿traficantes de armas últimamente lastimados? ¡No importa! Lo que interesa es distraer a la opinión pública. Pero la estrategia tiene, obviamente, más propósitos aviesos que la pura distracción. Veamos, a título de ejemplo ilustrativo, el último bombazo.
¿No es acaso un magnífico pretexto para sensibilizar a la opinión pública sobre la conveniencia de que sea aprobada la reforma judicial calderoniana, la llamada Ley Gestapo, que pretende criminalizar la inconformidad y la protesta sociales, conculcando las garantías individuales hasta ahora garantizadas por la Constitución?
¿Y no es también un pretexto perfecto para intentar echarle tierra al vivo e indeleble tema del megafraude electoral de julio de 2006? ¿Y no es útil, igualmente, para echar un manto de olvido al intento muy avanzado de privatizar Pemex, aunque increíblemente y contra toda evidencia pública, lo niegue servilmente el nuevo lacayo del sistema pripanista, el Premio Nobel de Química, Mario Molina?
¿No sirve asimismo, desde luego, para demostrarle al insumiso gobierno de Marcelo Ebrard que no es invulnerable a represalias provenientes de los sótanos de la Procuraduría General de la República? ¿Y no es también útil para avanzar en los planes de desprestigio del gobierno capitalino, mostrándolo como ineficaz y blandengue en la lucha contra la delincuencia?
¿No es claro así que nos encontramos ante una redición del viejo truco de un montaje que busca matar varios pájaros de un tiro? Ah qué don Felipe tan previsible.
Dicen desde Los Pinos que según las últimas encuestas, mandadas a hacer y pagadas por Los Pinos, Calderón ha mejorado su imagen pública. Pero si ya mueve a la sospecha que una encuesta afirme cosas al gusto del que paga la encuesta, es necesario, además, recordar el triste papel histórico de las encuestas.
Éstas, como los medios de comunicación, pueden servir para informar o para desinformar. Pueden servir para orientar o para desorientar. Y pueden servir para hacer público un fenómeno o para ocultarlo. Dicho en otras palabras, las encuestas pueden servir para mentir, y casi siempre sirven para eso.
Por ello nada tiene de extraño que el ciudadano de a pie desconfíe de los resultados de las encuestas. Ya se sabe que suelen ser falsificaciones cuando no puras mentiras. Y máxime cuando ese ciudadano jamás ha tenido la experiencia de ser consultado por un encuestador. Cómo creer en los resultados de algo en lo que uno nunca ha sido testigo o participante.
Pero esto no es todo. Bien se sabe que las encuestas son un instrumento, un arma de la lucha política e ideológica. Que no son herramientas científicas objetivas e imparciales. Que, en realidad, se trata de mecanismos de manipulación perversa de la opinión pública, movidos por un interés igualmente perverso. ¿O alguien cree en la honradez de las encuestas?
Entendido todo esto, cabe preguntarse qué busca Calderón al ordenar hacer públicos los resultados de encuestas balines en las que aparece como la figura prestigiada, esperanzadora, con apoyo popular y legítima que no es.
Una primera respuesta, desde luego, es la vanidad, el ego. Que se diga, aunque sea mentira, que hay presencia magnífica. Una segunda respuesta tiene que ver con el síndrome López Obrador: hay que decir, aunque sea mentira, que Calderón es más popular, respetado y admirado que el jefe de la resistencia nacional al fraude y a la privatización del petróleo y la electricidad.
Y como tercera respuesta está la necesidad de Calderón de aparentar que cuenta con un apoyo que no tiene, en el propósito inconfeso de vender Pemex (y quedarse con una parte, a título de comisión) al capital privado nacional y extranjero. De modo que, vanidades calderonianas aparte, la encuesta de marras es señal de que los vendedores de Pemex quieren meter a fondo el acelerador.
Aquí está, sin desconocer la influencia del maltrecho ego de Felipe, la explicación básica de la nueva mentira. Se agradece el aviso. Habrá que prepararse para intensificar, aún más, la resistencia.
Normalmente, una persona con los antecedentes y la filiación política de Ruth Zavaleta no podría sino ser despreciada, ninguneada y vituperada por los voceros de la derecha y el imperialismo en los medios de comunicación. Pero, curiosamente, esos mismos voceros del fascismo criollo la ensalzan, la arropan, la convierten en apreciada compañera de viaje.
¿Por qué –cabe preguntarse– los retrógrados voceros de la derecha tendrían que mirar a una prominente adversaria ideológica como aliada? No será, desde luego, por los atributos personales de la señora Zavaleta, digamos la simpatía, el carisma o la capacidad oratoria. El “charme”, como dirían los franceses.
Pero si obviamente esa acogida de Zavaleta por la derecha no puede deberse al encanto personal de la señora, también cabe preguntarse a qué puede obedecer. ¿Serán acaso razones objetivas, es decir, materiales? Porque como bien debe saberlo doña Ruth, al menos de pasado marxista, los factores materiales, el trasfondo económico, son la explicación general de actitudes y alianzas de otro modo inexplicables.
¿Y cuáles pueden ser esas razones materiales, objetivas? ¿Será acaso que doña Ruth coincide en el propósito de la oligarquía de privatizar la industria y el mercado petroleros, sueño dorado de la derecha pro yanqui que mal gobierna al país por obra y gracia del fraude electoral más escandaloso de la centenaria historia mexicana de fraudes electorales?
¿Y qué mejor, para clarificar la nueva posición ideológica de Zavaleta, que romper lanzas contra el líder de masas que encabeza la oposición social y popular al nuevo despojo?
¿No le dirán nada a doña Ruth los desaforados elogios y apapachos de la oligarquía? ¿Pensará, ingenuamente, que son ditirambos sinceros? ¿Creerá que la oligarquía ya ha olvidado el pasado popular y antioligárquico que llevó a la antigua luchadora social a encumbrarse?
¿Estará doña Ruth impedida para pensar que elogios de la oligarquía como los que ella recibe ahora fueron el veneno que liquidó para siempre a otras figuras, incluso más importantes y mejor dotadas de la izquierda nacionalista, como lo fueron Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles, quienes hoy deambulan entre la frivolidad y el desprecio social?
¿Habrá caído en la cuenta doña Ruth que como en los casos de Cárdenas y Robles, los elogios de hoy de la oligarquía se tornarán en el desprecio de mañana? Ojo, Zavaleta, aunque por ahora no lo entiendas: los elogios del adversario político e ideológico nunca fueron señal de buen camino.
El pasado lunes 28 de enero de 2008, apareció en el diario El Universal de la ciudad de México un artículo de Rodolfo Tuirán, bajo el titular “Ciudades rurales”. En ese texto, Tuirán, un sociodemógrafo erudito, explica que “entre el mundo urbano y el mundo rural existen asentamientos intermedios donde se entrecruzan los fundamentos de ambas realidades socioeconómicas. Son las llamadas ciudades rurales o agrovillas”.
Y agrega: “varios centenares de asentamientos en el territorio nacional podrían caracterizarse como ciudades rurales. Desafortunadamente en el país no se aprecian esfuerzos significativos dirigidos a reforzar la importancia de estos centros de población en las tareas de ordenamiento territorial y ecológico”.
Intelectual al servicio del régimen pripanista, Tuirán ha sido secretario general del Consejo Nacional de Población y subsecretario, al lado de Josefina Vázquez Mota, en Sedesol y ahora en Educación Pública. Con este doble rasgo de intelectual y político del sistema, Tuirán nos informa que “en Chiapas se planea construir en los próximos cinco años un total de 27 ciudades rurales, con un costo promedio por asentamiento de casi mil millones de pesos”.
Y remata: “estas ciudades buscan ofrecer una solución a los graves problemas de dispersión poblacional y fragilidad territorial de la entidad. Recuérdese que en Chiapas hay alrededor de 19 mil 500 localidades rurales, de las cuales tres de cada cuatro tiene menos de 100 habitantes y muchas de ellas se localizan en zonas de riesgo. El proyecto se sustenta en la idea de que la creación de las ciudades rurales podría contribuir a atraer y aglutinar a las poblaciones que habitan en las pequeñas comunidades aledañas y, por esta vía, a reducir la marginación”.
El propósito declarado de la creación de las ciudades rurales es muy lindo: “reducir la marginación”. Pero el asunto huele mal desde lejos. Sobre todo tratándose de Chiapas. Porque eso de crear ciudades rurales para “atraer y aglutinar a las poblaciones que habitan en las comunidades aledañas” se parece demasiado a la teoría y práctica contrainsurgentes made in USA de las aldeas estratégicas, empleada en Vietnam y en Guatemala.
Me parece que, con amable ropaje y amparado en su cartel de erudito demógrafo, Tuirán quiere pasar de contrabando, en busca de la simpatía social, un proyecto de lucha contrainsurgente: concentrar a la población en aldeas estratégicas para socavar el apoyo campesino e indígena a la insurgencia zapatista. Ojo con don Rodolfo.
Han sido dos, básicamente, las interpretaciones del nombramiento de Juan Camilo Mouriño en la Secretaría de Gobernación. Una, que Calderón ha enfilado ya a su cachorro español rumbo a la candidatura panista a la Presidencia de la República; la segunda es que, por lo contrario, Felipe ha cortado de tajo las presidenciales aspiraciones del mozo madrileño.
Los predicadores de la primera interpretación dicen, en abono de su tesis, que Calderón ha colocado en Bucareli, secretaría estratégica, a su hombre de mayor confianza, al hermano menor. Ven en ese afecto y relación una clara señal de la vía que habrá de seguir la sucesión.
Quienes, por lo contrario, piensan que al nombrar al galleguiño jefe del gabinete, Calderón le ha cortado la cabeza muy anticipadamente, argumentan que Bucareli es un hueso muy duro de roer para un bisoño de la política, una especie de reedición de las insuficiencias de Santiago Creel, innegable pero fallido delfín foxista.
Esta segunda interpretación tiene, a su vez, dos variantes. Una, que deseando promover a su pupilo, Felipe lo ha fastidiado involuntariamente. La otra, aparentemente más sólida, es que Mouriño será la bola de humo del sexenio, el señuelo, el pararrayos que permitirá alejar miradas y golpes de los dos verdaderos prospectos de Calderón: Ernesto Cordero Arroyo y Germán Martínez Cázares.
Pero yerro o perversidad de Calderón, la clave del asunto se encuentra en no dejarnos embarcar en especulaciones que nos veden la comprensión de lo verdaderamente importante. Y lo central es que Mouriño, Cordero o Martínez Cázares son tres muestras, casi idénticas, del pensamiento fascista antinacional que hoy domina a México.
Sujetos al dictamen de los sufragios, ninguno de esos personajes podría ocupar Los Pinos. Ni el probada y documentadamente inepto Martínez Cázares, ni el lacayo gozoso Cordero, ni el neogachupín enriquecido Mouriño.
Por eso poco importa a quién esté protegiendo y promoviendo realmente Calderón. Mientras las autoridades electorales sigan siendo un apéndice de Los Pinos, no habrá elección sino designación presidencial a dedo.
Y resulta aturdidor del entendimiento y del análisis caer en el juego (torpe o perverso) de Calderón. Por ahora lo importante es impedir las contrarreformas calderofascistas. Y prepararse para abortar, a golpe de inteligencia y de movilizaciones populares combativas, los preparativos que ya comienzan en la cúpula del poder pripanista, con las vacías reformas del IFE, para el fraude electoral de 2012.
Oportuna, muy oportunamente, Calderón decidió echar a la yucateca Beatriz Zavala de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso). Precisamente en el momento en que se han hecho públicos diversos actos del pripanismo en el poder para proceder a la privatización de Petróleos Mexicanos. Y justamente también en los momentos en que el poderoso y creciente movimiento de masas del lopezobradorismo anuncia actos y movilizaciones nacionales para impedir esa privatización.
En los tiempos del priismo, a la práctica de correr a alguien del gabinete se le llamaba “echarle carne a los perros”. Una vieja y manida maniobra para desviar la atención pública de un tema de enorme trascendencia, como la venta de Pemex a los amigos, mediante un suceso escandaloso, pero, a fin de cuentas, muy accesorio y carente de importancia, como es la salida de un personaje altamente prescindible como era y es la señora Zavala.
Y si bien había otros candidatos a la calle, signados por la ineptitud y la mediocridad, como por ejemplo Rodolfo Elizondo, de Turismo, o la canciller Patricia Espinosa, o el titular de Energía, como se llame, o el de Agricultura, modelo de rusticidad y falta de inteligencia, la verdad es que Beatriz Zavala era la candidata ideal por varias y sólidas razones.
Primeramente, porque durante las criminales inundaciones de Tabasco, sencillamente no dio el ancho ni para simular que hacía algo por los miles y miles de damnificados. En segundo término, por la bien ganada fama pública de corrupción de la hoy ex secretaria y de su familia, comenzando por el marido, uno de los grandes beneficiarios del robo del siglo que fue el Fobaproa.
Una tercera razón, sin duda, es su condición de mujer. Un clásico panista como Calderón, misógino y machista hasta el tuétano no vacila entre sacrificar a un varón o una mujer. Pero desde las alturas de su gran generosidad “de género” frente a “una vieja en desgracia”, don Felipe la consuela con una posición de quinta categoría en el comité nacional panista. Y, también, claro, en previsión de que el despecho lleva a la señora a irse de la lengua en vista del maltrato recibido.
La cuarta razón es de índole electoral. Durante los meses de su gestión en Sedeso, Zavala se dedicó al acopio y actualización de información sobre los ciudadanos que por motivos de pobreza son beneficiarios de los programas de asistencia de esa secretaría. Y ya conseguida esa vital información con miras a las elecciones del año próximo, era hora de borrar las huellas del atraco.
Dice Felipe Calderón que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha resultado benéfico para México. Y afirma que la prueba de ello es que los sectores involucrados gozan de empleo formal y de los mejores salarios.
El argumento pro TLCAN de Calderón no puede ser más pobre. Se ve que no conoce ni los elementos de la lógica aristotélica. ¿De cuándo a acá el éxito de una de las partes implica el éxito del todo? Y eso, suponiendo sin conceder que de veras sea cierto eso del empleo formal y los mejores salarios en los sectores involucrados.
La verdad documentable es muy distinta a la versión endulzada del panista. En lo general, el saldo del TLCAN ha resultado muy negativo. ¡Cómo se atreve Calderón a hablar de empleo, formal o informal, cuando suman cientos de miles los trabajadores mexicanos que cada año emigran al mercado laboral de Estados Unidos en busca de la ocupación que no encuentran en México!
¿Y qué decir de la monstruosa magnitud del empleo informal en toda la economía mexicana? ¿Ignora este señor que más de la mitad del producto interno bruto se genera en la informalidad? Ahí está, como caso paradigmático de la economía informal, negra o subterránea, la situación de la agricultura: de los 32 millones de hectáreas de tierra cultivable, más de la cuarta parte (9 millones) está dedicada a la producción de marihuana.
En cuanto a eso de los mejores salarios, ¿ignora don Felipe a cuánto asciende el salario mínimo mexicano? Al día son alrededor de cincuenta pesos, es decir, menos de cinco dólares. ¿Es este el concepto calderoniano de “mejores salarios”?
Pero si se pasa del salario mínimo al salario medio de la economía nacional en su conjunto, las cuentas tampoco le salen a don Felipe. La media nacional es de menos de cinco salarios mínimos, es decir, de no más de 250 pesos por jornada. ¿Buenos salarios o, hablando en plata, salarios basura?
Muy a despecho del esquizofrénico optimismo de Calderón, la realidad laboral mexicana se compone de desempleo masivo, migración millonaria y salarios basura. Y las cosas sólo habrán de empeorar a partir de ahora con la entrada en vigor del capítulo agropecuario del malhadado TLCAN.
Frente a la fuerza de las cifras, con su discurso de año nuevo don Felipe sólo hace demagogia. O, como dirían los clásicos, apologética: justificaciones en vez de argumentaciones, torcidos razonamientos para ocultar los desagradables hechos. Pero qué más podría hacer. ¿Reconocer el fracaso? Es mejor hacer el papel del célebre tío Lolo.
En materia de las llamadas reformas estructurales, y acaso muy a su propio pesar, Felipe Calderón sigue los pasos de Vicente Fox: nada le sale bien, todo se le enreda, sólo cosecha fracasos. La cacareada reforma del ISSSTE resultó un desastre que enfrenta todos los días y desde hace meses la férrea oposición de los supuestos beneficiados, quienes comprenden que la reducción del monto de las pensiones en más de la mitad no puede considerarse benéfico.
La no menos cacareada y supuestamente necesaria reforma fiscal se quedó sólo en el repudiado gasolinazo. La reforma del IFE, cuyo objetivo verdadero es perfeccionar y eternizar el ya septuagenario fraude electoral, se encuentra entrampada y desprestigiada aún antes de nacer. Y a la reforma judicial se le cayó la máscara desde el principio: no busca combatir al narco, sino criminalizar las inconformidades y las protestas populares.
Pero obsecuente como Fox con el amo Pluto, Calderón insiste ahora en la reforma energética, es decir, en privatizar Pemex. El descubrimiento de los acuerdos secretos con las empresas petroleras extranjeras fue el primer indicio del plan concreto de esa privatización.
Un segundo indicio se da ahora mismo dentro de la paraestatal. El nuevo e incapaz director general ha puesto en marcha un programa de contratación individual, en el que los trabajadores firmantes renuncian expresamente a su derecho a demandar la reinstalación en caso de despido. Se trata de limpiar de obligaciones laborales a los futuros nuevos dueños de Pemex. Que la Shell gringa y la Repsol española puedan echar a la calle a trabajadores sobrantes en el nuevo esquema de explotación salvaje de la mano de obra.
El pitido de alarma ha sonado en todo Pemex. Los miles de empleados escuchan pasos en la azotea: el zafarrancho de combate para el asalto final contra su centro de trabajo y sus derechos constitucionales.
Y la alarma no cesa, a pesar de que los trabajadores petroleros saben perfectamente que los derechos constitucionales son inalienables. Y no cesa, porque también entienden que en una dictadura de nada valen leyes y tribunales, como lo demostró, por si alguna prueba más hacía falta, el dictamen de la corrupta Suprema Corte en el caso de los delitos cometidos en agravio de Lydia Cacho.
Conscientes del peligro, los trabajadores de Pemex han empezado ya a movilizarse. Parece que con la contratación individual, los privatizadores de Pemex tendrán que combatir ahora en un nuevo frente de batalla: el frente interno.
Los publicistas y voceros a sueldo de Felipe Calderón nos dicen que la propuesta de reforma judicial permitirá una lucha más eficaz contra la delincuencia organizada, y más concretamente, contra el narcotráfico. Pero este aserto sólo es un señuelo. Calderón sabe perfectamente, discursos aparte, que el narco es invencible. Universal e históricamente invencible. No en balde la antigüedad del consumo de estupefacientes puede cifrarse documentalmente en cinco mil años.
¿Es acaso un secreto que, sin contar a los consumidores de alcohol, suman miles de millones en todo el mundo los demandantes de estupefacientes? Y ya se sabe que si hay demanda de algún artículo, sólo es cosa de poco tiempo para que aparezca la oferta que ha de satisfacer esa apetencia.
¿No ha tomado conocimiento el amable lector de la violenta lucha de los gobiernos italianos a lo largo de todo el siglo veinte para eliminar a las diversas agrupaciones mafiosas de ese país? ¿Y cuál ha sido el resultado? Pues el más absoluto fracaso, pues conservando sus tradicionales giros de contrabando, extorsión, narcotráfico y prostitución, los grupos mafiosos han pasado a participar delictivamente en la especulación comercial, inmobiliaria y financiera de modo planetario.
Por lo que toca a México ¿cómo pensar en la derrota del narcotráfico cuando se sabe que de los 32 millones de hectáreas de suelo cultivable, más de una cuarta parte (9 millones de hectáreas) es dedicado a la producción de marihuana? ¿Y cómo siquiera imaginar posible esa derrota cuando se sabe que en México, lo mismo que mundialmente, el narco es una actividad en la que parte imprescindible es el concurso de autoridades judiciales, sanitarias, políticas, aduaneras, policíacas y militares.
El señuelo no puede ocultar el propósito verdadero: la autodotación gubernamental de instrumentos judiciales y policíacos para infundir terror e inmovilizar a los millones de inconformes con el fraude electoral de julio de 2006 y con la política económica antipopular y antinacional que ese megafraude ha permitido profundizar.
Esa reforma judicial busca criminalizar la protesta y las movilizaciones populares. Se trata del típico comportamiento de una dictadura, que tras el golpe de Estado pretende fabricarse una institucionalidad a modo. Una institucionalidad esencialmente represiva que, conculcando las libertades civiles, apriete más firmemente el anillo de hierro de la tiranía. Un año y medio después del primer pinochetazo, el segundo se encuentra en marcha.
Al cardenal Rivera le gusta calzarse los guantes de boxeo. Es un tipo belicoso. Le agrada el pleito. Su estilo es el de un fajador. De esos que tiran trompones a lo loco y que, igualmente, reciben muchos guamazos. Y ahora su nuevo adversario son medios de comunicación y periodistas, a los que con un lenguaje más propio de rufianes que de curas, ha llamado “prostitutas y prostitutos”.
Tales vocablos significan “personas que venden su cuerpo a cambio de dinero”. Y por extensión, hombres y mujeres que venden su conciencia. Pero el cura mayor utilizó esas voces en un sentido diferente. Las empleó para referirse a periodistas y medios que, dice, destruyen “la fama de las personas y de los sacerdotes”.
Parece así que Rivera quiso decir calumniadores o difamadores. ¿Por qué habrá sido que usó las expresiones prostitutas y prostitutos? ¿Le parecieron más fuertes, más ofensivas, más injuriosas?
El vidrioso sacerdote quiere desquitarse de aquellos periodistas y medios, mexicanos y extranjeros, que se han atrevido a señalar a Rivera como protector de curas pederastas. Y qué mejor para el desquite que la injuria contra los denunciantes de esa reprobable conducta.
En su desbocado ataque de fajador irreflexivo, Rivera equivocó el contrincante. Porque quienes lo acusan de protector de curas pederastas no han sido ni son los medios y los periodistas, sino las personas agraviadas sexualmente por los cofrades del insensato cardenal. Medios y comunicadores se han limitado a informar sobre tan despreciable hecho.
Pero si Rivera quería herir con sus desatinadas expresiones a quienes se han limitado a informar de las denuncias y actuaciones judiciales contra el perverso club de curas abusadores de niños, sólo ha conseguido abrir un nuevo frente de pelea.
Y entre sus nuevos antagonistas se encuentran trabajadores, dueños y concesionarios de casi todos los medios de comunicación. Porque si bien Rivera se cuidó de dar nombres, lo cierto es que ha llamado “prostitutas y prostitutos” a la inmensa mayoría del gremio de comunicadores, pues no hay medio que no haya informado de las vicisitudes judiciales de Rivera, Nicolás Sánchez y, estrella de estrellas, Marcial Maciel.
Ya desesperado por el alud que le ha caído encima por la protección que brinda a curas depravados, Rivera suelta ahora mandobles a ciegas. Y les pega a muchos de quienes han sido sus aliados y panegiristas. ¿No habrá leído el señor cura aquello de que a quienes los dioses quieren perder, empiezan por volverlos locos?
Tres son los puntos fundamentales de la nueva y enésima reforma electoral que los capos de la mafia de la Cámara de Diputados pretenden vendernos como el gran logro, como la gran hazaña. Estos puntos son: Uno, la reducción en el tiempo de las campañas electorales, dos, la prohibición para que partidos y candidatos compren tiempo publicitario en los medios de comunicación, y tres, la salida de Luis Carlos Ugalde de la presidencia del Instituto Federal Electoral y de dos miembros más de la corrupta cúpula de ese podrido organismo.
La salida de Ugalde y de dos de sus cómplices en el fraude electoral de julio de 2006 es equivalente a despedir a tres suripantas y mantener el serrallo abierto. La tarea incumplida de la mafia de la nunca mejor llamada Cámara baja era desaparecer la necrosada institución electoral y crear un nuevo organismo, capaz de organizar por primera vez en la vida de México unos comicios limpios.
Esto, desde luego, no es una labor imposible, como lo demuestran los procesos electorales en las democracias burguesas de Europa o América Latina. Ahí están los cercanos ejemplos de Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Uruguay, Argentina, Chile y Brasil, países en los que nadie pone en duda la limpieza y la legitimidad electorales.
No está mal, por supuesto, que hayan cesado a tres malhechores; y tampoco es malo que se reduzcan los tiempos de campaña; y es plausible que los medios de comunicación dejen de ser los vulgares mercaderes electorales en que hoy están convertidos.
Pero en México, aquí y ahora, lo importante, lo vital, es que las elecciones sean limpias, que dejen de producir resultados fraudulentos. Que se cuenten y no se inventen, como acontece hoy, los votos. ¿De qué podrán servir las tres nuevas medidas anunciadas si se mantiene el dominio gubernamental sobre los procesos electorales?
Como siempre, el PRI y el PAN, aliados con la fracción derechista del PRD, nos están dando gato por liebre. Nos quieren dar atole con el dedo. La reforma electoral propuesta es una nueva engañifa, una burda maniobra para calmar los ánimos de millones de personas indignadas por el fraude electoral de 2006, con el señuelo de, ahora sí, realizar una reforma electoral que habrá de ser democrática y definitiva.
El engendro propuesto por los diputados derechistas de PAN, PRI y PRD constituye, en realidad, una nueva contrarreforma electoral que dejará en manos del gobierno la organización de los fraudes electorales que ya nos preparan para 2009 y, sobre todo, para 2012.
Únicamente las personas muy ingenuas o de pésima memoria podían haber esperado que la llamada Suprema Corte de Justicia de la Nación hiciera justicia en el caso de los delitos cometidos contra la periodista Lydia Cacho por cuenta de diversos funcionarios públicos de Puebla, encabezados por el gobernador, Mario Marín.
Pero quienes no caen en ingenuidades políticas y, además, conocen y recuerdan el negro historial de corrupción de ese tribunal nunca creyeron que fuera posible una actitud honrada por cuenta de esa caterva de jueces venales.
Jueces que se venden al mejor postor o que se pliegan, a veces gozosamente, como ahora, a las órdenes del tiranuelo en turno. Un grupo de malhechores que, cínicamente además, niegan hechos de los que han sido testigos millones de personas. Ésta, la Corte, es el modelo perfecto de la democracia mexicana. Un sistema político en el que las más altas instituciones se encuentran podridas.
Pero cómo pedir legalidad, cómo demandar honradez cuando en el priato, al igual que en el panismo, la legalidad es un valor desconocido. Cómo, si desde la elección de los gobernantes, que son quienes podrían revertir el putrefacto estado de cosas, se tuercen las leyes y se defrauda la voluntad popular. ¿No suena lógico que el primer paso para eliminar corrupción e impunidad es el sufragio efectivo y no la dictadura que impone gobernantes por acuerdo e imposición cupular?
Dicen los allegados de Calderón que éste empieza a consolidarse, en tanto que poco a poco López Obrador pierde empuje y base social. ¿De veras? ¿No será exactamente al revés?
¿O van a culpar al tabasqueño de lo conducta cínica, farisea y corrupta de la llamada Suprema Corte de Justicia en el caso de Lydia Cacho? ¿La gente va a responsabilizar al Peje de la conducta corrompida y criminal de los directores de las comisiones del Agua y Federal de Electricidad en la catástrofe de Tabasco? ¿Va el pueblo a echarle la culpa al ex jefe de Gobierno del DF de los cientos de ejecuciones, levantones y secuestros que diariamente asuelan al país?
Es muy posible que Calderón, Norberto Rivera y Kamel Nacif estén muy satisfechos con la impunidad otorgada a Mario Marín. Pero la villanía de la Corte contra la valerosa periodista es un monumental recordatorio de que México vive en una simulación democrática. Una nueva constancia pública de la necesidad y pertinencia del movimiento social y popular que, encabezado por López Obrador, se resiste a seguir viviendo en este siniestro estado de cosas.
Como era de esperarse, la derecha y la ultraderecha mexicanas han cerrado filas en torno a Norberto Rivera por el asunto de la provocación de los doce minutos de campanazos durante el Primer Informe de Gobierno del Presidente Legítimo, el pasado domingo 18 de noviembre.
Mas es evidente que esos apoyos, sobre todo mediáticos, no le servirán de gran cosa al belicoso cardenal, pues éste ha dejado de ser, desde hace tiempo, una pieza útil de la política vaticana contra el innegable avance seglar y democrático de los mexicanos.
Rivera ya no es útil, porque ha dejado de parecer el hombre de buena fe que trabaja en pos de la concordia entre los mexicanos. Ha dejado de parecer el desinteresado pastor que sólo busca el bien de su rebaño. Ha dejado de parecer el cura apolítico que no se entromete en los asuntos de la lucha de clases y de la disputa por la riqueza social.
Ciertamente, Rivera nunca fue ese dechado de virtudes éticas y pastorales que deben adornar a un sacerdote. Esa era sólo su imagen pública para engañar a incautos y a despistados.
Curiosamente, sin embargo, Rivera ha dejado de ser útil no sólo por su condición de franco contendiente político contra la izquierda; ni por su excesiva y alardeada cercanía con los plutócratas mexicanos; y ni siquiera por ser declarado adversario de, al menos, la mitad de la población del país. Estos rasgos de Rivera han sido únicamente el suelo abonado y fértil en que ha caído la sospecha de su condición de hombre inmoral y ligado al abominable delito y pecado de la paidofilia.
Ahora, al hombre desenmascarado en lo político se suma la información pública sobre su carencia absoluta de los más elementales principios morales. Por ello, el combate de la iglesia católica contra la secularización mexicana necesita aquí otra cara. Y otro historial, éste sin máculas tan siniestras como las de Rivera.
Habrá quien diga, desde luego, que el jerarca sólo cumplió con su deber político al tomar partido por Calderón y haber avalado la guerra sucia y el fraude electoral contra el candidato de la izquierda. Y es posible que sin la existencia del poderoso movimiento social y popular de resistencia al fraude electoral y a la imposición, Rivera no estaría hoy tan en entredicho.
Pero a un año del fraude, ese movimiento sigue denunciando el robo de la Presidencia y la falta de democracia. Por eso Rivera ya no le sirve a Roma. Por eso se prepara ya su salida de México y un dorado exilio vaticano al estilo de su compañero de andanzas, Marcial Maciel.
Nadie, desde luego, puede creer que la devastadora inundación de Tabasco se debió sólo a una desgraciada casualidad. Existen sólidos indicios y fundadas sospechas de que la catástrofe obedeció a una adecuada combinación de ineptitud y corrupción.
No será fácil, sin embargo, saber la verdad de lo ocurrido, pues la Procuraduría General de la República (PGR), institución encargada de investigar los hechos y, en su caso, sancionar a los responsables, es un organismo corrompido hasta la médula, en la que la investigación brilla por su ausencia y en la que se fabrican inocentes y culpables por consigna política o por razones dinerarias.
Pero en la lista de instituciones corrompidas no está sola la PGR. La acompañan otras muchas. Como ese triste Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), que se ha convertido, a los pocos meses de ver la luz exactamente en su contrario: en ocultador de la información pública que documenta la corrupción pripanista.
Es también el caso de policías y tribunales. Y no hay dependencia del Estado en que los titulares y otros altos empleados no salgan del cargo con fortunas escandalosas. Ahí están los casos paradigmáticos de Vicente Fox y su mujer, Marta Sahagún. Y el de casi todos los antecesores del guanajuatense.
Lugar de honor ocupa en esa lista de instituciones podridas el Poder Legislativo Federal. La más reciente hazaña de diputados y senadores ha sido participar en esa farsa que constituye la comisión investigadora de los inocultables delitos de Fox, Marta y la parentela de ambos.
Pues bien: ¿por qué, en este mar de corrupción, los ciudadanos de cualquier bandería política, deberían creer que las instituciones electorales (Instituto Federal Electoral, IFE, y el tribunal en la materia, Trife) habrían de ser honrados y habrían de actuar con apego a la ley?
Si es posible obtener un acta de nacimiento, un pasaporte o un título profesional apócrifos, ¿por qué debería pensarse que el conteo de votos en una elección no está sujeto al manejo corrompido de los funcionarios electorales? ¿IFE y Trife, dos islitas de honradez en el mar de la corrupción gubernamental que a todos nos consta?
En buena lógica, sólo podrían sostener que el IFE y el Trife son honrados aquellos ciudadanos que crean que la PGR, las diversas policías, la alta burocracia y los jueces, entre otros miles de miembros del sistema político mexicano, son honrados. Y esto es sencillamente imposible hasta para panistas y priístas recalcitrantes. ¿O me equivoco?
Entiendo perfectamente que haya millones de españoles que saquen la cara por el ex presidente del gobierno español, José María Aznar. Que lo defiendan, que lo ponderen, que hayan sufragado por él. Pero no digo ninguna mentira si afirmo que Aznar fue entusiasta promotor de la agresión de Estados Unidos, disfrazada de multinacional, contra el pueblo de Iraq, invasión militar que ya ha costado a esa nación árabe más de un millón de muertos. Y esta no es una opinión, sino un dato verificado.
Tampoco miento si digo que es públicamente conocida la participación de Aznar en el fallido golpe de Estado contra el gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez. Una participación semejante a la del tenebroso canciller estadounidense Henry Kissinger en el golpe militar contra Salvador Allende.
Igualmente entiendo que haya millones de españoles que aprecien a Juan Carlos de Borbón. Pero no miento si digo que se trata de un monarca que lo es por decisión personal del dictador fascista y aliado de Hitler y Mussolini, Francisco Franco. Y tampoco digo mentira si afirmo que Juan Carlos es algo así como el Vicente Fox español: estulto, ignorante, ágrafo, enriquecido al amparo del poder público.
Un hombre, como se dice en México, sin oficio ni beneficio. Un tipo que nunca en su vida ha trabajado. Un gandul, cual se dice en España. Un verdadero zángano. Célebre, al igual que Fox, por ser eficaz facilitador, con ganancia personal, obviamente, de negocios para amigos, parientes y compadres.
Y tampoco incurro en falsedad si sostengo que Aznar no pudo embarcar a España en la agresión genocida a Iraq sin el acuerdo expreso de Juan Carlos. De modo que no difamo a “Su Majestad” si lo califico de genocida. De corresponsable de la muerte de ese millón de iraquíes y del sufrimiento de los millones de heridos, mutilados, desplazados y huérfanos que ha producido la agresión a ese pobre país.
Comprendo, asimismo, que a esos millones de españoles admiradores del Borbón y votantes de Aznar les disgusten estos calificativos. Están en su derecho. Pero esa simpatía, algo perversa, desde luego, no les quita verdad a esos epítetos. Acaso Aznar y Juan Carlos sean buena onda, pero eso no les quita lo asesinos. Ni lo ladrón, además, a Juan Carlos.
Estas son verdades indiscutibles. Y si bien es cierto que muchos millones de españoles están satisfechos y hasta orgullosos de ser súbditos y gobernados de genocidas, también es verdad que son otros tantos los millones de españoles que se sienten avergonzados.
El comportamiento del gobierno federal en la inmensa tragedia de Tabasco trae a la mente de inmediato la imagen del gobierno de Miguel de la Madrid en los días posteriores al macrosismo de 1985 en la ciudad de México.
Pasan y pasan los días y no se nota la mano del gobierno federal en la organización del auxilio a los cientos de miles de damnificados. Y como acá en el Distrito Federal en 1985, ahora, para el caso de Tabasco sólo es visible la ayuda solidaria de ciudadanos, organizaciones sociales y gobiernos extranjeros.
Cuando la pobre despensa familiar y el refrigerador han quedado uno, dos o tres metros bajo el agua; y cuando en los pequeños comercios y en los centros comerciales reina la misma destrucción o el desabasto, lo urgente es llevar ayuda. Y ante la ausencia gubernamental tienen que ser los propios ciudadanos los organizadores del acopio y flujo de esa ayuda.
Ante las dimensiones del cataclismo, ¿no habría cabido esperar el establecimiento inmediato de un puente aéreo entre la capital federal y Villahermosa o cualquier otra urbe cercana a ésta para proveer auxilio pronto y suficiente a las víctimas del desastre?
¿No hay dinero, no hay recursos o, simplemente, no hay capacidad? Como De la Madrid en 85, Calderón y su gente están pasmados, inmóviles. ¿Cabría esperar otra cosa de simples burócratas encumbrados, sin preparación política y que jamás en la vida habían gobernado ni una ranchería?
A quienes perdieron la vivienda y los modestos enseres, seguramente les habrá sabido a gloria la decisión calderoniana de perdonarles por uno o dos bimestres la cuenta de la luz eléctrica. ¡Vaya generosidad! ¡Eso se llama solidaridad!
Como en 1985 en la ciudad de México, lo peor no es la catástrofe en sí misma; lo más grave es el abandono, la impericia gubernamental, la falta de interés oficial en la situación y en el destino de los miles y miles de víctimas.
La incapacidad e impericia son explicables por la falta de preparación del equipo de gobierno y de su jefe. Pero el desinterés y el abandono encuentran su explicación en la ausencia de condiciones fenicias. Los amigos y favorecedores de Calderón no saben ayudar sin cobrar. Ofrézcaseles buena ganancia y ya se verá cuán rápida y eficazmente fluye la ayuda.
Para desgracia multiplicada de los tabasqueños, al cataclismo se han sumado la ineptitud de Calderón y de su equipo y la filosofía que rige la acción de los gobiernos pripanistas. Éstos están para propiciar buenos negocios, no para organizar actos de caridad.
Haría falta ser muy ingenuo o no ser mexicano adulto para creer que Vicente Fox podría ir a la cárcel en pena por los innumerables actos de corrupción realizados desde el poder por el guanajuatense. La historia de México no proporciona antecedentes de un ex mandatario preso.
Gustavo Díaz Ordaz se fue a la tumba sin pagar por el crimen mayor de la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. Y Luis Echeverría morirá sin pagar por los asesinados del halconazo del 10 de junio de 1971. Tampoco Adolfo López Mateos pagó con prisión la muerte del dirigente agrario Rubén Jaramillo y de su familia.
López Portillo no pagó por sus crímenes de la guerra sucia. Como tampoco lo hizo Miguel de la Madrid. Carlos Salinas no ha sido encausado penalmente por el asesinato de centenas de perredistas. Y tampoco se le ha abierto causa judicial por su autoría intelectual, complicidad, entorpecimiento de la justicia, o todo ello junto, en el caso de la muerte de Luis Donaldo Colosio.
Ernesto Zedillo tampoco ha sido encausado por la matanza de Acteal, crimen cometido como parte de la versión mexicana de la estrategia contrainsurgente gringa de tierra arrasada y asesinatos masivos. ¿Por qué, con estos antecedentes, cabría esperar prisión para Fox?
Es cierto que ha habido casos de encarcelamiento de amigos o familiares de ex presidentes bandidos o asesinos. Pero han sido más bien asuntos de venganza, de escarmiento o del clásico estatequieto mexicano contra esos ex mandatarios demasiado protagónicos o boquiflojos que no entendieron o se negaron a acatar la regla no escrita del silencio a perpetuidad del mandatario que ha dejado de serlo. Y esto, independientemente de que esos parientes o amigos hayan cometido algún delito.
Éste, quizá, podría ser el caso de Fox. Que su esposa o sus hijastros en la cárcel fuera el estatequieto de Calderón a su antecesor y favorecedor. De una conducta de este tipo sí hay, como hemos visto, precedentes.
Pero tampoco es tan fácil. Podría destaparse, desde la cúpula, el albañal del 2 de julio de 2006. Y, además, todo puede solucionarse favorablemente para Fox, la familia de éste y Calderón, si el guanajuatense pasa al ostracismo.
De modo que hay solución para impedir el encarcelamiento de Martha Sahagún, de sus hijos o de los tres personajes. Y parece que el ultimátum conminando a Fox al silencio no ha venido de Calderón, sino del presidente del Senado, Manlio Beltrones. ¿Entenderá Fox el diáfano mensaje? Y si no, ¿tendrá las agallas suficientes Calderón?
Mister Armand Peschard-Sverdrup, presidente de la firma consultora yanqui sobre asuntos mexicanos Peschard-Sverdrup & Associates, no se anda, como la canciller Patricia Espinosa, con remilgos.
Al referirse al Plan México, formalmente de combate al narcotráfico y de contrainsurgencia, pero realmente de ocupación militar del territorio mexicano, el güero dijo con franqueza: Sí es histórico, porque nunca antes se logró un acuerdo sobre seguridad que fuera más allá de la frontera".
El gringo, un empresario sin tapujos diplomáticos o políticos, dijo lo que todo el mundo sabe pero que Patricia Espinosa niega: que Felipe Calderón ha aceptado el diktat de Bush para el internamiento y permanencia de equipo castrense y personal militar estadounidense en suelo mexicano.
Se trata del comienzo de una ocupación militar, cuya segunda etapa será, obviamente, la construcción de una base castrense gringa, como las muchísimas que hay alrededor del mundo. Es el caso, por lo que toca a América Latina, de Colombia y Ecuador, si bien el gobierno patriótico del presidente Rafael Correa ha decidido no renovar el contrato de permanencia y operación de tropas estadounidenses en esa nación sudamericana.
Pero a la subordinación que implica aceptar la presencia de soldados extranjeros en México, se agrega la humillación. Porque según el ex subsecretario estadounidense de Estado para América Latina, Roger Noriega, "el paquete es esencialmente basado en ideas mexicanas, y el rol de Estados Unidos es cómo podemos ayudar para proporcionar algunos sistemas esenciales. El compromiso y determinación de Calderón son absolutamente el cimiento de este acuerdo. Es un compromiso conjunto, pero mi percepción es que esta es una iniciativa mexicana y pienso que eso es muy positivo".
De modo que a la subordinación y a la humillación se agrega la burla. Pero esto no es todo ni lo más lesivo para México: “Luego de que el Pentágono descartara la participación de tropas de EU en el plan, analistas locales consideraron que dado el tamaño del proyecto, contratistas privados serían los encargados de proveer servicios y cursos para operar equipos”.
¿Contratistas privados? ¿Qué es eso? Pues exactamente el mismo recurso que EU está empleando en las guerras de Iraq y Afganistán: mercenarios, ejércitos privados.
Todo esto lleva a pensar que el Plan México, como se le llama a la ocupación militar yanqui de nuestro país, en similitud con el Plan Colombia, no es el mejor nombre. Plan Iraq le quedaría mejor.
En torno a Juan Ramón de la Fuente se da una inusual cuasi unanimidad. Casi todo el mundo piensa que fue un excelente secretario de Salud. Y juicio semejante ha generado su desempeño como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Pero a pesar del notorio buen desempeño de De la Fuente, existe una corriente política e ideológica que, con buenos modales y rebuscados eufemismos, expresa duros juicios contra el rectorado que llega a su fin. Esa corriente es la derecha fascista que se localiza en el gobierno panista y en la flaca intelectualidad ultraconservadora, y que mantiene presencia en los medios de comunicación.
Esa malquerencia derechista, sin embargo, no es de ahora, si bien es hoy cuando los ataques toman mayor fuerza. La animadversión contra De la Fuente viene de lejos: desde sus tiempos de secretario de Salud en que se pronunció por la despenalización del aborto, conducta imperdonable para el pensamiento reaccionario.
El odio de la derecha fascista contra De la Fuente creció cuando, ya como rector, se negó a continuar el proceso de privatización de la UNAM emprendido por sus tres antecesores inmediatos, conducta de Juan Ramón también imperdonable para la derecha fascista.
Sin embargo, los ataques no parecen tener mucho sentido frente a un rector que se va. ¿Cuál es, entonces, la razón de fondo de los esfuerzos por demeritar el trabajo de De la Fuente? Se trata, en resumidas cuentas, de obstaculizar la designación de un rector con el perfil ideológico del que se va. Y, al mismo tiempo, allanarle el camino hacia la Rectoría a un representante de la derecha privatizadora.
Al pretender el demérito de De la Fuente, la derecha busca presionar a la Junta de Gobierno (instancia encargada por ley de la designación del rector) para que la decisión se oriente hacia las antípodas del pensamiento político del ex secretario de Salud.
La derecha no quiere un nuevo Juan Ramón. Quiere a un nuevo Carpizo, a un nuevo Sarukhán, a un nuevo Barnés, aunque la satisfacción de este propósito ponga otra vez en crisis a la Universidad. Esto a la derecha le tiene sin cuidado. Es más: hasta le gustaría verla cerrada, extinta.
Por eso la decisión de la Junta de Gobierno finalmente no es tan difícil. Un rector neoliberal será garantía de nuevos y graves conflictos. La Junta de Gobierno sabe quién es quién entre los seis aspirantes. Con todas las salvedades de personalidades y más allá de los nombres propios, el dilema es este: un nuevo De la Fuente o un nuevo Barnés.
Dos corrientes políticas se disputan ahora mismo la presidencia de Acción Nacional. Una, representada por Manuel Espino, y otra lidereada por Germán Martínez Cázares. Al primero de ellos, actual presidente panista y guarura de Fox, se le califica como ultraderechista, en tanto que al segundo, testaferro de Calderón, se le etiqueta sólo como derechista.
Y puestas así las cosas, elegir entre Espino y Martínez Cázares, sería como escoger entre Manuel, el malo, y Germán, el bueno. Entre el mal mayor y el mal menor.
Pero esta visión maniquea no empata con la realidad sociopolítica de México. Hoy en día, la derecha mexicana se encuentra formada por dos corrientes. Una, la derecha socialdemócrata, representada por el PRI y por una facción del PRD; y dos, la derecha fascista, que encuentra su expresión más acabada en el PAN.
Vistas así las cosas, en su verdadera dimensión, ¿cuál puede ser la diferencia política de fondo entre Espino y Martínez Cázares? Ambos son expresiones de la derecha fascista que hoy gobierna México.
Las diferencias entre uno y otro no pasan de ser las de carácter personal, las de talento y estudios, las de educación. Mientras Espino es hasta en el trato un troglodita, Martínez Cázares, con su cara de niño bueno, es un fascista con cierta educación y buenos modales. Puede decirse que Espino es un fascista descarado, en tanto que Germán es claro ejemplo del fascismo hipócrita, de ese que no quiere decir, como sí hace Espino, su verdadero nombre.
Incluso puede decirse que los fascistas hipócritas, como Martínez Cázares, son más peligrosos para la convivencia pacífica de los mexicanos que los fascistas a pecho descubierto, como Espino.
En cualquier caso, lo importante no radica en el estilo personal de ambos dirigentes fascistas, sino en la ideología que orienta sus acciones. Y a la hora de actuar, tanto Espino como Germán son dos ejemplares clásicos del fascismo criollo: enemigos del laicismo, del aborto libre y gratuito, de la educación pública, de la intervención del Estado en la economía, de las leyes tutelares del trabajador.
Se trata, en resumidas cuentas, de dos seguidores del pinochetismo, de dos promotores de la sumisión de México a EU, de dos aplaudidores del ruinoso tratado de libre comercio de América del Norte.
Espino y Martínez Cázares pertenecen a la deshonesta cúpula del partido del fascismo mexicano. Política e ideológicamente no presentan diferencias. Salvo que uno fuera panista y el otro no. Pero parece que no es así la cosa.
No descubro el agua tibia si digo que al llegar a Los Pinos Felipe Calderón carecía de la mínima experiencia de gobierno. Y tampoco digo una novedad si señalo que hasta ahora, diez meses después de adueñarse del poder, todos los actos de gobierno del michoacano han sido de puro relumbrón o han terminado en sonoro fracaso.
Ahí está el ejemplo de la reforma del ISSSTE. Meses después de haber entrado en vigor, la burocracia continúa rechazándola. Y no cesan las protestas y las movilizaciones a lo largo y ancho del país contra la nueva ley. Y ahora mismo está ahí el gasolinazo, contra el que se han rebelado tirios y troyanos.
En esta rebelión generalizada está la explicación del frenazo, supuestamente temporal, al nuevo impuesto. Pero si bien es posible que el gasolinazo “va porque va”, como ha dicho el diputado ultraderechista Emilio Gamboa, es evidente que el nuevo gravamen constituirá un nuevo ejemplo del arte calderonista de gobernar sin consenso, sin apoyo popular y hasta contra los intereses y opinión del empresariado pripanista.
Pero los continuados fracasos no se deben sólo a la ineptitud del gobierno panista. Parte importante de los abortos de Calderón se debe al carácter antipopular de esas medidas. Y otra parte significativa es la inclaudicable resistencia social (pacífica, pero activa y militante) a su aplicación. Inclaudicable, porque esa resistencia social no puede ser cooptada ni sobornada, a diferencia de las cúpulas y los legisladores del PRI y del PRD.
De modo que la lección es clara: para impedir la aplicación de las medidas económicas irracionales y lesivas del calderonismo, no queda más que la resistencia, la firme oposición y, sobre todo, la movilización social y popular contra ellas.
Esta verdad inocultable se apoya en múltiples experiencias. Y aunque la más amplia movilización no garantiza el triunfo popular sobre las medidas neoliberales, la resistencia en movimiento es el único camino que ha probado su eficacia en diversos momentos históricos y contra los más variados actos autoritarios de la alta burocracia y la oligarquía.
La lucha hoy es contra la nueva ley del ISSSTE y contra el gasolinazo. Mañana tendrá que darse contra el iva en alimentos y medicinas, contra la privatización de la enseñanza y contra la entrega al extranjero de la industria energética nacional, entre otras medidas del ultrarreaccionario programa de gobierno de Calderón. Por ello, movilización social hoy y movilización social mañana tiene que ser la consigna.
Como le consta a cualquier lector de la prensa mexicana, el estado de Quintana Roo se ha convertido en los dos últimos años en escenario cotidiano de las más crueles y sangrientas prácticas del crimen organizado. Pero levantones, ejecuciones, encobijados, acribillados en la vía pública y ajustes de cuentas entre las mafias no son producto del negocio del narcotráfico, sino de otro comercio tan creciente y rentable como ese: el tráfico de personas.
Se trata de un productivo comercio con personas provenientes de todo el mundo. Y entre los documentos públicos que señalan la gravedad y crecimiento del problema se encuentra el Sexto Informe Anual del Departamento de Estado de EU, conocido ampliamente, que sitúa a México como “un país fuente, de tránsito y de destino de la trata de personas para la explotación sexual y laboral”.
Parte significativa del ilegal e inmoral negocio es el tráfico de cubanos con destino a EU. Hasta hace poco tiempo, la trata de cubanos se realizaba directamente desde Pinar del Río (la más occidental de las provincias de la isla) a Miami. Pero ante el endurecimiento de la vigilancia de la Guardia Costera, los traficantes han cambiado de ruta. Ahora se utiliza, como puente entre Cuba y la Florida, las costas de Quintana Roo.
La trata de cubanos, creciente en número y en violencia mortal, es un negocio que mueve entre 300 mil y 400 mil dólares por mes, cifras parecidas a las del narcotráfico. Y se sabe que muchos, quizá la mayoría de los lancheros que hacen el viaje entre la isla y Quintana Roo son antiguos narcotraficantes que han cambiado de giro, pues la persecución judicial de la trata de personas y las penas por este delito son menos severas y están menos condenadas socialmente que en el caso del comercio de estupefacientes.
El referido informe de la cancillería estadounidense aporta un dato obvio: México no cumple con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas. Pero podría decirse algo más: que el aberrante comercio no podría realizarse sin la participación de las autoridades de las secretarías de Marina y de Gobernación.
Pero podría decirse todavía algo más. Con independencia de la evidente corrupción de ambas secretarías mexicanas en el negocio, el crecimiento del comercio de cubanos tiene un doble origen. Uno, la Ley estadounidense de Ajuste Cubano que promueve y premia la emigración ilegal, y la suspensión de los acuerdos migratorios entre México y Cuba, desde el vergonzoso “comes y te vas”.
Por allá de los años cuarenta, en alguna parte de su monumental obra histórica, económica, política y didáctica, el maestro Jesús Silva Herzog decía que el sistema político mexicano se sostenía sobre tres pies: el PRI, la corrupción y el asesinato.
Setenta años después, la corrupción y el asesinato continúan siendo dos de los sostenes del sistema, en tanto que el otro ya no es sólo el PRI, sino el tricolor en compañía del PAN.
También de los años cuarenta datan las referencias del gran sabio, quien fue integérrimo gerente general de Petróleos Mexicanos, acerca de la extendida corrupción que afectaba a la paraestatal.
Y hoy, siete décadas después, puede decirse que la corrupción en Pemex es quizá mayor y está más extendida que en los tiempos en que el ilustre maestro fue alto funcionario del organismo.
Notas de prensa de los días recientes refieren la repetición del añejo saqueo contra la empresa mediante la ordeña de oleoductos, la que no podría realizarse sin el concurso o la complicidad de trabajadores y funcionarios. Y refieren igualmente la ilegal exacción de los recursos de la paraestatal para el enriquecimiento de los líderes del sindicato charro titular del contrato colectivo de trabajo.
Otra forma de saqueo, menos conocida públicamente, pero sufrida por contratistas y proveedores de la paraestatal es el cobro a éstos de altas comisiones, por cuenta de funcionarios de Pemex, para tramitar y agilizar los pagos por servicios prestados y obras realizadas.
He aquí uno de esos casos, al que ya me he referido en otros espacios periodísticos. El jueves 27 de julio de 2006, al fracturarse un ducto de Pemex, se derramaron mil 84 barriles de combustóleo en el centro histórico del puerto de Manzanillo.
Para limpiar la zona, Pemex contrató a dos empresas especializadas en biorremediación: “Aquopress” y “Lico Ambiental”. Y el contrato para realizar esas tareas fue asignado a ambas compañías por el ingeniero Salvador Rosas Pelayo, entonces gerente de Almacenamiento y Distribución Pacífico de Pemex.
Para realizar esas labores, Aquopress y Lico Ambiental contrataron, a su vez, a casi tres mil trabajadores. Pero una vez limpia la zona contaminada, Pemex se niega a cumplir con el pago de los servicios contratados.
Y es que, en un acto de la más vil extorsión, los funcionarios a cargo pretenden apropiarse de un determinado porcentaje de la cantidad que deben cobrar aquellas compañías. ¿Sabrá esto el licenciado Jesús Reyes Heroles González Garza, director general de Pemex?
Veremos en los próximos días si el Senado de la República es capaz de vencer a las dos poderosas televisoras en la lucha por prohibir en los medios electrónicos la publicidad electoral comprada. Pero no hay duda de que la medida sería positiva, pues esa publicidad comprada constituye una exorbitante exacción de las finanzas públicas y una extraordinaria fuente de ganancias para las radiotelevisoras, riquezas que apuntalan e incrementan el ya de por sí inmenso poder político fáctico de esos monopolios.
Pero no se piense que esa imprescindible limitación al poder de las radiotelevisoras puede ser el punto básico de la llamada reforma electoral. Lo decisivo sería dar pasos para impedir el proverbial fraude en los procesos eleccionarios. Como, ejemplo mayor, el del 2 de julio de 2006.
Bienvenida la limitación al poder de las televisoras, pero entiéndase que los fraudes electorales no los hicieron ni los hacen la radio y la televisión. Esas defraudaciones siempre fueron obra del gobierno. Y ahora, como el fraude que llevó a Calderón al poder, se hacen con el concurso decisivo del Instituto Federal Electoral (IFE) y del tribunal en la materia.
Una mínima reforma electoral tendría que pasar por la desaparición de estas dos corrompidas instancias, y la creación de nuevas y confiables instituciones.
No será fácil, desde luego, crear esas nuevas instancias. Pero mucho más difícil de lograr será su confiabilidad. ¿Cómo conseguir que tales instituciones no se corrompan, cual se corrompieron las actuales? ¿Cómo ponerlas a salvo del poder corruptor del dinero de la oligarquía y de los gobiernos que pretenden mantenerse en el poder a toda costa?
¿Cómo garantizar que la nueva autoridad electoral cuente honradamente los votos y no los invente, como hizo y hace el IFE de hoy? ¿Y cómo asegurarse de que el tribunal que haya de crearse no diga, como dijo el actual de la elección del 2006: que estuvo llena de irregularidades y violaciones a la ley, pero que de todos modos fue válida?
No caben, ciertamente, ilusiones democráticas. El prianismo sólo buscará deshacerse de los actuales bandidos que, como Luis Carlos Ugalde, ahora ya resultan inservibles, sin tocar el mecanismo que permite a priístas y panistas eternizarse, contra la voluntad popular, en el poder.
Pero eso será la continuación de la farsa electoral. Y eso no da legitimidad. Y crea desgobierno e inestabilidad social, económica y política. Y es perpetuar la dictadura que, nos decían y decían, había fallecido.
Pese a sus desesperados esfuerzos por rendir a la antigüita su informe de gobierno, Calderón mordió el polvo y tuvo que conformarse con entregar el libraco por escrito al Congreso y retirarse de San Lázaro con mucha pena y nada de gloria.
Esos esfuerzos desesperados tenían como centro de gravedad valerse de los Chuchos, la facción derechista del Partido de la Revolución Democrática (PRD), para conseguir que diputados y senadores perredistas avalaran la presentación del informe del Ejecutivo como si no hubiera habido fraude electoral, como si Calderón tuviera la legitimidad que le fue negada en las urnas.
Ya estaba lista Ruth Zavaleta, prominente figura de la derecha del PRD, para dar a Calderón tratamiento de presidente legítimo. Pero ni ella en lo particular ni los Chuchos en lo general resistieron las presiones de la parte sana del PRD y de los millones de sufragantes y simpatizantes del sol azteca que se oponían y se opusieron, hasta el triunfo final, a la claudicación negriamarilla que habría representado tratar a Calderón no como usurpador, sino como presidente legítimo.
La jornada del primero de septiembre puso en evidencia, una vez más, la crisis del sistema político-económico mexicano. Un sistema que trabaja no para lograr el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo –tal como ordena la norma constitucional–, sino por la creciente concentración de la riqueza social en manos de la oligarquía y de sus personeros en el gobierno.
Poner en evidencia una vez más la crisis del sistema es contribuir al éxito en la lucha popular por moderar y revertir esa tendencia concentradora del ingreso. Y ese mérito indiscutible debe ser atribuido tanto al sector sano del PRD como a los diferentes movimientos de resistencia al fraude electoral y a las políticas económicas neoliberales. Se trata así de una única lucha en dos frentes. Contra esas políticas económicas concentradoras del ingreso y contra las instituciones electorales corruptas que posibilitan el fraude y, consecuentemente, la continuación de esas políticas.
Por lo que toca a la lucha contra el fraude electoral, ésta se concentra por ahora en la exigencia popular de extinguir el Instituto Federal Electoral. Porque no basta con el cese y la consignación penal de sus corruptos consejeros. Es imperiosa igualmente la desaparición del podrido organismo, pues de prevalecer éste, sólo habrá sido cosa de echar y procesar a unos funcionarios corruptos y defraudadores para que otros ocupen su lugar.
Fruto del fraude electoral más escandaloso de la historia de México, el gobierno de Felipe Calderón no ha escatimado esfuerzos en su intento de conseguir que los millones de víctimas del crimen del 2 de julio se resignen ante la fuerza de los hechos consumados y dejen de señalar que el país vive en un régimen de facto, en una dictadura militar apenas disfrazada.
Para el logro de esos propósitos, Calderón cuenta con el inestimable apoyo de una facción de políticos derechistas incrustada en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) desde la fundación misma de esa organización.
Se trata de un grupo relativamente pequeño pero diestro en las maniobras del oportunismo, la simulación y, desde luego, la corrupción. Un reducido pero poderoso clan de individuos enriquecidos de manera inexplicable, cuya negra fama pública es, como diría el clásico, un pálido reflejo de la realidad.
Esa corriente perredista de políticos enriquecidos, simuladores y oportunistas está encabezada, al menos formalmente, por el aguascalentense Jesús Ortega, viejo cuadro formado en las huestes de aquel clásico de la derecha disfrazada de izquierda, hoy en relativo retiro y de triste memoria, que fue Rafael Aguilar Talamantes. El mismo que fundó esa mercancía política llamada Partido Socialista de los Trabajadores (PST), luego convertida en otro engendro del oportunismo, el no menos despreciable y de breve vida Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (el Ferrocarril).
A Ortega, desde luego, no le gusta que se sepa y se recuerde públicamente su condición de político derechista. Y se inconforma con ciudadanos y periodistas que lo califican acertadamente de comparsa de Calderón y enemigo del movimiento, encabezado por López Obrador, de resistencia al fraude electoral y al dominio neoliberal.
Ortega no quiere críticas, Quiere complicidades. Piensa que toda la izquierda es como él. Que toda está corrompida. Bien nos recuerda el refranero mexicano que la damisela y el ladrón creen que todos son de su condición.
En general grisáceo, pero finalmente megalómano, Ortega ya ha hecho saber que pretende encaramarse a la presidencia del PRD. ¿Con esos, sus muy tristes y vergonzosos antecedentes? Pues sí, porque no tiene otros.
Ciertamente, no le será fácil al logrero profesional apuntarse este otro logro. Ya veremos si puede vencer el obstáculo que representan la parte sana del PRD y los millones de honrados votantes y simpatizantes perredistas encabezados por López Obrador.
Hace algo más de un año, en los tiempos de la campaña presidencial del 2006, Gustavo Rentaría entrevistó para Telefórmula a Josefina Vázquez Mota, entonces, al menos aparentemente, la figura principal del equipo de Felipe Calderón.
En esa comparecencia ante la televisión, Gustavo le preguntó cuáles eran sus aspiraciones, es decir, a qué cargo en el gabinete aspiraba. Lógicamente, la percepción generalizada era que la ex secretaria de Desarrollo Social ocuparía el despacho de Gobernación. Esa era, obviamente, la respuesta esperada.
Pero Vázquez Mota, una chucha cuerera de la grilla panista, no contestó de modo directo, sino elípticamente. Dijo que a ella le gustaba tender puentes. De modo que develó, sin develar, sus aspiraciones a despachar en Bucareli.
La apariencia de figura principal del equipo de Calderón, y su personal ambición de ser la primera mujer secretaria de Gobernación no fueron suficientes para evitar que otros miembros de ese equipo de mediocres le comieran el mandado a Josefina.
Uno, ciertamente, puede estar de acuerdo en que Josefina, si bien algo frivolona, es una mujer inteligente y de trabajo. Pero es obvio que Juan Camilo Mouriño y Francisco Ramírez Acuña resultaron mucho enemigo para una novel escritora de frivolidades y cursilerías. Así que desplazada del primer lugar, que al menos en apariencia ocupaba, Calderón tuvo que buscarle destino. Y éste no pudo ser peor. Mandó a doña Jose a ser la palafrenera, el mozo de estoques de la cacique sindical Elba Esther Gordillo.
Y ahora, desplazada, ninguneada y humillada públicamente, a doña Jose no se le ocurre mejor reacción que mencionar algunos lugares comunes y ciertas frases hechas para argumentar en pro de una nueva cruzada educativa.
¿Esta señora frivolona, sin mayor preparación, sin más mérito que haberse convertido en la mugre de una de las uñas de Calderón, quiere emular la obra y la figura histórica del primer Vasconcelos?
Pero qué bueno. Nunca salen sobrando los buenos propósitos. Sólo habría que preguntarle si para decir inconsecuencias ya le pidió permiso a su patrona. Y también inquirirle sobre el grado de demagogia de su propuesta educativa. Porque al panismo –y Jose es panista– no se le da mucho eso de educar al pueblo.
Y además: buenos propósitos educativos sin presupuesto adecuado a la megalomanía de la ilusa secretaria sólo son ensoñaciones. Y reformar la educación sin el concurso de los pobres maestros, cómplices o víctimas de la charra mayor, más que ensoñación parece vacilada.
Ya corren por ahí los rumores y las filtraciones, salidos de la cúpula del Estado, sobre la inminente salida de Francisco Ramírez Acuña del despacho de Gobernación, y su sustitución por un político priísta con experiencia y dotes de negociador.
Puede ser. Sobre todo tomando en cuenta la evidente ineptitud del ex gobernador de Jalisco para resolver el problema de Oaxaca. Pero aun si esos rumores y filtraciones tuvieran base, la salida de Ramírez Acuña no resolvería los muchos problemas de ingobernabilidad del país y la falta de carisma y liderazgo de Calderón.
La triste situación económica y política que se vive ahora mismo en México es fruto, ciertamente, de la carencia de atributos políticos de Calderón, de su eterno perfil bajo, de su gris personalidad. Pero no se agota ahí el problema.
Hasta una personalidad como la de Calderón podría granjearse el apoyo y la simpatía populares si el gobernante trabajara para mejorar la suerte de los gobernados. Pero a la triste figura se suma una política que empobrece, lastima y hasta arruina a millones de personas.
Y para mayor fracaso y más mohína de Calderón, éste se enfrenta no a una, sino a dos personalidades políticas de enorme experiencia, carismáticas, populares y exitosas en sus esfuerzos para ganarse la simpatía, la admiración y la adhesión populares: López Obrador y Marcelo Ebrard, quienes hasta luego de cometer serios errores salen fortalecidos en el ánimo popular.
Factor esencial de esta empatía con las masas de AMLO y Marcelo es, en buena medida, la decisión de ambos de no reconocer legitimidad alguna al gobierno salido del fraude electoral. De mantener la resistencia, de no dejarse comprar, de no amedrentarse, de seguir creando redes y movimientos de masas capaces, como en otras épocas, de vencer a la dictadura.
Para hacer frente a su vulnerabilidad, Calderón se vale, desde luego, de los escasos recursos a su alcance. Cuenta con el poder de los medios de comunicación, sobre todo de los electrónicos, y con el favor de muchos articulistas y columnistas reaccionarios o a sueldo. Poca cosa, en realidad frente al tamaño de sus adversarios, los que lo superan en todo y en toda la línea.
Si a esto agregamos la bien ganada fama pública del gobierno federal panista de corrupción en gran escala y con vínculos con el crimen organizado (narcotráfico, lavado de dinero y contrabando) no hace falta mucha perspicacia para saber por qué encarnan en AMLO y Marcelo la confianza, la adhesión y las esperanzas de la gente.
Durante las semanas previas a la elección presidencial del 2 de julio de 2006, el aparato del poder quiso aparentar una situación de virtual empate o de lucha parejera entre López Obrador y Calderón. Y esa misma estrategia se utilizó incluso el mismo día de la elección. El propósito, obviamente, era simular una elección muy cerrada en la que finalmente aparecería como ganador un personaje a modo, previamente designado.
Lo mismo ocurre ahora en Baja California. Los contendientes (candidatos y partidos) y las desprestigiadas autoridades electorales (las del estado y las federales) han venido simulando un proceso eleccionario con final ignoto. Pero hay abundantes indicios de que ese desconocido ganador ya ha sido designado. Y desde mucho tiempo atrás.
Sea éste Jorge Hank Rhon, del PRI, o José Guadalupe Osuna, del PAN, la médula del asunto es aparentar que será el voto ciudadano el que decidirá quién se convertirá en gobernador. Y en tanto llega el momento clave en que se develará ese nombre, las encuestas hechizas, los publirreportajes, los rumores y las filtraciones con disfraz de eruditas opiniones van metiendo en la mente de la ciudadanía, del estado en disputa y de todo el país, la sensación de que cualquiera puede ganar.
El final, desde luego, no debe parecerse al del 2 de julio de 2006, en el que el supuesto perdedor se negó a reconocer la falsa derrota. En Baja California el resultado, seguro, saldrá bien planchado. Si lo designan perdedor, Hank sabrá comportarse como su mentor Roberto Madrazo: acatará la decisión de Los Pinos y cobrará jugosa compensación económica y mayor impunidad de aquí en adelante. Y José Guadalupe Osuna hará lo propio si le dicen que debe sacrificarse. Nada de hacer olas, nada de hacer ruido. También tendrá su buena compensación.
La condición esencial de todo este teatro es que parezca verdad. Y, si se puede, que sea verosímil. Algo parecido a lo que aconteció hace poco en Yucatán. Y más o menos semejante a lo de Veracruz. Y similar a lo que no tarda en venir en Michoacán.
Se trata, en tiempos de la nueva democracia neoliberal, de que la élite del poder escoja y designe un ganador según las circunstancias de cada momento y de acuerdo con las necesidades políticas de Los Pinos en cada coyuntura, aunque haya necesidad de aparentar que esa decisión salió de las urnas. La elección de gobernadores como moneda de cambio de unos y otros. Pero sin gritos ni sombrerazos estilo López Obrador. Porque el show debe continuar.
¿De veras, como dicen los voceros y las plumas de la derecha, va mal López Obrador? ¿De verdad el tabasqueño está siguiendo un camino equivocado? ¿Es cierto que el Peje está contribuyendo con su actitud política a destruir o socavar el movimiento popular y social que encabeza?
¿Cómo saben todo esto los voceros y las plumas de la derecha? ¿En qué se basan? ¡Ah, sí, claro! Lo saben por medio de las encuestas que ellos mismos o sus patrones pagan a precio de oro. ¿Pensarán esos voceros y plumas de derecha que, después del fraude electoral del dos de julio, alguien medianamente informado puede creer en la veracidad, en la honradez, en el carácter científico de las encuestas pagadas por la derecha para que digan lo que la derecha quiere que digan?
Son bien conocidos los casos de algunos afamados encuestadores que, luego del dos de julio de 2006, pasaron a ser los felices propietarios de cuentas bancarias millonarias. Puede decirse, incluso, que en México las encuestas están tan desprestigiadas como el Instituto Federal Electoral (IFE), la Agencia Federal de Investigación (AFI) o las socarronamente llamadas Procuraduría General de la República y Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Esas encuestas, más falsas que un billete de veintitrés pesos, afirman que hoy sólo votarían por López Obrador seis o siete de quienes sufragaron por él hace un año. ¡Ah, bueno! En ese caso, las plumas y los voceros de la derecha no tendrían de qué preocuparse.
Pero ocurre que la derecha y sus plumas y voceros están preocupadísimos por la capacidad de resistencia y movilización en todo el país del movimiento social que encabeza López Obrador. Por eso la campaña de silenciamiento de las movilizaciones populares del tabasqueño. Por eso la campaña de propaganda negra y la guerra sucia.
Blanco de la desinformación, el ocultamiento, la propaganda negra y la guerra sucia, la gente tiene, sin embargo, una manera sencilla de saber y de entender que López Obrador va por el camino correcto. Que va bien. Que hay futuro.
Para saber que el líder conduce bien el movimiento y que no hay lugar para la desesperanza basta con leer y escuchar a plumas y voceros de la derecha. Si critican a López Obrador quiere decir que éste va bien. La gente debería empezar a preocuparse por la buena marcha del movimiento del tabasqueño cuando plumas y voceros de la derecha empiecen a aplaudirle, a aprobar su conducta. Entonces sabremos que las cosas van mal. Cosa de interpretar al revés a la derecha.
Desde los albores del sexenio de Vicente Fox, cuando la oligarquía tomó clara conciencia de la inmensa popularidad de López Obrador y su proyecto alternativo de nación, no han cesado los ataques, sobre todo mediáticos, contra el tabasqueño. Pero a seis años del comienzo del hostigamiento y a doce meses del fraude electoral que le robó al tabasqueño la Presidencia, esos poderes fácticos, esa auténtica mafia no ha podido destruir el enorme movimiento social y al líder popular que exigen progreso y verdadera democracia.
Todo hasta ahora ha fallado: las calumnias, la guerra sucia, el desafuero, la conspiración de los medios ligados al poder. Ya hacía falta, sin duda, intentar algo nuevo. ¿Qué tal ligar a López Obrador y al PRD con alguna oscura fuerza supuesta o realmente guerrillera?
Esto ya se ha hecho en el pasado con cierta dosis de éxito. Recuérdese que un poco antes de las elecciones de julio de 1994, la propaganda negra de la oligarquía acusó al PRD de ser el “brazo político” del EZLN.
Pérfidamente, ya se insinúa, sobre todo entre periodistas afines al sistema, la posible participación de López Obrador en los atentados dinamiteros contra Pemex en Guanajuato y Querétaro.
Y ya también se mezcla en ese sórdido asunto al EZLN. Y en el rosario de calumnias no podía faltar la presencia, como participantes en los sospechosos atentados, de la indoblegable Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la Sección 22 del sindicato de maestros, la CNTE y, desde luego, el dinero, la orientación y las armas y explosivos supuestamente venidos del gobierno de Hugo Chávez.
Nada de qué extrañarse. Así son la guerra sucia y la propaganda negra. Pero si el caso no es para extrañarse, sí es para preocuparse. Sobre todo las personas, los movimientos y las organizaciones sociales y populares dedicadas a la lucha política pacífica.
Esos atentados del Bajío tienen todas las señas de estar siendo utilizados para ir creando en la opinión pública la convicción de que los autores son justamente las personas, organizaciones y movimientos que mantienen la lucha contra pobreza y exclusión neoliberales y en favor de una verdadera democracia.
Si finalmente el fantasmagórico Ejército Popular Revolucionario (EPR) es o no una agencia de la oligarquía para montar provocaciones, el asunto, siendo importante, pasa a segundo término. Lo central por ahora es comprender la lógica de la propaganda negra puesta en curso contra la lucha social pacífica con esos tan sospechosos atentados.
Sorpresivamente me llegó la noticia de la muerte de mi querido y respetado amigo, el ingeniero Fernando de Garay, de quien admiré sus convicciones ideológicas y políticas de acendrado nacionalismo. Nacionalismo del bueno. Nacionalismo por completo alejado del chovinismo. Del nacionalismo que surge espontáneamente como defensa ante el embate del extranjero agresivo, colonialista, expoliador. Del nacionalismo que es, en esencia, antiimperialismo. Del nacionalismo que es la constante de la mexicanidad desde nuestros antepasados aztecas hasta los movimientos socialistas, comunistas y nacionalista-revolucionarios de nuestra época.
Fiel a esta vertiente de las luchas de nuestro pueblo, Fernando de Garay se inscribía en la robusta corriente del nacionalismo-revolucionario. Basta leer sus artículos de los últimos años en nuestra revista Siempre! para apreciar la solidez de su pensamiento antiimperialista y en defensa de la propiedad nacional de Petróleos Mexicanos y de las otras grandes industrias estratégicas.
En Fernando de Garay coexistían esa vigorosa e indeclinable convicción patriótica con una enorme capacidad de servicio público. Fue, a lo largo de más de cuarenta años, un excelente funcionario. Hombre de vitalidad inagotable, desempeñó, entre otros e innumerables cargos, el de subsecretario de Transportes y la dirección general de la extinta Ruta 100. Fue, igualmente, diputado al Congreso de la Unión. Y sirvió con pasión y energía a su alma mater cuando ocupó la Secretaría de Extensión y Difusión del IPN durante la gestión, como director general, del ingeniero Diódoro Guerra Rodríguez.
Ingeniero mecánico egresado de la histórica Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, la prestigiada ESIME del IPN, Fernando de Garay fue respetado líder de su gremio. Y a últimas fechas, en la plenitud de sus facultades, formaba parte del núcleo de ideólogos y políticos priístas que se oponen a la venta al extranjero de las riquezas nacionales. Precisamente por esto último es que la prematura muerte de Fernando de Garay constituye una enorme pérdida para el pueblo mexicano.
Al redactar estas dolidas líneas en memoria de mi culto e inteligente amigo y camarada, debo destacar la condición de Fernando de Garay como hombre de palabra, amigo de verdad, generoso con aquellos a quienes entregaba su afecto siempre desinteresado. En esto de la hombría de bien, del honor y de la amistad, Fernando se comportó siempre, cual hubiera dicho el poeta, como gitano legítimo.
Bajo la firma de Alfredo García, el 16 de junio pasado, el diario Por Esto publicó el artículo “Contrabando Humano”, cuyas primeras líneas dicen: “El pasado 5 de junio, el Departamento de Estado de EU publicó su 6º Informe Anual sobre Trata de Personas”, en el que México aparece de nuevo en la lista de observación por no cumplir con los estándares mínimos para la eliminación de este tráfico.
El informe sitúa a México como “un país fuente, de tránsito y de destino de la trata de personas para la explotación sexual y laboral”. Y añade que “la mayor parte de este tráfico en México se da desde América del Sur, el Caribe, Europa del Este, África y Asia”, a lo largo de la frontera sur del país. Sin embargo –continúa García–, “el Informe no menciona a Cuba, donde en los últimos años los contrabandistas de personas con base en Miami han organizado su actividad ilícita por la ruta Pinar del Río, Quintana Roo y Florida”.
García toca las dos aristas más agudas del asunto. Por un lado, la corrupción de las autoridades marítimas y del Instituto Nacional de Migración (INM) y, por otro, el contrabando de cubanos vía México hacia EU, con el patrocinio de la mafia cubano-americana de Miami.
Que el Informe gringo no mencione el caso de la trata de cubanos es de llamar la atención. ¿Por qué, siendo tan evidente ese tráfico, EU no se refiere a él?
La respuesta es muy sencilla. EU anda en busca de un pretexto para una agresión militar contra Cuba. Y uno perfecto sería una oleada migratoria cubana hacia EU. Máxime si se considera que según las leyes gringas, puede ser calificado como oleada migratoria un éxodo que supere las 300 personas por semana. Y más aún si se recuerda que EU califica a esa oleada migratoria como un peligro para su seguridad nacional.
Queda claro, así, el porqué de la omisión de Condoleezza Rice. Y queda al descubierto, además de la descarada corrupción del INM, la segunda razón de la complicidad del gobierno mexicano en el contrabando de cubanos.
Esta razón es el anticomunismo de Cecilia Romero, titular del INM. Ésta sabe bien que, además de obtener buenos ingresos oscuros, con su complicidad en el tráfico de cubanos conspira para hacer realidad el pretexto para agredir militarmente a Cuba.
Por ello suenan falsas las declaraciones de Calderón cuando dice que trabaja para normalizar las relaciones entre México y Cuba, ya que la complicidad gubernamental mexicana en la fabricación de esa oleada migratoria no puede ser señal del propósito de mejorar tales nexos.
Que un ciudadano común, sin mayor preparación, sin responsabilidades públicas significativas diga, así no más porque sí, influido por la descerebrante propaganda gubernamental en los medios electrónicos, que la producción, el comercio y el consumo de drogas debe ser castigado con la pena de muerte resulta comprensible, dadas esas condiciones de ignorancia, irresponsabilidad y falta de buen juicio.
Pero que semejante barbaridad la diga públicamente un individuo que, además de gobernador de un importante estado de la Federación, es uno de los dos principales precandidatos priístas a la Presidencia de la República, reviste al asunto de la mayor gravedad política y social.
Es el caso de Enrique Peña Nieto, cuyas declaraciones en demanda de la pena de muerte para productores, comercializadores y consumidores de drogas resultan absolutamente inexplicables. Racionalmente inexplicables.
¿Qué le pasa a Peña Nieto? ¿Pensará que con esas declaraciones de corte nazifascista va a conseguir la candidatura a la Presidencia del país? ¿No se da cuenta de que sólo consigue mostrarse como un troglodita, un gorila, un desequilibrado mental?
La sociedad mexicana ya conoce bien las terroríficas consecuencias de que un desequilibrado mental haya llegado a la Casa Blanca. ¿Creerá Peña Nieto que puede llegar a Los Pinos asemejándose al loco que ha producido cientos de miles de muertos, heridos y mutilados? ¿No se percata de que el resultado puede ser exactamente al revés, es decir, que desde ahora mismo esté cancelando sus posibilidades de ser el candidato presidencial priísta?
Es evidente que, desequilibrado mentalmente como está, Peña Nieto no alcanza a percatarse de la inmensa brutalidad que ha propuesto. ¿Castigar con la pena de muerte a los miles de campesinos que, por miseria y falta de oportunidades de ingreso se dedican a la producción de estupefacientes?
¿Sancionar con la privación de la vida a los millones de individuos, hombres y mujeres, que consumen drogas? ¿Y estará incluyendo Peña Nieto a los consumidores de alcohol, la primera de las drogas, entre aquellos a los que hay que ahorcar o fusilar?
Las declaraciones de Peña Nieto, sin embargo, tienen un lado positivo. Se está granjeando la antipatía de los millones de ciudadanos que, además de votar en los comicios, consumen drogas. Tal antipatía garantiza que este troglodita no llegará jamás a Los Pinos. ¿O pensará este trastornado que lo querrían como presidente las mismas personas a las que acaba de amenazar de muerte?
Apenas terminado el show de la Corte en el asunto de la Ley Televisa, el desprestigiado tribunal comienza uno nuevo. Se trata ahora de decidir si el gobernador Mario Marín debe ser sujeto de juicio político por haber incurrido en diversos y graves delitos en el caso de la conspiración del gobierno de Puebla contra la periodista Lydia Cacho.
Pero el vocablo “decidir” es para consumo de la gayola, para los medios de comunicación oficialistas y para los ciudadanos desprevenidos. La Corte no decidirá nada. Sólo esperará las indicaciones de Felipe Calderón para pronunciarse en un sentido o en otro. Y la, esa sí, decisión de éste, todavía no se conoce. Y puede ser la guillotina para Marín o el perdón del césar.
Esto depende de los cálculos políticos del chaparrito michoacano. ¿Qué le conviene más? ¿Deslindarse de un sujeto despreciable, maloliente, quemante, prototipo del tiranuelo priísta? ¿O aguantar vara con ese impresentable aliado para pagar el inmenso favor político que significó la ayuda para encaramarse en Los Pinos?
Lo ideal para el michoacano sería decretar la guillotina para ese aliado de circunstancias. Pero esto depende de la coyuntura política actual. Calderón necesita los votos priístas en el Congreso de la Unión para llevar adelante las contrarreformas estructurales laboral, energética y fiscal. Y cortarle la cabeza a Marín implicaría enajenarse los sufragios del tricolor y frustrar los acuerdos legislativos necesarios a ese efecto.
Estamos sin duda frente a una puesta en escena de la Corte, ordenada por Calderón. Una finta para conseguir que los priístas acepten colaborar en la aprobación de esas contrarreformas a cambio del perdón del emperador para el gobernante amigo de la niñez. Y que acepten colaborar sin exigir otras concesiones.
De este modo, el destino de Mario Marín no se encuentra en las sesudas deliberaciones de una Corte siempre venal y sumisa. El destino del góber precioso está en las conversaciones entre Calderón y el triunvirato tricolor: Beltrones, Gamboa y Paredes.
Si fracasan o se posponen mucho esas negociaciones en pos de las contrarreformas estructurales, la Corte decidirá que Marín sea llevado a juicio político. Pero si por lo contrario, el PRI, de bien reconocida fama pública derechista, accede rápidamente a apuñalar otra vez al pueblo de México, entonces Marín podrá respirar con alivio. Pero en un caso o en el otro, la Corte no pasa de ser un patiño, un palero, un comparsa de lujo y bien pagado.
Más tardó la llamada Suprema Corte de Justicia de la Nación en anunciar la invalidez de la Ley Televisa, que en hacerse del conocimiento público que ese fallo había sido producto de una orden de Felipe Calderón. Así que ese tribunal, fidelísimo a su negra historia de subordinación al Poder Ejecutivo, procedió como siempre lo ha hecho: acatando las órdenes del mandón en turno.
Nada de justicia, nada de independencia, nada de discusiones doctrinarias. Puro teatro. Sólo actuar en el sentido de la conveniencia del jefe. Y si esta vez la conveniencia del patrón coincidió con el sentir de vastos sectores populares y nacionalistas, mañana puede ser al revés. Sentencias según el soplar de los vientos del verdadero poder.
Esta vez, ciertamente, hubo menos indiscreción en los miembros de la Corte. Ninguno, que se sepa, fue hasta Los Pinos a recibir las instrucciones necesarias. Pero éstas llegaron de la mano del secretario de Gobernación y del mandamás de la fracción panista en el Senado: “Señores ministros: que dice el jefe que no habrá problema si echan abajo las Ley Televisa”.
Habrá quien diga, desde luego, que el máximo mandamás no giró una orden o instrucción, sino que solamente expresó una opinión. Ah, pero los señores jueces, peritos en materias tan jurídicas como la genuflexión, la lambisconería, el arribismo, el chambismo y las finanzas personales, no están para tan finas distinciones. Orden u opinión es lo mismo. Y a complacer al dueño del negocio.
¡Qué desilusión de aquellos que pensaron que esta vez la Corte si había hecho justicia! ¿No decía el padre fundador del panismo que para que no hubiera desilusionados, era condición que no hubiera ilusos?
La Corte, sumisa hasta la indignidad en la autocracia priísta, ¿iba a dejar de serlo en la autocracia pripanista? Esta ha sido una desilusión que ha dejado desilusionados por montones.
Y ahí viene el tema del aborto despenalizado en el Distrito Federal. ¿Cómo habrá de fallar la Corte? Para saberlo habrá que indagar cuál es el pensamiento del patrón. O sus conveniencias coyunturales. Y es claro que la Corte se mantendrá atenta a los mensajes que con recaderos de lujo les mande el que manda.
Y ahí estarán, frente al televisor, los ilusos que nunca faltan para oír las sesudas reflexiones jurídicas de los señores ministros, los que sabrán, cual sabios que son, interpretar, descubrir, dilucidar si el mensaje de Los Pinos debe ser catalogado como orden o como opinión. Pero eso sí: una cosa o la otra, el jefe será atendido.
Dice Patricia Espinosa que el gobierno mexicano “trabaja sin prisa pero sin pausa” para recomponer las relaciones diplomáticas con los gobiernos de Cuba y Venezuela. Y agrega que por razones propias del trabajo diplomático no puede adelantar ni comentar nada sobre esos procesos de recomposición.
¿Pero, de veras, la canciller no está en condiciones de adelantar algún comentario sobre parte tan esencial de su trabajo al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores? ¿No estará llamando discreción a la inactividad? ¿En verdad quiere el gobierno panista recomponer los lazos con La Habana y Caracas?
Mas si la canciller no aporta indicios de que se encuentra trabajando en esa recomposición, no son ella y su dependencia, ciertamente, las única fuentes de información sobre el tema. Pero tampoco hay indicios provenientes de otros ámbitos en el sentido de que la cancillería mexicana se encuentre empeñada en normalizar los vínculos con los gobiernos de Hugo Chávez y Fidel Castro. Y la impresión que queda es que el régimen calderonista está procediendo, motu proprio y por órdenes de EU, en sintonía con la política calumniosa y agresiva de la Casa Blanca.
En el caso concreto de Cuba se podría decir más o menos lo mismo. Pero en este tema la actitud simuladora de doña Patricia no podrá sostenerse más allá de unos cuantos días, pues en ese lapso se realizará la sesión anual del nuevo Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU, en la ciudad suiza de Ginebra. Y ahí la oficina de la señora Espinosa tendrá que definir una postura que permita o impida iniciar la recomposición de los lazos de México con la patria de Martí. Y hasta ahora no hay elementos para esperar una postura de México en el sentido de normalizar vínculos con la isla.
Porque, como es del dominio público, en esa reunión del CDH, Washington presentará una propuesta de resolución condenatoria para la isla en materia de derechos humanos. Y nada hace suponer que el gobierno de Calderón, dependiente de EU hasta el extremo, y formado por fanáticos de derecha, pueda actuar soberana y honradamente y votar en contra de la canallesca propuesta yanqui.
Por eso la canciller no da la cara, no dice nada. Se hace la muerta. Ya tiene sus instrucciones, pero no se atreve a hablar claramente. Y luego de que haya apuñalado por la espalda nuevamente a Cuba en Ginebra, la oiremos repetir, con su doblez acostumbrado, que “se trabaja sin prisa pero sin pausa para recomponer las relaciones diplomáticas con Cuba”.
Los hechos, decía el clásico, son los hechos. Y el hecho es que en los comicios en Yucatán para elegir gobernador el ganón fue el PRI, y el perdidoso, el PAN. Pero a la luz de la experiencia, remota y reciente, cabe preguntarse si la priísta Ivonne Ortega será gobernadora por obra y gracia de los sufragios de los yucatecos, o si llega a la cúspide del poder estatal en razón de un acuerdo entre Felipe Calderón y el triunvirato priísta: Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa y Beatriz Paredes Rangel.
Nada lleva a pensar que en Yucatán se han impuesto los sufragios. Una larga tradición mexicana, refrendada descaradamente apenas en julio de 2006, indica que en México los votos no se cuentan, sino que se inventan. ¿Por qué habría de pensarse que el Instituto Estatal Electoral de Yucatán, es a diferencia del Instituto Federal Electoral (IFE), honrado y confiable?
¿Y por qué habría de creerse en la veracidad de las cifras oficiales de la elección yucateca? ¿No más porque lo dice la autoridad electoral estatal y porque las reconoce como válidas el candidato perdedor? La verdad es que la orden o el arreglo cupular es el rasgo histórico esencial de los comicios mexicanos.
Pero si la institucionalidad electoral, una institucionalidad corrompida hasta la médula, no posibilita la credibilidad, tampoco la coyuntura política, estatal y federal, permite creer en la veracidad de los comicios yucatecos.
Es claro que en la actual coyuntura política, Calderón está urgido de concretar en el Congreso de la Unión las contrarreformas energética, fiscal y laboral. Y esa urgencia mayor pesa mucho más que la pérdida de una gubernatura de segundo orden.
Yucatán parece un precio bajo a cambio de los votos priístas en el Congreso para hacer realidad esas ansiadas y antipopulares contrarreformas. Y más bajo todavía si al panismo se le concede la alcaldía de la capital, Mérida, único municipio yucateco de cierta importancia.
Además, parte fundamental de la coyuntura es la necesidad de Calderón de disminuir el poder de Manuel Espino, presidente del PAN, quien un día sí y otro también le juega las contras. Y no hay duda de que la derrota panista habrá de ser, o de parecer, según los usos políticos, responsabilidad del jefe del partido.
El repaso de los anteriores hechos y datos no hacen sino confirmar la convicción de que en Yucatán ha tenido lugar una nueva concertacesión pripanista, un refrendo desvergonzado, uno más, el más reciente, del nulo valor del voto en el sistema político mexicano.
¿Qué oscura transa financiera se fragua en el GDF?
MIGUEL ÁNGEL FERRER
Es absolutamente incomprensible que Marcelo Ebrard haya invitado a trabajar en el gobierno del Distrito Federal a Pedro Aspe Armella, un individuo no sólo ultrarreaccionario y archineoliberal, sino responsable, como secretario de Hacienda de Carlos Salinas, de la catástrofe económica que estalló en México en diciembre de 1994. Pero no nada más eso. Pedro Aspe tiene bien ganada fama pública de haberse enriquecido de manera ilegal y exorbitante al amparo del poder que usufructuó como titular de Hacienda.
De modo que Marcelo Ebrard ha llevado al gobierno del DF, un gobierno que se supone popular, a un declarado y probado enemigo de las clases populares. ¿O es necesario recordar que el cataclismo económico y financiero de diciembre de 1994 propició la ruina de centenas de miles de familias y de decenas de millares de pequeñas y medianas empresas, al tiempo que posibilitó el todavía mayor enriquecimiento de grandes capitalistas de la banca, la industria y el comercio?
De modo que Marcelo Ebrard ha llevado al gobierno del DF, un gobierno que, salvo prueba en contrario, se supone ético, a una persona que no podría acreditar su inmensa fortuna personal como fruto de su honrado trabajo en unos cuantos años como servidor público.
De modo que Marcelo Ebrard ha llevado al gobierno del DF, un gobierno que se supone progresista, a una persona que se encuentra en las antípodas ideológicas y políticas de cualquier noción de progresismo.
Y tan tiene claro Ebrard que sus votantes no pueden ver con buenos ojos que un bandido de la cueva de Carlos Salinas meta la larga mano en el dinero de los habitantes del DF, que ha ordenado ya la inserción pagada en un diario capitalino, con llamada en primera plana, de una seudoentrevista con el secretario de Finanzas del DF, un tal Mario Delgado Carrillo, para decir, por boca de ganso, que se ha contratado a Pedro Aspe “no por sus relaciones políticas, sino por su experiencia técnico-financiera”.
¿Experiencia técnico-financiera? Pues que les pregunten a los millones de personas que en 1994 resultaron arruinadas por años o décadas merced a la “experiencia técnico-financiera” de Pedro Aspe.
Pero si queda claro que Pedro Aspe no es progresista ni honrado ni buen economista, es imperioso preguntar qué oscura razón ha movido a Marcelo Ebrard a sumar al célebre salinista del primer círculo al gobierno del DF. ¿Qué turbio arreglo hay entre Marcelo Ebrard y Pedro Aspe? ¿Qué oscura megatransa financiera se está fraguando en el gobierno del DF?
Todo el mundo político mexicano y buena parte de la opinión pública nacional saben que el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, tiene amplias posibilidades de convertirse en el candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia de la República en las elecciones de 20012. Por eso es tan significativo y preocupante el atentado de que fueron víctimas mortales en Veracruz los cuatro escoltas de su familia.
Y si bien Peña Nieto, lo mismo que el gobernador veracruzano, Fidel Herrera, han declarado que la matanza se debió a que los escoltas fueron confundidos con narcotraficantes por los asesinos, se ve a leguas que estas palabras sólo tienen como propósito desviar las atención pública sobre los verdaderos motivos, y por las razón que sea, del hecho criminal.
Es obvio, sin embargo, que la sociedad, lejos de tragarse esta cómoda versión, tiene su propio juicio sobre los acontecimientos. Y entre esos juicios hay uno, inicial, bastante compartible. La gente piensa que, indudablemente, se trató de un mensaje con fines amenazantes.
¿Una amenaza contra el gobernador mexiquense por alguna razón desconocida? ¿O una amenaza en contra el gobierno federal en la persona de Peña Nieto? En este último caso, y como amenazas de ese estilo y calibre suelen normalmente provenir del narcotráfico, cabe la conjetura de que el narco haya elegido al gobernador mexiquense para mostrarle al gobierno federal que el negocio de las drogas está en capacidad de golpear hasta a los miembros de la cúpula del poder, ya en sus propias personas, ya en las de sus familias.
Esta hipótesis es, desde luego, muy inquietante. Y revelaría que la lucha armada contra el narcotráfico, inútil por definición, cual lo prueba la experiencia histórica internacional, está generando, como subproducto imprevisto, una acelerada descomposición política del país. Una destrucción de las instituciones por la incapacidad del Estado, en las personas de sus funcionarios, para resistir las amenazas del narco, y aplicar la política gubernamental que, chueca o derecha, debe el Estado imponer.
Mas si la conjetura del narco resulta inquietante, mucho más lo es que la carnicería veracruzana sea una señal de que las disputas entre los diferentes grupos por hacerse del poder en 2012 haya dejado el camino de las acostumbradas denuncias por corrupción para tomar el de las armas de fuego. Pero en una conjetura o en otra, es evidente que el país está viviendo un proceso de grave descomposición política.
Cada día que pasa van siendo más evidentes los rasgos dictatoriales del régimen calderonista. Las más recientes muestras del pinochetismo que se enseñorea en México son las monstruosas sentencias de cárcel a que han sido condenados los líderes del Frente Popular en Defensa de la Tierra del poblado mexiquense de San Salvador Atenco.
Como una reedición de los negros tiempos de Gustavo Díaz Ordaz, la sociedad mexicana observa aterrada el trato de peligrosos delincuentes que se da a víctimas y opositores de las cotidianas arbitrariedades gubernamentales. Ayer, prisión para ferrocarrileros, médicos, maestros y estudiantes; hoy, cárcel para quienes se niegan a ser despojados de sus tierras y viviendas en aras de un negociazo inmobiliario de la oligarquía y de sus cómplices y sirvientes en el gobierno.
Igual que en los regímenes de Francisco Franco, Díaz Ordaz y Augusto Pinochet, en México el sistema judicial sigue siendo un despreciable apéndice del tirano. Un aparato de justicia presto a torcer las leyes, la ética, los principios generales del derecho y hasta el sentido común para castigar las rebeldías y las protestas populares ante las arbitrariedades del poder.
Los presos de Atenco son la reedición, en tiempos panistas, de aquellos otros héroes de la resistencia civil a quienes hoy todos, incluso la historia oficial, rinden homenaje: Othón Salazar, Heberto Castillo, José Revueltas, Demetrio Vallejo, Valentín Campa. Hoy, a Ignacio del Valle y a sus compañeros les toca ser víctimas de la misma vesania que caracterizó a los gobiernos que encarcelaron por años a luchadores sociales que osaron oponerse a la dictadura priísta que, como la panista actual, pretende vanamente disfrazarse de democracia.
Con atrocidades como las sentencias por encargo a los presos de Atenco, el régimen calderonista se desnuda y muestra a los cuatro vientos lo ilusorio, lo irreal de las consignas gubernamentales que hablan de democracia en México, y que revelan asimismo el carácter de dictadura sin maquillajes del régimen político panista.
Pero igual que pasaba con Díaz Ordaz, Franco y Pinochet, el régimen calderonista no consigue hacer pasar como justas, como apegadas al derecho las inicuas sentencias de cárcel contra los presos de Atenco. La opinión pública nacional e internacional no ha hecho suyas estas aberraciones judiciales. Al contrario: mientras mas demencia hay en el gobierno calderonista, más claro es el carácter dictatorial de ese régimen espurio nacido de un golpe de Estado.
Al haber encabezado la lucha por la despenalización del aborto en el Distrito Federal, los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Asamblea Legislativa actuaron en consecuencia con lo que cabe esperar de un partido de izquierda. De una organización auténticamente de izquierda.
Habiéndose colocado a la vanguardia de la lucha por la mejoría en las condiciones de vida de la población, fundamentalmente de la femenina, el PRD se ha ubicado en la misma estirpe política de los insurgentes de la guerra de independencia, de los liberales de la Reforma juarista y de los revolucionarios de 1910-1940.
Y tan es así, que la conducta de los perredistas ha concitado una feroz reacción de la derecha y de la ultraderecha. Tan feroz y belicosa como las que en otras etapas históricas provocaron Hidalgo, Juárez, Villa, Zapata, Calles y Cárdenas.
La derecha y la ultraderecha mexicanas, con público apoyo extranjero, han acusado el golpe. No es tanto que les importe la despenalización del aborto en sí misma. Bien saben que las leyes punitivas de la interrupción del embarazo no impedían la realización de miles y miles de abortos cada año.
Lo que les preocupa hondamente es el éxito social y político del PRD, la única fuerza partidaria que presenta batalla a los catastróficos designios de la derecha y la ultraderecha hoy hegemónicas. A éstas les queda claro que un partido de izquierda combativo, lúcido y que conoce y representa las más acuciantes demandas de la población es una fuerza política temible tanto en lo electoral como en influencia social.
Semejante conclusión, desde luego han de sacar los perredistas. La exitosa batalla por la despenalización del aborto ha demostrado que la plena definición ideológica y política de izquierda, sin miedos, ambigüedades y simulaciones, es la vía que conduce al crecimiento electoral, a la influencia social y a la conquista y mantenimiento del poder político.
Los asambleístas del PRD lograron entender el sentido de la historia y el sentir de la sociedad. Y no se amilanaron ante el poderío mediático, político y dinerario de derecha y ultraderecha y de sus aliados extranjeros.
Esta victoria del PRD frente a las ensoberbecidas y desafiantes derecha y ultraderecha marca la pauta para el futuro: abanderar, sin miedos, simulaciones o claudicaciones, las causas populares. Como un partido de izquierda combativo. Y no, cual quiere la reacción (Denise Dresser, por ejemplo), como una izquierda bonita, complaciente, domesticada, rabanita.
Era obvio que la alianza pripanista dominante en el Congreso de la Unión habría de aprobar la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Que los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se opusieran en las cámaras era necesario mas no podía ser suficiente. Pero ni los perredistas, ni el movimiento indígena zapatista y su otra campaña, ni Andrés Manuel López Obrador estuvieron dispuestos a convocar a movilizaciones populares masivas para impedir este nuevo robo a los trabajadores de hoy y del futuro.
Y una vez aprobada la nueva ley para el saqueo, ni PRD ni zapatistas ni López Obrador parecen haber entendido que el único medio para conseguir la derogación de esa norma es sacar a las calles a los millones de víctimas de este nuevo fobaproa.
Pero es extraña esa falta de entendimiento. Hay enormes y exitosas muestras históricas y universales de que la movilización popular organizada es capaz de evitar guerras, derogar leyes criminales, impedir la venta del patrimonio nacional, parar en seco injerencismos extranjeros y tumbar gobiernos oligárquicos.
Francia, Bolivia, EU, Ecuador, Venezuela, España y Argentina son algunas de las naciones en las que las masas organizadas y bien dirigidas han conseguido algunos de esos objetivos. Mas también en México ha habido ese tipo de experiencias exitosas. Es cierto que, acaso por errores de la dirigencia, la movilización popular no fue capaz de impedir los fraudes en las elecciones presidenciales de 1988 y de 2006. Pero no es menos cierto que las masas movilizadas fueron capaces de impedir que gobierno y oligarquía involucraran al ejército nacional en la guerra de Iraq.
Y fue otra gran movilización popular la que logró que el salinismo suspendiera los bombardeos y la guerra contra las comunidades zapatistas en 1994. Y también una vasta movilización popular logró abortar el inmoral negociazo que el foxismo había planeado hacer con la expropiación de los terrenos de San Salvador Atenco para la construcción de un nuevo aeropuerto en la ciudad de México. Y cómo no recordar que más de un millón de personas en las calles frustraron el canallesco intento de desafuero del jefe de gobierno del DF, López Obrador.
Parece, sin embargo, que López Obrador, el PRD y los zapatistas han olvidado o menosprecian ahora ese método de la lucha económica, social y política. El único camino que ha conducido a victorias populares, mejoras sociales y avances democráticos.
En el número 1588 de la revista Proceso, que empezó a circular el domingo 8 de abril pasado, el conocido escritor de libelos Carlos Tello Díaz dice que en Cuba el aborto fue despenalizado por razones de control de la natalidad. ¿El aborto despenalizado para evitar el crecimiento desmesurado de la población? ¿En Cuba?
¿Ignora el conocido sicofante Tello Díaz que en la isla no existe problema alguno de crecimiento demográfico, ya no digamos desmesurado, sino siquiera preocupante?
Al triunfo de la revolución, en Cuba había diez millones de habitantes, de los cuales emigró, sobre todo en los primeros momentos del proceso, más o menos un millón. Y desde los primeros sesentas hasta ahora, 2007, la población isleña apenas alcanza los 11 millones de habitantes. Un crecimiento de un millón de personas en el lapso de 40 años. Algo así como 25 mil por año. O, dicho de otro modo, una tasa de crecimiento anual de 0.22 por ciento.
Por otra parte, es bien conocido el hecho de que Cuba vive una acelerada baja en la tasa de natalidad, cual ocurre en todos los países del llamado Primer Mundo. Luego entonces, el problema demográfico cubano es exactamente al revés de lo que con tanta ligereza, desinformación o mala uva dice Tello Díaz.
En Cuba, como en Francia, Suecia, Inglaterra o España, lo urgente es que crezca la población, no que decrezca. Así que resulta absurdo pensar y decir que en Cuba el Estado buscó alguna vez, o busca ahora, reducir la natalidad por la vía del aborto despenalizado. Si ese hubiera sido alguna vez el propósito, en buena lógica ahora sería necesario penalizarlo. Y prohibir, asimismo, el uso de métodos anticonceptivos que, como el aborto libre y gratuito, son parte de la cultura de la sociedad cubana.
Además, la experiencia histórica, desde la Grecia y la Roma clásicas, así como la ciencia demográfica demuestran que ninguna política de población estatal, por coercitiva que sea, logra que una sociedad se reproduzca más o menos si en la conveniencia históricamente determinada de ella no está hacerlo.
¿Piensa Tello Díaz que la mujer cubana, con estudios, trabajo, participación y consideración sociales y altamente politizada va a renunciar a su derecho a decidir sobre su descendencia? A Carlitos le convendría estudiar un poquito. Porque para opinar con algo de seriedad sobre algo que no conoce, no son suficientes sus prejuicios ideológicos ni los informes confidenciales del Cisén y de la inteligencia militar a los que el buen Charlie es tan aficionado.
Hace algunos años, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) adquirió un predio en Cuajimalpa para destinarlo a la construcción de un nuevo campus, ahora en el poniente de la ciudad de México. Pero ocurre que, por razones de uso del suelo, en la zona del DF donde está el predio no está autorizada la edificación de instalaciones escolares.
Estos hechos han dado origen a un escándalo mediático, sobre todo en televisión, que ha impedido y seguramente impedirá la creación del nuevo campus citado. El asunto aparece como un moderno nudo gordiano, pues la solución legal, con su parte positiva precisamente por ser legal, impide la creación de una instalación escolar evidentemente plausible y necesaria.
Frente a esta situación de aparente irresolubilidad, conviene rascarle un poquito al asunto. Y de esa rascadita se desprenden algunos datos que explican el caso y que quizás posibilitaran una solución satisfactoria tanto en términos legales como socioeducativos.
Primeramente debe decirse que, teniendo la ley y la razón jurídica de su lado, los principales opositores al nuevo campus son varios poderosos hombres de negocios que viven en esa zona de Cuajimalpa. Y que como tienen de su parte a la ley, sólo es posible reprocharles un cierto egoísmo y una poco gratificante falta de voluntad en favor de la educación superior.
Por su parte, las autoridades de la UAM, conscientes de que por razones legales el predio en cuestión no es apto para la edificación de un centro escolar universitario, y también conscientes de que el dinero gastado en la adquisición del solar no puede irse al caño, han propuesto dos posibles soluciones para desatar ese nudo gordiano.
La primera sería instalar no un campus, sino un centro de investigación de acuerdo con la vocación campestre de la zona. Es posible que esta solución eliminara la oposición de los poderosos empresarios que viven en esa parte de la ciudad, pues no es lo mismo el bullicio y las complicaciones de toda índole que produce un campus universitario, que la calma bucólica de un centro de investigaciones agropecuarias y forestales.
Y una segunda y mejor solución sería la permuta del predio de Cuajimalpa por otro solar en una zona en la que el uso del suelo permita la erección de un centro de enseñanza universitaria. ¿Habrá disposición en las altas esferas del gobierno para cumplir con las normas legales del uso del suelo, sin privar a la población del poniente de la zona metropolitana del DF de una necesarísima instalación educativa?
El 30 de diciembre de 1960, dos días antes de cumplirse el segundo aniversario del triunfo de la revolución cubana, frente a la demencial y creciente hostilidad de Estados Unidos, el gobierno revolucionario decidió la creación del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP). De modo que se trata de una de las instituciones más antiguas del proceso liberador comandado por Fidel Castro. Y según dice Enrique Román, su vicepresidente primero, es también una de las instituciones más estables de la revolución que entró triunfante a la historia aquel primero de enero de 1959.
De pausado hablar, inteligente y sobrio, Enrique Román explica que el ICAP fue fundado ante la necesidad de recibir y mostrar la verdad de la revolución cubana a los miles de visitantes provenientes del todo el planeta que, ante el bloqueo informativo y las calumnias mediáticas contra Cuba, querían conocer de primera mano y con sus propios ojos la nueva y esperanzadora realidad social nacida en el Caribe dos año antes.
Vivida in situ la experiencia de asistir al nacimiento de un nuevo orden social en la misma puerta del poderoso y agresivo imperio, esos visitantes, al regresar a sus países de origen, empezaron a organizarse para dar a conocer la auténtica realidad del joven y justiciero experimento social. Y fue así como, poco a poco, fueron naciendo, creciendo y expandiéndose en todo el orbe los movimientos de solidaridad con Cuba.
Enrique Román, que entre otras prendas intelectuales y profesionales, fue director del diario Granma, presidente del Instituto Cubano de Radio y Televisión y embajador del gobierno de su país en Líbano y Jordania, sostiene que el ICAP ha sido desde entonces el cauce por donde ha corrido la solidaridad internacional con la joven y asediada revolución.
Solidaridad, dice Enrique Román, no sólo para difundir la verdad oculta bajo una montaña de mentiras, prejuicios y calumnias, sino también para lograr que esa solidaridad con el pueblo cubano se expresara en la denuncia y condena universales de los intentos de derrocamiento de la revolución por cuenta de la cúpula dirigente de EU.
Y solidaridad, abunda Enrique Román, que habiendo sido necesaria en los iniciales momentos del proceso liberador, hoy se ha tornado absolutamente imprescindible en tiempos en que la independencia y la autodeterminación del pueblo cubano corren mayor peligro que nunca frente a la irracionalidad política y militar que priva en la cúpula del poder estadounidense.
Por eso, en la sosegada madurez de sus 62 años de edad, este experimentado periodista y diplomático agrega que después 46 años de fundado el ICAP, existen en el mundo casi dos mil movimientos de solidaridad con Cuba en 139 países. Y se trata, recalca, de un fenómeno que crece, día con día, en organización y capacidad de convocatoria e influencia política y social en todo el orbe.
Que crece y se fortalece, reitera el periodista y diplomático, en Europa occidental con, por ejemplo, cientos de organizaciones de solidaridad con Cuba en Inglaterra, en España, en Italia. Y lo mismo en Oceanía, con organizaciones en Australia y Nueva Zelanda. Y una cosa semejante acontece en Medio Oriente (en Líbano y Palestina, verbigracia), en América Latina y en África.
Pero se trata, dice Román, de una solidaridad enriquecida. De una solidaridad de doble vía: del mundo hacia Cuba y de Cuba hacia el mundo. ¿Hace falta acaso recordar que en la isla han estudiado gratuitamente miles de jóvenes provenientes de diversas regiones del orbe? ¿Y es necesario traer a la memoria que la revolución cubana ha enviado, a título solidario, a miles y miles de médicos a países y regiones pobres, carentes casi por completo de servicios de salud?
Las decenas de miles de estudiantes extranjeros que en la actualidad se están formando profesionalmente en Cuba son la base de la continuidad y crecimiento de las organizaciones de solidaridad con la mayor de las Antillas. Esos muchachos constituyen el relevo natural de las generaciones que han dedicado parte de su vida a la solidaridad con Cuba. Recordemos simplemente que muchos de los hoy dirigentes de los movimientos de solidaridad con Cuba estudiaron y se formaron en la isla. Son casi cubanos, hablan “cubano”. Casos típicos que vienen ahora a la memoria son, por ejemplo, Palestina y Líbano.
En este evidente contexto de crecimiento e influencia de los movimientos de solidaridad con la isla, los pasados sábado, 31 de marzo, y domingo 1 de abril, tuvo lugar el Duodécimo encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba, en Metepec, Estado de México, bajo los auspicios del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, y cuyos ejes temáticos centrales fueron la resistencia del pueblo cubano ante la permanente y cruel agresión estadounidense, y la necesidad de denunciar el injusto encarcelamiento en EU de cinco jóvenes cubanos por el “delito” de haber descubierto, denunciado, y así evitado, inminentes atentados terroristas contra Cuba.
Este gratificante cónclave de Metepec, nos dice Enrique Román, será la antesala del Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba, que habrá de celebrarse los días 27, 28 y 29 de octubre de 2007 en la República del Ecuador, al que concurrirán más de 400 organizaciones de este tipo de América Latina, y cuya meta es impedir el éxito de los propósitos de recolonización económica y militar de Cuba en los que se encuentra embarcada la actual cúpula del poder estadounidense.
Ya el público mexicano ha sido ampliamente informado de la situación de punto muerto en que se encuentra el litigio en tribunales internacionales que contra Cuba inició el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) de México. Dicho en lenguaje llano, luego de varios años de pleito judicial, el caso se encuentra como al principio: nada para nadie. Y si Bancomext se empeña en continuar la vía judicial, sólo un nuevo juicio podría decir de qué lado está la razón.
Pero si el desenlace es bien sabido, poca gente conoce el principio y el nudo de la historia. Y ésta es más o menos así:
Luego del vergonzoso incidente del “comes y te vas”, el gobierno cubano se vio precisado a documentar públicamente que fue el mismísimo presidente Fox quien, a solicitud de la Casa Blanca, le pidió a Fidel Castro que se retirara de la Cumbre de Monterrey para evitar que los mandatarios cubano y estadounidense pudieran encontrarse.
La pública exhibición del doblez y la sumisión del presidente mexicano y de su canciller de entonces, Jorge Castañeda, frente a EU generó en éste el deseo de venganza. Y utilizando su magistral dominio de la intriga, el chisme y la perfidia, el Güerito se encargó de propalar la especie de que con posterioridad a los hechos de Monterrey, varios funcionarios de la isla habían llegado a México a gestionar nuevos créditos. Se trataba obviamente de torpedear aún más las ya deterioradas relaciones cubano-mexicanas.
Estos nexos, que hasta antes del “comes y te vas” eran más o menos fluidos, habían propiciado actitudes de gran deferencia de Cuba hacia México. Una de estas deferencias consistió en que contra su costumbre histórica, La Habana aceptó que una empresa estatal sirviera de aval para un crédito que Bancomext otorgó a la isla.
Como respuesta a la conducta agresiva del foxismo, el presidente Castro emitió un decreto para suspender el trato financiero deferente hacia México, lo que consistió en retirar la garantía de la empresa de telecomunicaciones en el crédito otorgado por Bancomext, para pasar la garantía del préstamo al Banco Central de Cuba, que es la práctica habitual de la isla.
Como es evidentísimo, la litis del asunto no se encuentra en el aval, sino en el pago del adeudo. Y Cuba no se niega a pagar. Por eso Bancomext no ha ganado el añoso pleito internacional. ¿De veras Bancomext quiere cobrar? ¿O se está prestando, con el pretexto del cambio de aval y con acuerdo superior, para torpedear la normalización de las relaciones cubano-mexicanas?
El domingo 4 de marzo de 2007, en estas mismas páginas, informé a los lectores de Siempre! que en el litigio en tribunales internacionales que mantienen el Banco de Comercio Exterior de México (Bancomext) y el gobierno de la república de Cuba, al día de hoy la moneda está en el aire, es decir, nada para nadie. Ni Cuba ha sido condenada, ni ha sido condenado Bancomext. Dicho en otras palabras, sólo un nuevo juicio en tribunales internacionales podrá decir quién tiene la razón.
Por eso leí con cierta sorpresa en el número 1585 de la revista Proceso, que empezó a circular el domingo 18 de marzo de 2007, que en el litigio en tribunales internacionales que mantienen la isla y el banco mexicano, Cuba ha sido vencida y condenada a pagar una suma millonaria a Bancomext. La nota, bajo la firma del reportero Homero Campa, dice en su parte medular que en septiembre de 2004 el tribunal de arbitraje de París emitió su laudo final, el que resultó condenatorio para la patria de Martí.
Homero Campa, desde luego, no miente. Es cierto que el laudo del tribunal de París de 2004 resultó favorable para la institución financiera mexicana. Pero, como diría Perogrullo, eso fue en 2004. Y ocurre que el pasado mes de noviembre de 2006 (2006), la Corte de Apelaciones de París emitió, en el expediente Núm. 04/24238, una sentencia definitiva mediante la cual declaró la nulidad arbitral que en el año 2004 había emitido un tribunal constituido de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, bajo el expediente 12417/KGA.
Como lo señalé en mi artículo del domingo 4 de marzo en Siempre!, el laudo anulado había sido dictado en un procedimiento de arbitraje tramitado en París, en el que habían sido partes Bancomext, por un lado, y la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, S. A. y Telefónica Antillana, por el otro.
Como resulta evidente para el lector, el trabajo de Homero Campa no da cuenta de la sentencia de 2006 que expresamente declaró nula la de 2004. ¿Y será necesario, además, recordar que es principio jurídico universal que la sentencia posterior invalida la anterior? Así, es de la mayor evidencia que no existe base jurídica para tratar de hacer efectivo o para dar por bueno en los medios de comunicación un laudo arbitral de 2004 que fue anulado en 2006.
Por ello reiteró lo que afirmé en Siempre! el 4 de marzo pasado. En el litigio en tribunales internacionales que mantienen Cuba y Bancomext no hay, todavía, vencedor ni vencido. Y papelito habla.
Al cumplirse cien días de Calderón en Los Pinos, los propagandistas del gobierno y sus corifeos en muchos medios de comunicación se esfuerzan en la elaboración de una lista de supuestos logros y en los más complacientes y acríticos comentarios de esos invisibles méritos.
Pero hacer lo contrario no cuesta trabajo, pues son abundantes y están bien documentados las pifias y los actos contrarios al interés popular de esos dichosos cien días. Primero vino el aumento al precio de la leche de consumo popular. Luego llegó el incremento de más de treinta por ciento en el precio del alimento nacional: las tortillas.
Más adelante vinieron los operativos antinarco, cuyo fracaso monumental es testimoniado por el diario crecimiento de la oferta y la demanda de drogas. Y también por el incremento exponencial y cotidiano de la violencia asociada a la producción, distribución y consumo de estupefacientes.
Por otra parte, no pueden escatimarse calificaciones negativas a Calderón cuando luego de más de seis meses de machacona campaña en busca de reconocimiento social y popular a su ilegítima presidencia, tal reconocimiento es más bien su contrario: la generalizada y reafirmada creencia ciudadana y social de que el cargo del michoacano es fruto de una usurpación con rasgos evidentes de golpe de Estado.
Y es también innegable que Calderón no ha conseguido limpiar la sucia imagen del Instituto Federal Electoral (IFE) como planeador, organizador y ejecutor del fraude electoral que lo impuso en Los Pinos. Y lo que se dice del IFE puede afirmarse del resto de las autoridades electorales: organismos corrompidos en los que la balanza de resoluciones y sentencias es inclinada por aquel poderoso caballero del que hablaba Quevedo.
Y ahora mismo la sociedad es testigo de dos nuevos antilogros. Uno, la pretensión de una reforma jurídica que legalice las detenciones arbitrarias, los secuestros, las torturas, las ejecuciones extrajudiciales y el encarcelamiento sin pruebas de líderes sociales y populares opositores; y dos, la debilidad de Calderón para resistir las presiones de George Bush en su propósito, aparentemente ya exitoso, de aplicar en México una versión del Plan Colombia, es decir, la presencia y actividad militar permanente y creciente de EU en suelo mexicano. Y, quizá, pronto lo sabremos, hasta con el compromiso de establecer aquí una base militar estadounidense.
¿Será la cereza del pastel de los logros calderonianos convertir a México en un país ocupado por la soldadesca yanqui?
Luego de la llegada de Beatriz Paredes Rangel a la presidencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), no se ven en el horizonte señales de que esa organización se encamine al fortalecimiento. Más bien se ve lo contrario: signos de un lento pero sostenido deterioro. Esta es la tendencia de los últimos veinte años.
Hay quien dice, desde luego, que la nueva dirigente es capaz de obrar el milagro de frenar y aun revertir esa añosa declinación. Pero la experiencia enseña que la capacidad, la voluntad y el trabajo del dirigente no sirven de gran cosa en condiciones de ausencia de un programa político y económico capaz de concitar el apoyo de porciones decisivas del electorado.
Y con su nueva dirigente o sin ella, no se vislumbra en el PRI ese programa político y económico. ¿Es el PRI un partido con un programa de izquierda? No lo parece, pero además no quiere parecerlo ¿Es el PRI un partido de derecha? Parece que sí, pero los priístas se niegan a reconocerse como derechistas. ¿Es el PRI un partido de centro? Puede ser. Y parece que a los priístas les gusta ser clasificados en esa posición política. Pero el centro siempre termina siendo la derecha.
Esto se ve claramente cuando se pasa de las abstracciones del espectro político a las posiciones y medidas de la práctica política. ¿El PRI, partido de centro, está de acuerdo con la aplicación del impuesto al valor agregado (IVA) a medicinas y alimentos? El discurso priísta dice que no, pero es del dominio público la participación de los más altos dirigentes del tricolor en los avanzados trabajos legislativos para concretar ese odioso gravamen.
¿El PRI, partido de centro, está de acuerdo con la privatización y extranjerización de la industria y el mercado petrolero y eléctrico? El discurso priísta dice que no, pero es también del dominio público la añeja complicidad de los priístas con la extrema derecha para lograr esas privatizaciones.
Estos dos ejemplos revelan el carácter de partido de derecha –y a veces de ultraderecha– del tricolor. Y aunque es obvio que tales credenciales pueden ser productoras de sufragios, esos hipotéticos votantes no se identifican con el PRI, sino con el PAN. ¿De dónde, pues, puede sacar el tricolor los votos que necesitaría para su eventual fortalecimiento?
Parafraseando a Karl Marx, se podría decir que el PRI es un partido de derecha con divisa de centro. Pero también podría decirse que en las actuales condiciones de México, eso engaña a muy pocos y sirve, igualmente, de muy poco.
En 1989, el Banco de Comercio Exterior de México (Bancomext) y Cuba firmaron un acuerdo de consolidación de créditos. Un acuerdo de consolidación significa que se unifican en una sola cuenta los saldos de diversos adeudos más pequeños. Se trata de la creación de un nuevo crédito para la liquidación de créditos anteriores.
Como es práctica universal, el nuevo crédito establece nuevas condiciones de intereses, plazos, penalizaciones en casos de mora, tribunales que han de conocer de las posibles recíprocas demandas de incumplimiento del acuerdo, periodos de gracia, quitas y descuentos por pronto pago, etc.
Y también como es práctica universal, en el caso de exigencias desproporcionadas del acreedor, o en el de retrasos en los pagos por cuenta del deudor, quedan siempre para ambas partes dos caminos. Uno, el de la demanda judicial; y dos, el de la negociación en busca de un acuerdo mutuamente satisfactorio.
En el caso del crédito acordado entre Bancomext y Cuba se hizo realidad la exigencia desproporcionada del acreedor, lo que condujo al retraso en los pagos por cuenta del deudor. Ante la nueva situación, Bancomext optó por la vía judicial para el cobro del adeudo. Al comienzo del litigio, parecía que Bancomext iba en camino de ganar. Pero el pasado mes de noviembre, la Corte de Apelaciones de París emitió, en el expediente Núm. 04/24238, una sentencia definitiva mediante la cual declaró la nulidad arbitral que en el año 2004 había emitido un tribunal constituido de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, bajo el expediente 12417/KGA.
El laudo anulado había sido dictado en un procedimiento de arbitraje tramitado en París, en el que habían sido partes Bancomext, por un lado, y la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, S. A. y Telefónica Antillana, por el otro.
Como es principio jurídico universal, la sentencia posterior invalida la anterior, por lo que no existe base jurídica para tratar de hacer efectivo el laudo arbitral de 2004, anulado en 2006. Así, el laudo anulado ha quedado sin efecto y la “verdad legal” del asunto deberá, en todo caso, ser determinada de nueva cuenta por un tribunal arbitral en un procedimiento nuevo y distinto al que fue anulado.
El acto de anulación del pasado noviembre coloca el caso como al inicio de la controversia, lo que ofrece la oportunidad de una negociación, que es la opción que Cuba desea y ofrece, o de un nuevo pleito judicial que es, según parece, la vía escogida por Bancomext.
Del 12 al 14 de marzo próximo estará en la ciudad de México el jefe de la derecha mexicana. Vendrá a supervisar el avance de los trabajos de Manuel Espino al frente de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) para la desestabilización de los gobiernos de Venezuela, Cuba, Bolivia y Ecuador.
Pero George Bush también vendrá a supervisar los avances logrados por la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico (OCDE) en el equipo económico de Felipe Calderón para el logro de los propósitos imperiales de privatización de la industria energética mexicana.
Si bien aparentemente son dos las metas de la visita de Bush, en realidad se trata de una misma estrategia imperial: poner a México como ejemplo latinoamericano de la conveniencia de las privatizaciones frente a los propósitos de nacionalización de los grandes medios de producción emprendidos por los gobiernos de Hugo Chávez y Evo Morales, y ya presentes en los planes del ecuatoriano Rafael Correa.
Se trata, obviamente, de un movimiento de pinzas. Por un lado, la OCDE trabaja, con la complicidad de Calderón y de su equipo, para lograr la privatización de la energía eléctrica y petrolera mexicana, en tanto la ODCA, brazo político-ideológico de la ultraderecha latinoamericana, calumnia y golpea mediáticamente a gobiernos y países del subcontinente, empeñados en el rescate de sus inmensas riquezas hoy en manos extranjeras.
La OCDE, hoy dirigida por el tristemente célebre “Ángel de la Dependencia”, el mexicano José Ángel Gurría Treviño, también rendirá a Bush cuentas de sus avances para conseguir, a la mayor brevedad, que el gobierno calderonista proceda a la aplicación del impuesto al valor agregado (IVA) en medicinas y alimentos. Y la ODCA, por su parte, prestará cobertura ideológica a esta criminal medida tributaria con el sobado y falso argumento, sacado de las tesis del humanismo social cristiano, de la necesidad del Estado de mayores recursos fiscales para la atención de los segmentos más pobres de la población.
A la llegada del jefe Bush, Espino podrá, evidentemente, entregar buenas cuentas de sus tareas de calumnia contra Cuba, Venezuela, Bolivia y Ecuador. Pero no será éste el caso de Calderón. Aunque cabe esperar por cuenta del panista nuevas y fervientes promesas de trabajo sin descanso para privatizar la industria energética mexicana, gravar con el IVA medicinas y comida, y mantener y acrecentar la agresividad contra Cuba y contra las medidas nacionalizadoras de Hugo, Evo y Correa.
Hay quienes dicen que Andrés Manuel López Obrador no puede ser ajeno a la postulación de la ultraderechista Ana Rosa Payán a la gubernatura yucateca bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Y quienes afirman tal cosa basan su razonamiento en la indudable (o aparentemente indudable) dependencia del presidente perredista, Leonel Cota Montaño, con respecto a López Obrador.
¿Habrá sido capaz López Obrador de proponer o, al menos, avalar, la candidatura de una de las figuras más negras, más emblemáticamente reaccionarias, oscurantistas y machistas del derechista Partido Acción Nacional (PAN)? Cuesta trabajo creerlo.
Frente a esta incredulidad, cabe otra interpretación. ¿Será acaso que las mafias dirigentes del PRD están conspirando contra el, ése sí, indudable liderazgo popular de López Obrador? ¿Estarán buscando esas mafias deslindarse de un proyecto político de largo alcance, como es la creación de redes sociales y ciudadanas, en el cual se encuentra empeñado el tabasqueño?
Porque es claro que la creación y consolidación de esas redes serían la base de un movimiento político capaz de impedir el éxito de nuevos fraudes en futuros comicios, es decir, de impedir que el sistema del fraude electoral institucional que hoy padece México continúe, como hasta ahora, evitando el acceso de la izquierda al poder mediante la entronización ilegal del partido de la ultraderecha.
¿Estarán trabajando las mafias dirigentes del PRD en un proyecto de eliminación política del único personaje con arraigo popular en todo el espectro de la política mexicana? ¿Estarán trabajando a fin de eliminar al único peligro para el sistema político vigente PRI-PAN, del cual forma parte cada vez más importante la cúpula mafiosa del PRD: los chuchos, los amalios, los cotas, los camachos, los monreales?
En respaldo de la tesis de la conspiración del PRD contra López Obrador puede citarse la negativa de éste a dar su aval a la candidatura de la yunquista, enemiga jurada de todo lo que huela a progreso social, a soberanía nacional, a separación de iglesia y estado, a libertades sexuales.
¿Nos estará diciendo esta negativa que el tabasqueño no puede por ahora romper con las mafias dirigentes del PRD, pero que ese momento se encuentra en sus planes? Puede ser, porque, como diría el clásico, política es lo que no se ve. Si este fuere el caso, ese momento no puede tardar demasiado, porque es mucho el daño que la candidatura de Payán le hace al futuro mismo de López Obrador.
Al tomar, manu militari, posesión del cargo de presidente que no le dieron ni ciudadanos ni urnas, Felipe Calderón dijo que como una parte significativa de la ciudadanía había votado por López Obrador, el nuevo gobierno incorporaría a sus propios programas algunas de las propuestas políticas y económicas del tabasqueño.
Nadie, sin embargo, que conozca algo de la trayectoria ideológica y política, pero fundamentalmente ética, del panismo y de Felipe Calderón pudo concederle al michoacano siquiera alguna pizca de crédito. Y apenas pasados dos meses de su ilegal asunción, éste ya ha empezado a evidenciar la falsedad de la oferta aquella, y a continuar con las políticas económicas neoliberales y privatizadoras que expresa y claridosamente fueron repudiadas por la mayoría de los ciudadanos y no solamente por los sufragantes de López Obrador.
Parte esencial de esas políticas neoliberales lo constituye el sueño dorado de la derecha mexicana: la privatización de Pemex. Y a ofrecer en venta ese patrimonio nacional es que fue Calderón a Europa. De ahí su antidiplomática e inútil condena a las nacionalizaciones venezolana y boliviana. Y de ahí también los besos y abrazos con que alemanes e ingleses, pero sobre todo los españoles Juan Carlos y Rodríguez Zapatero, representantes de los monopolios petroleros hispanos, recibieron al agente de ventas michoacano.
Esos besos de Judas, esos gestos de amabilidad interesada recibidos con satisfacción por el panista, no son para México motivos de gusto ni tienen nada de extraño. Son igual de interesados que los ataques del gobierno español, por la boca de ganso del periódico neoconservador El País, a Hugo Chávez y a Evo Morales. Caricias y agresiones de monarca y gobernante, voceros y comisionistas de la transnacional petrolera Repsol, tienen un mismo motivo llamado petróleo (y gas en el caso boliviano).
Tanto en el plano interno como en el internacional, Calderón desprecia la voluntad de 55 millones de ciudadanos que no votaron por la continuidad de los programas neoliberales. Y de este modo da razones de renovada existencia al movimiento social, popular y nacionalista lidereado por López Obrador.
Después de la gira europea de Calderón, ¿qué dirán los ingenuos analistas políticos que aconsejaban al tabasqueño creer en los falsos ofrecimientos de cogobierno del fanático derechista? Ahora mismo López Obrador sería aval y corresponsable de la antipatriótica conducta del émulo y continuador de Vicente Fox.
Como en su tiempo lo intentó inútilmente Carlos Salinas, hoy Felipe Calderón pretende encontrar en efectistas y mediáticos actos de gobierno la legitimidad que no le dieron urnas y ciudadanos. Salinas, por ejemplo, metió a la cárcel a la Quina, en tanto que Calderón, por exigencia de Washington, extradita de modo irregular narcotraficantes.
Pero el quinazo de Salinas no le dio legitimidad. Al contrario: fue una muestra del más brutal autoritarismo que en lugar de legitimar al usurpador, lo deslegitimaba aún más ante el pueblo que lo repudiaba y frente a los propios miembros de su partido.
Calderón, por su parte, no gana legitimidad al echarse en brazos de EU. Al contrario: se muestra débil, acosado, desesperado, atrapado sin salida. ¿Cómo puede pretenderse, además, lograr legitimidad presentándose como un dócil instrumento de la política intervencionista del enemigo histórico del pueblo mexicano, y envenenando por órdenes del amo yanqui, aún más que Fox, las relaciones de México con Latinoamérica?
¿Y creerá el michoacano que puede darle legitimidad la embestida que ha lanzado contra la economía popular con los bárbaros aumentos en los precios de leche, gasolina, pan, huevo, transporte público, cuotas carreteras y tortillas? Al contrario: con esos actos de gobierno sólo puede cosechar más repudio y repelencia, como se constata día tras día en todo el país.
Y esa repelencia, esa deslegitimidad y ese repudio crecientes no pueden ser ocultados o disfrazados por la millonaria campaña de publicidad en los medios de información, sobre todo en radio y TV, sobre las supuestas bondades, capacidad y logros del gobierno calderonista.
Este fracaso de la campaña mediática calderonista se ve reflejado en las disposiciones gubernamentales para ocultar o escamotear las informaciones que documentan la evidente impopularidad del michoacano. Se trata de una censura implacable pero de flagrante inutilidad.
Pero si Calderón no puede ni podrá lograr la legitimidad que le negó el pueblo, al menos podría conseguir algo de aceptación social. Esto podría suceder si aplicara una política de beneficio popular, particularmente de creación de empleos para los ya diez millones de desocupados. Tal cosa, sin embargo, también es imposible.
Porque Calderón no llegó al poder, como lo está demostrando, para semejante tarea, sino sólo para ensanchar los privilegios de la oligarquía que contra la voluntad popular lo entronizó. Sombrío destino del michoacano: ni legitimidad ni aceptación popular.
Un breve y provisional recuento de los actos de gobierno de Calderón en materia económica a menos de dos meses de su asalto al poder no puede ser más desastroso: aumentos de precios en leche, gasolina, dísel, peajes carreteros, huevo, pan y tortilla. Se trata de incrementos en alimentos y en insumos básicos para la producción de alimentos. Y ya se anuncia por todas las calles de todas las ciudades mexicanas el incremento en el precio del transporte público.
Todo esto puede ser calificado sin exageración alguna del comienzo de una escalada de precios. O, dicho de otro modo, de una escalada inflacionaria como no se veía desde los tiempos de aquel nefasto presidente llamado Miguel de la Madrid, en cuyo desgobierno sexenal la inflación alcanzó la aterradora tasa de mil 200 por ciento.
Y reaparece la inflación desbordada en una situación de prolongado estancamiento económico, de desempleo masivo y crónico y de evidentísima ineptitud gubernamental. Y todo esto, además, frente a la carencia por cuenta del Estado de instrumentos económicos reguladores de abasto y precios, como en su momento lo fueron la política de precios de garantía y la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo). Como diría el clásico, el peor de los mundos posibles. Y esto apenas comienza.
Por eso conviene recordar que la inflación desbordada siempre tiene como corolario una devaluación monetaria. Y que ésta puede ser brusca o cotidiana. Pero que, en cualquier caso, retroalimenta la escalada inflacionaria. Y que retroalimenta el empobrecimiento de los sectores de la población con ingresos fijos, principalmente asalariados y pensionados.
En otros tiempos no tan remotos, hace, digamos, 30 años, los daños causados por inflación desbordada se paliaban con aumentos salariales y subsidios al consumo. Pero ahora la situación es completamente distinta. No existen en el gobierno pensamiento e instrumentos reguladores. Y no hay, sobre todo, capacidad para enfrentar el problema. Calderón no entiende de estas cuestiones. Está en manos de sus asesores. Cartens, Téllez y Sojo, principalmente. Puros dogmáticos del neoliberalismo. Hará lo que ellos le digan, aunque lo conduzcan, como ya lo están haciendo, al infierno.
Que yo recuerde, una situación como la que ya se anuncia sólo se dio en el gobierno argentino de Fernando de la Rúa, régimen que terminó en la paralización económica y financiera completa, el famoso “corralito”. Y en la fuga en helicóptero del incapaz mandatario.
El pasado lunes, la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Castellano, reveló ante los medios de información que ha iniciado los contactos necesarios para regularizar (sic) los vínculos diplomáticos de México con Cuba y Venezuela. Esta declaración, desde luego, no tiene ningún valor. Se trata de pura palabrería. De pura demagogia.
¿No fue acaso esta misma funcionaria quien al inicio de su gestión dijo calumniosa e insidiosamente que en Cuba existían violaciones a los derechos humanos, sobre las cuales el gobierno de Felipe Calderón estaría muy atento? ¿Esa torpe declaración fue producto de órdenes superiores o fruto de la ignorancia, los prejuicios y el tacto de paquidermo de la novel canciller?
Realmente da igual. Porque los prejuicios anticomunistas de la secretaria son absolutamente compartidos por su jefe. Pero independientemente de las fobias personales de Espinosa y de Calderón, la médula del asunto radica en la dependencia y sujeción de la diplomacia mexicana a Estados Unidos. ¿Van Espinosa y Calderón a procurar una relación respetuosa y digna con Cuba y Venezuela, desobedeciendo las órdenes expresas y nada comedidas de Washington? ¿Y van a desobedecer al amo yanqui en momentos en que éste aprieta más que nunca el cerco contra la isla y contra el régimen chavista? ¿Es que en algo se diferencian Calderón y Fox, ambos cortados por la misma tijera reaccionaria y sumisa hasta la ignominia frente el amo?
Y por lo que toca específicamente a Venezuela, ¿estarán dispuestos Espinosa y Calderón a disculparse de modo público por haber utilizado de manera artera y calumniosa las imágenes y las palabras del presidente Chávez en la sucia campaña mediática contra López Obrador, candidato robado a la Presidencia mexicana? ¿Y de veras querrán la santa señora y su jefe mejorar los vínculos con Caracas, luego del anuncio de Chávez del retorno de las empresas eléctricas y telefónicas a la propiedad de la nación venezolana, sustraídas a ésta en delincuenciales acciones privatizadoras, como las realizadas por Fox, y semejantes a las que ya ha anunciado Calderón? ¿Y Washington, además, se los permitiría?
La sincera intención de mejorar las relaciones con Cuba y Venezuela implicaría la existencia de un pensamiento soberano y de una honradez intelectual y política de las que Espinosa no ha dado, y menos aún su jefe, la menor muestra. Para la palabrería de gente como Espinosa y Calderón se acuñó la célebre locución latina facta, non verba, hechos no palabras.
A partir del 25 de noviembre pasado, el gobierno federal panista utilizó en Oaxaca la violencia militar, las aprehensiones indiscriminadas, la deportación extrajudicial, los encarcelamientos en prisiones de alta seguridad, las desapariciones forzadas, la tortura y hasta el asesinato de inconformes y opositores. Todo con el fin de aplastar el movimiento social que demanda la salida del gobernador priísta Ulises Ruiz. Y ya se ve, seis semanas después, que el dictatorial propósito no pudo ser satisfecho.
Ese movimiento social, como todos aquellos que poseen verdadero enraizamiento popular, sigue vivo y actuante. Y si bien es cierto que después de la feroz represión, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (la APPO) ha tenido que pasar a una etapa de reorganización y replanteamiento de sus estrategias y modos de actuar, decisiones que los calderonistas quieren hacernos ver como muestra de debilitamiento, también es verdad que esa organización popular tiene hoy más razones que nunca para seguir vigente y actuando.
En primer término, la renovada convicción de que Oaxaca es gobernada por un delincuente de la peor ralea, por un sátrapa desalmado y envilecido, cuya salida del poder es cada día más imprescindible y urgente. En segundo lugar, hoy el pueblo oaxaqueño, organizado en torno de la APPO, debe movilizarse decididamente para lograr la liberación de sus líderes (entre los que se encuentra un antiguo aliado del panismo, el ex foxista y promotor del voto útil, Flavio Sosa), todos ellos acusados falsa y perversamente de diversos delitos.
Una tercera razón para la renovada existencia de la APPO es que, sin habérselo propuesto, hoy se encuentra convertida en la vanguardia de los movimientos sociales de resistencia al fraude electoral, a las políticas neoliberales y a la dictadura militar con fachada civil que sufre México desde el uno de diciembre pasado.
Y esta situación de vanguardia se hace presente en momentos en que la derecha panista en el poder ha decidido cancelar las conquistas políticas y los derechos sociales de los mexicanos, logrados en centurias de luchas y rebeliones contra autoritarismo, clericalismo, opulencia desbordada y corrupción sin medida de los gobernantes.
Hoy la APPO y los movimientos zapatista y lopezobradorista se han convertido en los principales referentes de la nueva insurgencia nacional contra la usurpación del poder, el dominio del neoliberalismo, el empobrecimiento popular y la corrupción gigantesca y descarada del pripanismo.
Para mi hermano español Joaquín Vidal Monerri, defensor de las causas justas, con motivo de su visita a La Habana.
Educada en la filosofía idealista de “los grandes hombres” como creadores de la historia, la cúpula del poder estadounidense siempre ha pensado que las revoluciones sociales son producto de ciertas características extraordinarias de esos “grandes hombres”. Por eso el imperialismo siempre ha considerado que la desaparición física de los líderes revolucionarios conlleva necesariamente a la extinción de las revoluciones. Y por eso, igualmente, el imperialismo siempre ha puesto especial empeño en lograr la prematura desaparición física de los líderes revolucionarios.
En el caso de la revolución cubana, esta tesis filosófica idealista del imperialismo no podía ser distinta. Pero ante los reiterados fracasos de los intentos de asesinato contra Fidel Castro, a la Casa Blanca y al Pentágono sólo les ha quedado confiar en la muerte natural del líder cubano como vía, directa o indirecta, para liquidar a la revolución socialista en la isla.
En el imaginario del imperialismo, esa muerte por causas naturales sería el momento preciso para desatar una intervención militar en Cuba. Se trataría de aprovechar la lógica conmoción que provocarían tanto la ausencia del líder como el proceso sucesorio. Todo esto es bien sabido en la isla. Y por eso mismo, las informaciones sobre el estado de salud del comandante son deliberadamente ambiguas, discretas, imprecisas. O dicho en las propias palabras de Fidel Castro, las condiciones de su salud son un secreto de Estado. Se busca, evidentemente, evitar que la ausencia temporal del jefe revolucionario sirva como factor de coyuntura para propiciar ahora la soñada agresión militar.
Por otra parte, no debe olvidarse que existe un plan de la Casa Blanca, aprobado por el Congreso de EU, para una “supuesta transición de Cuba a la democracia”. Y que, como Washington lo ha reconocido públicamente, tal plan tiene un capítulo secreto, el cual, por su mismo carácter de secreto, no puede contener sino una estrategia de agresión armada. Y no hay duda de que el retiro provisional de Fidel Castro de sus deberes de gobierno ha dado aliento a los deseos de Bush y de la mafia cubano-americana de la Florida para lanzar la ansiada agresión militar.
Cuba, por eso, no baja la guardia. Y por eso mismo mantiene una muy alta capacidad defensiva, como quedó demostrado en el desfile militar con el cual se celebró el cumpleaños ochenta del comandante Fidel Castro. Esa impresionante parada militar demostró que la isla ha sido capaz de mantener su armamento en disposición de combate, y hasta de modernizarlo con posterioridad a la desintegración de la Unión Soviética.
Además, Cuba cuenta con decenas de miles de oficiales, combatientes y milicianos con probada experiencia combativa fruto de exitosas campañas militares internacionalistas. No debe olvidarse que si Namibia es hoy una nación independiente se debe en muy esencial medida a que las tropas cubanas derrotaron en toda la línea al poderoso ejército colonial sudafricano. Y tampoco debe olvidarse que otras decenas de miles de jóvenes cubanos, en particular en tareas de medicina y salud, han cumplido también misiones internacionalistas en condiciones físicas extremadamente difíciles, por lo que están entrenados para encabezar y garantizar el funcionamiento estratégico y productivo de la retaguardia.
Y si bien es cierto que, empantanado y virtualmente vencido como está el ejército gringo en Irak y en Afganistán, el Pentágono carece de la capacidad ofensiva suficiente como para embarcarse en una nueva aventura bélica, ni los cubanos ni nadie en el planeta pueden estar seguros de que, en un nuevo acto de insensatez, el presidente Bush decida que, aprovechando la enfermedad de Fidel Castro y su posible retiro definitivo del poder, ha llegado la hora de liquidar para siempre a la revolución socialista construida, a lo largo de casi cinco décadas, a sólo poco más de ciento cuarenta kilómetros de las costas del imperio.
En abono de las posibilidades de una nueva locura de Bush, el propio gobierno de Estados Unidos y sus servicios de espionaje han reconocido públicamente su incapacidad para evaluar objetivamente tanto el estado de salud del líder cubano como la situación económica, social, política y militar de la isla.
Y también en abono de esas innegables posibilidades de agresión bélica, debe considerarse que la transmisión temporal de la jefatura de las instituciones nacionales cubanas no sólo ha desconcertado a los halcones de Washington, sino también a los sectores más revanchistas y trastornados de la contrarrevolución terrorista de Miami, por lo que cabe pensar que una nueva locura de Bush, una concesión a las presiones de la mafia terrorista de Miami o una subestimación de las potencialidades defensivas cubanas pueden precipitar la agresión armada, a pesar de las evidentes señales de una sangrienta y segura derrota.
Gracias a la nunca suspendida preparación para la defensa del país, y gracias también a la experiencia de combate acumulada desde los años ochenta, Cuba ha logrado lo que el propio jefe del ejército y actual mandatario interino, Raúl Castro, ha calificado como la invulnerabilidad militar, condición que le permite estar preparada para enfrentar con éxito y seguridades absolutas de victoria final cualquier intento de agresión militar estadounidense.
Y ahora que la revolución cubana corre quizás el mayor peligro de una agresión armada en su historia, vale recordar las palabras del jefe del ejército: “Una vez lograda, la invulnerabilidad militar, no puede perderse”. Eso sería un error que Cuba no puede darse el lujo de cometer. Y que, interpretando esas palabras de Raúl, la revolución socialista cubana, con Fidel y después de Fidel, nunca habrá de cometer.
Felipe Calderón sabe perfectamente que tiene el poder, pero que carece del mínimo consenso social. Y sabe igualmente que el poder que detenta no es suyo. Que se trata de un poder delegado en su persona por los verdaderos poderes: el gran capital nacional y la derecha clerical católica, con la anuencia del imperialismo estadounidense. Delegado y todo, sin embargo, ese poder está en sus manos: el Ejército y el sistema judicial. Y con ese poder intentará gobernar a los mexicanos. Y ya lo está haciendo.
Por eso no hay exageración alguna al decir que México está viviendo en una dictadura militar con fachada civil. Pero ese enorme poder militar y judicial no da consenso social y popular. Se gobierna contra la voluntad expresa de la población. Y esto es así, porque las medidas gubernamentales no procuran el bienestar de la gente, sino el acrecentamiento de la parte de la renta nacional ya de por sí inmensa que se apropia la oligarquía monopólica y sus aliados de dentro y de fuera del país.
Esta situación, que viene desde los tiempos de Salinas, es el caldo de cultivo de más resistencias, más luchas sociales, más inquietud política, mayor ingobernabilidad, más y más migración. Incluso más delincuencia común u organizada. Porque ante el avasallamiento, la gente busca defenderse, protegerse, sobrevivir.
Pero las luchas populares no sólo enfrentan a la dictadura castrense. También deben enfrentar las dificultades que implican las deficiencias, las contradicciones y hasta las traiciones de la cúpula dirigente de la izquierda institucional. Las masas en movimiento no sólo asustan a la derecha clerical y a la oligarquía. También espantan a los viejos y nuevos líderes de la izquierda provenientes del PRI, acostumbrados a la negociación cupular y secreta. ¿Vamos a pedirles consecuencia revolucionaria a los Camacho Solís, a los Ricardo Monreal, a los Dante Delgado, a los Alberto Anaya, a los Marcelo Ebrard?
Estos dos factores (el carácter militar del gobierno y las limitaciones de la dirección institucional de la lucha social) explican que la oligarquía y la derecha católica puedan estar gobernando incluso sin el mínimo consenso social. Y esos mismos factores explican las mayores dificultades que deben enfrentar la resistencia, la rebeldía, la oposición. Pero la experiencia histórica demuestra que la marea social, a pesar de los errores y limitaciones de su dirección, es a la larga más fuerte que la más sólida y feroz dictadura militar. Con fachada civil o sin ella.
Desde que Felipe Calderón era precandidato presidencial panista se conocía bien su falta de experiencia de gobierno. Había sido diputado varias veces, jefe de su partido, candidato derrotado al gobierno michoacano y fugaz y desprestigiado funcionario público. Y hoy, esa sabida carencia de experiencia y esa demostrada falta de capacidades lo están llevando, como se dice popularmente, a confundir la gimnasia con la magnesia.
A dos semanas de iniciada su gestión, los errores y las fantasías con propósitos mediáticos se suceden uno tras otro. Y entre estas últimas, Calderón anuncia un ilusorio plan de combate militar contra el narcotráfico. ¿Nadie le habrá dicho al joven michoacano que esos despliegues castrenses no sirven para nada? ¿Ignora los múltiples antecedentes fallidos de esas operaciones militares en otros estados del país y en distintas épocas históricas? ¿Desconoce que muchos de los altos mandos militares se dedican a proteger al narco y no a combatirlo?
¿Ignora asimismo Calderón que la persecución judicial, policíaca y militar del narcotráfico es el principal motor del crecimiento de la producción, comercio y consumo de drogas? ¿Estará consciente el novel funcionario de que al auxiliarse con las fuerzas armadas para el combate al narco está poniendo la Iglesia en manos de Lutero?
Pero si es comprobable la falta de experiencia, conocimientos y capacidades políticas de Calderón, debe también reconocerse la bien conocida perversidad del panismo a la hora de tomar decisiones. ¿Será por pura ignorancia que se ha decidido militarizar Michoacán? ¿O hay algunos otros motivos hasta ahora ocultos?
¿No estarán pretendiendo Calderón y el PAN, con el pretexto del combate al narco, otorgar un papel protagónico al Ejército en la política nacional? ¿O será que los soldados, conscientes de la extrema debilidad política de Calderón le han exigido a éste mayor participación en la vida pública y, consecuentemente y como ya se les ha concedido, una mayor tajada del presupuesto?
Sea como sea, la decisión de acudir a las tropas tendrá consecuencias desagradables. Desde el simple fracaso en la finalidad declarada, es decir, una nueva derrota de las fuerzas armadas ante el poder de los cárteles de la droga, hasta la entrega de Calderón en los brazos de los militares. Y todo apunta desde ahora a que se encuentran en marcha ambas posibilidades: el fortalecimiento del narco y un gobierno civil en dependencia creciente y acelerada de fusiles y bayonetas.
Lo que hizo y está haciendo Felipe Calderón con los dirigentes y miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) ya lo hicieron antes, con otros luchadores sociales, Ruiz Cortines, López Mateos, Díaz Ordaz y Luis Echeverría. Las víctimas de entonces fueron, entre muchos otros héroes civiles, Othón Salazar, Demetrio Vallejo, Valentín Campa, David Alfaro Siqueiros, Miguel Aroche Parra, los líderes del movimiento médico y Heberto Castillo.
¿Y qué pasó? Que mientras esos presidentes priístas fueron arrojados al basurero de la historia patria, aquellos presos de entonces gozan hoy de la gratitud y la admiración de la nación mexicana. Para los carceleros y asesinos, desprecio histórico; para las víctimas, gratitud y honor eternos.
Pero no son éstas las únicas reflexiones posibles sobre la semejanza del calderonismo con aquellos presidentes, dos de los cuales al menos –Díaz Ordaz y Echeverría–, pueden ser calificados con justeza y precisión de genocidas.
También es posible reflexionar sobre la hipocresía de aquellos presidentes que ofrecían el imperio de la ley, el diálogo, la mano extendida y la apertura democrática, y que, en cambio, entregaban una feroz y sanguinaria dictadura que condenaba a los patriotas a largos años de cárcel, al secuestro, a la desaparición forzada o al asesinato.
Esa misma hipocresía es visible en las palabras y actos de Calderón. Se ofreció diálogo y se da traición. Se convocó a la paz y se hace la guerra. Se prometió democracia y se entrega dictadura. Hoy de nuevo, como en aquellos viejos tiempos del priísmo podrido, la demagogia es el rasgo esencial del gobierno.
A partir de la traición del lunes 5 de diciembre, qué líder popular, qué dirigente sindical, qué jefe de movimiento social puede confiar en los ofrecimientos calderonianos. Más aún: qué ciudadano honrado puede tener confianza en un gobernante cuya divisa es el engaño, la felonía, la impostura.
Pero para los luchadores sociales, la demagogia gubernamental tiene sus ventajas. A partir de la traición del michoacano a los líderes del movimiento oaxaqueño, queda claro que los llamados gubernamentales al diálogo son una trampa. Que los inconformes sólo pueden esperar del calderonismo las tres clásicas opciones de la dictadura: encierro, destierro o entierro.
Sólo que, como bien se sabe desde los tiempos de Espartaco, la lucha social no cesa ni aunque haya millones de crucificados. La lucha social habrá de tomar otros caminos para enfrentar a la dictadura.
Nadie que conozca siquiera medianamente el régimen político mexicano puede dudar que la pinochetista represión desatada en los últimos días por la policía militar en Oaxaca fue decidida y ordenada por Felipe Calderón. Como en los tiempos de dominio priísta, el autócrata saliente le hace el trabajo sucio al entrante. Que la sangre, el sufrimiento y la muerte de los inconformes caiga sobre las espaldas de la nulidad que se va, a fin de que el nuevo monarca asuma libre de pecado el trono que la oligarquía y el imperialismo le han asignado.
Pero en el caso de la franquista represión en Oaxaca, nadie puede tragarse ese cuento. Todo el mundo entiende que el responsable de la cacería, persecuciones, encarcelamientos y muertes es decisión directa de Calderón. Y no sólo eso. Todo el mundo comprende, también, que el nuevo autócrata está anunciando “su estilo personal de gobernar”.
Que el nuevo estilo autocrático será la mano dura, la intolerancia, la represión feroz estilo dictaduras del Cono Sur en las últimas décadas del siglo pasado. Y ahí están, para probarlo, las deportaciones de los detenidos. Las cárceles de Nayarit y la de máxima seguridad de Matamoros son la isla Dawson mexicana que tanta fama universal dio a la sevicia lombrosiana de Pinochet.
Y si alguien todavía albergaba dudas sobre el carácter de dictadura desembozada del calderonismo, el propio Calderón se ha encargado de disiparlas con la designación de Francisco Ramírez Acuña como encargado de criminalizar y machacar cualquier señal de inconformidad con la creciente pobreza, el incontrolado desempleo, el fraude electoral y la imposición de un gobierno ilegítimo al servicio exclusivo del capital.
La designación de Ramírez Acuña tiene, sin embargo, su lógica. Calderón requiere en Bucareli a un matarife sin escrúpulos, a un cavernario, a un gatillo fácil. Esta fue la razón de que el ex gobernador jalisciense haya desplazado de la estratégica posición a Josefina Vázquez Mota. Esta fue la señal burocrática de que Calderón renunciaba a la negociación política para optar por la represión descarnada.
Es claro que los patrocinadores de Calderón ya le advirtieron que no están dispuestos a tolerar las debilidades represivas que le imputan a Vicente Fox. La ganancia capitalista sin medida exige un Pinochet mexicano. Ya aprenderemos todos dolorosamente, Calderón incluido, que ese criminal sueño de la oligarquía y de Estados Unidos no tiene posibilidades de hacerse realidad.
Qué más quisieran la oligarquía y su testaferro Felipe Calderón que la designación de éste al frente de la corrompida institución presidencial no encontrara rechazos, oposición, resistencias. Cuánto darían por que el espurio relevo sexenal fuera aceptado como destino inevitable por los millones de víctimas del fraude electoral y de las políticas económicas privatizadoras.
Pero no ha ocurrido así. Y no cabe esperar que la situación de rechazo a la usurpación empobrecedora amaine. Al contrario. La toma de posesión de López Obrador, ante centenas de miles de personas, como presidente legítimo de México indica que la oposición, el rechazo y la resistencia a la usurpación no sólo no ceja, sino que se tiende a una mayor y mejor organización social y política.
Es claro que la resistencia, aún organizada, no será una tarea sencilla. Pero la propia oligarquía la facilita al tomar medidas económicas bárbaramente antipopulares, como el aumento a la leche de consumo proletario. Y como, acto seguido, el anuncio de un equipo económico que confirma la decisión oligárquica de mantener un ruinoso programa económico idéntico a los de Salinas, Zedillo y Fox.
Los dos anuncios citados son, además, la confirmación del carácter demagógico y engañoso de la promesa calderoniana de “rebasar por la izquierda” a López Obrador. Así que, como diría Dante a las puertas del infierno, abandónese toda esperanza. Y sépase que nadie hará por el pueblo pobre lo que ese pueblo empobrecido no sea capaz de hacer por sí mismo. Así que sólo cabe esperar la agudización del enfrentamiento entre las fuerzas de la oligarquía pripanista y el pueblo organizado en torno a la presidencia legítima de López Obrador.
Y aunque la resistencia es, ha sido y será pacífica, queda claro que Calderón y sus patrocinadores ya han optado por el empleo de la violencia, único recurso de un gobierno neofascista para el que la mano dura, la represión sangrienta y la persecución feroz de sus adversarios es la solitaria receta conocida. Pero esa inevitable, y en algunos casos ya ejecutada violencia represiva sólo conseguirá fortalecer todavía más a la resistencia popular, como lo demuestra el caso emblemático de Oaxaca.
La experiencia histórica demuestra, sobre todo en el mundo subdesarrollado, que a pesar de los altibajos propios de la lucha social, el éxito es el único destino posible de un pueblo en resistencia organizada contra la dominación extranjera o las dictaduras criollas. Como las que encarnan en Felipe Calderón.
Una larga historia nos informa sobradamente que los actos terroristas, como la colocación de bombas en lugares públicos, son siempre contraproducentes, negativos, funestos para los movimientos sociales independentistas, anticoloniales o de resistencia pacífica a las dictaduras. Y esa misma historia enseña que los grupos o ejércitos guerrilleros con implantación social no acuden nunca a los actos terroristas. El empleo de métodos terroristas es la clave para distinguir entre ejércitos guerrilleros y grupos terroristas.
Los bombazos en sitios públicos son contraproducentes para los movimientos sociales referidos, porque se convierten en el pretexto perfecto para que los gobiernos coloniales o dictatoriales desaten la represión generalizada contra los movimientos y grupos opositores. Por eso se puede afirmar fundadamente que las organizaciones terroristas sirven a los propósitos represivos del poder. ¿Cómo, entonces, no sospechar que se trata de organizaciones surgidas del propio poder o infiltradas por éste?
Hoy, sin embargo, algunas voces desde la izquierda aseguran que no es este el caso del grupo o grupos que se adjudicaron la autoría de los bombazos en la capital del país el pasado 6 de noviembre. ¿Se trata de una suposición o de una certeza? ¿Cómo saber si un grupo, por definición clandestino, es una agencia secreta del gobierno o se encuentra infiltrado por éste? No es fácil suponer que en la mochila en la que guardan y transportan los explosivos lleven también su oficio de comisión gubernamental. Y si no se trata de una agencia gubernamental, pero si de una infiltración, obviamente embozada, ¿quién puede asegurar, por más experto que sea en el asunto, que el grupo que pone bombas es químicamente puro y revolucionario?
Pero suponiendo que este fuera el caso, lo esencial no son las intenciones ideológicas o la pureza política del grupo que utiliza métodos terroristas. Lo central es el resultado. Y éste siempre resulta ser un servicio a la derecha para la generalización de las acciones represivas contra los movimientos populares.
Esta certeza histórica obliga a no hacer concesión alguna en la condena a los grupos que utilizan métodos terroristas. Y obliga asimismo a rechazar tajantemente que se pretenda colocar una aureola de luchadores sociales y revolucionarios honestos a individuos y grupos que, finalmente, realizan, voluntariamente o no, el alto servicio de dar pretextos a la oligarquía para desatar la represión generalizada.
Esa práctica es muy vieja y muy efectiva. Desde los sótanos de las oficinas gubernamentales se ordena hacer estallar unos artefactos explosivos de poca monta. Acto seguido, un supuesto grupo guerrillero nunca antes conocido se adjudica la autoría de las explosiones. Las investigaciones oficiales “hasta las últimas consecuencias”, desde luego, no pueden conducir a los autores, también oficiales, de los mini actos terroristas. Ah, pero eso sí, sirven de pretexto para que la dictadura empiece a satanizar y a golpear, política y mediáticamente, a los grupos y organizaciones democráticas y de resistencia civil que se le oponen.
La historia es la misma, pero cambian los personajes. Ahora le ha tocado a Felipe Calderón, cabeza visible de la dictadura panista, organizar la faena terrorista-represiva. Y en seguida de las microexplosiones, el michoacano ha salido ante los medios de comunicación para amenazar a la sociedad con el puño de hierro, con el endurecimiento de la represión.
La vieja historia, por supuesto, no logra realmente engañar a nadie. Pero eso no importa. Porque Felipe Calderón entiende que las amenazas de endurecimiento represivo son absolutamente indispensables. Porque sabe, igualmente, que una tiranía sólo puede consolidarse mediante una ola represiva que, como ha dicho el propio Calderón, “costará vidas”.
Y así como Pinochet o el argentino Videla encubrían el aniquilamiento criminal de sus opositores con el velo de la defensa de la democracia contra el comunismo, Calderón encubre sus amenazas de represión sangrienta con el espantajo de la lucha contra el terrorismo.
Pero las palabras del michoacano constituyen no sólo el anuncio de la represión generalizada como política de gobierno. También son la enésima demostración de que el panismo en el poder es la continuación, corregida y aumentada, de la dictadura que muchos ingenuos pensaron había desaparecido con la salida del PRI de Los Pinos.
Frente a estas tenebrosas circunstancias, adquiere mayor relevancia política e histórica la organización popular antidictadura que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Un movimiento social que está combinando sabiamente los mecanismos clásicos de la resistencia pacífica con el aprovechamiento sensato de las instituciones gubernamentales vigentes. Y con la propia institucionalización de la resistencia a la dictadura, cuya muestra más clara es la Presidencia Legítima de la República y un gabinete presidencial encargado de organizar esa misma resistencia.
A veces, por puro y vulgar cálculo convenenciero, la derecha simula aceptar y promover el diálogo como vía para la solución de los conflictos económicos, sociales y políticos. Pero se trata sólo de retórica y publicidad destinadas a desgastar a los movimientos sociales y populares de inconformidad y protesta. Y luego de la simulación de los llamados al diálogo viene, como siempre, el golpe represivo. Golpe que en Oaxaca ha resultado, cual ocurrió en el puerto de Lázaro Cárdenas y en San Salvador Atenco, sangriento y mortal.
Es cierto que durante algún tiempo Vicente Fox hizo esfuerzos personales por no convertirse en un nuevo Díaz Ordaz o en un nuevo Echeverría. Se veía que no era su deseo mancharse las manos de sangre. Pero pudieron más que su voluntad, siempre plena de flaquezas, las órdenes de las cúpulas económica y política nacionales que le exigían mano dura, represión, sangre y, si era “imprescindible”, los muertos necesarios. Ah, y por supuesto, la inapelable orden del procónsul gringo, Antonio Garza, que puso a un Fox sin carácter ni entereza moral contra la pared de la represión sanguinaria.
De modo que Fox resultó ser un sátrapa de peor calaña moral que Díaz Ordaz o Echeverría. A éstos los condujo a la represión el puro afán de poder, pero nunca exhibieron el entreguismo ultraservil hacia Washington del que Fox ha hecho gala en Oaxaca.
A pesar de sus intentos personales por no pasar a la historia como un represor sanguinario de su pueblo, la conducta final de Fox ha venido a demostrar la vocación dictatorial de la derecha, aunque pretenda disfrazarse de democrática. También ha mostrado sin tapujos que el gobierno mexicano sigue siendo la dictadura que Fox prometió destruir.
Esa dictadura se ha hecho evidente tras las varias represiones sangrientas y mortales, plenas de sevicia, del foxismo. Pero a esas pruebas de tiranía hay que sumar la política del fraude electoral, cuya última muestra se dio el pasado 2 de julio. ¿Cómo, cabe preguntarse, puede un individuo o una nación, presumir de demócrata cuando ante los ojos del mundo se burla la voluntad popular y se derrama la sangre de los más pobres del país?
La conducta desalmada de Vicente Fox deja, sin embargo, una enseñanza positiva. Adiós a las ilusiones de que México había entrado a una democracia al menos formal. La dura verdad se ha impuesto. Fraude electoral y represión neroniana son las constantes de un régimen político que sigue siendo la feroz dictadura de las más negras épocas de la nación.
“Hoy renuevo mi esperanza en que se hará justicia”
Por MIGUEL ÁNGEL FERRER
Fotos: Carlos Mier y Terán
Más de cuatro décadas de ser víctima de atentados terroristas por cuenta de las organizaciones terroristas de Miami han dado a la República de Cuba amplia experiencia en la defensa contra las bombas incendiarias, los atentados con explosivos en instalaciones fabriles y turísticas, la guerra bacteriológica, los atentados contra aeronaves y los intentos de asesinato de los líderes del proceso revolucionario. Una de las experiencias adquiridas ha sido la convicción de la necesidad de infiltrar esas organizaciones criminales para conocer con antelación los planes y preparativos de nuevos atentados terroristas contra la isla.
La necesaria tarea de infiltración de las organizaciones del exilio miamense ha recaído en voluntarios, en héroes anónimos que anticipan al gobierno de su patria la realización de más actos criminales. Pero es tal la cantidad y reincidencia de actos terroristas, que el Estado cubano ha considerado su deber informar al gobierno de Estados Unidos de la comisión en suelo estadounidense de actos criminales dirigidos contra terceros países.
Es bien conocida por la opinión pública internacional la gestión del gobierno del presidente Fidel Castro, para informar, con el generoso concurso del escritor colombiano y Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, al presidente William Clinton de los preparativos en Estados Unidos de atentados terroristas contra la mayor de las Antillas.
“Recibida esa información –dice Mirta Rodríguez, madre de Antonio Guerrero, uno de los voluntarios infiltrados en la red terrorista de Miami– cabía esperar de las autoridades de EU, y concretamente del Departamento de Justicia a través de su agencia anticrimen, el Federal Bureau of Investigation (FBI), la indagación, detención y consignación penal de los criminales. Pero eso no ocurrió. Y, en cambio, el FBI detuvo de modo arbitrario e injusto a cinco jóvenes cubanos proveedores de la información capaz de impedir nuevos atentados terroristas contra Cuba desde Estados Unidos. Esos cinco muchachos son Fernando González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino, René González y mi hijo, Antonio Guerrero”.
De visita en la capital mexicana para presentar en la Feria del Libro del Distrito Federal la obra Inseparables de su hijo Toni, Mirta Rodríguez dice que se trata de un libro de poesía que ha sido hecho con amor, con mucho amor. Un libro que con amor y por amor denuncia la injusticia cometida por la autoridad judicial estadounidense contra cinco hombres cuyo único crimen ha sido trabajar para salvar vidas, para evitar sufrimientos, para impedir que se derramen más sangre y más lágrimas.
Inseparables es una obra sui géneris. Antonio Guerrero la compuso en verso y en prosa. En cada página, el lenguaje metafórico del verso está acompañado de una reflexión en prosa que de modo crudo y directo va describiendo la vida de este hombre en su injusta prisión, así como las atrocidades de que diariamente se le hace víctima indefensa.
“Pero las atrocidades –dice Mirta, incapaz de impedir que se le quiebre la voz– no sólo se cometen contra los cinco muchachos. También nosotras
–las madres, las esposas, las hijas– somos víctimas de esas crueldades. Mire usted: nuestros hijos son sometidos, sin razón legal o moral alguna, a tratamientos inhumanos como, por ejemplo, el confinamiento solitario –el hueco le dicen allá- por largos meses. Diecisiete, una vez, en el caso de mi Toni. El hueco significa total aislamiento. Sin visitas, sin correspondencia, sin recibir llamadas telefónicas, sin periódicos, revistas o libros. Sin la posibilidad de consultas con sus abogados para la preparación de su defensa. Y a nosotras, madres, esposas, hijas, nos impiden visitarlos. Nos niegan la visa para entrar a territorio estadounidense.
“Mire usted el caso de Olguita Salanueva, esposa de René González. Ella vivía con René y con la hijita de ambos en Estados Unidos. Tenía la condición migratoria de “residente permanente”. Y cuando detuvieron a René, también la detuvieron a ella. Estuvo presa tres meses sin razón alguna. Luego fue deportada. Y ahora, en situación de deportada, le niegan la visa. Normalmente a un deportado le conceden el derecho de solicitar una nueva visa pasados cinco años de la deportación, pero a Olguita le extienden la negativa de visado por diez años sin razón alguna. Es una presión política, un chantaje. Un propósito de lastimar más y más al prisionero, a la familia de éste y a Cuba.
“La niña, que ya tiene ocho años, nació en Estados Unidos. Es norteamericana. Por esta razón ella sí puede ingresar a Estados Unidos. Pero no puede ni debe ir sola. La razón y la ética ordenan que pueda visitar a su padre en prisión –a quien no ve desde que ella tenía dos años– en compañía de su madre. Eso es lo honrado, lo humano, lo justo. Pero con el pretexto de la condición migratoria de deportada de Olguita, en los hechos Estados Unidos le niega a la niña la posibilidad de ver a su padre. ¿Se imagina usted mayor injusticia, mayor crueldad, mayor irracionalidad?
“Y ahí está el caso de Adriana, la esposa de Gerardo Hernández. Gerardo fue condenado, en sentencia monstruosa, a dos cadenas perpetuas más diez años. A Adriana le dan visa. Pero al llegar a la ciudad de Houston, puerta de entrada para su internamiento en Estados Unidos, la detienen en migración durante once horas. Y le informan que no puede internarse en Estados Unidos porque puede convertirse en migrante, es decir, permaneciendo de manera ilegal en territorio estadounidense. Y le advierten que si prolonga su paso por Estados Unidos la meterán presa por violar la ley migratoria.
“A Adriana le niegan el derecho que tiene todo familiar de un preso a visitar al ser querido. Cada año Adriana solicita la visa. Y cada año se la niegan con una razón distinta. Y hasta ahora se la siguen negando. Señor: ya han pasado ocho años sin poder entrevistarse con su esposo encarcelado. ¿Por qué? No hay razón. Excepto el propósito de hacer sufrir más al preso y a su familia. Crueldad absurda. Esa es la consigna. Y se ve que hasta ahí alcanza el poder y la influencia de la mafia terrorista de Miami. Quieren venganza. No perdonan a nuestros hijos que les hayan impedido cometer más crímenes, más actos de terror contra Cuba y contra los cubanos.
“Y aunque no hemos abandonado la lucha judicial en Estados Unidos, nuestra esperanza de justicia se encuentra en lograr la mayor solidaridad internacional con nuestros hijos. Hace poco hubo una manifestación a favor de nuestra causa en la ciudad de Washington, en el propio corazón de Estados Unidos. Esto fue muy importante, pues demuestra que es posible que en Estados Unidos se conozca la monstruosa injusticia cometida contra cinco muchachos que trabajaban para evitar más crímenes, más actos de terrorismo y más daños contra Cuba y contra los cubanos. Para proteger a Cuba, para proteger a Estados Unidos y para proteger a la humanidad”.
Con incontenida emoción que le quiebra la voz y le humedece los bellos ojos azules, Mirta agrega: “Aunque usted piense que esta lucha me hace daño, yo creo que en el fondo me hace bien. Porque este espíritu de lucha me fortalece. Me hace sentir que le soy útil a mi hijo, que le soy útil a los compañeros de mi hijo, a las familias de ellos y a mi patria, que también me necesita. El año pasado usted y yo estuvimos hablando del caso con esperanza. Hoy renuevo esa esperanza en que finalmente se hará justicia. Pongo en sus manos y en las de sus compañeros periodistas mi necesidad de que esta verdad sea escuchada. Muchas gracias”.
“Demandamos que EU deje de proteger al terrorista”
Por MIGUEL ÁNGEL FERRER
Fotos: Carlos Mier y Terán
El 6 de octubre de 1976, a las 17:15 hora local, el DC-8 de Cubana de Aviación parte del aeropuerto de Barbados con destino a Jamaica. A bordo hay 73 personas, incluidos jóvenes guyaneses que viajaban a Cuba para estudiar medicina, y 10 tripulantes que se encontraban hospedados en Bridgetown, la capital barbadense, debido a la rotación del personal de la aerolínea.
Unas horas antes, a las 10:57, el aparato había despegado del aeródromo de Timehri, en Guyana, con destino al aeropuerto de Piarco, Puerto España, capital de la isla antillana de Trinidad y Tobago, con 27 minutos de retraso por esperar a una delegación oficial de la República Popular Democrática de Corea. En Trinidad y Tobago abordan el aparato los 24 integrantes del equipo juvenil de esgrima de Cuba, ganadores de todas las medallas de oro en el recién finalizado Campeonato Centroamericano y del Caribe de ese deporte, y que esa madrugada habían arribado en un vuelo de Pan American, procedentes de Caracas, Venezuela, ciudad sede del certamen internacional.
Una hora y seis minutos antes, a las 16:21, la nave había tomado tierra en el aeropuerto de Seawell, Barbados. Entre quienes concluyen su viaje se encuentran dos siniestros personajes: Freddy Lugo y José Vázquez García (nombre falso que dio como suyo Hernán Ricardo Lozano), más tarde arrestados por la policía barbadense como autores materiales del atentado contra la aeronave.
A las 17:23, en la torre de control se escucha desde la radio del aparato de Cubana el grito de alarma del capitán, Wilfredo Pérez, Fello: “¡Cuidado!”. “¡Es –informa el copiloto– una explosión en la cabina de pasajeros. Y hay fuego!”.
En esos momentos el piloto pierde el control del aparato (un segundo estallido había tenido lugar en los baños de la parte posterior del avión). Sin percatarse aún de la nueva complicación, el copiloto grita:
“¡Eso es peor. Pégate al agua, Fello, pégate al agua!”.
Con un heroico sentido de responsabilidad, Wilfredo hace girar la aeronave hacia un lado, con lo cual evita que caiga sobre una playa cercana. Desde las costas de Barbados, muchas personas presencian horrorizadas cómo el avión cae al mar. Pierden la vida los 73 ocupantes del aparato.
Hoy, 30 años después de aquel horrendo crimen, Siempre! conversa con Carlos Manuel Permuy, licenciado en deportes e hijo del capitán, Manuel Permuy, de aquel victorioso equipo de esgrima que volvía a la patria cargado de satisfacciones.
¿A qué se debe tu visita a la ciudad de México estos días?
Vine a la feria del libro, invitado por los organizadores, con el fin de aprovechar un espacio más para denunciar la impunidad en que se encuentra el crimen de Barbados. Y para apoyar la lucha de miles y miles de familias cubanas contra el terrorismo. Familias que han sido enlutadas por 47 años de agresiones criminales y que hoy, nuevamente reclaman justicia, que reclaman el cese de actos terroristas de cualquier tinte y dondequiera que se den.
Nuestro reclamo hoy es por que se lleve ante los tribunales a Luís Posada Carriles y a Orlando Bosch como figuras principales, como actores intelectuales de la voladura del avión civil de Cubana de Aviación frente a las costas de Barbados en el año 1976. Porque a pesar de haber transcurrido 30 años de aquel criminal hecho, hoy más que nunca está presente, está vivo en nuestra memoria. Pero nuestra denuncia no solamente va contra estas personas que son las cabezas visibles de aquellos actos.
Va también contra las sucesivas administraciones de Estados Unidos, que son las que han formado las máquinas de terror que son esas personas, que son las que han financiado y dirigido esos crímenes contra el pueblo cubano. Y también contra el pueblo mexicano y contra los pueblos de América Latina, cuando éstos han intentado un proyecto social diferente que signifique una vida mejor para todos.
Nuestra lucha va igualmente en demanda de que el gobierno del presidente George Bush deje de proteger, deje de encubrir al actor principal del crimen de Barbados. Demandamos que, en un acto de coherencia con la lucha internacional contra el terrorismo que Estados Unidos dice encabezar, Luis Posada Carriles, autor intelectual confeso de ese abominable acto, sea llevado ante la justicia.
Háblanos de tu padre.
Mi padre venia en ese vuelo. Era el jefe del equipo de esgrima que asistió al Campeonato Centroamericano de Caracas en el que obtuvieron todas las medallas de oro. De más está hablar de la euforia con que venían de regreso a la patria aquellos muchachos cuyo promedio de edad no rebasaba los 20 años. Venían, nos imaginamos, con la mayor alegría, la mayor satisfacción por haber cumplido con su deber. Y para nosotros de más está decir que aquel crimen fue y sigue siendo una perenne herida que sangra permanentemente. Pero de igual manera, vuelvo a decirlo, es un compromiso indeclinable con la lucha de toda la gente alrededor del planeta que de una forma u otra ha sido afectada por el terrorismo.
¿Qué edad tenia tu padre?
Mi padre tenía 39 años; yo tenía 14.
¿Catorce años? Plenamente consciente.
Sí. Y es una edad muy difícil, puesto que te surgen muchas inquietudes. A esa edad el muchacho necesita de un modelo, de un consejo, de una frase de aliento. Y eso yo no lo tuve. Debí quemar etapas en mi vida. Tuve, quizás, que endurecer un poco mi carácter, mi forma de ser, mi forma de actuar. Tuve que enfrentar la vida de una manera distinta.
Usted sabe que en Cuba los niños y los jóvenes son la prioridad del Estado. Esa situación social, sin duda me ayudó. Sin embargo, tuve que renunciar a muchas de esas alegrías típicas del joven, pues no quería darle más sufrimientos a mi madre y a mi familia. Y tuve que resolver por mí mismo muchos de los problemas en los que quizá mi padre me habría dado el consejo justo, la orientación oportuna. La muerte prematura, injusta e innecesaria de mi padre me hizo mucho daño.
¿Fuiste hijo único, Carlos?
No. Tengo una hermana que en aquel momento tenia 10 años.
¿La viuda de tu padre vive?
No. Mi madre ya murió. Falleció en el año 2001. Sufrió mucho durante todos esos años. Nunca más conoció el amor de nadie. Guardó luto perenne a la persona que amó y con la que compartió su vida.
¿Como se llamaba tu padre?
Manuel Permuy Hernández.
¿Tienes esperanza, Carlos de que se haga justicia? ¿No has perdido la esperanza?
No. Por supuesto. Pero la esperanza tiene que ir a la par con la denuncia, con la lucha. Porque si no luchamos, no lograremos que actos como ese crimen y sentimientos como los nuestros se conozcan dentro del propio Estados Unidos. Usted sabe que ahora mismo hay cinco jóvenes cubanos presos en Estados Unidos. Cinco compañeros que luchaban para evitar que se cometieran más crímenes como el de Barbados.
Han sido condenados precisamente por luchar contra el terrorismo, por descubrir y frustrar los actos criminales planeados por las organizaciones terroristas de Miami. Y eso no lo sabe el pueblo de Estados Unidos. Y sólo podremos lograr la libertad de los cinco si conseguimos que la opinión pública estadounidense tome conocimiento de la tremenda injusticia que se comete al mantener encarcelados a cinco jóvenes que dedicaban su vida a impedir la repetición de actos terroristas como la voladura del DC-8 de Cubana luego de haber despegado del aeropuerto Seawell de Barbados aquella siniestra tarde del 6 de octubre de 1976.
Un buen día, a principios de este año, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU dejó de existir. Su quiebra moral era evidente. Nadie creía en el organismo. Había adquirido negra fama de institución selectiva, discriminatoria e inética. Era cosa bien sabida el dominio absoluto que Estados Unidos ejercía sobre ella, lo que la había convertido en una agencia de la Casa Blanca para hostigar a pueblos y gobiernos de países del sur que se niegan a plegarse a los designios de la potencia imperial. Y también para cerrar los ojos ante las evidencias públicas de bárbaras violaciones a los derechos humanos por cuenta de los países ricos.
Era tal el desprestigio y la bancarrota moral de la Comisión, que la Asamblea General de la ONU decidió desaparecerla y sustituirla por un nuevo organismo en la materia: el Consejo de Derechos Humanos. El nuevo organismo, con mayor rango que la extinta Comisión, se constituyó de inmediato para el mundo en una esperanza de equidad, nobleza de miras e independencia en el tratamiento del tema de los derechos humanos.
Parece, sin embargo, que todo fue una simple ilusión, pues el nuevo Consejo ha empezado, muy tempranamente, a dar muestras de inequidad y selectividad a la hora de analizar la situación de los derechos humanos en el planeta. Y, lo más grave, de abyecta sumisión a los designios de EU y de los aliados europeos de Washington. Y para desgracia de la otrora prestigiada política exterior de México, el nuevo Consejo es presidido por el mexicano Luis Alfonso de Alba.
Entre las penosas muestras de inequidad, selectividad y sumisión a EU del Consejo, se encuentran la negativa del organismo a tratar el asunto de las cárceles clandestinas que en diversos puntos del orbe mantiene EU en su fantasiosa lucha contra el terrorismo. Por ejemplo en Abú Graib, Irak, y en la base militar estadounidense de Guantánamo, en Cuba. Y también la negativa a dar seguimiento a los ultradocumentados vuelos secretos de la CIA, la agencia de espionaje de EU, para trasladar de un país a otro a personas secuestradas bajo la acusación de ser terroristas.
Mención especial en esta relación de ejemplos de selectividad, inequidad y sumisión frente a EU requiere la negativa del Consejo a tratar el asunto de las denuncias de tortura de prisioneros y secuestrados por cuenta del ejército estadounidense y de otras agencias del gobierno de este país.
Desgraciadamente, el Consejo de Derechos Humanos está repitiendo, como con papel carbón, las perversiones que dieron lugar al desprestigio y muerte de la antigua Comisión. Hoy, como ayer, el organismo que debe velar por el respeto a los derechos humanos es manipulado por Washington. Y ante la magnitud de las evidencias, y a pesar de las esperanzas que suscitó en la hora de su creación, hay que reconocer que el nuevo Consejo de Derechos Humanos de la ONU nació muerto.
De 1988 para acá, la izquierda, representada por el PRD, ha venido ganando poder político y parlamentario. Pero también a lo largo de ese tiempo la izquierda no pudo (o no quiso) mantener su base social organizada. Esto se vio en 1988, luego del fraude electoral que impuso a Salinas en Los Pinos. El cardenismo triunfante fue incapaz de dar cauce político a las masas que votaron por la izquierda. Y poco a poco esa fuerza social se fue diluyendo.
Hoy, después del megafraude de Calderón, las cosas parecen muy diferentes. Hoy, además de las posiciones de poder y parlamentarias conquistadas, la izquierda cuenta con un brazo social movilizado que no da señales de menguar.
¿Alcanzarán estas dos fuerzas políticas conjuntas para impedir la continuación de los planes dictatoriales y privatizadores de la derecha? Eso no lo puede saber nadie. Pero nunca antes, excepto durante la marea cardenista de los años treinta del sigo pasado, los sectores patrióticos contaron con esa conjunción de fuerzas.
Pero cabe preguntarse si esa conjunción de fuerzas políticas podrá mantenerse. La derecha apuesta a que no. Y esa apuesta tiene su base objetiva. El panismo atacará el flanco más débil de la amalgama. Y el flanco más débil se encuentra en los líderes del Frente Amplio Progresista (FAP), organización institucional de la izquierda. Ya son conocidos los esfuerzos de la derecha para corromper a algunos de esos líderes a fin de que abandonen la lucha que encabeza López Obrador contra el fraude electoral y contra la privatización de energía, agua y educación. Y contra el impuesto a medicinas y alimentos.
Es más: ya hay señales de la disposición de algunos de esos líderes a dejarse corromper y empezar a concederle a Calderón, como hicieron algunos con Salinas, la posibilidad de ganar en el ejercicio de la Presidencia la legitimidad que no ganó en las urnas.
Pero independientemente del eventual éxito de Calderón en la tarea de corromper a determinados miembros del FAP, lo cierto es que, hoy por hoy, el movimiento de masas del lopezobradorismo es la fuerza mayor con que cuenta la izquierda. Una fuerza que, como enseña la experiencia histórica, vale por sí misma y es capaz de grandes hazañas. Con aliados institucionales o sin ellos. Y a la eventual falta de algunos de éstos, a esa fuerza popular en movimiento hay que atenerse. Hasta donde alcance.
Hasta el día de hoy han fracasado todos los intentos del gobierno por atemperar, silenciar, comprar, romper y destruir el formidable movimiento de resistencia al fraude electoral del 2 de julio y contra la política económica antipopular y antinacional que conjuntamente empujan panistas y priístas.
Pero el fracaso hasta ahora no significa que habrán de cesar esos intentos. Cada día que pase seremos testigos de nuevos esfuerzos de destrucción. Como el que hace apenas unas horas puso en marcha el secretario de Gobernación, Carlos Abascal.
El moderno cristero planteó, con su conocida perversidad, que la elección de López Obrador como presidente legítimo es un asunto sin importancia, pero advierte sobre la necesidad urgente de dar atención a las justas demandas populares que dieron origen a la Convención y que se han expresado en ella. De modo que Abascal propone atender el movimiento pero ignorar al líder. Una reedición de la vieja táctica de matar al perro para acabar con la rabia.
La propuesta del secretario de Gobernación no pasa, desde luego, de ser un piadoso deseo cuya realización, imposible, sería muy conveniente para los propósitos dictatoriales en curso de la derecha. Pero el catálogo de propuestas anti-López Obrador contiene algunas otras no tan piadosas. Una de éstas, por ejemplo, es acudir al manido expediente de comprar, con dinero o con la promesa de importantes futuros cargos públicos, a ciertos dirigentes de la resistencia que son muy conocidos por sus proclividades oportunistas y por su facilidad para ser prostituidos.
Es el caso, por poner ejemplos bien conocidos, de Dante Delgado y otros mercaderes de Convergencia, quienes ya han emitido algunas preocupantes señales de reedición de su añeja costumbre de venta al mejor postor. Y aunque del Partido del Trabajo todavía no han salido muestras de traición al movimiento, no hay duda de que Abascal tiene a los líderes del PT en la lista de sus mercancías apetecidas.
Y ahí, entre los comprables, indudablemente se encuentran los gobernadores perredistas, los que sin atreverse todavía a quedarse fuera del torbellino social que ya está transformando a México, se muestran balbuceantes y timoratos, cuando no francamente hostiles al movimiento, a la Convención y especialmente a López Obrador.
Convocar candidatos a la traición del movimiento será cosa de todos los días. Pero concretar la defección no será tan fácil, pues los que abandonen el barco de la insurgencia civil sabrán que podrían estar firmando su sentencia de muerte política. Pero aun en el caso de que Abascal logre sus propósitos de compra-venta, este inmoral éxito no será garantía de derrota de la resistencia. Las masas en movimiento se están encargando de vacunar a la resistencia contra la peste de la defección interesada o pusilánime de sus líderes menos comprometidos.
A los intelectuales y periodistas de pensamiento derechista no acaba de gustarles que la ilegal designación de Felipe Calderón como presidente electo no haya sido el punto final de las fraudulentas elecciones del 2 de julio. Quisieran, y trabajan para ello, que el líder de la resistencia ya doblara las manos y se sumara a la corte de oportunistas y lambiscones que se acercan al poder en turno para buscar beneficios personales y la posibilidad de hacer muy buenos negocios.
Y como parte de ese trabajo en pos de la rendición del movimiento social contra la usurpación, esos periodistas e intelectuales de derecha (aunque algunos de ellos se den ínfulas de progresistas) quieren meter en la conciencia social la peregrina idea de que López Obrador y la movilización popular que él encabeza se están colocando fuera de la ley.
¿Ah, sí? ¿Pues de cuándo a acá en México es ilegal la manifestación pública de las ideas? ¿Cuándo dejaron de existir legalmente el derecho a la libre expresión y a la libre asociación? Según esos periodistas de derecha ¿son ilegales los plantones, los sentones, las marchas, las manifestaciones? ¿De cuándo a acá es delito oponerse pacíficamente, sin armas, al fraude electoral y a políticas antipopulares, anticonstitucionales y antinacionales?
¿Es delito, según esos periodistas de derecha, oponerse a la privatización del agua, de la energía y de la educación, privatizaciones que pretendió el malhadado gobierno foxista, y que reintentarán Calderón y sus cómplices del PRI, como el precioso diputado Emilio Gamboa, por ejemplo? ¿Quieren esos periodistas al servicio de la derecha, en clásico juego perverso, convertir en victimarios de la legalidad a las víctimas del fraude electoral?
Se ven tan impotentes esos intelectuales y periodistas de derecha para conseguir sus interesados, oportunistas y lambiscones propósitos de deslegitimación del movimiento de resistencia social, que sólo repiten hasta el cansancio que la designación del candidato de la derecha (de su propio candidato, pues) como presidente electo es legal porque así lo determinó un tribunal electoral tan corrompido como todo el sistema judicial mexicano, en una sentencia que contradice y pretende ignorar las miles y miles de evidencias públicas de lo ilegal de la elección del 2 de julio y del mismísimo fraude de ese día.
A despecho de esos periodistas de derecha, el movimiento de resistencia al fraude y a las privatizaciones disfrazadas de “necesarias reformas estructurales” no sólo es absolutamente constitucional; es además, políticamente certero y necesario pues, como enseña la experiencia, sólo la movilización social organizada es capaz de frenar las criminales políticas económicas de la derecha criolla y de sus patrones y mecenas transnacionales. Aunque los ladrones pretendan llamar ladrones a los robados, a los despojados.
El fallo del tribunal federal electoral (Trife) que declara presidente electo a Felipe Calderón es la verdad legal. Pero esa verdad legal no vale. Y no vale, porque en México la ley no vale y nunca ha valido. Todos los mexicanos, sin excepción, así como muchos extranjeros que han entrado en contacto por un tiempo suficiente con la realidad mexicana saben bien que el gobierno de México es, desde siempre, el amo de la ilegalidad, de la transa, de la violación de la ley.
Pero esa permanente conducta antijurídica y violadora de la ley de los sucesivos gobiernos mexicanos no siempre afecta directamente a la totalidad de los ciudadanos. Una sentencia comprada a un ministro de la venal Suprema Corte perjudica directamente sólo a una de las partes en litigio. Precisamente a la parte que no contó con el dinero suficiente o con la influencia política necesaria para hacer valer su causa. Y lo mismo pasa en todos los ámbitos del sistema de procuración de justicia y de jueces y tribunales.
Pero la decisión del Trife de convertir a Calderón en presidente electo afecta, lastima y agravia a millones de personas. Por eso, además de la clara conciencia nacional y extranjera de que el gobierno de México es en México el primer violador de la ley, ahora se suma un fallo judicial que no puede pasar más o menos inadvertido, porque ahora son millones los perjudicados y no sólo una persona o empresa.
Es por todo esto que el ilegal e inmoral fallo del Trife abre la posibilidad de combatir y eliminar un sistema de gobierno, empezando, evidentemente, por las instituciones electorales, que hace y ha hecho de la violación de la ley la divisa de su proceder. Y combatir y eliminar ese corrupto sistema de gobierno sólo puede hacerse mediante la movilización social, mediante el rechazo social explícito de ese sistema de gobierno formado por funcionarios ladrones y encubierto, protegido y avalado por fiscales y jueces corrompidos hasta el tuétano.
Ya se sabe que lograr este propósito no será fácil. Pero ayudará a conseguirlo el hecho innegable de que todos los mexicanos, sin excepción, están conscientes de que el gobierno está absolutamente corrompido y, como la acaba de hacer patente el fallo del Trife, sin posibilidades de regeneración.
El éxito en el combate por un nuevo sistema de gobierno llevará, indudablemente, mucho tiempo. Pero la lucha social no es para impacientes. Es claro que ya no se trata sólo de combatir e impedir la usurpación calderonista. La tarea es más amplia: cambiar el putrefacto sistema de gobierno actual por uno nuevo con plena aceptación ciudadana, en el que, obviamente, no tendrán cabida ni la usurpación panista ni el usurpador Calderón. Porque sustituido el sistema que propicia y ejecuta la usurpación, no podrá haber en el futuro ni usurpaciones ni usurpadores tipo Huerta, Salinas y Calderón.
Provocaciones contra la Cumbre en Cuba de los Países no Alineados
Óscar Arias, el personaje central
Por MIGUEL ÁNGEL FERRER
Del lunes 11 al sábado 16 de este mes de septiembre, la ciudad de la Habana, capital de la República de Cuba, será sede de la XIV Conferencia Cumbre del Movimiento de los Países no Alineados (Noal). La reunión será como una bocanada de aire fresco para esta organización que agrupa a 116 países, y que en los últimos años ha perdido mucho de su influencia política en la arena internacional.
Concebido en 1955, en la ciudad de Bandung, Indonesia, el Noal representó durante decenios, en medio de la guerra fría y del enfrentamiento de las potencias nucleares, las aspiraciones de soberanía y progreso económico de los pueblos del entonces llamado Tercer Mundo.
Creado, como su nombre lo indica, para evitar el alineamiento con alguno de los dos bloques económicos e ideológicos nacidos luego de la derrota del nazifascismo en mayo de 1945, hoy que sólo existe una superpotencia económica y militar, el Noal sigue existiendo, pues continúan vigentes los principios que, en otras circunstancias históricas, le dieron vida.
Estos principios fundamentales vigentes son tres: “la abstención de efectuar actos o amenazas de agresión o de usar la fuerza en contra de la integridad territorial o independencia política de cualquier país, la solución pacífica de los inconvenientes o disputas internacionales en conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el fomento de las ventajas que pueden generarse conjuntamente y de la colaboración recíproca entre distintas naciones”.
Vivo, pero un tanto venido a menos, el Noal necesita revitalizarse. Y esa necesaria revitalización es el principal propósito de su decimocuarta Cumbre en La Habana, una sede especialmente idónea dado el enorme prestigio internacional de Cuba y el carácter de la isla como baluarte de los pueblos oprimidos en lucha contra la recolonización, manu militari, que pretende el imperialismo norteamericano en el mundo unipolar que dejó tras de sí la desaparición de la Unión Soviética y del campo socialista europeo.
Pero si la sede habanera promete ser el perfecto caldo de cultivo para la revitalización y el fortalecimiento de los tres citados principios fundamentales del Noal, para la sede isleña la Cumbre tiene también evidentes beneficios. Cuba refrenda su enorme prestigio internacional, demuestra que no ha podido se aislada por la guerra de calumnias que contra el gobierno cubano lleva adelante la Casa Blanca desde hace cuatro décadas, reitera su carácter de nación líder de los pueblos del Tercer Mundo, fomenta la concreción de alianzas económicas mutuamente beneficiosas y le permite mostrar al mundo las ventajas del desarrollo económico independiente y de la auténtica soberanía política.
Ocurre, sin embargo, que Estados Unidos y la mafia terrorista cubano-americana de Miami no pueden aceptar la idea de una Cumbre del Noal exitosa para éste y, sobre todo, para Cuba. Y ya conspiran contra ese previsible éxito, valiéndose de ese megalómano y siniestro personaje de feroz pasado anticubano que es el presidente de Costa Rica, Óscar Arias.
Según un despacho de la agencia mexicana de noticias Notimex, aparecido en el diario Rumbo de México el martes 29 de agosto, precisamente unos días antes del la inauguración de la XIV Cumbre del Noal, “el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, pidió a los países iberoamericanos compromisos para respaldar la transición de Cuba hacia la democracia, como lo han hecho cada una de las naciones de la región. Consideró que la agonía del presidente cubano, Fidel Castro, debería permitir iniciar la discusión sobre el futuro de la isla, y que en ella debe participar la comunidad iberoamericana.
“Arias afirmó que el país caribeño es hoy la única excepción en la gran transformación iberoamericana hacia la libertad. Y precisó que en la discusión sobre el futuro de Cuba, los países iberoamericanos tienen el deber de participar. Y no para imponer un rumbo al pueblo cubano, sino tan sólo para crear las condiciones para que este último elija -genuinamente y no de mentiras- un camino propio.
“Al igual que fue el caso hace dos décadas en Centroamérica, los países iberoamericanos debemos ofrecer a Cuba las condiciones para una negociación política sin intervenciones extrarregionales, sin amenazas, sin violencia y sin bloqueos”.
¿Una negociación política con Estados Unidos, con la mafia terrorista de Miami y con los agentes de Washington que en la isla simulan ser disidentes y no asalariados del imperio? ¿Una negociación política sin intervenciones extrarregionales, sin amenazas, sin violencia y sin bloqueos?
¿Se encuentra Óscar Arias en condiciones de ofrecer y garantizar que la potencia extrarregional, EU, dejará de intervenir a partir de ahora en los asuntos internos de Cuba? ¿Que ya no habrá amenazas yanquis de invasión militar contra la isla? ¿Que no habrá más fomento de la violencia terrorista, económica, política, cultural y bélica contra Cuba por cuenta del amo yanqui de Arias? ¿Que mañana mismo o en unas cuantas semanas Estados Unidos levantará el criminal bloqueo económico que contra Cuba mantiene desde hace más de cuarenta años? ¿Desde cuándo el Premio Nobel (made in USA) de la Paz es ministro plenipotenciario de Washington?
Nada de eso. Óscar Arias será megalómano pero no pasa del rango de simple sirviente. La verdad es que la mafia terrorista de Miami, con la anuencia de la Casa Blanca, lo ha contratado para procurar el deslucimiento y hasta el fracaso de la Cumbre habanera del Noal.
Ese propósito de deslucimiento tiene otros antecedentes además de las injerencistas y provocadoras declaraciones de Arias difundidas por Notimex y recogidas por Rumbo de México. Éste, por ejemplo:
Algunos de los grupos extremistas de Miami están movilizándose para gestionar ser recibidos por cancillerías de algunos países latinoamericanos, con vistas a insistir en supuestas violaciones de los derechos humanos e intentar conseguir apoyo de las delegaciones de esos países para sus planes contra la Cumbre del Noal. Cifran sus mayores esperanzas de lograr éxito en Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Perú y República Dominicana.
Como informó Raúl Gómez en el diario digital Rebelión, “en el desayuno mensual de la organización anticastrista M.A.R. por Cuba –efectuado en Miami, el pasado 19 de agosto–, la directora, María Eugenia Cosculluela, señaló que una delegación integrada por representantes de esa organización y de Plantados Hasta la Libertad y la Democracia, acompañados de activistas exiliados cubanos y venezolanos, partirá próximamente hacia Costa Rica, Nicaragua, Perú y República Dominicana, para llevar a cabo y participar en una serie de actividades encaminadas a desarrollar una Campaña por el cambio en Cuba, y tratar de conseguir apoyo de las delegaciones de esos países para sus planes contra la Cumbre del Noal”.
Concretamente, tales grupos terroristas pretenden que las cancillerías de esos países, Costa Rica en primer lugar, les cedan algunos lugares en sus respectivas delegaciones oficiales a la Cumbre, con el fin de realizar actos de provocación durante el desarrollo de ésta para propiciar escándalos diplomáticos y el consecuente deslucimiento de ese cónclave de países víctimas del colonialismo antiguo y moderno.
Y es bien conocido, como sostiene Raúl Gómez, “que este tipo de maniobras contra Cuba no es algo nuevo. En años recientes, en más de una ocasión, el gobierno de Nicaragua, a petición del gobierno estadounidense, se prestó para que Luis Zúñiga, un directivo de la mafiosa y terrorista Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) formara parte de la delegación nicaragüense a las sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra”.
Hoy se repite la operación con Óscar Arias en el papel central de la planeada provocación anticubana. Ya veremos si la inmensa mayoría de las delegaciones de los países no alineados y el pueblo cubano dejan que el presidente costarricense y sus mafiosos empleadores se salgan con la suya.
Dos de las primeras señales públicas de que Mijaíl Gorbachov conducía a la hoy extinta Unión Soviética hacia la restauración capitalista eran los aplausos y elogios que a la perestroika y a la glasnost prodigaban Ronald Reagan y Margaret Thatcher, feroces enemigos del socialismo. Los elogios del adversario, fenómeno repetido de modo infinito a lo largo de la historia, constituye una clara lección de política: si tu enemigo te aplaude, ten cuidado, porque vas por el rumbo equivocado. Y a la inversa: si tu adversario te censura, puedes estar seguro de que vas por el camino correcto.
Esta añeja enseñanza política puede aplicarse perfectamente al caso del movimiento de resistencia social pacífica que encabeza López Obrador contra el golpe de Estado foxista-calderonista en marcha. Porque ocurre que los más conspicuos representantes de la derecha en los medios de comunicación no cejan de criticar de manara feroz ese amplio y profundo movimiento antigolpista. ¿No es esta actitud una señal clara de que López Obrador está dando en el clavo?
Esos voceros de la derecha en los medios y sus mandantes preferirían sin duda una resistencia puramente verbal, declarativa, “moderada”, “civilizada”, sin plantones incómodos, sin asambleas semanales multitudinarias, sin denuncias internacionales del golpe de Estado. Una resistencia, digamos, nice, bonita. Una resistencia de mucho ruido y pocas nueces. Una resistencia que, en realidad, no fuera resistencia.
Si este fuera el caso, si López Obrador encabezara una resistencia de dientes para afuera, no tardaríamos en ver y escuchar en los medios de comunicación grandes y sentidos elogios para el tabasqueño. “López Obrador –dirían, seguro– es un opositor sensato, responsable, leal, patriota, confiable, un auténtico demócrata”. Algo así como un perredista por fuera y un pripanista por dentro. Un izquierdista en apariencia y un derechista en esencia.
Pero para disgusto de los promotores del golpe de Estado en marcha, López Obrador no ha prestado oídos al canto de las sirenas. No se ha dejado engatusar. No ha hecho caso a los exhortos de sus enemigos. Y, consecuentemente, mira fortalecerse, al paso de los días y de las semanas el movimiento de resistencia contra los golpistas.
Ante la negativa de López Obrador y sus millones de seguidores a comportarse como quieren sus enemigos, a los pinochetistas mexicanos no parece quedarles más alternativa que la represión policíaca, judicial, carcelaria y, fundamentalmente, militar del movimiento de resistencia. Combatirlo, pues, a sangre y fuego.
Desalojar militarmente el plantón Zócalo-Reforma no parece tarea demasiado difícil. Pero eso no garantiza terminar con la resistencia al golpe. La represión, en consecuencia, deberá ser generalizada, es decir, de carácter nacional, y sobre todo permanente. Y esto en buen romance se llama dictadura. Y, por más señas, dictadura militar.
Desde los círculos políticos cercanos a Los Pinos ha trascendido ya la decisión de Vicente Fox de imponer en la Presidencia de la República al candidato de la derecha, Felipe Calderón. A esta decisión tomada habrán de plegarse los siete magistrados del tribunal electoral, acatamiento del que ya han dado muestras anticipadas.
Y para apuntalar la decisión tomada, para hacerla pasar como el triunfo del estado de derecho y victoria de la democracia, la cúpula del poder cuenta con la docilidad y complicidad de los medios de comunicación, sobre todo los electrónicos, los que con honrosas excepciones, se han plegado sin mucho éxito, desde la época del desafuero, a los designios del poder del que esos mismos medios forman parte medular.
Se sabe, pues, que la cúpula del poder ha tomado ya su trascendente decisión. Y, consecuentemente, que se encuentra dispuesta a arrostrar los costos que de la imposición del candidato de la derecha deriven. Pero también se sabe que del otro lado existe igual disposición a no permitir la imposición, a no consentir el atropello, a luchar contra el golpe de Estado en marcha.
De modo que ya se puede prefigurar el eventual desenlace. No será, desde luego, como en San Salvador Atenco, donde la represión fue feroz pero limitada. Habrá de parecerse más, sin duda, a la plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. O, dada la amplia magnitud del movimiento social de resistencia al golpe, quizá la represión tienda a ser más semejante a la plaza de Tien An Men de Pekín en 1990. ¿O alguien piensa que el gobierno foxista tenga elaborada ya alguna idea sobre un método menos cruento para vencer la amplísima resistencia social al golpe de Estado en marcha?
Pero soluciones a lo Tlatelolco o a lo Tien An Men sólo son eficaces en casos en los que la resistencia, si bien amplia y decidida, es de carácter local, circunscrita a una ciudad. El Distrito Federal o Pekín, por ejemplo. Y no parece ser este el caso de la resistencia al golpe de Estado foxista-calderonista. Hay suficientes indicios de que, como en Chile en 1970-1973, la oposición al golpe es de carácter nacional. Esto lleva a pensar que quizá Fox tenga necesidad de asemejarse a Augusto Pinochet. O al argentino Jorge Rafael Videla.
¿Habrán pensado ya Vicente Fox y Felipe Calderón en la posibilidad de concreción de estos escenarios? ¿O estarán pensando acaso que unos cuantos aporreados será el magro saldo de la represión? ¿Creerán que a los primeros balazos y con los primeros tanques en las calles la gente que participa en la resistencia al golpe correrá despavorida a su casa a meterse bajo la cama? ¿En qué estarán pensando? ¿En unos pocos días de agitación social y sanseacabó? ¿O en una larga dictadura de diez o quince años con sus miles de perseguidos, encarcelados, torturados, exiliados, desaparecidos y asesinados? ¿En qué situación estarán pensando?
De un aparato de justicia corrompido hasta la médula, no cabía, desde luego, sino esperar un fallo legaloide que contribuyera a consumar el designio de la oligarquía de evitar a como diera lugar el triunfo electoral de López Obrador. Ese es, en esencia, el contenido real del recuento parcial de votos ordenado por el tribunal electoral, el llamado Trife. Y más aún: finalmente, lo esperable es la participación del tribunal electoral en la imposición en el poder del candidato de la oligarquía y de EU, Felipe Calderón.
Y a tono con el tono legaloide del proceder del putrefacto sistema judicial mexicano, ya los voceros de la derecha y del imperialismo nos recuerdan a toda hora que el esperable fallo consumador del fraude electoral del 2 de julio es inatacable, es decir, tan definitivo que ya no cabe recurso legal alguno para denunciar y repudiar la evidente injusticia.
Pero esa afirmación legaloide sólo es aplicable en el ámbito judicial. Y, por definición, los conflictos sociales y políticos no pueden ser encajonados en el estrechísimo marco de las leyes. Y mucho menos cuando la sociedad está muy consciente de lo corrompido del aparato judicial. De modo que está muy equivocado quien piense que la población inconforme con el fraude electoral se ha quedado sin recursos para protestar, denunciar y hasta impedir la consumación del atraco.
Y ya estamos viendo en juego, aun antes del cantado fallo final del Trife, las primeras muestras de la resistencia social al fraude. Se trata de acciones todavía más o menos simbólicas, más o menos parciales, más o menos localizadas en ciertos puntos de la geografía nacional. Pero la obstinación oligárquica por imponer en Los Pinos al candidato del fascismo está contribuyendo a la ampliación, profundización y radicalización del movimiento social de resistencia.
Mas la obstinación defraudadora también se radicaliza. Y ya empezaron a darse las denuncias penales, las movilizaciones policiacas foxistas, los preparativos militares. Y todo ello aderezado con la continuación de la guerra sucia contra la resistencia civil y a favor del fraude por cuenta de los medios de comunicación comprometidos con el fascismo criollo y del exterior.
Todo esto sólo puede estar anunciando la escalada del conflicto. Un conflicto que va pasando aceleradamente de lo postelectoral a lo económico, a lo social, a lo político. La gente va comprendiendo que en la exigencia de limpieza electoral va implícita la lucha por evitar más privatizaciones del patrimonio nacional y por impedir la ampliación de la pobreza, de la migración laboral a EU, de la economía sumergida, de la delincuencia, del desasosiego social y de la violencia criminal e institucional. Por ello es abrumadoramente cierto que en la lucha por evitar la consumación del fraude electoral se juega la posibilidad de un mejor destino para la inmensa mayoría de los mexicanos.
Estaba muy claro desde el mismísimo domingo 30 de julio que el plantón permanente acordado por los más de dos millones de seguidores de López Obrador no podría ser del agrado de la derecha. ¿O alguien esperaba que los fascistas mexicanos, incluidos en esta categoría ciertos medios de comunicación expertos en desinformar y desorientar, hubieran podido estar de acuerdo con el plantón que va desde el Zócalo hasta las Lomas de Chapultepec?
De todos éstos sólo cabía esperar lo que ya estamos viendo: censuras, magnificación de las molestias, exageraciones, descalificaciones y, obviamente, mentiras y calumnias sobre las “cuantiosas pérdidas económicas” que el plantón habría generado. Si la derecha fascista siempre ha estado contra López Obrador, no cabía ni cabe esperar que la radicalización del movimiento social de resistencia al fraude pudiera generarle al Peje simpatías y respaldos de sus enemigos más enconados.
No está, pues, en la actitud de la derecha el punto de referencia decisivo en cuanto al plantón. Lo medular está en saber si éste, como afirman algunos, le va a granjear o no al Peje y al movimiento social que encabeza el tabasqueño la animadversión y hasta el abandono de sus propios seguidores. Yo, desde luego, no lo creo. Al contrario: pienso que ese apoyo crecerá al mirar al líder decidido a no claudicar, a no venderse, a no dejarse corromper, a no emprender, como diría Pepe Alameda, la graciosa huida.
¿No es acaso lucha contra el fraude electoral lo que los millones de votantes de López Obrador esperaban de él? ¿Van ahora a reprocharle al líder que esté haciendo lo que esperaban que hiciera? ¿Van a pedirle que dé marcha atrás en el plantón porque éste genera algunas molestias viales? ¿Aguantar los ataques de los medios de comunicación de la derecha con el pretexto de estas molestias es mucho sacrificio? ¿Alguien esperaba que la lucha por el respeto al sufragio ciudadano fuera a resultar un paseo dominical?
Es más: me parece que el plantón es apenas el principio de una larga lucha por el respeto a los derechos electorales de los mexicanos. Algo así como un ensayo de medidas cada vez más radicales y extensas que habrán de ir surgiendo si, como todo hace suponer, los siete magistrados del tribunal electoral actúan como parte de un sistema de justicia podrido y fallan a favor de la consumación del megafraude del 2 de julio.
De modo que todos –tirios y troyanos– debemos irnos preparando para las “molestias” que una larga lucha, acaso de años, por la legalidad y la soberanía popular habrá de exigir. ¿O alguien creyó o cree que las grandes conquistas sociales del pueblo mexicano se dieron sin combate y que fueron generosas concesiones de la oligarquía? ¿Y alguien cree que evitar algunas molestias viales debe ser una meta más importante que exigir respeto para derechos constitucionales? ¡Bah!
Felipe Calderón y la derecha se aferran a la negación del fraude del 2 de julio como a un clavo ardiente. Pero esa negación reiterada no sirve para borrar de la conciencia social de los mexicanos la convicción del gran engaño de los bandoleros que dirigen el Instituto Federal Electoral. Y no sirven, porque son muchos los datos de la realidad indicadores de que el establishment estaba dispuesto a todo con el fin de evitar el triunfo de López Obrador.
Uno de los primeros datos documentadores de ese propósito fue el desafuero del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal. Y si luego del desafuero no pudieron concretarse la consignación penal de López Obrador y la consiguiente pérdida de su derecho a ser candidato a la Presidencia, esto se debió a que una movilización social hasta entonces sin precedentes lo pudo impedir.
Otros datos que documentan la disposición de la derecha pripanista a evitar al costo que fuera la eventual llegada de López Obrador a Los Pinos fue la descarada y pública intervención del jefe del Poder Ejecutivo Federal en favor del candidato de la derecha, lo que como bien saben Fox y sus asesores, está expresamente prohibido por la ley y es causa de invalidez de la elección.
Y he aquí un dato más: la también ilegal participación de los organismos cúpula de los capitalistas mexicanos en contra de esa eventual victoria de López Obrador, intervención que es igualmente causal de invalidez del proceso electoral. Y de ambas intromisiones –la de Fox y la de los capitalistas– existen millones de pruebas documentales públicas, como bien lo saben los siete magistrados del tribunal electoral, a menos que éstos no escuchen radio, no vean televisión o no hojeen periódicos y revistas.
Además de estos hechos públicos, existen otros datos de la ilegal embestida de la derecha para impedir el triunfo de López Obrador. Apunto sólo dos bien documentados: el uso de los recursos públicos de la Secretaría de Desarrollo Social en el financiamiento de la campaña de Calderón y el manejo del padrón electoral por cuenta de un pariente del candidato panista. Y agrego uno que estando expresamente prohibido por el artículo 33 de la Constitución es prueba contundente del esfuerzo de la reacción por cerrarle el paso a López Obrador: la dirección de la campaña panista por un grupo de españoles franquistas expertos en guerra sucia.
La consignación de estos datos no sólo sirve para documentar que la derecha estaba decidida a todo, incluso al fraude electoral, como vino a quedar demostrado el 2 de julio y los días posteriores. Sirve también para demostrar que, a pesar de este ingente esfuerzo, la derecha no pudo derrotar a López Obrador. Ese esfuerzo debió ser suficiente para sepultar al Peje bajo una montaña de votos. Pero no lo consiguieron. Y al final sólo quedó echar mano del extremo recurso del fraude electoral. Ya veremos si la movilización social lo deja cuajar.
Más allá de la retórica y de las clásicas frases de circunstancia, tirios y troyanos saben perfectamente que el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, comúnmente llamado Trife, no será, porque no puede ser, una decisión jurídica. Por su propia materia de trabajo, el Trife no es una institución jurídica, sino un organismo esencialmente político. Y la decisión que tome, aunque revestida de ropajes jurídicos y con una fraseología típica de los sumos sacerdotes del derecho, ha de ser un fallo político.
Y como en toda decisión política, ésta estará motivada por el cálculo y el balance de sus costos y beneficios políticos. Y ese cálculo de la relación costo-beneficio ya está siendo realizado por los siete magistrados del tribunal electoral.
Primeramente están calculando cuántos y cuáles serían los beneficios, pero sobre todo los costos, de fallar a favor del triunfo, a todas luces ilegítimo, fraudulento e increíble, como bien lo saben los siete magistrados, de Felipe Calderón. Si calculan que nada pasará, o que el asunto no llegará más allá de las rabietas y pataletas de los ciudadanos, de los millones de ciudadanos que se sienten robados y burlados, el Trife indudablemente fallará en favor de Calderón. Y cabe incluso esperar que, para taparle el ojo al macho, el veredicto sea de cuatro contra tres. Una lección de alta política aplicada.
En segundo lugar, los magistrados ponderarán beneficios y costos, pero sobre todo éstos, de fallar en favor de demanda de la Coalición por el bien de todos, es decir, del recuento voto por voto y casilla por casilla. En este caso, los costos más onerosos para los magistrados será haberse granjeado el odio de la oligarquía y las consecuentes campañas en los medios electrónicos que los llenarán de lodo: antipatriotas, comunistas, blandengues, asustadizos.
Y en tercer término, los magistrados calcularán costos y beneficios políticos de no conceder validez a la elección presidencial y, consecuentemente, ordenar su reposición. En los dos primeros escenarios (fallos en favor de Calderón o del recuento de votos), los costos políticos pueden resultar muy altos y acaso impagables: el odio y el descontento militante y prolongado de la oligarquía y sus medios de comunicación, o el desprecio de millones de mexicanos por varias generaciones y quizás hasta la ruptura de la estabilidad social del país.
Por todo ello me atrevo a pensar en que la reposición de la elección presidencial puede ser la decisión menos difícil para los magistrados. Algo así como reeditar la imagen del lavado de manos de Poncio Pilatos. Nada para nadie y a ver qué pasa dentro de dos años. Nadie contento, pero nadie excesivamente enojado. En cualquier caso, el futuro del país depende del buen juicio político de los siete jueces. De lo acertados o erróneos que finalmente resulten sus cálculos políticos. ¡Ay, nanita!
A pesar del nauseabundo espectáculo montado por el Instituto Federal Electoral (IFE) para fabricar en sus computadoras el triunfo del candidato presidencial de la oligarquía y de EU, es necesario reconocer que la jornada del 2 de julio dejó una enseñanza de extraordinario valor. A partir de esa fecha, la sociedad mexicana y los sectores informados de muchos otros países han comprendido que México tiene y padece una democracia tipo república bananera.
Saben que, como en los tiempos del viejo PRI, en México no se cuentan los votos, sino que se inventan; saben que, cada seis años, el Presidente de la República no es elegido, sino designado a dedo; saben que las publicitadas instituciones electorales mexicanas son organismos corrompidos, cuyos directivos son reclutados de entre las mafias sindicales y entre personeros de la vieja nomenklatura priísta; y saben que las elecciones presidenciales son una vulgar simulación con resultados decididos con anterioridad.
¿Alguien puede dudar de las ventajas de estar conscientes de la realidad en lugar de ser víctimas de infantiles ilusiones democráticas? ¿No es mejor saber que vivimos en un régimen autocrático en vez de creer ingenuamente que nuestra colonizada patria es una democracia? ¿Y no es preferible tener claro que la dictadura perfecta priísta de la que hablara Mario Vargas Llosa no sólo no ha desaparecido, sino que incluso ha sido perfeccionada por la dupla PRI-PAN?
La simulación de elección presidencial de la que hemos sido testigos y víctimas ha traído, además, otros evidentes beneficios. Uno de éstos, inmenso, es la creación o el reforzamiento de la conciencia de que la única y verdadera democracia es aquella en la que participa activa, consciente y decididamente la población. Nada de representaciones por un grupo de políticos profesionales que invocan a las masas cada tres o seis años, es decir, sólo cuando hay elecciones. Nada de poner y dejar las cosas del gobierno en manos de expertocracias tan corruptas como alejadas de los sentires y sufrires de la población trabajadora, es decir, de la inmensa mayoría de la población.
Y ocurre ahora que el megafraude electoral del pasado 2 de julio ha puesto a la agraviada sociedad otra vez en movimiento. Como cuando con su movilización impidió el arrasamiento a sangre y fuego de las comunidades zapatistas en 1994. Como cuando con sus movilizaciones impidió que México participara en las agresiones militares usamericanas contra la nación iraquí. Como cuando con sus movilizaciones impidió la antijurídica e inética consignación penal de López Obrador, fraguada por la élite del poder para sacar al líder tabasqueño de la competencia presidencial. Como puede ocurrir ahora nuevamente si las masas movilizadas en defensa de la democracia, del estado de derecho y de la soberanía del pueblo logran impedir la consumación del fraude electoral del 2 de julio.
